Escrito por Redacción en Viernes, 04/10/2013 - 12:51
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
“Estoy sorprendida porque no toda acción que se promueve ante una
instancia judicial tiene como resultado un auto de prisión con detención
preventiva”, expresó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana
Pineda, tras conocer la decisión tomada por el Juzgado de Letras de
Intibucá, quien decidió dictar prisión preventiva a la líder lenca Berta
Cáceres, defensora de pueblos indígenas.
Dijo que el Código Procesal Penal es
claro al establecer que la prisión preventiva debe dictarse cuando
concurra alguna de las circunstancias establecidas en ese Código entre
las que figura “el peligro de la fuga de la persona procesada” lo cual
no sería el caso de la dirigente Berta Cáceres.
También el que hubiera una obstrucción
en la investigación por parte de la persona investigada, o cuando la
persona procesada pertenezca a una organización delictiva y utilice
medios o facilite la fuga de otros imputados, lo cual tampoco sería el
caso de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH) .
Dijo que tampoco existe un riesgo
fundado de que atente o ejecute actos de represalia en contra de la
persona que la acusó ante los tribunales de la República.
En consecuencia expresó “veo desde
todo punto de vista que el apoderado defensor de Berta Cáceres, el
abogado Víctor Fernández, está en lo correcto y acertadamente ha dicho
que procede interponer un recurso de apelación para que esta resolución
pueda ser revocada”.
Manifestó que la Secretaría de
Justicia y Derechos Humanos conoce la situación que viven los pueblos
indígenas quienes han presentado reclamos ante las diferentes
autoridades por el perjuicio que en sus comunidades estaría produciendo
la Empresa Sociedad Mercantil de Desarrollo Energético.
“Hemos señalado en su momento la
necesidad que provoquen los acercamientos necesarios entre las partes
en conflicto para que esta situación no llegara al punto en el que
actualmente está”, acotó.
En tal sentido, añadió que la
Secretaría Justicia Y Derechos Humanos seguirá acompañando a Berta
Cáceres como observadores en el proceso que se le sigue. La acusación también fue promovida contra los dirigentes del COPINH, Tomás Gómez Membreño y Aureliano Molina Villanueva.
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