viernes, 13 de febrero de 2015

Honduras: Sociedad civil clama transparencia, frente a legislaciones que promueven la “opacidad”

Sociedad civil clama transparencia, frente a legislaciones que promueven la “opacidad”
Escrito por Redacción | Febrero 12 del 2015
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  Tras conocer los resultados del informe “Estado del derecho de Acceso a la Información”, presentado por el Comité por la Libre Expresión, C-Libre, representantes de diferentes sectores de la sociedad exigieron mayor transparencia, principalmente en el uso de recursos del Estado, como la Tasa de Seguridad, que aseguran no se sabe a detalle su distribución.
C-Libre presentó este jueves 12 de febrero su informe a la sociedad civil, funcionarios, representantes de otros gobiernos, y medios de comunicación de la capital hondureña, que refleja algunos avances en materia de acceso a la información, pero también tiene un enorme componente en la emisión de normas que violentan ese derecho a la información y que generan opacidad en el actuar del gobierno.
La presentación ocurrió en un hotel de la ciudad, donde la mesa principal la integraron Ana Ortega, presidenta de la Junta Directiva de C-Libre; Héctor Becerra, director Ejecutivo de C-Libre; Damián Pineda, comisionado del IAIP; y Evelyn Hernández, consultora que elaboró el informe.
Entre tanto, Héctor Becerra, apuntó que si se hace un balance entre la transparencia del gobierno y su opacidad, “estamos claros, pesa más la opacidad”. Sería un gran avance un portal único de transparencia municipal y para las demás instituciones, claro que pondrán el grito al cielo los funcionarios, pero la información debe estar en el IAIP, esa batalla se tiene que librar entre todos. Señaló que en los últimos años solo seis solicitudes de información diaria ocurren, se debe medir de qué sector se originan esas solicitudes.
Ana Ortega, directora de la junta directiva de C-Libre, fue la encargada de dar la bienvenida a los invitados, y manifestó que el propósito es impulsar el debate de un tema en una coyuntura en la que parece que los escasos avances en materia del acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión, “vamos retrocediendo”.
Desde la ciudadanía debe haber un interés manifiesto, una presión porque en un país donde la falta de transparencia es fundamental, “donde se emiten leyes y se toman medidas que nos hacen retroceder, debe preocuparnos y mantenernos ocupados en esa situación”.
Al respecto, en su presentación la consultora Evelyn Hernández dejó claro que el estudio lo dividió en dos partes, la primera que tiene que ver con el marco normativo del derecho, y la segunda como una evaluación de la aplicación de ese marco normativo.
Especificó que Honduras suscribió varios tratados internacionales que establecen el derecho a la información como un derecho humano, aunque la Constitución no reconoce expresamente este derecho.
Ley hondureña “una de las mejores en el mundo”
Pese a lo anterior, la Ley de transparencia y acceso a la información pública si está catalogada como una de las mejores leyes del mundo, que puede ser mejorable. Las restricciones de esta norma reúnen las condiciones internacionales para limitar el derecho. Luego hay otras normas como la Ley de libre emisión del pensamiento y la Ley de contratación del Estado.
Sin embargo, en 2014 el Congreso Nacional aprobó normas como la Ley de clasificación de documentos en materia de defensa y seguridad, (Conocida como ley de secretos),  las reformas a la Ley del Ministerio Público, más otra Ley de protección en violencia doméstica que no entró vigencia pero que restringen el acceso a la información porque no cumplen los requisitos necesarios para ello.
En cuanto a la aplicación del marco normativo, manifestó que existe un sistema nacional de información pública, hay 102 instituciones que tienen portal de transparencia. En Algunos portales hay información incomprensible, la recomendación es que el IAIP aplique nuevos instructivos sobre la información que dan al ciudadano.
Recomendó impulsar la ley general de archivos. Al analizar las solicitudes de información se nota que han disminuido año tras año. Además, va creciendo la denegatoria y las sanciones son pocas, la mayoría llamados de atención, entonces no se ven resultados de un nuevo reglamento de sanciones aprobado.
Tampoco se conocen los resultados de la comisión del Congreso Nacional creada para analizar los resultados de la ley, y tampoco se conocen funciones del CNA en ese sentido, porque legalmente deberían decir los problemas de la ley y sus soluciones.
Luego hubo rondas de preguntas de periodistas como Carlos Paz, Mario Sánchez y Félix Molina, y de la Sociedad Civil, Fernando García, Eunice Hernández y Julio Cabrera, entre otros, quienes cuestionaron la reserva de información en la tasa de seguridad, corrupción, sobre la ley y sobre la política de transparencia y política de opacidad del Estado, y además que hacer con la legislación que choca contra el acceso a la información.
Al respecto, Evelyn Hernández respondió que cada funcionario aplica el criterio que entiende o conviene respecto a denegar información; y de las leyes que violan el derecho a la información recomendó construir un caso y presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la violación al derecho internacional y ya hay precedentes en la Corte.
En otro caso, dijo que en lo al gobierno le conviene, hay transparencia, y en otro hay opacidad, “por eso creo que pesa más la opacidad porque nos afecta a todos”.
Normativa pendiente
Por su lado, Damián Pineda, dijo que el IAIP ha hecho esfuerzos para fortalecer el acceso a ese derecho de información pública, además lo relacionado a los portales de educación virtual, para llegar a los diferentes rincones del país; además de pretende unir los 298 portales de las alcaldías para integrar al Instituto a las alcaldías.
También se trabaja en el anteproyecto de la ley de archivos, que permite que todo el Estado mantenga sus archivos bien estructurados; además en la ley de protección de datos; se pretende trabajar en el acceso a la información como un medio de combate a la corrupción y mejorar la democracia y el estado de derecho.
Manifestó estar consciente de los inconvenientes de la Ley de confidencialidad, pero hay acercamiento y se busca equilibrio con la Ley de transparencia y acceso a la información pública. En cuanto a los fondos del “Tasón”, dijo que se solicitó que esa información sea pública. No se ha aprobado ninguna reserva de información con estos comisionados, el que usa recursos del Estado los debe publicar, en que nada debe nada teme, se deben publicar los actos públicos sin reservas.
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