Europa anula el alargamiento de condenas y abre otra fase en el proceso hacia el fin del conflicto
La doctrina de excepción que ha alargado las condenas de un centenar de presos toca a su fin. A las 11.30 en punto de ayer, siete años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hacía pública la esperada sentencia. Los 17 magistrados concluían que se han vulnerado los derechos de Inés del Río y exhortaban a su puesta en libertad. Contrariados, los ministros españoles asumieron el obligado cumplimiento del fallo.
El 28 de febrero de
2006, el Tribunal Supremo español no solo rechazó el recurso presentado por Unai
Parot que impugnaba la manera en que se le habían aplicado las reducciones de
pena, sino que establecía una jurisprudencia que desde entonces se ha aplicado a
casi un centenar de vascos, extendiendo su estancia en prisión durante siete
años en algunos casos. Pero dos años después del cese definitivo de la lucha
armada de ETA, en un contexto nuevo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
dicho basta. La cadena perpetua de facto toca a su fin en el Estado español, y
así lo asumían, muy cariacontecidos y a regañadientes, los ministros de Interior
y Justicia apenas hora y media después.
El caso de Inés del Río fue el primero en llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de recorrer todas las instancias judiciales españolas. Una tras otra, avalaron la doctrina 197/2006. Su recurso, presentado el 3 de agosto de 2009, se fundamentaba en que dicha decisión vulneraba los derechos recogidos en el artículo 7 y en el 5,1 del Convenio de Derechos Humanos. Así lo entendió Estrasburgo en primera instancia en julio de 2012 y así lo reafirmó ayer, con lo que la sentencia ya es firme y no caben más recursos. Solo ejecutarla.
Ante una expectación enorme tanto en Euskal Herria como en el conjunto del Estado español, a las 11.30 la Gran Sala europea, compuesta por diecisiete jueces y presidida por el luxemburgués Dean Spielmann, hizo pública una resolución que ratifica la ilegalidad de la doctrina. La noticia del fallo corrió como la pólvora y fue recibida con serena emoción por los familiares y allegados de los presos vascos, en cuatro concentraciones simultáneas. Las dudas legales se aclararon más pronto de lo previsto, y pronto el Gobierno español asumía públicamente su derrota jurídica.
También se da la misma conformidad en lo que afecta a la obligatoriedad de la ejecución de la sentencia (art. 46). Así el Tribunal Europeo establece que las autoridades españolas deben garantizar la liberación Inés del Río «en el plazo más breve posible» (solo un juez se desmarcó).
Únicamente en la cuestión accesoria de la indemnización de 30.000 euros a la presa navarra por daños y perjuicios morales (art. 41) la opinión de los jueces está más dividida (10 a favor y 7 en contra). En cualquier caso, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, avanzó que la indemnización será destinada a compensar las que «en su día el Estado tuvo que satisfacer a las víctimas debido a la insolvencia de Del Río».
El propio Gallardón y su homólogo de Interior, Jorge Fernández Díaz, fueron los encargados de fijar la posición del Gobierno que dirige Mariano Rajoy tras el varapalo judicial. Lo hicieron con rostro muy serio, en una multitudinaria comparecencia en la que, tras la campaña diplomática desarrollada en los últimos meses, desviaron la aplicación de la sentencia de Estrasburgo hacia los tribunales españoles, y más concretamente hacia la Audiencia Nacional.
El matiz introducido aquí por los ministros es que corresponderá a los jueces evaluar cada recurso concreto. «No hay una doctrina generalizada», insistió Gallardón, que añadió que la forma de cumplir el dictamen «corresponde a los tribunales sentenciadores». «Tendrán que analizar caso por caso si resuelta aplicable. Hay que individualizar cada una de las peticiones y habrá que resolverlas», añadió. Sentado este procedimiento, el Ejecutivo sí que maniobrará, pero con escaso margen. Anuncia que desde la Fiscalía se realizará un «estudio profundo» sobre cada personas presa, tal y como indicó ayer el propio titular de Justicia.
En cuanto a la perspectiva política, en la rueda de prensa quedó claro que la gran preocupación de los dos ministros era no dejar espacio a las fisuras entre sus propias filas y eludir responsabilidades en la medida de lo posible. «Hemos utilizado todos los recursos que estaban a nuestro alcance y también trabajamos para que no vuelva a ocurrir», destacó Gallardón, que aprovechó para hacer apología de su proyecto de nuevo Código Penal, que incluye la cadena perpetua revisable y que se encuentra actualmente en trámite parlamentario.
Además, recordó que la doctrina 197/2006 no fue una iniciativa gubernamental, sino del Tribunal Supremo y refrendada por el Tribunal Constitucional. Se implantó, por cierto, en la época en que gobernaba el PSOE y después de que el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, abogara por «construir imputaciones» contra los presos que fueran cumpliendo sus condenas, a fin de impedir las excarcelaciones. Fue al hilo de la alarma social inducida al llegar la fecha de la liberación de Iñaki de Juana Chaos.
Tampoco ninguno de los dos ministros cayó en la tentación de llamar a la desobediencia, tal y como les exigían algunos colectivos de víctimas de ETA, que comparecieron públicamente a la misma hora. Dando por hecho que el dictamen de Estrasburgo abrirá el camino a las excarcelaciones («el Tribunal Constitucional ya ha establecido que las sentencias de Estrasburgo deben tomarse en consideración cuando existen situaciones privativas de libertad», admitió el ministro de Justicia), tanto Ruiz Gallardón como Fernández Díaz pusieron todo el énfasis posible en tratar de quitar hierro a la sentencia.
El caso de Inés del Río fue el primero en llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de recorrer todas las instancias judiciales españolas. Una tras otra, avalaron la doctrina 197/2006. Su recurso, presentado el 3 de agosto de 2009, se fundamentaba en que dicha decisión vulneraba los derechos recogidos en el artículo 7 y en el 5,1 del Convenio de Derechos Humanos. Así lo entendió Estrasburgo en primera instancia en julio de 2012 y así lo reafirmó ayer, con lo que la sentencia ya es firme y no caben más recursos. Solo ejecutarla.
Ante una expectación enorme tanto en Euskal Herria como en el conjunto del Estado español, a las 11.30 la Gran Sala europea, compuesta por diecisiete jueces y presidida por el luxemburgués Dean Spielmann, hizo pública una resolución que ratifica la ilegalidad de la doctrina. La noticia del fallo corrió como la pólvora y fue recibida con serena emoción por los familiares y allegados de los presos vascos, en cuatro concentraciones simultáneas. Las dudas legales se aclararon más pronto de lo previsto, y pronto el Gobierno español asumía públicamente su derrota jurídica.
Veredicto contundente
El fallo de la Gran Sala
se divide en cuatro apartados. En los dos fundamentales el consenso ha sido casi
total. En lo referido al artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la
evidencia de su quebrantamiento es apoyada por 15 de los 17 magistrados. En
cuanto al artículo 5,1, existe unanimidad.También se da la misma conformidad en lo que afecta a la obligatoriedad de la ejecución de la sentencia (art. 46). Así el Tribunal Europeo establece que las autoridades españolas deben garantizar la liberación Inés del Río «en el plazo más breve posible» (solo un juez se desmarcó).
Únicamente en la cuestión accesoria de la indemnización de 30.000 euros a la presa navarra por daños y perjuicios morales (art. 41) la opinión de los jueces está más dividida (10 a favor y 7 en contra). En cualquier caso, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, avanzó que la indemnización será destinada a compensar las que «en su día el Estado tuvo que satisfacer a las víctimas debido a la insolvencia de Del Río».
El propio Gallardón y su homólogo de Interior, Jorge Fernández Díaz, fueron los encargados de fijar la posición del Gobierno que dirige Mariano Rajoy tras el varapalo judicial. Lo hicieron con rostro muy serio, en una multitudinaria comparecencia en la que, tras la campaña diplomática desarrollada en los últimos meses, desviaron la aplicación de la sentencia de Estrasburgo hacia los tribunales españoles, y más concretamente hacia la Audiencia Nacional.
Obligado cumplimiento
Las líneas maestras de
la respuesta del Ejecutivo se basan en: individualización de los casos, rechazo
a cambiar la política carcelaria y amenaza de perseguir los eventuales actos de
bienvenida a Inés del Río y a otros presos. Pero lo realmente sustancial de la
comparecencia, y más aún tras las llamadas iniciales a la insumisión de algunas
organizaciones ultras, estriba en la asunción de que el fallo es de obligado
cumplimiento.El matiz introducido aquí por los ministros es que corresponderá a los jueces evaluar cada recurso concreto. «No hay una doctrina generalizada», insistió Gallardón, que añadió que la forma de cumplir el dictamen «corresponde a los tribunales sentenciadores». «Tendrán que analizar caso por caso si resuelta aplicable. Hay que individualizar cada una de las peticiones y habrá que resolverlas», añadió. Sentado este procedimiento, el Ejecutivo sí que maniobrará, pero con escaso margen. Anuncia que desde la Fiscalía se realizará un «estudio profundo» sobre cada personas presa, tal y como indicó ayer el propio titular de Justicia.
En cuanto a la perspectiva política, en la rueda de prensa quedó claro que la gran preocupación de los dos ministros era no dejar espacio a las fisuras entre sus propias filas y eludir responsabilidades en la medida de lo posible. «Hemos utilizado todos los recursos que estaban a nuestro alcance y también trabajamos para que no vuelva a ocurrir», destacó Gallardón, que aprovechó para hacer apología de su proyecto de nuevo Código Penal, que incluye la cadena perpetua revisable y que se encuentra actualmente en trámite parlamentario.
Además, recordó que la doctrina 197/2006 no fue una iniciativa gubernamental, sino del Tribunal Supremo y refrendada por el Tribunal Constitucional. Se implantó, por cierto, en la época en que gobernaba el PSOE y después de que el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, abogara por «construir imputaciones» contra los presos que fueran cumpliendo sus condenas, a fin de impedir las excarcelaciones. Fue al hilo de la alarma social inducida al llegar la fecha de la liberación de Iñaki de Juana Chaos.
Tampoco ninguno de los dos ministros cayó en la tentación de llamar a la desobediencia, tal y como les exigían algunos colectivos de víctimas de ETA, que comparecieron públicamente a la misma hora. Dando por hecho que el dictamen de Estrasburgo abrirá el camino a las excarcelaciones («el Tribunal Constitucional ya ha establecido que las sentencias de Estrasburgo deben tomarse en consideración cuando existen situaciones privativas de libertad», admitió el ministro de Justicia), tanto Ruiz Gallardón como Fernández Díaz pusieron todo el énfasis posible en tratar de quitar hierro a la sentencia.
Estrasburgo rechaza la doctrina 197/2006 por unanimidad y
ordena poner en libertad a la prisionera política vasca Inés Del
Río
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desestimado el recurso del
Gobierno español contra el fallo que dio a conocer en julio de 2012 y ha
ratificado por unanimidad que la aplicación retroactiva de la sentencia 197/2006
a Inés del Río vulnera el artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
De esta manera, Estrasburgo ordena la puesta en libertad «a la mayor brevedad
posible» de la presa de Tafalla, que permanece encarcelada desde hace 26
años.
|Estrasburgo|2013/10/21
Inés del Río ha visto alargada su estancia en prisión
casi nueve años por la aplicación de la doctrina 197/2006.
La Gran Sala estima que la presa de Tafalla ha sido
objeto de una detención «no regular» en violación del artículo 5.1 (derecho a la
libertad y a la seguridad) del Convenio Europeo de Derechos
Humanos.
El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos ha ratificado el
fallo a favor del caso de la presa política vasca Inés del Río, al
considerar que la sentencia 197/2006 vulnera el Convenio Europeo de Derechos
Humanos.
Estrasburgo ha fallado por 15 votos contra dos que «ha habido violación del artículo 7» de la Convención Europea de Derechos Humanos que establece que «no hay pena sin ley» que la avale. Además, por unanimidad, ha confirmado que desde el 3 de julio de 2008 la demandante ha sido objeto de una detención «no regular» en violación del artículo 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad), según la lectura de la sentencia final, en audiencia pública, que ha corrido a cargo del presidente del alto tribunal, Dean Spielmann.
La Gran Sala, por 16 votos contra uno, afirma que «vista la necesidad urgente de poner fin a las vulneraciones constatadas», corresponde a las autoridades españolas «garantizar» la liberación de la presa «a la mayor brevedad posible».
Aunque el TEDH admite en su sentencia que los estados son «libres de modificar su política criminal, sobre todo para reforzar la represión de crímenes y delitos», especifica que «eso no impide que deben respetar las reglas enunciadas en el artículo 7».
Según el fallo, Del Río «no podía prever» que se modificara la jurisprudencia con la denominada ‘doctrina Parot’, ni que «la Audiencia imputaría las redenciones de pena otorgadas a cada una de las penas impuestas por separado y no a la pena máxima de 30 años».
Estrasburgo ordena indemnizar a Del Río con 30.000 euros
Por diez votos contra
siete, la Gran Sala determina que el Estado debe abonar una indemnización de
30.000 euros en un plazo de tres meses a Inés del Río en concepto de «daños
morales».
Asimismo, por unanimidad ordena que el Estado español debe abonar a la demandante la suma de 1.500 euros en concepto de costas judiciales.
La resolución del TEDH cuenta con tres votos particulares que difieren «parcialmente» de la opinión de la mayoría, firmados por los jueces Marck Villiger (Liechtenstein), Elisabeth Steiner (Austria), Ann Power-Forde (Irlanda), Paul Lemmens (Bélgica), Valeriu Gritço (Moldavia), Paul Mahoney (Gran Bretaña) y Faris Vehabovic (Bosnia-Herzegovina).
Cuenta con un cuarto voto particular, que expresa un opinión concordante con la mayoría, firmado en esta ocasión por el magistrado chipriota George Nicolaou.
Primer recurso llegado a Estrasburgo
El de Inés del Río es el primer recurso contra la sentencia 197/2006, conocida como «doctrina Parot», que ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
A la presa de Tafalla le aplicaron la citada medida en junio de 2008. Su defensa recurrió al TEDH invocando al artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que no puede existir una pena sin ley que la avale. Además, denunciaba una aplicación retroactiva de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
También sostuvo que su estancia en prisión es contraria al artículo 5, que contempla el derecho a la libertad y la seguridad, y apeló al artículo 14, que establece la prohibición por discriminación, y considera que la nueva jurisprudencia ha sido aplicada por los tribunales españoles con un objetivo político y para retardar la puesta en libertad de las personas condenadas por «terrorismo».
La tafallesa fue detenida el 5 de julio de 1987, por lo que lleva 25 años en prisión.
Estrasburgo ha fallado por 15 votos contra dos que «ha habido violación del artículo 7» de la Convención Europea de Derechos Humanos que establece que «no hay pena sin ley» que la avale. Además, por unanimidad, ha confirmado que desde el 3 de julio de 2008 la demandante ha sido objeto de una detención «no regular» en violación del artículo 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad), según la lectura de la sentencia final, en audiencia pública, que ha corrido a cargo del presidente del alto tribunal, Dean Spielmann.
La Gran Sala, por 16 votos contra uno, afirma que «vista la necesidad urgente de poner fin a las vulneraciones constatadas», corresponde a las autoridades españolas «garantizar» la liberación de la presa «a la mayor brevedad posible».
Aunque el TEDH admite en su sentencia que los estados son «libres de modificar su política criminal, sobre todo para reforzar la represión de crímenes y delitos», especifica que «eso no impide que deben respetar las reglas enunciadas en el artículo 7».
Según el fallo, Del Río «no podía prever» que se modificara la jurisprudencia con la denominada ‘doctrina Parot’, ni que «la Audiencia imputaría las redenciones de pena otorgadas a cada una de las penas impuestas por separado y no a la pena máxima de 30 años».
Estrasburgo ordena indemnizar a Del Río con 30.000 euros
Presa política vasca Inés del Río: deberá ser liberada de inmediato, tras
la derrota judicial del gobierno español y su "justicia".
Asimismo, por unanimidad ordena que el Estado español debe abonar a la demandante la suma de 1.500 euros en concepto de costas judiciales.
La resolución del TEDH cuenta con tres votos particulares que difieren «parcialmente» de la opinión de la mayoría, firmados por los jueces Marck Villiger (Liechtenstein), Elisabeth Steiner (Austria), Ann Power-Forde (Irlanda), Paul Lemmens (Bélgica), Valeriu Gritço (Moldavia), Paul Mahoney (Gran Bretaña) y Faris Vehabovic (Bosnia-Herzegovina).
Cuenta con un cuarto voto particular, que expresa un opinión concordante con la mayoría, firmado en esta ocasión por el magistrado chipriota George Nicolaou.
Primer recurso llegado a Estrasburgo
El de Inés del Río es el primer recurso contra la sentencia 197/2006, conocida como «doctrina Parot», que ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
A la presa de Tafalla le aplicaron la citada medida en junio de 2008. Su defensa recurrió al TEDH invocando al artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que no puede existir una pena sin ley que la avale. Además, denunciaba una aplicación retroactiva de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
También sostuvo que su estancia en prisión es contraria al artículo 5, que contempla el derecho a la libertad y la seguridad, y apeló al artículo 14, que establece la prohibición por discriminación, y considera que la nueva jurisprudencia ha sido aplicada por los tribunales españoles con un objetivo político y para retardar la puesta en libertad de las personas condenadas por «terrorismo».
La tafallesa fue detenida el 5 de julio de 1987, por lo que lleva 25 años en prisión.
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Emoción contenida en la calle ante «una victoria de los derechos humanos»
Aplausos y gritos de «euskal presoak etxera», salpicados de abrazos, arreciaron en cuanto llegó la noticia del fallo contrario al alargamiento de condenas. Los convocantes pusieron palabras al sentimiento generalizado: «Hoy han ganado los derechos humanos y eso es positivo para toda la ciudadanía».
Nadie tomó
el micrófono para dar la noticia, bastó con que algunos de los que seguían en
directo emisiones radiofónicas como la de InfoZazpi o las redes sociales
comenzaran a levantar el pulgar para que las decenas de personas reunidas frente
a la Delegación del Gobierno Civil en Bilbo aplaudieran al unísono la noticia
que llegaba de Estrasburgo. A los aplausos siguieron los gritos de «Euskal
presoak etxera!» y los carteles en alto con el lema de la movilización «Ordua
iritsi da. Ni un minuto más». Digerida la recién llegada nueva, familiares de
presos se fundieron en abrazos.
Probablemente las dificultades para encontrar aparcamiento a media mañana en Bilbo hicieron que la representante de Etxerat y chupinera de Aste Nagusia, Jone Artola, tuviera que recibir la noticia dando vueltas a la plaza Moyúa al volante, haciendo sonar el claxon y saludando a los congregados. Su hermano, Joseba Artola, debería estar en libertad desde 2006, pero su condena ha sido prolongada a 2016, en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo.
Los convocantes de la movilización tomaron la pancarta a mediodía. Representantes de Sortu como Hasier Arraiz, Pernando Barrena o Maribi Ugarteburu, y de las fuerzas coaligadas en EH Bildu como Oskar Matute, Pello Urizar o Dani Maeztu compartieron pancarta con la representación sindical: Ainhoa Etxaide (LAB), Arantza Fernández de Garaialde (STEE-EILAS) o Josu Balmaseda (ESK), entre otros. Se sumaron a la concentración Andrea Uña y Julia Madrazo, de EB-Berdeak.
Destacaron que el vivido ayer era un momento que tenía que llegar «tarde o temprano», porque el Estado español «vulnera flagrantemente los derechos humanos de los presos», se sitúa «al margen de la legalidad internacional y su único objetivo es obstaculizar el proceso de resolución». Subrayaron que esta no es solo una buena noticia para la sociedad vasca, sino también para la española. «Por lo tanto, no podemos caer en un esquema de vencedores ni vencidos. Hoy han ganado los derechos humanos y eso es positivo para toda la ciudadanía».
Los alrededor de 30 firmantes resaltaron que a partir de este momento, «impedir o retrasar la libertad» de los presos que ya han cumplido su condena «supone alargar un castigo a todas luces injusto y fuera de la ley», e hicieron un llamamiento al Gobierno español a «invertir en la resolución y la paz».
En una rueda de prensa celebrada esta tarde en Bilbao en la sede del Colegio
de Abogados de Bizkaia, los letrados han subrayado su "alegría y satisfacción
completas" por el fallo de la Gran Sala del tribunal de Estrasburgo,
que ha anulado hoy la 'doctrina Parot' en una sentencia favorable a la presa
Inés del Río, interna en el penal coruñés de Teixeiro, de quien ha exigido su
puesta en libertad.
La abogada Amaia Izko, que ha actuado como portavoz del equipo de letrados que ha llevado el caso de Inés del Río, ha subrayado que la 'doctrina Parot' "está muerta".
Ha destacado que el Gobierno debe "cumplir la sentencia" y que "no existe ningún margen jurídico" para no hacerlo.
"Toca poner en libertad a quien se ha aplicado retroactivamente la doctrina Parot inmediatamente. Cada minuto que continúan en prisión es un minuto de vulneración y desprecio de los derechos fundamentales", ha destacado.
La letrada ha cifrado en 56 los presos de ETA cuya excarcelación van a solicitar "con prontitud" en los próximos días.
Ha indicado que, en su sentencia, el tribunal europeo "constata que ha habido una vulneración de derechos fundamentales en el Estado español y una quiebra del estado de derecho", dos cuestiones que "han sido y son las bases de su política antiterrorista".
Ante la reunión extraordinaria que celebrará mañana la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para estudiar si debe excarcelar a Inés del Río, la abogada de la reclusa ha considerado que "lo único que puede ocurrir es que se acuerde su libertad".
Respecto de la intención del Gobierno de no pagar a Inés del Río la multa de 31.500 euros impuesta por la sentencia europea y descontar esa cantidad de la deuda que mantiene la presa política por las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, la abogada ha expresado sus "dudas" de que el Ejecutivo pueda hacerlo.
Ha resaltado que, tras la resolución judicial, "la alegría es mucha, pero llega muy tarde".
La abogada ha recordado que el tribunal europeo ya se pronunció en primera instancia, el pasado año, a favor de Inés del Río y ha dicho que, al recurrir ese fallo, el Gobierno "solo buscaba mantener en el tiempo una situación vulneradora de derechos fundamentales por el rédito que le podía producir en su política antiterrorista".
Sobre el pronunciamiento del Gobierno de que "el estado de derecho no está en suspenso", Amaia Izko ha dicho que "lo que está en suspenso son los derechos fundamentales, los derechos humanos, y esta mañana se lo ha dicho el Tribunal de Estrasburgo alto y claro".
La abogada ha señalado que, como criterio general, el tribunal de Estrasburgo ha determinado que "no se puede adoptar una interpretación contra reo y aplicarla retroactivamente para alargar la pena".
Ha considerado que, tras la resolución del tribunal europeo, "es el final del camino de la 'doctrina Parot', pero no es el final del camino de la vulneración de derechos fundamentales, porque en ella se basa la excepcionalidad" de las leyes que se aplican a los "presos políticos" de ETA, según la letrada.
Por ello, ha pedido al Gobierno que "termine inmediatamente con todas las medidas excepcionales hoy en día en vigor" aplicadas a estos reclusos.
Probablemente las dificultades para encontrar aparcamiento a media mañana en Bilbo hicieron que la representante de Etxerat y chupinera de Aste Nagusia, Jone Artola, tuviera que recibir la noticia dando vueltas a la plaza Moyúa al volante, haciendo sonar el claxon y saludando a los congregados. Su hermano, Joseba Artola, debería estar en libertad desde 2006, pero su condena ha sido prolongada a 2016, en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo.
Los convocantes de la movilización tomaron la pancarta a mediodía. Representantes de Sortu como Hasier Arraiz, Pernando Barrena o Maribi Ugarteburu, y de las fuerzas coaligadas en EH Bildu como Oskar Matute, Pello Urizar o Dani Maeztu compartieron pancarta con la representación sindical: Ainhoa Etxaide (LAB), Arantza Fernández de Garaialde (STEE-EILAS) o Josu Balmaseda (ESK), entre otros. Se sumaron a la concentración Andrea Uña y Julia Madrazo, de EB-Berdeak.
«El
principio del fin»
En nombre de
la extensa y plural relación de agentes convocantes, tomaron la palabra Ibai
Bilbao y Haizea Belza, para expresar, en euskara y castellano respectivamente,
que la sentencia del TEDH es «una muy buena noticia», en «el plano humano,
porque devolverá la libertad a personas que han pasado 20, 25 y hasta 30 años de
su vida en la cárcel, y en el plano colectivo, porque supone el principio del
fin de la política penitenciaria de excepción».Destacaron que el vivido ayer era un momento que tenía que llegar «tarde o temprano», porque el Estado español «vulnera flagrantemente los derechos humanos de los presos», se sitúa «al margen de la legalidad internacional y su único objetivo es obstaculizar el proceso de resolución». Subrayaron que esta no es solo una buena noticia para la sociedad vasca, sino también para la española. «Por lo tanto, no podemos caer en un esquema de vencedores ni vencidos. Hoy han ganado los derechos humanos y eso es positivo para toda la ciudadanía».
Los alrededor de 30 firmantes resaltaron que a partir de este momento, «impedir o retrasar la libertad» de los presos que ya han cumplido su condena «supone alargar un castigo a todas luces injusto y fuera de la ley», e hicieron un llamamiento al Gobierno español a «invertir en la resolución y la paz».
Los abogados de la etarra Inés del Río pedirán la excarcelación de otros 55 presos de ETA
- Los letrados de la etarra consideran que la mal llamada 'doctrina Parot' está muerta.
- Duda de que el Gobierno se pueda negar a pagar los 31.500 euros de indemnización a Iés del Río.
- Los abogados de la presa política vasca Inés del Río han asegurado hoy que van a solicitar la "inmediata" puesta en libertad de 56 reclusos a los que se ha aplicado retroactivamente la 'doctrina Parot', anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La abogada Amaia Izko, que ha actuado como portavoz del equipo de letrados que ha llevado el caso de Inés del Río, ha subrayado que la 'doctrina Parot' "está muerta".
Ha destacado que el Gobierno debe "cumplir la sentencia" y que "no existe ningún margen jurídico" para no hacerlo.
"Toca poner en libertad a quien se ha aplicado retroactivamente la doctrina Parot inmediatamente. Cada minuto que continúan en prisión es un minuto de vulneración y desprecio de los derechos fundamentales", ha destacado.
La letrada ha cifrado en 56 los presos de ETA cuya excarcelación van a solicitar "con prontitud" en los próximos días.
Ha indicado que, en su sentencia, el tribunal europeo "constata que ha habido una vulneración de derechos fundamentales en el Estado español y una quiebra del estado de derecho", dos cuestiones que "han sido y son las bases de su política antiterrorista".
Ante la reunión extraordinaria que celebrará mañana la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para estudiar si debe excarcelar a Inés del Río, la abogada de la reclusa ha considerado que "lo único que puede ocurrir es que se acuerde su libertad".
Respecto de la intención del Gobierno de no pagar a Inés del Río la multa de 31.500 euros impuesta por la sentencia europea y descontar esa cantidad de la deuda que mantiene la presa política por las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, la abogada ha expresado sus "dudas" de que el Ejecutivo pueda hacerlo.
Ha resaltado que, tras la resolución judicial, "la alegría es mucha, pero llega muy tarde".
La abogada ha recordado que el tribunal europeo ya se pronunció en primera instancia, el pasado año, a favor de Inés del Río y ha dicho que, al recurrir ese fallo, el Gobierno "solo buscaba mantener en el tiempo una situación vulneradora de derechos fundamentales por el rédito que le podía producir en su política antiterrorista".
Sobre el pronunciamiento del Gobierno de que "el estado de derecho no está en suspenso", Amaia Izko ha dicho que "lo que está en suspenso son los derechos fundamentales, los derechos humanos, y esta mañana se lo ha dicho el Tribunal de Estrasburgo alto y claro".
La abogada ha señalado que, como criterio general, el tribunal de Estrasburgo ha determinado que "no se puede adoptar una interpretación contra reo y aplicarla retroactivamente para alargar la pena".
Ha considerado que, tras la resolución del tribunal europeo, "es el final del camino de la 'doctrina Parot', pero no es el final del camino de la vulneración de derechos fundamentales, porque en ella se basa la excepcionalidad" de las leyes que se aplican a los "presos políticos" de ETA, según la letrada.
Por ello, ha pedido al Gobierno que "termine inmediatamente con todas las medidas excepcionales hoy en día en vigor" aplicadas a estos reclusos.
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EUSKAL HERRIA / PAIS
VASCO
CARTA DESDE ARGENTINA A UN COMPAÑERO
VASCO
por Carlos Aznárez
Jagoba Terrones abraza a la madres de otros tres presos y
presas vascas.
Lo dicho: todo está enhebrado y nada es
casualidad. Lealtad, dignidad y lucha contra la pobreza, han cruzado toda
la vida de este joven que hoy, por fin, regresa para abrazar a su compañera, a
su hijo que no pudo ver crecer como hubiera deseado, y a los cientos de vecinos
de su pueblo que salieron a festejar su regreso al terruño, victorioso, íntegro.
Después de haber sufrido la dispersión, el aislamiento, las palizas en los
traslados, tan habituales para los prisioneros políticos que habitan cárceles
españolas o francesas.
Jagoba Terrones es un luchador independentista vasco, con
una lealtad inimaginable a sus ideas, y por reivindicarlas desde su
puesto de combate, que no era otro que la organización Gestoras pro amnistía, de
defensa de los derechos de los presos y presas, en noviembre de 2001, fue
detenido en un macro-operativo de 200 policías comandado personalmente por ese
falso "defensor de los derechos humanos" llamado Baltasar Garzón, que lo
terminó enviando a la cárcel junto a varios militantes de la misma entidad
humanitaria. Jagoba pasó varios años entre rejas, luego fue dejado en libertad
condicional pagando una fianza de miles de euros, y finalmente, cuando se
realizó el juicio, otra vez a la cárcel por largos ocho años.
Jagoba Terrones, es un hombre con una dignidad a
prueba de balas, ya que en los momentos más difíciles, y en Euskal Herria no
faltan oportunidades, siempre se mantuvo sereno, responsable, y sobre todo,
desplegando una ternura del mismo tamaño de la que predicaba ese guerrero de la
libertad que fue y es Ernesto Che Guevara.
La lucha contra la pobreza jamás fue ajena a todas
las batallas que a lo largo de su juvenil militancia dio Jagoba. Porque, desde
su concepción de querer una nación soberana y socialista, estaba definiendo que
se jugaría entero por un mundo sin explotadores ni explotados, donde la pobreza
dejara de ser una herramienta de los poderosos para esclavizar a los más
humildes.
Jagoba, querido compañero, no sabes cómo me alegra que
otra vez puedas volver a caminar por las calles de tu pueblo, descubriendo en
cada gesto o en cada sonrisa de tus amigos de cuadrilla, el cariño que siempre
te han tenido los que en todos estos años te esperaron ansiosamente, sin bajar
ni un solo día la guardia, exigiendo tu libertad y la de los otros presos y
presas.
Vecinos de Berango, reciben a uno de sus hijos
predilectos recién puesto en libertad
Pero también, en esta inmensa satisfacción (en la que
evoco agradecido aquellos días en que eras casi un tío para mi pequeña hija),
adivino que la única tristeza que puede sobrevolar tu Ongi etorri (bienvenida,
en euskera) es el dolor por dejar tras tuyo, en las prisiones a otros 600
compañeros y compañeras, que como tú, siguen sin aflojar, sin retoceder ni para
tomar impulso.
Te escribo emocionado de poder imaginarte rodeado de
abrazos y felicitaciones, de consignas y de pintadas alusivas (aunque las
borren, volverán a reaparecer cuando menos se lo imaginen), pero sobre todo, lo
hago desde un país, donde lentamente, comienza a ser derrotada esa enorme
mentira (entre mediática y oportunista) que rodea a quien, despótico y
cruelmente represor, te envió a la cárcel, avaló torturas, y escribió doctrina
contra los que luchan. Hoy, con tu regreso y tu sonrisa, con tu puño en alto,
sin darte cuenta, ayudaste a meterle otro golazo a Baltasar Garzón, el que
últimamente vive de escrache en escrache.
A la distancia, brindamos por vos, hermano
entrañable.
El
ex prisionero político cumple con la ceremonia de descolgar su foto en el local
del pueblo donde se ven los rostros de los otros detenidos
RESUMEN
LATINOAMERICANO
y del Tercer MundoDiarios de Urgencia
Director: CARLOS AZNAREZ
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