Managua, Nicaragua.- Durante las últimas dos décadas, la industria minera -en particular la minería metálica- ha retomado gran relevancia en América Central. Ese nuevo auge se debe, por un lado, a la disminución de regulaciones para su actividad de parte de los gobiernos nacionales y, por el otro, a la creciente demanda y los altos precios internacionales de metales como el oro, que en 2013 fue cotizado U$ 1.300 la onza (28 gramos), un incremento aproximado del 350% en los últimos 15 años.Honduras, Nicaragua y Guatemala son los países con más kilómetros cuadrados de territorio concesionados y con más concesiones mineras
Asimismo,
la incesante demanda de mineral de hierro para la producción de acero
crudo de parte de China, el mayor consumidor mundial de este elemento,
sumado a la aprobación de varias directrices en países del norte, ante
el agotamiento de materias primas y su obligación a garantizar el
abastecimiento de minerales industriales para sus economías, profundizó
aún más la expansión de la actividad minera en América Central.
De
acuerdo con el estudio de 2011 “Impactos de la minería metálica en
Centroamérica” del CEICOM (Centro de Investigación sobre Inversión y
Comercio), el 14% del total de territorio centroamericano está
concesionado a empresas mineras, sobre todo de capital canadiense. El
Resumen Ejecutivo del Informe presentado a la CIDH (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos) sobre los impactos de la minería
canadiense, aclara que entre el 50% y el 70% de la actividad minera en
América Latina está a cargo de empresas canadienses.
Honduras,
Nicaragua y Guatemala son los países con más kilómetros cuadrados de
territorio concesionados y con más concesiones mineras otorgadas a
empresas, tanto nacionales como transnacionales.
El
país con mayor número de concesiones es Honduras. El “Diagnóstico de la
Situación Minera en Honduras 2007-2012”, realizado por el ICEFI
(Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales), evidencia que
actualmente hay 72 concesiones mineras metálicas ya otorgadas y 102
solicitudes presentadas. Sin embargo, el Cehprodec (Centro Hondureño de
Promoción para el Desarrollo Comunitario) asegura que existen 837
proyectos mineros potenciales -metálicos y no metálicos-, que en
términos territoriales significarían casi el 35% del territorio
nacional.
En
otro diagnóstico presentado el año pasado, el ICEFI reveló que en
Guatemala hay 107 concesiones mineras metálicas ya otorgadas y 359
nuevas solicitudes. Si a esos datos sumamos los proyectos no metálicos,
el total llega a la cantidad abrumadora de 973 proyectos. Los
movimientos sociales y populares guatemaltecos alertan que el área total
concesionada a empresas mineras supera los 32 mil km², es decir casi el
30% del territorio guatemalteco.
Nicaragua
enfrenta una situación muy parecida. En el informe “Estado actual del
sector minero y sus impactos socio-ambientales en Nicaragua 2012-2013”,
la organización ambientalista Centro Humboldt reveló que la superficie
total concesionada es de casi 18 mil km², es decir el 13.5% del
territorio nacional, con un total de 446 proyectos mineros.
El
Salvador y Costa Rica viven situaciones diferentes. En El Salvador hay
un total de 29 proyectos mineros metálicos -más 36 no metálicos-, pero
ninguno de ellos se encuentra en fase de explotación. A partir de 2008,
varias organizaciones de la sociedad civil salvadoreña iniciaron un
minucioso y profundo trabajo de contrainformación, para incidir en la
opinión pública sobre los efectos perversos de la minería metálica.
De
esta manera buscaban contrarrestar la campaña mediática pro minería,
promovida con fuerza por las empresas que estaban desarrollando
proyectos explorativos, con el apoyo de los grandes medios de
información corporativos y los partidos políticos de la derecha
salvadoreña. En este intento, las organizaciones sociales coincidieron
con el recién electo presidente Mauricio Funes (2009-2014), apoyado por
el partido FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional),
que condujo al establecimiento de una moratoria ‘de facto’ sobre la
minería a cielo abierto.
La
decisión del nuevo gobierno y del partido izquierdista salvadoreño en
la Asamblea Legislativa de no otorgar ningún permiso de explotación
minera, permitió volver a introducir en la agenda parlamentaria la
discusión de un proyecto de ley integral, que permitiese definir un
marco legal específico para reglamentar cualquier tipo de extracción.
“Lamentablemente,
la visión extractivista de los otros partidos ha atrasado lo que
consideramos un paso urgente y necesario. Sin embargo, el nuevo
presidente Salvador Sánchez Cerén ya se declaró abiertamente contra la
minería metálica, dándonos la oportunidad de seguir insistiendo en la
urgencia de discutir ese tema”, dijo a Opera Mundi la diputada del FMLN y
secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Lourdes
Palacios.
Mientras
tanto, en 2010, tras una larga campaña de concientización y
movilización nacional, la Asamblea Legislativa de Costa Rica votó, por
unanimidad, la prohibición en su territorio de la minería a cielo
abierto, así como el uso de cianuro y mercurio en la actividad minera.
Falsos mitos
Recientemente,
Managua fue sede del I Congreso Internacional de Minería, donde
delegaciones de gobiernos, empresas mineras, expertos de la ingeniería y
geología de más de 25 países de América Latina, Europa, Estados Unidos y
Canadá, debatieron sobre innovaciones, programas, adelantos en materia
técnica y geológica en la exploración y explotación minera.
Paralelamente,
organizaciones sociales y populares de toda América Central realizaron
un foro regional alternativo por la defensa de los bienes comunes, donde
denunciaron los falsos mitos que rigen la industria minera, así como
los graves impactos socio-ambientales que esta actividad y el modelo
extractivista en general dejan tras de sí.
Un
primer mito es que la explotación minera genera bienestar y desarrollo.
“Se trata de un desarrollo artificial. Las empresas mineras se instalan
en un territorio por un tiempo determinado, dedicándose a la extracción
de un recurso no renovable. A medida que el recurso se agota, la
inversión y todo lo que se había generado desaparece, y lo que queda son
pueblos fantasmas, retroceso económico y devastación ambiental”, dijo a
Opera Mundi,Pedro Landa, miembro del Cehprodec.
Además,
las empresas pagan una regalía muy baja por cantidad extraída y su
contribución al fisco es prácticamente insignificante. De esta manera,
dejan al país una cantidad mínima de recursos si se compara con el valor
de exportaciones generado.
En
Nicaragua, por ejemplo, el oro se ha convertido en 2013 en el principal
rubro de exportación con más de 442 millones de dólares. Sin embargo,
la regalía del 3% del valor extraído resulta insignificante frente a las
enormes ganancias de las compañías mineras. “Dejan las migajas y se
llevan el grueso del dinero. Además, no les importa lo que pasa después.
Cuando el oro se acaba, abandonan las minas y los pocos empleos que se
han generado, dejando solamente desolación y daños ambientales”, explicó
Tania Sosa del Centro Humboldt.
En
definitiva, la contribución de la actividad minera a la economía
nacional de los países centroamericanos sigue siendo marginal, oscilando
entre el 1.25% del PIB (Producto Interno Bruto) de Honduras y el 2.5%
de Nicaragua. “Si comparamos estos datos con la actividad agrícola, que
en Honduras representa casi el 40% del PIB, es evidente que estamos ante
una política errada que está destinada al fracaso”, dijo Landa.
Un
segundo mito de la minería es la generación masiva de empleo. Estudios
realizados por el Cehprodec demuestran que las empresas mineras
medianas, como las que operan en América Central, generan, en su período
de mayor explotación, entre 250 y 300 empleos directos y unos 1,200
indirectos.
En
Honduras, por ejemplo, la participación de la minería en la generación
de empleo absorbió un promedio del 0.2 % de la PEA (Población
Económicamente Activa), es decir un poco más de 6,300 puesto de trabajo.
En Nicaragua y en Guatemala este porcentaje va un poco más allá del 2%.
Además,
se trata de empleos informales, no calificados, mal pagados y
esporádicos. “Las empresas operan un promedio de entre 10 y 15 años y
después se mudan, o comienzan a generar una serie de traspasos de dueños
para crear un ‘velo corporativo’, que no permita identificar quien es
el propietario. De esta manera, ocultan a los responsables de los
impactos ambientales que, paulatinamente, comienzan a aparecer”, agregó
el directivo del Cehprodec
“Minería verde”
La
generación de una minería amigable con el ambiente, una “minería
verde”, representa la tercera gran mentira y el espejismo que el capital
transnacional pretende presentar como una realidad.
“Mundialmente
es ampliamente conocido que la minería es una industria desastrosamente
contaminante, genera daños que probablemente nunca puedan resarcirse.
En un país tan pequeño y, a la vez, tan poblado como El Salvador, la
minería y el uso de grandes cantidades de agua y de venenos tienen un
fuerte impacto ambiental en cuanto a la destrucción del ecosistema”,
sostuvoRicardo Navarro, presidente del CESTA-Amigos de la Tierra(Centro
Salvadoreño de Tecnología Apropiada).
En
efecto, las empresas mineras necesitan de mucha agua para realizar sus
labores. De acuerdo con la publicación del Centro Humboldt “La minería o
el poder del dinero”, estas empresas gastan en un día lo que una
familia campesina consumiría en 20 años.
Además,
para realizar el proceso de lixiviación y separar el oro de la roca en
las minas a cielo abierto se usa el cianuro, un veneno altamente tóxico
cuyo uso en minería ya fue prohibido por la Unión Europea a partir de
2010. Este modelo ocasiona también graves contaminaciones con metales
pesados como plomo, arsénico, mercurio, zinc y aluminio.
Según
el CEICOM, por cada onza de oro se remueven 20 toneladas de roca, se
usa un promedio de 4 kg de cianuro de sodio y se desperdician 28 mil
litros de agua por segundo. Además, por cada gramo de oro se requieren
dos o tres de mercurio. El agua envenenada va a parar a grades pilas,
donde se queda temporalmente para después ser vertida en ríos y
quebradas.
“Las
empresas mineras aseguran que con el uso de la nueva tecnología se
puede generar una minería amigable con el ambiente. Hasta juran que, al
final de la explotación minera, las zonas estarán en mejores condiciones
a la que estaban antes. La verdad es que este proceso acelera la
degradación y destrucción socio-ambiental de la zona”, advirtió Pedro
Landa.
El
especialista en temas mineros relató que, en Honduras, existen
alrededor de ocho “pasivos ambientales”, es decir minas que nunca fueron
tratadas adecuadamente y que hoy están generando graves problemas de
salud. Asimismo, se registran otros impactos graves, como la
deforestación, la contaminación del aire por el polvo que se genera de
las explosiones, la pérdida de la capa fértil de los suelos.
“En
la zona de Valle de Ángeles, una zona muy turística en las afueras de
Tegucigalpa, hay una mina que cerró hace más de 40 años y que continúa
generando una cantidad inimaginable de contaminación de aguas acidas.
Son montañas de desechos donde hay de todo: mercurio, plomo, arsénico,
cadmio, aluminio, hierro. Cuando llueve, de estos cerros sale agua de
color sangre por la cantidad de metales pesados que trae”, resaltó
Landa.
Daños a la salud
Para
el doctor Juan Almendarez, director del CPTRT (Centro de Prevención,
Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura) y ex rector de
la UNAH (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), uno de los
problemas más críticos es el de los impactos sobre la salud.
“Para
determinar si hay o no contaminación no podemos seguir pensando en la
salud desde un enfoque capitalista y reduccionista, basado únicamente en
valores mínimos y máximos que decide la Agencia Ambiental de Estados
Unidos. Tenemos que ver la salud como una totalidad de la vida y de los
seres vivos. En este sentido, lo que la minería altera gravemente y
destruye es la totalidad de la vida de un lugar, de una comunidad”, dijo
Almendarez.
En
los casos emblemáticos del Valle de Siria, en Honduras, y de San Miguel
Ixtahuacán, en Guatemala, lo que la explotación minera dejó fueron
graves problemas de la piel, partos prematuros, malformaciones
congénitas, abortos, pérdida de la vista y caída del pelo. “¿Quién va a
responder por todo estos atropellos a la salud humana?”, se preguntó el
exrector.
Criminalización de la protesta
En
toda América Central, los procesos organizativos comunitarios y la
protesta contra la expansión minera han sido constantemente
criminalizados y judicializados. Eso ha generado decenas de conflictos
sociales que han dejado un saldo dramático de centenares de personas
perseguidas, reprimidas y encarceladas. También se registra el asesinato
de varios líderes comunitarios y activistas campesinos e indígenas
comprometidos con la lucha antiminera.
“Son
estrategias que vulneran los intereses individuales y colectivos, entre
otros, el derecho a la integridad personal, a la salud, a la
alimentación, a la propia vida. Militarizan las zonas de explotación
minera, dividen las comunidades, les niegan una consulta previa, libre e
informada, criminalizan su protesta y la defensa de sus derechos,
profundizan las amenazas, el hostigamiento, la represión y la
violencia”, dijo Julio González deMadre Selva Guatemala.
Según
él, las empresas fomentan, descaradamente, la compra de conciencias y
la criminalización de los líderes comunitarios. “El modelo extractivista
va en perjuicio de los pueblos, golpea la vida de las comunidades,
desarticula los procesos organizativos, violenta los derechos del
campesinado y de los pueblos originarios”, ahondó el doctor Almendarez.
Para
el reconocido defensor de derechos humanos, la sola respuesta posible
es más organización y articulación a nivel regional. En este sentido, el
Movimiento Mesoamericano contra el modelo extractivo Minero (M4) es un
ejemplo de articulación de organizaciones “que han tomado como base el
análisis del modelo extractivo minero del sistema capitalista, para
combatirlo y contrarrestar su avanzada”, agregó el director del CPTRT.
Estados coludidos
Esta
situación y los efectos que se están viendo en las sociedades
centroamericanas no serían posibles sin una corresponsabilidad de las
autoridades nacionales. Una de las estrategias usadas es la supeditación
de la legislación nacional a los intereses del capital minero, para así
contener y criminalizar la protesta social. En muchos casos, estas
leyes o reglamentos no solo rozan con la Constitución Políticas de los
países, sino que violentan repetidamente el Convenio 169 de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes.
“Es
de esperar que las autoridades estén al lado de los pueblos, sin
embargo el bien común no se garantiza apoyando a un modelo económico que
no asegura el bien para todos. Lo que hacen es poner una alfombra legal
para que las empresas puedan seguir operando, con más privilegios, a
costa de los derechos colectivos e individuales”, aseguró Julio
González.
Para
Byron Garoz, del Colectivo de Estudios Rurales CER Ixim, en Guatemala
hay un endurecimiento de la situación político-institucional, donde
todos los poderes del Estado se juntan para perseguir a la dirigencia
indígena y campesina. “Su apuesta es desruralizar y desagrarizar a
Guatemala, convirtiéndola en un país de ciudades intermedias donde se
desarrolla el urbanismo y se destina el área rural para las actividades
extractivistas. Todo esto está generando más conflictividad y
represión”, dijo.
También
en Honduras, la aprobación de una nueva Ley de Minería ha generado
problemas muy serios. “Desde que el año pasado entró en vigencia la
nueva legislación, ya contamos con 11 asesinatos relacionados
directamente con la minería. Más de 60 personas han sido judicializadas
por oponerse a la actividad minera”, reveló Landa.
En
El Salvador, la resistencia contra la minería en Cabañas sufrió una
violenta represión en los años pasados, dejando un saldo trágico de 4
activistas asesinados. Asimismo, la UDEFEGUA(Unidad de Protección a
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala) reveló que se
está asistiendo a un incremento sin precedentes de los ataques contra
defensores, incluyendo a varios casos de asesinato de líderes
comunitarios que encabezan movimientos contra la minería.
“El
modelo extractivista o corporativo se está convirtiendo en una
profundización del modelo neoliberal, donde las corporaciones cooptan
los Estados, los desaparecen institucionalmente y asumen el control de
las políticas nacionales”, concluyó Pedro Landa.
Fuentes originales: Opera Mundi 1 y Opera Mundi 2 (portugués)
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/internacionales/crecimiento-de-la-industria-minera-en-centroam%C3%A9rica-produce
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