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Miércoles, 02 Octubre 2013 - 23:46 / Tegucigalpa, Honduras.
Miércoles, 02 Octubre 2013 - 23:46 / Tegucigalpa, Honduras.
Varias compañías -entre ellas Sulatel y Pronto- embargaron las cuentas
bancarias de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) por
27 millones de lempiras.
Así lo confirmó Martín Sánchez, presidente de la seccional de Francisco
Morazán del Sindicato de Trabajadores de Hondutel (Sitratel), tras
revelar que esas firmas le deben más bien a la estatal 150 millones de
lempiras.
Ante esa situación las actuales autoridades de Hondutel no han hecho
nada, dijo luego de lamentar que eso implicó que no se le hayan pagado
los salarios a los trabajadores.
Acusó al gobierno de promover la privatización de la telefónica, “pero no permitiremos que eso suceda”.
Por los momentos, se dialoga con los empleados para definir la
estrategia, aunque primero se tomarán las medidas legales que
correspondan, dijo.
De igual manera, no descartó que la próxima semana, Sitratel vuelva a las calles a nivel nacional para rescatar la empresa.
“Tenemos la capacidad de levantar Hondutel, el trabajador ya hizo su
sacrificio, ahora obligaremos a este gobierno y al Congreso Nacional
para que de una sola vez digan cero privatización de esta institución”,
subrayó.
Cuestionó al gobierno también por haber otorgado la exclusividad de la
banda 4G a las firmas de celulares, “mientras que a nosotros nos dijeron
que la única forma de utilizarla era luego de privatizarla. Eso es
ridículo”.
RECURSO
Por otra parte, los apoderados legales de Hondutel presentaron ayer un recurso ante el juez número18, mediante el cual se solicita la liberación de cuentas bancarias que se encuentran embargadas por disposiciones de ese juzgado de lo civil de Francisco Morazán. También solicitan que se concilien las cantidades retenidas con los reclamos.
Por otra parte, los apoderados legales de Hondutel presentaron ayer un recurso ante el juez número18, mediante el cual se solicita la liberación de cuentas bancarias que se encuentran embargadas por disposiciones de ese juzgado de lo civil de Francisco Morazán. También solicitan que se concilien las cantidades retenidas con los reclamos.
También Jesús Castellanos, ex presidente de la junta interventora de la
telefónica, sugirió que lo recomendable es negociar con los acreedores
para si es posible diferir el pago de esas obligaciones.
Lo anterior con el objetivo de que le permitan a la institución un
respiro financiero para poder conseguir el dinero que necesita para
operar, sugirió.
La entidad a duras penas está recibiendo el dinero para pagar la
planilla y los mínimos costos operativos y si encima de eso se le corta
el acceso a esos fondos procedentes de lo pagos de factura de los
clientes, entonces prácticamente quedará postrada, advirtió.
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