Hace
un mes, el 15 de mayo pasado, entró en vigencia la Ley de Protección
para las y los defensores de Derechos Humanos, Periodistas,
Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en Honduras.Fue un proceso de discusión largo, desde 2011, pero la aprobación y publicación final en el diario oficial fue a la velocidad de las exigencias del Examen Periódico Universal en la primera semana de mayo 2015.
Ahora el producto en vigencia no reúne siquiera las mínimas expectativas de las personas y organizaciones que intentaron incidir su contenido.
Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH, reconoce que la aprobación de la Ley de Protección para Las y Los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia es un acto formal importante, que refleja la exigencia de la comunidad internacional, y obliga al Estado a reconocer la defensa de los derechos humanos como un derecho humano y admite la legitimidad política de esta exigencia ciudadana.
“Pero eso no significa que, efectivamente, la ley impida la criminalización de las y los defensores de derechos humanos en el país, porque hemos constatado muchos casos de este tipo cometidos por autoridades después de mayo 2015 cuando aprobaron la Ley.
Respecto a su contenido es abundante en narrativa conceptual y de principios, increíblemente clara en los aspectos doctrinarios y tan amplia como el Consejo Nacional de Protección, conformado por catorce identidades.
Pero lo extraordinariamente provocador es que en ese Consejo sólo dos organizaciones representan a “la sociedad civil”, cuyos delegados son acreditados por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, después de ser electos en una asamblea pública que convoca y acredita la Secretaría de Derechos Humanos. Es el puro Estado, decidiendo él sólo como siempre.
Y, lo verdaderamente lamentable que frena el espíritu de la ley, es que las decisiones finales no se toman aquí, sino en el Comité Técnico del Mecanismo de Protección, que está integrado por la Procuraduría General, Fiscalía de Derechos Humanos y las secretaría de Seguridad y Defensa. Ellos, que son generalmente los imputados por las víctimas, son los mismos que definen en su nombre “el nivel del riesgo” en casos concretos de peligro inminente o estado de amenazas.
La
Asamblea Pública para elegir la representación de las organizaciones de
derechos humanos está convocada por el gobierno para el martes 07 de
julio de 2015, a partir de las 9.00 horas en el Club Social del Banco
Central de Honduras.CDM: más desafíos que certezas
"Es una ley con muchos desafíos y pocas certezas, que más bien nos inquieta; por ejemplo, eso que el CONADEH sea la institución que acredita a las organizaciones de derechos humanos para integrar el Consejo Nacional de Protección, cuando sabemos que esa institución está plegada al gobierno, cooptada por el Partido Nacional a través de un señor que en su historia no ha hecho nada relevante frente a graves violaciones a derechos humanos”, así cuestiona Gilda Rivera, coordinadora del Centro de Derechos de Mujeres, CDM.
“El otro problema es que la secretaría de seguridad integra el Comité Técnico, que decide el riesgo en cada caso presentado, con otras instituciones del Estado; es decir, es el puro gobierno. Y no está claro si sus decisiones son vinculantes o no.
En conclusión, nuestra lectura es que esta ley implica más dudas que certezas. Ni el reglamento está hecho y si está hecho no sabemos cómo se hizo”.
Un análisis producido por la abogada Andrea Nuila, estudiante de Maestría en la Universidad Internacional para la Paz, en La Haya, Holanda, enumera algunos de los desafíos que punteó Gilda, psicóloga de profesión.
¨El Sistema de Protección (de personas defensoras de derechos humanos), presenta grandes desafíos, especialmente por la representación limitada que se le ha otorgado a la sociedad civil a costa de la representación de otros sectores en el órgano máximo del Sistema, como por ejemplo, la Secretaría en el Despacho de Defensa.
Sin embargo, será fundamental la participación de las organizaciones sociales en la elaboración de los protocolos y recomendaciones a la Dirección Ejecutiva y Comité Técnico, incluyendo todo lo que se relacione a las medidas de protección, perfil policial y rol de la Secretaría de Seguridad”.
Wil Méndez: Fue “por cumplir” antes del EPU
Una de las organizaciones impulsoras de los primeros borradores de la Ley fue el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, el CIPRODEH, cuyo director Wilfredo Méndez observó con atención el comportamiento del gobierno en Ginebra durante el Examen Periódico Universal al Estado de Honduras.
"Nosotros estábamos interesados en la aprobación de esta ley para que fuera invocada por cada defensor de derechos humanos en el país, porque teníamos antecedentes del mal funcionamiento de las medidas cautelares para víctimas de violaciones, pero sabíamos que se podía degenerar su contenido en el camino. Y así sucedió, el documento final no expresa lo que nosotros reclamábamos.
De las cosas que más nos preocupan en la ley aprobada es que las organizaciones de derechos humanos no tendremos autonomía e independencia en la participación, porque es el Comisionado de Derechos Humanos la institución que decidirá nuestra acreditación.
Debemos decir que la ley fue aprobada por la presión internacional, porque el gobierno no quería, y si lo hizo fue por cumplir antes del Examen Periódico Universal.
Además, la ley está supeditada a la secretaría de gobernabilidad y justicia, que ha puesto los derechos humanos en un nivel marginal y por eso dudamos que tengan realmente la intención de actuar en forma oportuna. No es su prioridad.
Quizás
lo único que les presione para medio cumplir es la presencia de
periodistas dentro del mecanismo general, en el sentido que éstos puedan
darle seguimiento a casos específicos y ejercer presión pública.En términos de impresionismo político la aprobación de la ley fue la principal carta de presentación del gobierno en el EPU. Pero la sociedad civil fue precavida, guardó silencio respecto a su contenido. No es un proceso de proximidad empática entre el ente el ente regulador y las organizaciones de derechos humanos.
El concepto de defensor y defensora de derechos humanos, que es la persona que aboga por otra, se diluye al incluir sectores del Estado dentro de la ley como víctimas de violaciones o al designar a los narcotraficantes como violadores, ambas visiones transgreden los conceptos originales.
Si el Estado no hace lo propio para asegurar el goce de los derechos humanos, ¿cómo es que puede aparecer a la vez como víctima?
Implica una seria contradicción en la ley controlada por el Estado cuando una víctima acude por protección y el nivel de riesgo lo define probablemente el mismo agente del Estado que participó en la violación.
El Estado no tiene un discurso sincero en esta materia, por el contrario, es un discurso de absoluta manipulación, porque ante la comunidad internacional se muestra preocupado y, a la vez, alegre por salir de las "listas negras de violaciones", pero a lo interno profundiza un divorcio absoluto con las organizaciones de derechos humanos y criminaliza a sus activistas”.
Casa Alianza: disfrutarían vernos en la cárcel
"Es indudable que el gobierno tomó esta Ley de Protección para Las y Los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia desde una perspectiva reaccionaria y defensiva, sólo tuvo el propósito de decir aprobamos una ley, pero su actuación concreta respecto a defensores y defensoras es carente de voluntad para protegerles y, más bien, es de presión constante¨, resume Guadalupe Ruelas, Director de Casa Alianza.
Ruelas pone el ejemplo de la integración de las secretarías de seguridad y defensa en el Comité Técnico que tomará las decisiones sobre medidas de protección y nivel del riesgo.
“Eso es como poner al conejo a cuidar la zanahoria”, cita.
Ilustra que en los temas operativos, si una persona va a pedir protección al Estado y éste para cuidarlo le pone a los mismos agentes que le han reprimido, debe interpretarse como una peligrosa burla.
“La ley no fue suficientemente participativa, no contiene las buenas prácticas de protección de defensores que han funcionado en el
ámbito no gubernamental y es muy frágil la referencia para evitar la estigmatización y la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos.
Esta ley no sólo burocratiza la protección, sino que está hecha para que el gobierno se lave las manos fingiendo que cumple, porque al darnos policías para ejecutar medidas cautelares formalmente cumple pero no garantiza nuestra seguridad física.
Es algo así como la ley de minería, que está hecha para promover las minas; o la ley de las ZEDES, que es para promover las "ciudades modelo", la ley para defensores es para aumentar los riesgos porque este gobierno persigue a los defensores y sólo la ciudadanía puede ser la barrera que impida al Estado seguir atentando contra nosotros.
En realidad creo que el gobierno disfrutaría mucho llevarnos a los defensores a la cárcel, creyendo que nosotros realmente ensuciamos su imagen. Pero el gobierno no se ensucia la cara por el lodo de afuera, sino por su propio sudor... porque suda corrupción.
Este es un gobierno que ve con sospecha y enemistad a su población, y la reprime; es un gobierno dispuesto a quemar el país con tal de salvarse él.
Y lamentablemente hay organizaciones sociales que presionan para tomarse un café con el gobierno o vivir debajo del sobaco de los políticos que gobiernan”.
La crítica final de Ruelas es por la decisión de algunas organizaciones de apoyar al régimen en la implementación de la nueva legislación, por razones de mezquina figuración política o, simplemente, por recibir beneficios económicos del erario nacional.
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3578:qen-realidad-creo-que-el-gobierno-disfrutaria-vernos-en-la-carcelq&catid=71:def&Itemid=166
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