MÉXICO: Asesinan a balazos a la activista Rocío Mesino

Había salido de prisión en marzo Foto: TWITTER MÉXICO DF, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -    La activista mexicana Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS),ha sido asesinada a balazos este sábado en las inmediaciones de la comunidad de Mexcaltepec, en la región de Costa grande del estado de Guerrero, en el suroeste de México.    Mesino, que había salido de prisión en marzo porque el juez no encontró pruebas por el delito de homicidio del que se le acusaba, ha muerto después de que un sujeto desconocido le disparara por la espalda, al menos cuatro veces, mientras se encontraba reunida con familiares y unos 60 trabajadores supervisando la rehabilitación de un puente dañado por las lluvias recientes.    Las balas que ha recibido la líder social pertenecían, al parecer, a un rifle AK-47, y el agresor huyó en una moto de cuatro ruedas, según ha informado el diario mexicano 'La Jornada'.   Mesino acababa de habilitar un comedor comunitario en en Mexcaltepec para ayudar a los damnificados por las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical 'Manuel' y el huracán 'Ingrid', que tuvieron lugar en septiembre.    Rocío Mesino fue detenida el pasado 13 de marzo en seguimiento a la por el delito de homicidio calificado del agricultor Victorino Luengas García, quien fue asesinado en 2011 después de permanecer secuestrado. Seis días después, la dirigente abandonó la prisión de Acapulco porque el juez no encontró pruebas que acreditaran el delito de homicidio por el que fue encarcelada.    En 1981, Rocío Mesino fundó la OCSS junto con su familia, la cual se ha pronunciado por la liberación de presos políticos y castigo a los autores de la masacre de Aguas Blancas, en la que miembros de la Policía de Guerrero asesinaron a 17 campesinos. También fue candidata a la presidencia municipal. _________________________________________________________________________________________________________________ El asesinato de Rocío Mesino Mesino Por Gerardo Peláez Ramos Distrito Federal, 20/10/13.- La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) pone en conocimiento de las organizaciones sociales y los pueblos de México, América Latina y el mundo: "Con mucha tristeza les informamos del cobarde asesinato que sufrió el día de hoy 19 de octubre, la compañera Rocío Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, el cual ocurrió en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Los hechos sucedieron en el puente de la comunidad de Mexcaltepec, donde Rocío se encontraba trabajando en la construcción de un paso provisional, ya que dicho puente fue derrumbado en las pasadas inundaciones y es el principal acceso a las comunidades de la Sierra de Atoyac. Repudiamos este cobarde asesinato. Exigimos justicia y el esclarecimiento inmediato. Alto al asesinato de luchadores sociales". El gobierno "perredista" de Ángel Heladio Aguirre Rivero en el estado de Guerrero es continuador directo, tanto en la forma como en el contenido, de la nefasta administración de Zeferino Torreblanca Galindo, que encubierto con la bandera del Partido de la Revolución Democrática aplicó un programa y una política que en nada se diferenciaban del Partido Acción Nacional y sus contlapaches del Partido Revolucionario Institucional. Estos gobiernos han utilizado a los cuerpos regulares de policías y militares para golpear al movimiento campesino e indígena, al sindicalismo clasista, a los partidos y grupos socialistas, y a las organizaciones democráticas de estudiantes, maestros y colonos (pobladores), además de ser excesivamente permisivos con las bandas de sicarios del crimen organizado, los caciques, los acaparadores y la derecha política. La inseguridad campa por sus fueros. En la entidad suriana actúan grupos paramilitares y guardias blancas que han asesinado a importantes dirigentes del movimiento de masas. Sólo por citar a algunos caídos durante la gestión de Layo Aguirre, basta con mencionar a Javier Torres Cruz, de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP); Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero; Andrés Rosales Aguirre, organizador del Movimiento Regeneración Nacional en el estado; Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román, militantes de la Unidad Popular de Iguala, y Raymundo Velázquez Flores, secretario general del Partido Comunista de México en el estado de Guerrero y dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata. Con el gobierno priista de Enrique Peña Nieto las formas de represión han tenido y tienen una evolución que es menester no descuidar. En el plano general de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, los medios de comunicación de masas han sido llamados al orden para no desplegar su amarillismo en torno al tema; ocultar la magnitud del problema en Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Guerrero; dejar de hablar de "guerra" y no poner en el centro este asunto en las negociaciones con el mayor comprador y consumidor de drogas en el mundo: Estados Unidos, al mismo tiempo que no se toma ninguna medida digna contra la participación de la DEA, la CIA, la FBI y otros órganos de seguridad, espionaje y provocación del imperialismo norteamericano asentados en territorio nacional. No hay grandes cambios, en realidad, entre el calderonato y la administración peñista, en cuanto a los envíos a suelo gringo de sicotrópicos, asesinatos de ciudadanos, adolescentes y niños en los choques entre soldados y policías con las bandas delincuenciales y en los encuentros entre los propios delincuentes. Lo que ha cambiado, y mucho, son las formas de propaganda y un entreguismo pro gringo menos descarado y lacayuno que el del último gobierno panista, pero en esencia continúan las matanzas insensatas de mexicanos, las remesas de drogas ilegales al mercado gabacho, la conservación de las posiciones conquistadas por el narcotráfico, el avance del crimen organizado en nuevas zonas, la inseguridad en ciudades, regiones y estados, la corrupción de instancias gubernamentales y la presencia ominosa de las agencias yanquis, mientras el gobierno peñista aprovecha la lucha contra las bandas criminales para reprimir a las policías comunitarias y las acciones campesinas e indígenas. Así, en Michoacán y Guerrero asesinan y encarcelan a dirigentes del movimiento de masas, disuelven guardias comunitarias y permiten la actuación pública de los criminales y cuerpos francos de las empresas mineras y madereras. Donde el gobierno peñista introduce cambios notables es en la provocación política: el 1 de diciembre de 2012, el 13 de septiembre de 2013 y el 2 de octubre del mismo año, durante la realización de protestas populares y la oposición a desalojos ilegales, reaparecieron grupos de provocadores para causar daños y robos a comercios y edificios públicos y privados, golpear a manifestantes y transeúntes, agredir a elementos policíacos uniformados y generar el caos. A estos individuos los medios de comunicación de masas y los funcionarios gubernamentales los llaman "anarquistas"; sin embargo, la protección policíaca a estos sujetos, la identificación mediante el uso de distintivos, la actuación centralizada con un claro mando único y la violencia dirigida contra "objetivos" plenamente definidos, indican la reaparición de los halcones o grupos de golpeadores organizados por los órganos de seguridad del Estado. En ese contexto se produce el asesinato de Rocío Mesino Mesino, que, como es bien sabido por los militantes políticos y sociales, formó filas en la OCSS y participó en diversas movilizaciones de masas en el estado de Guerrero. Por ello, no exagera el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), al expresar: "En el Estado de Guerrero como en el resto del país se está implementando la ejecución extrajudicial para eliminar las voces de protesta incómodas para el Estado, en este sentido se lleva a cabo una política de la persecución, hostigamiento y en algunos casos el asesinato como es el caso de la compañera Rocío Mesino comprometida con las causas populares. "Desde la imposición oligárquica de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la república, se ha orquestado una política de represión y criminalización en contra del movimiento popular, para imponer de manera violenta las reformas neoliberales que necesitan en el país; también recurren a la práctica de la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial de luchadores sociales, la utilización de grupos paramilitares, guardias blancas y grupos de choque, como medidas fascistas y estrategias de terror en el pueblo organizado y no organizado. "Esta política de Estado es la que priva en todo el país y se aplica de manera sistemática contra luchadores sociales, opositores al régimen, activistas sociales y en general a todo sector que se organiza de manera independiente, para desarticular, dividir y desorganizar todo movimiento organizado. "Responsabilizamos al gobierno de Ángel Aguirre Guerrero y al de Enrique Peña Nieto (EPN) de este crimen cometido en contra de la compañera Rocío Mesino Mesino". La lideresa campesina ya había sido objeto de represalias oficiales. Por ejemplo, fue detenida el 14 de marzo de 2013, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y trasladada al penal de Las Cruces, en Acapulco, siendo liberada el 20 de ese mes y año. La familia de Hilario Mesino Acosta, cofundador de la OCSS, ha sufrido y sufre graves actos represivos por parte de los gobiernos del centro y de la entidad. Durante los años de la guerra sucia desapareció Alberto Mesino Acosta. Al año y medio de fundada la Organización Campesina de la Sierra del Sur, fueron emboscados y asesinados 17 miembros de esta organización, el 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Esta masacre, tiempo después, haría caer al déspota Rubén Figueroa Alcocer, hijo del Tigre de Huitzuco, quien fue destacado cacique sureño. Posteriormente, la OCSS tuvo que enfrentar encarcelamientos y asesinatos de sus dirigentes. Uno de los caídos fue Miguel Ángel Mesino Mesino, en septiembre de 2005. La situación es por demás clara. Las autoridades de ninguna manera pueden sostener que no estaban sobre aviso acerca del peligro que han corrido y corren los líderes del movimiento campesino de la patria chica de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Desde hace tiempo los líderes de la OCSS y diversas organizaciones sociales de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, el Distrito Federal y otras entidades han denunciado la situación prevaleciente en la Costa Grande guerrerense. Empero, las autoridades no han tomado ni toman las medidas cautelares para impedir los actos de violencia contra los dirigentes campesinos. Los resultados están a la vista, por lo que es menester aplicar otra política, de acuerdo con las necesidades de la población campesina e indígena. FUENTE: Rebanadas de Realidad