A
todos los hondureños y hondureñas nos debe interesar conocer qué hace
el Estado con los recursos que obtiene, particularmente los provenientes
de nuestros impuestos.
La
decisión gubernamental de invertir en determinadas áreas puede tener
impactos significativos en la vida de la población, especialmente de los
sectores más vulnerables.
De
acuerdo con los artículos 1 y 59 de la Constitución, el Estado ha sido
constituido para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la
libertad, la cultura y el bienestar económico y social, ya que su fin
supremo es la dignidad humana.
De
esta manera, el Estado debe lograr la igualdad en el acceso a
oportunidades y en la distribución de la riqueza. El grado en el que se
logren estos objetivos determinará la legitimidad o credibilidad del
gobierno.
Por
ello, el presupuesto es el mejor indicador para conocer cuáles son sus
prioridades y valorar si sus políticas realmente están destinadas a
promover las condiciones necesarias para que la población tenga una vida
digna.
Cuando
nos damos cuenta que el presupuesto del año 2015 contiene una reducción
de 30 millones de lempiras en salud y 4 millones en educación, y un
aumento de 6 mil millones en defensa, es decir, un aumento del 30%, nos
deja claro que la prioridad gubernamental es armarse hasta los dientes a
costa de dejar en mayor vulnerabilidad derechos tan fundamentales para
el desarrollo del país.
En
sociedades tan desiguales como la hondureña, los derechos a la salud y a
la educación se constituyen en una herramienta fundamental para reducir
las desigualdades y potenciar las capacidades básicas del ser humano.
Solo
si se asignan y administran eficientemente los recursos necesarios en
materia de salud y educación, se logrará que las personas accedan a los
recursos necesarios para disfrutar de un nivel de existencia digno y así
participar activamente en la dinámica comunitaria y en las decisiones
políticas que afectan su entorno. Escuchar y descargar Nuestra Palabra
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