Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn 5 de Junio 2015
Tegucigalpa.
Unas once mujeres hondureñas habrían muerto en el Instituto Hondureño
de Seguridad Social (IHSS) por la utilización de óvulos adulterados. El
diputado Augusto Cruz Ascensio informó que se ha planteado una denuncia
que supuestamente once personas pudieron haber fallecido por haber
utilizado óvulos adulterados.
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Un estudio presentado recientemente por el movimiento Transformemos Honduras (TH), presenta el caso de Astropharma como algo extraordinario, pues asegura que no hay otro proveedor con una participación tan casual en el mercado de medicamentos y con una cuota tan sustancial en los últimos dos procesos de compra.
La investigación asegura que la compra de medicinas en la Secretaría de Salud Pública, presenta irregularidades basadas en los arreglos al margen de la ley y en la influencia económica, política y familiar.
La adjudicación de contratos, se amparó en el Decreto Ejecutivo PCM 012 – 2010, aprobado en Consejo de Ministros, el 13 de abril de 2010. La normativa se emitió a petición del Secretario de Salud, Arturo Bendaña Pinel, quien argumentó la escasez de medicamentos, en el cuadro básico nacional conformado por 420 productos. La normativa, autorizó la compra directa de medicinas por el orden de 200 millones de lempiras, equivalentes a más de 10 millones de dólares.
Cabe mencionar que al momento de ser adjudicados los contratos a Astropharma, Lena Gutiérrez, socia de la empresa, ya se desempeñaba como diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, situación que la coloca según el artículo 5 del Código de Conducta Ética del Servidor Público, en una condición de conflicto de intereses.
El inciso 3 del referido artículo, señala: “toda situación en la cual el interés personal, sea económico, financiero, comercial, laboral, político o religioso, de un servidor público, los de su cónyuge, compañero o compañera de hogar o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad se antepone al interés colectivo, incluyendo el interés personal que el servidor público pueda tener para beneficiar indebidamente a otra persona natural o jurídica”.
La emergencia declarada por el ejecutivo, dio la oportunidad para que las autoridades escogieran a las empresas que participarían en las licitaciones. Astropharma fue una de ellas. ¿Por qué será?, -Juzgue usted-.
Los contratos que el Estado le adjudicó a Astropharma en el 2010 corresponden a una compra directa por valor de 21 millones 777 mil 687 lempiras con 24 centavos y a una licitación pública por 48 millones 751 mil 289 lempiras con 90 centavos.
A pesar que mercado de medicamentos resulta atractivo por las inversiones que el Estado realiza, la concentración de contratos en un reducido número de proveedores, genera desequilibrios y desincentiva la competencia. En el país existen 214 laboratorios y droguerías oferentes, pero en los últimos cinco años, solo 37 empresas, lograron la adjudicación de contratos.
En los últimos cinco años, el Estado invirtió dos mil 545 millones 504 mil 782 lempiras con 02 centavos, equivalentes a 133 millones 833 mil 58 dólares con 99 centavos en medicamentos para el sistema sanitario nacional
http://www.revistazo.biz/web2/index.php/nacional/item/35-sin-participaci%C3%B3n-activa-astropharma-logra-millonarios-contratos-por-medicamentos
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Estos ovulos fueron supuestamente adulterados con harina lo que pudo haber provocado la muerte de al menos once féminas.
Ascencio,
miembro de la comisión multipartidaria, manifestó que los óvulos
fueron suministrados por una de las empresas que vendían medicamentos al
sistema de atención pública de salud de Honduras.
El
diputado de la Democracia Cristiana, calificó de grave y
lamentable.Asencio reconoció en otros países con un sistema judicial
serio, los responsables de un hecho como este ya estarían fusilados.
Sobre el escándalo operado en la compra de medicamentos, apuntó de manera enfática que hay casos en el sistema de salud pública que se deben saber, porque hay muchos casos de compra de medicamentos que fueron comprados mediante contratos, se pagaron esos dineros y los medicamentos nunca entraron a los almacenes de la Secretaría de Salud.
El parlamentario dijo que las instituciones del Estado tienen que hacer justicia, no se trata solamente de un acto de sustracción de recursos del Estado, se trata de haber jugado con la vida de mujeres en nuestro país, y eso realmente es imperdonable.Así como están laa cosas en el país, dijo, “al final el que va estar preso voy a ser yo y no el que vendió medicamentos adulterados”.
Sobre el escándalo operado en la compra de medicamentos, apuntó de manera enfática que hay casos en el sistema de salud pública que se deben saber, porque hay muchos casos de compra de medicamentos que fueron comprados mediante contratos, se pagaron esos dineros y los medicamentos nunca entraron a los almacenes de la Secretaría de Salud.
Tambien
hay situaciones de medicamentos que se vendieron en mal estado y otros
donde se compraron enormes cantidades de medicamentos para abastecer los
hospitales del país y se requería menos cantidad.Otra denuncia que
realizó el diputado es que del almacen salían medicinas para los
hospitales regionales y esos medicamentos nunca llegaban a su destino
final.
http://criterio.hn/al-menos-11-mujeres-han-muerto-por-uso-de-ovulos-de-harina/
En el caso de los pacientes
que murieron en el Seguro Social (2,888 documentados), por falta de
medicamentos dijo que es inhumano y que ese tema a conmocionado a la
población hondureña, pero no señaló que van a hacer en el congreso para
castigar a los responsables de ese acto criminal de lesa humanidad.
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Sin participación activa, Astropharma logra millonarios contratos por medicamentos
La
vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, forma parte del
grupo de socios de Astropharma, una droguería que hasta el 2010, solo
había ganado una licitación por valor de 482 mil 450 lempiras. Sin
embargo, en ese año, la Secretaría de Salud Pública, le adjudicó dos
contratos por un monto de 70 millones 528 mil 977 lempiras, con 14
centavos.
Un estudio presentado recientemente por el movimiento Transformemos Honduras (TH), presenta el caso de Astropharma como algo extraordinario, pues asegura que no hay otro proveedor con una participación tan casual en el mercado de medicamentos y con una cuota tan sustancial en los últimos dos procesos de compra.
La investigación asegura que la compra de medicinas en la Secretaría de Salud Pública, presenta irregularidades basadas en los arreglos al margen de la ley y en la influencia económica, política y familiar.
La adjudicación de contratos, se amparó en el Decreto Ejecutivo PCM 012 – 2010, aprobado en Consejo de Ministros, el 13 de abril de 2010. La normativa se emitió a petición del Secretario de Salud, Arturo Bendaña Pinel, quien argumentó la escasez de medicamentos, en el cuadro básico nacional conformado por 420 productos. La normativa, autorizó la compra directa de medicinas por el orden de 200 millones de lempiras, equivalentes a más de 10 millones de dólares.
Cabe mencionar que al momento de ser adjudicados los contratos a Astropharma, Lena Gutiérrez, socia de la empresa, ya se desempeñaba como diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, situación que la coloca según el artículo 5 del Código de Conducta Ética del Servidor Público, en una condición de conflicto de intereses.
El inciso 3 del referido artículo, señala: “toda situación en la cual el interés personal, sea económico, financiero, comercial, laboral, político o religioso, de un servidor público, los de su cónyuge, compañero o compañera de hogar o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad se antepone al interés colectivo, incluyendo el interés personal que el servidor público pueda tener para beneficiar indebidamente a otra persona natural o jurídica”.
La emergencia declarada por el ejecutivo, dio la oportunidad para que las autoridades escogieran a las empresas que participarían en las licitaciones. Astropharma fue una de ellas. ¿Por qué será?, -Juzgue usted-.
Los contratos que el Estado le adjudicó a Astropharma en el 2010 corresponden a una compra directa por valor de 21 millones 777 mil 687 lempiras con 24 centavos y a una licitación pública por 48 millones 751 mil 289 lempiras con 90 centavos.
A pesar que mercado de medicamentos resulta atractivo por las inversiones que el Estado realiza, la concentración de contratos en un reducido número de proveedores, genera desequilibrios y desincentiva la competencia. En el país existen 214 laboratorios y droguerías oferentes, pero en los últimos cinco años, solo 37 empresas, lograron la adjudicación de contratos.
En los últimos cinco años, el Estado invirtió dos mil 545 millones 504 mil 782 lempiras con 02 centavos, equivalentes a 133 millones 833 mil 58 dólares con 99 centavos en medicamentos para el sistema sanitario nacional
| Cuadro demostrativo de los principales proveedores de medicamentos al Estado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LAS COSAS POR SU NOMBRE
 |
| Protesta ciudadana contra la corrupción |
Manuel Torres Calderón
En
Estados Unidos se denomina “crimen organizado” a cualquier violación a
las leyes penales causadas por miembros de una organización ilegal y se
aplica a crímenes tan diversos como conspiración para traficar con
armas, blanqueo de dinero y obstrucción a la justicia. La ley al efecto
(The Federal Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act,
abreviada como Ley RICO)) aplica para dos o más personas que actuando
como parte de una organización se unen con el propósito de cometer de
forma concertada actividades criminales.
La
ley es de ámbito federal y sus condenas son severas: 20 años o más. Las
acusaciones también conllevan la confiscación de bienes, propiedades y
dinero en efectivo o en depósitos bancarios.
Más
cerca de nuestra latitud, en Guatemala, la Ley contra la Delincuencia
Organizada considera como grupo delictivo organizado u organización
criminal a cualquier grupo estructurado de tres o más personas, que
exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente, con el
propósito de cometer, entre otros, los delitos siguientes:
- Peculado, malversación, colusión, fraude y prevaricato
-Evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa
- Hurto agravado, robo agraviado, estafa, trata de personas
- Intermediación financiera, quiebra fraudulenta
-Adulteración de medicamentos y comercialización de medicamentos falsificados; entre otros.
La
ley guatemalteca toma en cuenta la forma de operar de la corrupción en
nuestros países al considerar “crimen organizado” a grupos estructurados
no formados para la comisión inmediata de un delito y en el que no
necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente
definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una
estructura desarrollada.
La
corrupción que hubo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social
(IHSS), similar a la que permanece semi oculta en otras instituciones
del Estado, claramente tipifica como “crimen organizado”, por cualquier
costado que se le vea. La trama evidencia que los implicados
participaron en la organización y comisión de un delito a través de una
pauta definida y claramente organizada, junto a otras personas y/o
instituciones que tenían el mismo o similar propósito, víctimas y
métodos. Estamos ante reincidentes, no ante principiantes.
Cada
dato que se filtra confirma que en el Seguro Social se conformó una
asociación ilícita que actuó en estrecha coordinación desde niveles
administrativos internos hasta políticos externos, en abierta
conspiración contra el interés público.
Lo
perpetrado conlleva delitos tales como fraude, lavado de dinero,
soborno, hurto de la propiedad y una conspiración criminal para causar
daños importantes, incluyendo la responsabilidad no investigada aún en
la muerte de pacientes o derecho habientes que no fueron debidamente
atendidos en su reclamo de salud.
A
quienes se beneficiaron del multimillonario robo a los fondos del IHSS
cabe llamarles corruptos, pero más preciso aún es calificarlos como
criminales y el delito que pesa sobre ellos es de lesa humanidad, por
aludir a un crimen que, por su aberrante naturaleza, ofende, agravia,
injuria a la sociedad en su conjunto.
Definir
con exactitud la naturaleza de lo ocurrido es importante porque no se
enfrenta al crimen organizado como se hace con casos aislados de
corrupción. Para empezar no existe en el país una política pública para
combatir al crimen organizado. Ante un problema complejo lo que hemos
visto son propuestas y enfoques parciales, limitados, inefectivos,
cómplices e insuficientes. De hecho, la protección de bienes públicos
debe ir de la mano con la defensa de la vida, derechos y libertades de
las personas frente a diferentes riesgos y amenazas que le acechan en
esta lucha.
Una
dificultad clara en este caso es cómo conseguir cambios radicales desde
el Estado, de la noche a la mañana, si buena parte de las instancias de
poder y administración pública han sido cooptadas por el crimen
organizado. Un ejemplo de ello lo tenemos en el campo de la seguridad
pública: ¿Cómo acabar con la corrupción e impunidad policial si en la
misma policía estaba un nido de la delincuencia?
En
ese sentido, las críticas al gobierno, al partido de gobierno y al
sistema político en general son justas; nuestra sociedad está hastiada
de su ineficacia y corrupción, pero no puede obviarse que necesitamos al
Estado para encontrar las mejores y sostenibles soluciones a la crisis.
No es dando la espalda a la institucionalidad que lograremos los
cambios. Se trata de garantizar que el Estado actué correctamente y
responda a intereses nacionales y no de grupos particulares o
corporativos. Por más que lo deseemos, las soluciones no llegarán
radicalmente, inclusive cambiando este gobierno por otro. Las antorchas
que guían el despertar social de estos días deben servir también para
iluminar la estrategia a seguir. Si enfrentamos al crimen organizado, la
ciudadanía también debe organizarse y precisar tres elementos claves
para su continuidad y éxito: disponer de objetivos claros, los medios
para alcanzarlos y las condiciones éticas de la coalición que guiará la
lucha. Es alentadora la conexión emocional que estas marchas muestran
con la población indignada, pero la prisa de la denuncia y la protesta
no debe dejar para después otras tareas imprescindibles.
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