2014 - 15:29

Washington, Estados Unidos. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en Honduras de la lideresa campesina y defensora de derechos humanos Margarita Murillo, presidenta de Asociativa Campesina de Producción las Ventanas y dirigente del Foro Social del Valle del Sula así como el secuestro del que habría sido víctima su hijo de 23 años. La Comisión urge al Estado a investigar este asesinato, y a procesar y sancionar a los responsables, así como a esclarecer los hechos relacionados con el secuestro del hijo de la defensora.

De acuerdo a información pública disponible, el 27 de agosto de 2014, la lideresa campesina Margarita Murillo, dedicada por más de 40 años a la defensa de los derechos de los campesinos y campesinas en Honduras, habría sido asesinada por un grupo de hombres encapuchados que le habrían disparado cuatro veces en la cara con armas de fuego en la comunidad del Planón, Villanueva, departamento de Cortés. La parcela donde habrían ocurrido los hechos habría sido recuperada por la Asociativa Campesina de Producción las Ventanas, de la cual era presidenta.

Según información pública disponible, la señora Murillo además habría sido coordinadora del Frente Nacional de Resistencia Popular y de otras organizaciones políticas y sociales de Honduras y candidata a diputada por el partido Libre en el Departamento de Cortés, del cual habría sido fundadora. Recientemente la señora Murillo habría recibido diversas amenazas de muerte por su labor de defensa de los derechos de los campesinos. Adicionalmente, el 26 de julio de 2014 según lo informado, su hijo de 23 años habría sido secuestrado en su casa ubicada en la comunidad de Marañón por un grupo de militares, hasta la fecha se desconocería su paradero.

La Comisión recibió en 2009 información sobre la situación de la señora Murillo quien, según lo informado, habría sido amenazada con órdenes de captura, perseguida, golpeada y detenida ilegalmente por las fuerzas de seguridad junto con otros líderes políticos. Al respecto, la CIDH manifestó su preocupación sobre la situación de la señora Murillo en el informe de país Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado de 2009 y en su informe de seguimiento de 2010 recomendó al Estado adoptar medidas decisivas para prevenir los asesinatos, amenazas e intimidaciones en contra de las defensoras y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores y líderes sociales. En especial, recomendó adoptar las medidas que sean necesarias para proteger su vida e integridad personal.

La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. En particular, la CIDH insta al Estado de Honduras a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si el asesinato de la señora Murillo fue cometido por su labor de defensa de los derechos humanos. Dicha investigación además debe ser emprendida con debida diligencia de manera exhaustiva, seria e imparcial. Asimismo, la CIDH urge al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos, en especial de los líderes y lideresas campesinos que se han visto gravemente afectados por la situación de violencia en el marco de conflictos de tierras. Por otra parte, es indispensable que el Estado adopte todas las medidas a su alcance para investigar en forma urgente la situación de su hijo.

Como ha señalado la Comisión anteriormente, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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