Escrito por Redacción | Abril 28 del 2015 Secciones: Libertad de Expresión
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Diferentes
acciones de incidencia para pedir al Estado la reforma de la “Ley de
Secretos Oficiales” realizó en Honduras el Secretario Ejecutivo de la
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Moisés Sanchez,
en conjunto con el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y la
Fundación Democracia Sin Fronteras (FDsF)
La Alianza Regional
es una red de organizaciones no gubernamentales, independiente,
apartidaria y sin fines de lucro, conformada por 23 organizaciones de 19
países del continente, con el objetivo de realizar intervenciones
tendientes a mejorar las condiciones de acceso a la información y
libertad de expresión en sus países y la región de las Américas.
Sánchez en compañía de los directores ejecutivos, Héctor Becerra del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y José León Aguilar de la Fundación Democracia Sin Fronteras (FDsF),
se reunió el 15 de abril con representantes de la Dirección
Presidencial de Transparencia, Instituto de Acceso a la Información
Pública (IAIP), el jefe de operaciones de la Dirección Nacional de
Inteligencia y la Procuraduría General de la República.
Durante
las reuniones se expresó la preocupación de la Alianza Regional por la
aplicación de la “Ley para la Clasificación de Documentos Públicos
Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional”, a través de la
Resolución 69/2014 aprobada por el Consejo Nacional de Defensa y
Seguridad (Conadese).
Con
esta Resolución, el día 14 de julio de 2014, el Consejo Nacional de
Defensa y Seguridad (Conadese), encabezado por el Presidente de la
República, decidió restringir el derecho a la información en 18
instituciones estatales y en otras dependencias que se pueden incorporar
en el futuro. La reserva fue declarada con base en la referida Ley de
Clasificación. El Conadese dispuso reservar -sin precisar qué-,
“asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos
cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en
riesgo la seguridad y/o la defensa nacional”.
La
Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la
Seguridad y la Defensa Nacional, más conocida como la "Ley de Secretos
Oficiales" indica en su artículo 3 que, bajo el término de “seguridad
nacional”, se pueden clasificar como reservados “los asuntos, actos,
contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento
por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad
y/o defensa nacional y el logro de los objetivos en estas materias”.
En su participación Sánchez fue categórico al expresar que como consecuencia de esta normativa y la Resolución hay una regresión del derecho de acceso a la información pública en Honduras que también ha despertado inquietudes del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza y otros organismos de derechos humanos.
Ese
mismo día la Alianza Regional se reunió con organizaciones de la
sociedad civil, quienes en sus interlocuciones expresaron su
preocupación por la “Ley de Secretos Oficiales”, y el deseo de
participar en un proceso de incidencia tendiente a su derogación o
reforma.
En ese sentido, José León Aguilar de la Fundación Democracia Sin Fronteras, manifestó que la normativa violenta directamente las normas jurídicas internacionales, e hizo un llamado a los tomadores de decisiones para que revisen esta Ley para hacerle las enmiendas necesarias.
El
día viernes 16 en horas de la mañana, la Alianza Regional ofreció una
conferencia de prensa para hacer público su posicionamiento sobre la ley
en referencia y la Resolución 69. En la rueda de prensa participaron 23
medios de comunicación.
De su lado, Becerra expresó que se está realizando "una ronda de visitas, ayer (jueves) nos reunimos con representantes del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero también hubo gente de la Dirección de Seguridad, de la Procuraduría General de la República y de la oficina de Transparencia de Casa Presidencial con quienes dialogamos en torno al tema y manifestamos nuestras preocupaciones. Entendemos que dentro del Congreso Nacional se han dado cuenta de que lo que construyeron fue un adefesio. El día hoy (viernes) continuaremos con las reuniones y de acuerdo con eso manifestaremos la posición de la Sociedad Civil, pero en todo caso resalizaremos un proceso de incidencia para buscar la derogación o, en todo caso, las reformas de esa normativa de tal forma que no contradiga lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".
Por
la tarde de ese mismo día se sostuvo reuniones con el Doctor Roberto
Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, y
la abogada Gabriela Castellanos directora ejecutiva del Consejo
Nacional Anticorrupción, CNA, órgano garante de la correcta aplicación
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Lea además:
http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/honduras-alianza-regional-incide-ante-el-estado-por-aplicabilidad-la-
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