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| Periodista Julio Ernesto Alvarado |
PEN Honduras se congratula por la decisión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de otorgar medidas
cautelares a favor del periodista Julio Ernesto Alvarado, pero demanda del
Estado de Honduras que proceda sin dilaciones a implementarla y proceder a suspender
la Sentencia Penal en su contra que que lo condena a prisión y a las penas de
accesorias que le dejaría fuera del
periodismo por un año y cuatro meses.
Alvarado
enfrenta desde hace ocho años un proceso judicial por una querella por
difamación y expresiones constitutivas de injurias, iniciado desde el año 2006
por Belinda Flores, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, por el único hecho de
permitir que se denunciaran irregularidades cometidas
por esta funcionaria,
en el programa de televisión “Mi Nación”, proceso que ha durado más del doble
de la pena.
Esta resolución
de la CIDH fue emitida el 05 de noviembre pasado y expresa en una de sus partes
importantes:
“27.-En tal
sentido, la Comisión estima que, dada la gravedad y la censura que conlleva, la ejecución de esta condena no solo impide el
derecho a la libertad de expresión del propuesto beneficiario, sino que tiene
la capacidad de tornar ilusorio el ejercicio del derecho a expresarse y a
difundir información sobre asuntos de interés público en Honduras. En efecto,
esta condena podría provocar un efecto silenciador respecto de todas las
personas y particularmente los periodistas y comunicadores, quienes estarán
sometidos a una constante autocensura antes de informar algo que pueda ofender
el honor de quienes detentan cargos públicos. Con ello, se podría comprometer
la libertad de expresión de la sociedad hondureña en su conjunto”
En relación a esta Resolución, la
CIDH le dio un plazo de diez días al Estado de Honduras contados a partir del
05 de noviembre,
para que informe de la adopción de esta medida y dé detalles periódicamente sobre el caso.
En relación a esta Resolución, la
CIDH le dio un plazo de diez días al Estado de Honduras contados a partir del
05 de noviembre,
para que informe de la adopción de esta medida y dé detalles periódicamente sobre el caso.
El incumplimiento a esta resolución
de la CIDH dejaría mal parado al Estado de Honduras y abriría el camino a una
condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es hora de
rectificar, ESO ESPERAMOS!!!
Hacemos
un llamado a los periodistas y comunicadores sociales para que se unan a una
demanda ciudadana de respeto a la libertad de expresión poniendo como punto de
partida esta resolución, segunda en América Latina y la primera de este tipo
en Honduras.
Tegucigalpa
M.D.C. 18 de noviembre de 2014
PEN HONDURAS
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