La
clase política hondureña ha desfigurado y desvirtuado la democracia
como régimen político que permite el desarrollo pacífico de las
transformaciones sociales e institucionales con el fin de alcanzar el
goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y
social que ordena el artículo 1 de la Constitución.
La
corrupción que ha saqueado al Seguro Social es un trágico ejemplo de
ello pero también es una muestra de la precariedad de una
institucionalidad que se ha convertido en cómplice de la impunidad de
los corruptos.
Por
tal razón, el espacio público es un ámbito legítimo para canalizar la
indignación ciudadana mediante el ejercicio colectivo de la libertad de
expresión concretado en la manifestación pública y pacífica.
Las
marchas de la dignidad o de las antorchas constituyen una muestra
categórica de una dimensión más directa de la democracia que se
desarrolla paralelamente a la fallida dimensión institucional y
representativa, y permiten que el debate político sobre la corrupción e
impunidad salga de las paredes hediondas y oscuras del Congreso
Nacional.
Por
ello es necesario profundizar la presión y crítica pública de quienes
estamos indignados e indignadas, puesto que el silencio e indiferencia
que tradicionalmente nos ha caracterizado como sociedad, ha permitido
que la democracia se transforme en oligarquía.
Pero
también es imperativo que la presión en las calles se transforme en una
hoja de ruta que establezca claramente el camino a seguir, no solamente
para exigir la renuncia de todos los corruptos y corruptas, desde el
presidente Hernández para abajo, sino también para resetear todo el
sistema que provoca exclusión, autoritarismo, pobreza, violencia y
desigualdad. Escuchar y descargar Nuestra Palabra
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