Policía y militares arremeten contra SITRAPANI
La incursión que se realizó en horas de la madrugada del pasado jueves 10 de octubre, en la Colonia 21 de febrero, contó con la complicidad de un fiscal del Ministerio Público, quien no presentó orden de allanamiento ni requerimiento judicial alguno.
En el cateo ilegal fue humillada y atropellada la familia del dirigente, incluidos dos menores, contra quienes se dirigió toda clase de improperios.
Como se sabrá, este bochornoso acto se suma a la lista interminable de persecuciones, atentados e intimidaciones que han sufrido dirigentes de esa reconocida y beligerante organización sindical, situación que pone en peligro su trabajo en la defensa de las conquistas y los derechos de las y los trabajadores.
Dirigentes del SITRAPANI manifestaron en un su denuncia, que no les extraña que actos como estos se den en momentos en que el pueblo hondureño se aboca a participar en el proceso electoral y que por esta razón el Estado se dedique a perseguir e intimidar, así como a sembrar el terror y el miedo entre la población, en una acción dirigida selectivamente en contra de líderes y dirigentes populares.
Así mismo fueron enfáticos al señalar, que actitudes como ésta sólo vienen a ratificar el clima de terror e inseguridad que vive la población hondureña, así como la conducta represiva y violadora de los Derechos Humanos, misma – dijeron- que caracteriza el comportamiento premeditado, selectivo y militarista del actual régimen.
El SITRAPANI hizo un llamado de alerta a las organizaciones hermanas y a la comunidad internacional, ante la magnitud de los virulentos ataques, a quienes conminó a pronunciarse, así como a aunar esfuerzos con el propósito de enfrentar estas prácticas antidemocráticas al tiempo que pidió un alto a la represión sistematizada en contra de líderes y dirigentes populares, ya que estas acciones crean un clima de zozobra en su legitimo trabajo, en la defensa de los Derechos Humanos de los desposeídos.
Señalaron que no descansarán hasta que se castigue a los culpables del bochornoso acto, mismo – que según dijeron- profundiza las acciones que atentan en contra del proceso democrático, solicitando al Estado se proceda a realizar las investigaciones que dieron lugar a esta intimidatoria acción, y se ponga tras las rejas a quienes valiéndose de su autoridad, ejecutaron este allanamiento sin contar con los procedimientos que la ley estipula.
Finalmente, responsabilizaron al Estado por cualquier acción que atente contra la vida y derechos inalienables de cualquier miembro de esa organización y del pueblo hondureño.
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