HONDURAS TIERRA LIBRE: Estado de Honduras presentó como avances supuestos logros que atentan contra los derechos humanos

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Domingo, 10 Mayo 2015 - 03:32

Written by Dina Meza

Se presentaron como avances, supuestos logros que atentan contra los derechos fundamentales como es la creación de la Policía militar del Orden Público, PMOP,dijo en sus primeras impresiones Wilfredo Méndez, Director Ejecutivo del Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, al criticar la participación no comprometida con los derechos humanos del Estado de Honduras ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.

Han pasado pocas horas de que Honduras participara en el Examen Periódico Universal, EPU, ante Organización de las Naciones Unidas, ONU, este 08 de mayo de 2015 y ha quedado atrás la implementación estatal de una campaña mediática a nivel nacional e internacional. Pero los hechos sobrepasaron a las palabras de una gran delegación estatal que viajó a Ginebra, Suiza.

Es la segunda revisión en la que participa Honduras. La primera se realizó en noviembre del año 2010 de la que salieron 129 recomendaciones por parte de los Estados adscritos a la ONU.

El pasado viernes 60 países formularon más de 190 recomendaciones, frente a las 129 recomendaciones del 2010, con el golpe de Estado a cuestas. Siendo este un indicador de preocupación por los Estados miembros de las Naciones Unidas ante la situación de precariedad del sistema de justicia, inseguridad, pobreza, indefensión y violaciones de derechos humanos, entre otros, destacó Méndez.

Para el defensor de los derechos humanos al informe del Estado de Honduras le faltó contundencia, precisión y expresión de verdadero compromiso con los Derechos Humanos.

Entre los supuestos avances descritos por la delegación hondureña aparte de la creación de la PMOP, están la fusión de Secretaría de Derechos Humanos que está en un paquete de reducir a direcciones las Secretarías de Estado. También se habló como logro la militarización del Aguan, medidas cautelares reducidas, haciendo parecer que ya no hay amenazas. El discurso gastado desde el gobierno es que la situación ahora es diferente a la del golpe de Estado ejecutado el 28 de junio de 2009.

Se destacó además como un avance la creación del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y se justificó la separación de jueces y una magistrada durante el Golpe de Estado.

“Se mintió al manifestar que el Congreso Nacional tiene una relación estrecha y fuerte de consulta constante con las organizaciones de derechos humanos de Honduras”, denunció el Director Ejecutivo de CIPRODEH.

Se trata según Méndez de una campaña "no sincera del Estado por manipular la verdad ante tímidos avances desde el EPU 2010".

El Estado de Honduras llegó a Ginebra con una nutrida delegación, encabezada por el Coordinador General de Gabinete de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General, el Ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, la Vice Ministra de Derechos Humanos, el Viceministro del Trabajo, entre otros.

Entre las principales recomendaciones para Honduras están dinamizar y apoyar la implementación de la Política Pública y el Plan de Acción de derechos humanos ; Medidas contra la Discriminación de las y los indígenas, afro descendientes, comunidad LGTBI, sector discapacidad.

También debe adoptar medidas contra la violencia hacia las mujeres y combatir los femicidios.

Otra de las recomendaciones son medidas efectivas de protección para la niñez migrante, la ratificación los protocolos de los Derechos Económicos Sociales y Culturales y el de la Convención contra todas las Formas de Discriminación hacia las mujeres, CEDAW.

Debe desmilitarizar la sociedad y fortalecer la policía.

Tomar acciones para reducir los altos niveles de homicidios, los atentados contra la libertad de expresión, la pobreza extrema, la fragilidad del sistema de justicia y falta de independencia, control de armas, reducir muertes de jóvenes, criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos y las muertes en el Bajo Aguan. Asimismo deberá garantizar la educación gratuita y de calidad, salud, generar empleo.

Adoptar medidas eficaces para garantizar el derecho a la vida ya la integridad física de los periodistas hondureños, así como el ejercicio de la libertad de expresión, de adoptar todas las medidas posibles para llevar a cabo investigaciones con el fin de acabar con la impunidad por el asesinato de periodistas

Por otro lado, Honduras tiene informes pendientes ante Naciones Unidas donde hay recomendaciones temáticas sobre privados de libertad en condiciones de violación de sus derechos y eso también debe cumplirlo.

“Independientemente de la complejidad de violaciones de derechos humanos en Honduras y de Poderes del Estado sin verdadero compromiso con los derechos humanos, estos mecanismos como el EPU y otros de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, obliga al Estado a explicar sus situación y sentir la presión para tomar algunas medidas, que aunque débiles van siendo un camino de esperanza”, expresó Méndez..

Por otra parte es bueno para el pueblo hondureño esta comparecencia porque el Estado sabe que lo están monitoreando para el respeto y goce de los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, agregó.

El EPU 2010 sobre libertad de expresión
Entre las 129 recomendaciones de los Estado de la ONU en el EPU 2010 relativas a la libertad de expresión estaban:
Continuar las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas, activistas de derechos humanos y de la oposición y figuras del gobierno
Garantizar la libertad de expresión, de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular en relación con los periodistas, activistas de derechos humanos y miembros de la oposición
Tomar todas las medidas necesarias, incluso mediante la realización de una reforma de la legislación que rige el sector de las telecomunicaciones y garantizar el acceso a la información pública, para garantizar la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica
Mejorar su capacidad de investigación para resolver los casos de asesinatos de mujeres, periodistas y defensores de los derechos humanos, y llevar ante la justicia a los responsables
Continuar para proteger, a través de actos jurídicos y administrativos, la libertad de expresión y la libertad de prensa, así como el acceso a la información
Restablecer plenamente la libertad de los medios de comunicación, los protege de cualquier tipo de hostigamiento o intimidación, de conformidad con sus obligaciones internacionales
Continuar reforzando los recursos de investigación y enjuiciamiento a fin de llevar a cabo investigaciones rápidas, transparentes, creíbles y efectivas de los asesinatos de periodistas desde marzo de 2010, y efectivamente enjuiciar a los responsables de estos crímenes
Tome las medidas necesarias para mejorar la seguridad de los periodistas y los defensores de los derechos humanos, y llevar a cabo investigaciones independientes y creíbles de los asesinatos de siete periodistas y amenazas contra varios otros que se produjeron en 2010, y llevar ante la justicia a los autores de esos actos condenables
Garantizar la libertad de expresión, en particular mediante la lucha contra los ataques contra los periodistas y la garantía de que los periodistas, formadores de opinión y miembros de la oposición política son libres de expresar sus puntos de vista
Llevar a cabo una política activa de prevención contra la violencia y los actos de intimidación contra los medios de comunicación y miembros de la oposición política, y dar a los mecanismos establecidos con los recursos y medios necesarios para llevar a cabo su mandato en el ámbito de la protección de los derechos humanos
Asegurarse de que los periodistas, formadores de opinión, miembros de la oposición y defensores de derechos humanos puedan expresar sus críticas y opiniones libremente y en paz, y poner fin a los actos de hostigamiento contra los opositores al golpe de Estado y contra los jueces, a la vista de la separación de poderes