“Como la toma del agua está arriba del pueblo, ellos secan todo el río, entonces a nosotros nos toca acarrear el agua de más largo entonces resulta que para nosotros en el verano es triste”, dijeron pobladores de la comunidad de Chiquila en los Valles del Norte de Santa Bárbara, en una encuesta realizada por el Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, para documentar la investigación “Represas hidroeléctricas y exclusión: El conflicto social en los valles del Norte de Santa Bárbara.
Y eso no es todo, las más afectadas son las mujeres que ahora tienen que caminar largas distancias para poder encontrar agua, lo que vino a aumentar su trabajo en el hogar.
El Congreso Nacional aprobó en el año 2010, los contratos para concesionar a la empresa Generación Eléctrica S.A. de C.V, GERSA , tres ríos para los proyectos Chamelecón 280; Río Blanco Los puentes y Río Tapalapa, siempre en el sector de los valles del Norte de ese departamento de Santa Bárbara, por 30 años cada uno.
Las comunidades que se verán afectadas con estos proyectos son, Chiquila, Ojos de Agua, Zapotalito, Playa del Zapotal, Monte Largo, Laguna Seca, San Luis, Chiquila, Macuelizo y San Marcos, en los municipios de Macuelizo y San Marcos, en Santa Bárbara.
CESPAD presentó los resultados del estudio antes mencionado el 26 de agosto pasado ante medios de comunicación, líderes y lideresas de las comunidades afectadas y otras personalidades, en la ciudad capital. Ver datos de esta presentación.
http://cespad.org/node/76
GERSA nos atrapa el río rio
Según los pobladores de Chiquila a quienes se les aplicó la encuesta, el problema es que cuando la turbina no alcanza a dar las revoluciones para Chamelecón 280, lo que hace GERSA es “trancar el río”, entonces éste se seca. Por lo menos son tres horas en que la comunidad se queda sin agua.
Esto quiere decir que la compañía pensando solamente en el lucro y no importándole que deje sin agua a la comunidad, procede a hacer una presa para retener el agua.
Al principio la comunidad se sentía contenta porque atrapaba pescados para comer, pero eso era mera ilusión pues en la medida que se fue haciendo eso una y otra vez los peces se murieron, “quedaban los pescados revolcando en lo seco, ahora ya no porque ahora ya no hayan que ir a agarrar porque ya no hay nada. Ya se murió todo, entonces ahora la gente se preocupa cuando mira aquello seco, hasta que ya ella adquiere la velocidad que el agua, entonces así ya vuelven”, relataron las personas encuestadas.
Agregaron que GERSA les ofreció 80 mil lempiras para instalar el proyecto de agua en playas la comunidad de Zapotalito, pero allí es donde hay más daño de la represa, porque el agua se ausenta hasta dos horas, no hay corrientes de agua y cuando la misma baja ya no sirve ni para bañarse, “ya viene pura lejía el agua. La verdad que es un daño que está causando a la comunidad pero ya, por amor de que le dan un sueldito, recibiendo un sueldito no mencionaban nada”.
Lo anterior demuestras que para las comunidades solamente hay perjuicios, el Estado se hace de la vista gorda y ha dejado en completo abandono a esta comunidad de Chiquila que está siendo afectada en su derecho humano al agua y por ende a la vida.
Ahora no solamente deben carecer de agua sino a su derecho a la libre locomoción pues la empresa GERSA no solo atrapó el río sino que ha colocado unos gruesos candados para que la población no pase a la montaña a la que por años subieron sin ningún problema.
Estado de Honduras podría enfrentar demandas internacionales
Eso violenta la resolución número 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y el saneamiento, aprobada el 28 de julio de 2010.
En su artículo uno expresa que , “Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos..”
El 28 de septiembre de 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una nueva resolución que lleva el derecho humano al agua potable y a un saneamiento saludable un paso más allá. El Consejo daba, así, la bienvenida a la compilación de buenas prácticas sobre el derecho al agua potable y a un saneamiento saludable.
En marzo de 2008, mediante la Resolución 7/22, el Consejo de Derechos Humanos decidió "nombrar, por un período de tres años, a un experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y al saneamiento". En abril de 2011, mediante la Resolución 16/2, el Consejo de Derechos Humanos decidió extender el mandato por un periodo de tres años.
El Experto Independiente supervisa e informa sobre la implementación por parte de los Estados del derecho humano al agua así como sobre las violaciones relacionadas.
En relación al medio ambiente, el Protocolo Adicional a la Convencion Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador”, en su Artículo 11 señala que “1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.
Las comunidades podrían hacer uso de estos convenios internacionales para demandar su derecho al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo, los cuales han sido fuertemente afectados a poco más de un año de puesta en funcionamiento del primer proyecto hidroeléctrico de GERSA, el Chamelecón 280, que está en funcionamiento, y los otros dos más que estaría implementando, con resultados similares de nefastos como lo sufre la comunidad de Chiquila y otras aledañas.
Lea los contratos leoninos otorgados a GERSA
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