El
escenario político nacional va delineando la postura de los diferentes
actores sociales respecto a la corrupción existente en el país y uno de
los puntos focales se ha centrado en si los políticos deben participar
en las diferentes marchas que a lo largo y ancho del país se están
realizando. Detrás de las respuestas diversas, sin embargo, dejan bien
claro el derecho de la ciudadanía a protestar y reclamar. Como el
proceso está en marcha y no es fácil predecir su desenlace vamos a hacer
un poco de “memoria histórica”.
Hay
un elemento de análisis que brotó con fuerza con el “golpe de estado”
del 2009 y, más todavía, con el dado al presidente Fernando Lugo
presidente del Paraguay en el 2012. Nos referimos a la figura jurídica
del “juicio político” que puede y debe ser utilizada para salir de la
crisis actual en el afán de buscar una salida democrática que dé
respuesta a una ciudadanía que va creciendo a un ritmo mucho más
acelerado que la “clase política” criolla.
Entonces
se planteó la posibilidad de sancionarlo jurídicamente y fue rechazado.
Se decía que es bueno para otros países pero no para nosotros. No
obstante, los tiempos han cambiado y la figura del “juicio político” fue
aprobado oficialmente hace dos años. El Congreso Nacional de Honduras
aprobó en enero del 2013 el “juicio político”, la figura constitucional
que busca deducirles responsabilidades a los titulares de los tres
poderes del Estado y a altos funcionarios que cometan abusos de
autoridad en el desempeño de sus funciones. Esta figura fue recomendada
por la Comisión de la Verdad nombrada por el Ejecutivo para investigar
los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio de 2009.
Por
eso recuerda el artículo 234 que: “procede el juicio político contra el
Presidente de la República y designados presidenciales, magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, diputados al Congreso Nacional y
Parlamento Centroamericano, Corporaciones Municipales, jefe del Estado
Conjunto de las Fuerzas Armadas y todos los servidores públicos electos
por el Congreso Nacional, cuando en su contra exista una denuncia grave
en el desempeño en su cargo, por realizar actuaciones contrarias a la
Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta
negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo”.
Lo
que sí está claro es que la implementación del “juicio político” ha
sido un instrumento en manos de la “derecha política continental”
utilizada contra los gobiernos de izquierda y progresistas de América
Latina que se ha servido de la ambigüedad y escasa precisión legislativa
para ser puesta en práctica. Por lo tanto, se ha pervertido su
finalidad: ser un instrumento jurídico cuyo objetivo es lograr una mayor
democratización socio-política.
Pero
como la idea con que se creó el “juicio político” no fue para caer y
ser objeto del “juego del poder”, lo urgente en estos momentos consiste
en una triple tarea: en primer lugar, liberarla de las manos de la
“derecha política continental” y de todos los grupos de poder nacionales
o transnacionales; en segundo lugar”, convertirla en un instrumento que
haga crecer la democracia a todos los niveles eliminando de una vez por
todas la posibilidad de reinstaurar regresiones antidemocráticas o
concentraciones de poder inusitadas; por último, que, en vez de estar al
servicio de los poderes fácticos, esté en manos de la democracia y la
ciudadanía que reclama con justicia y fuerza a un partido, a un
gobierno y a un presidente.
Con
esto concluimos y respondemos a la doble pregunta planteada
inicialmente. La ciudadanía, la oposición y las fuerzas políticas
alternativas tienen toda la razón del mundo de exigir una “rendición de
cuentas” al partido nacional, los partidos y la clase política, y, ¡cómo
no, inclusive al presidente de la república!, por la corrupción
existente. No están al margen, por encima o fuera del “juicio político”
que se les pueda hacer. El “derecho se hace de derechas” cuando se
deja manosear, distorsionar o manipular a favor de los grupos que se
sirven de la ley, la Constitución o el “estado de derecho” en beneficio
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