Gustavo Zelaya
Entre
1982 y junio de 2009 existió la supuesta democracia estilo Honduras.
Aunque lo prohibiera la constitución del 82, fue el momento cuando en el
suelo nacional se instalaron tres ejércitos extranjeros: la contra
somocista de Nicaragua, batallones salvadoreños y tropas especiales
norteamericanas, para combatir el diabólico comunismo, defender los
valores cristianos occidentales y la sagrada empresa privada; por todo
ello, miles de nicaragüense fueron asesinados en operaciones respaldadas
por la CIA y por la narcoactividad; fue una normal operación combinada
entre el departamento de Estado norteamericano y sus socios
contrabandistas de armas, traficantes de drogas y terroristas gusanos de
Miami. Si se revisan todas las guerras imperiales pasadas y actuales,
parece que en nuestro país se libró la más teológica batalla contra el
maligno. Incluso, los recursos alcanzaron para erigir iglesias en honor a
los santos pasaportes, estadios romanos y bendiciones papales para un
místico fundamental que todavía oficia en el departamento de La Paz.
En
tal actividad a favor de la cultura occidental casi doscientos
hondureños corrieron la misma suerte de sus hermanos nicaragüenses, a
los nuestros se les clasificó como desaparecidos y a otros que no se
les encontraba en ningún lugar, el mandatario de turno, Roberto Suazo
Córdova, dijo que seguramente se dedicaban a operaciones intergalácticas
ya que estaban en las estrellas, en la Luna o en Júpiter. Alrededor de
seiscientas personas entre niñas, niños, hombres y mujeres salvadoreñas
fueron cruel y cobardemente ejecutados en la frontera por tropas de su
país en complicidad con militares hondureños, esa fue la sangrienta
masacre del Rio Sumpul; la represión interna se ensañó con
sindicalistas, estudiantes universitarios y de secundaria para
salvaguardar la sacrosanta constitución de Honduras de 1982.
Ajustes
estructurales, privatización de algunos servicios públicos, reducción
de las protecciones laborales, alzas en la canasta básica, constantes
declaraciones de los gobernantes negando la crisis económica,
incesantes proclamas patrióticas de combate a la corrupción y en defensa
de la moral pública un presidente levantando un inservible machete,
entronización de un extranjero en la presidencia de la República, en
fin, la mar y sus conchas, sirvieron para mostrar que la oligarquía y
sus sirvientes políticos con elegancia o de forma brusca no nos
engañaban cuando rugían fieramente en oposición a sus mismas leyes,
vomitaban aquellas frases que decían que la constitución era pura
babosada y que podía ser violada las veces que fuera necesario. Todos
estaban de acuerdo. Eso era la prueba de la certeza y la fuerza de su
verdad. La evidencia del relativismo de sus códigos y de sus leyes:
válidas cuando convienen y acomodadas según las circunstancias. A veces
pétreas y en la mayoría de los casos resbaladizas como el fango de sus
intereses.
Con
seguridad que hay abundante información, datos, factum, que ponen en
evidencia la calidad de las leyes nacionales y de sus redactores. En
cada una de las etapas de la manoseada democracia hay razones
suficientes y necesarias que dan cuenta de porqué debe y tiene que
cambiarse el sistema sociopolítico hondureño, sin dejar por fuera ni uno
solo de sus componentes.
Cuando
se menciona el atraso y la desigualdad en que está inmersa nuestra
sociedad hay que tener presente que tal condición no nació de forma
espontánea en 1981; es uno de los resultados de más de un siglo del
bipartidismo político que no ha tenido escrúpulos en ceder partes del
territorio nacional al mejor postor; que han hecho de la corrupción y la
impunidad su norma fundamental de conducta, su regla de oro para todos
los procedimientos públicos y privados; ese bipartidismo convirtió los
poderes formales en un botín particular, en algo apetecido por esa
voracidad tradicional que se reparte entre sus cómplices civiles,
militares, religiosos, empresariales. Sólo ese hecho es más que
suficiente para saber que es urgente modificar en profundidad las
relaciones políticas, económicas, sociales que cruzan el Estado, y que
el mayor error histórico que han cometido, el acto de corrupción más
grande de esos grupos del poder como fue el golpe de Estado, sólo es el
detonante para impulsar las transformaciones democráticas y la
refundación nacional. Ese sólo es un paso en el desarrollo nacional.
El
saqueo de los fondos públicos se puede ver en las políticas fiscales
diseñadas para favorecer a determinados grupos económicos, son los que
se lucran del presupuesto nacional con contratos y exenciones
tributarias, logrando que el grueso de los tributos del mercado nacional
se trasladen a sus arcas, incluyendo en la rapiña los fondos de
previsión y pensión de los empleados públicos. En el asalto a los
institutos de previsión están metiendo mano a más de 65 mil millones de
lempiras. Por ello no es raro que en el país existan 205 grupos de
millonarios, sin arriesgar un solo centavo, saqueando con el cuchillo en
los dientes y en total descaro, arrasando hasta con el aire y a costa
de la miseria del pueblo y de las leyes hechas a su gusto.
Esa
incontenible sangría de los tributos nacionales, de todo el trabajo
humano y el aumento de la deuda interna han hecho que la banca privada
sea la entidad usurera por excelencia, la que puede poner freno a
cualquier intento del próximo gobierno por planear e impulsar políticas
de desarrollo nacional. Este es uno de los más fuertes obstáculos que
tendrá que franquear el poder ejecutivo que encabece Xiomara Castro. Con
ellos tiene que conversar y establecer límites, porcentajes en los
pagos pendientes, separar la deuda lícita de la deuda mala; que paguen
los que robaron al Estado y que el posible sacrificio del pueblo no sea
más de lo mismo. Es decir, que las medidas neoliberales que nos atan al
atraso y a la dependencia no se combatan con otras medidas neoliberales.
El gobierno de
Libertad y Refundación enfrentará muchos problemas vinculados a la
desigual distribución de la riqueza nacional, a las mismas exigencias
gremiales por recuperar sus derechos, a la baja calidad de la industria,
a la ineficiente cobertura de la educación y del sistema de salud, a
las múltiples ataduras que deja el gobierno saliente. Del mismo modo
provoca dificultades la influencia del crimen organizado en el sistema
de justicia y seguridad, el nivel de las remesas y las alteraciones en
el mercado mundial respecto al precio de las importaciones, las
exportaciones y los combustibles. Esos componentes van a fomentar más
inestabilidad y tendrán que enfrentarse con posiciones inteligentes.
La
necesidad de transformar el sistema económico y su esencia inhumana se
ve nítidamente en las mismas cifras oficiales, de por sí muy dudosas,
que dicen que el 25% de la población infantil colabora en mantener sus
hogares, que el 12% de los recién nacidos vienen con bajo peso; el 65%
de la población económicamente activa padece los estragos del subempleo y
desempleo; 40% de la población nacional tiene ingresos menores a 900
lempiras mensuales, eso es alrededor de 42 dólares. Otros, miles de
hondureños y hondureñas, ni siquiera son parte de las estadísticas,
ganan mucho menos que esa cantidad y la mayoría son jóvenes y mujeres,
representan la pobreza extrema. Y viven de algún modo, sobreviven como
pueden. Ellos si son los auténticos héroes nacionales y nadie los
condecora ni los celebra con desfiles en septiembre ni en octubre. Esta
es la manifestación de la criminalidad económica y política que funciona
desde los negocios privados y el gobierno.
Los
datos de la violencia y de la otra criminalidad, de la que también son
participes algunos empresarios y los políticos tradicionales, los
descendientes de los cacos y gazistas que simularon la primera
independencia de Centroamérica, dejan profundo dolor y llanto en muchas
familias. Desde septiembre de 2009 a la fecha se asesina un promedio de
dos mujeres por día. En el primer mes del gobierno de Lobo Sosa y Juan
Orlando Hernández se efectuaron 310 violaciones a los derechos de los
hombres y mujeres de Honduras. El poco confiable CONADEH afirma que del
26 de enero de 2010 a enero de 2011 registraron 12,838 muertes
violentas, equivale a 9 víctimas diarias. Y días atrás en un pomposo
acto, solemne, muy publicitado y con el combo completo se gritó a los
cuatro vientos que ya no hay 85.5 muertes por cada cien mil habitantes
sino que se redujo en un1.8%. Ahora sólo son 83.7, así que no exageren.
Ese es el gran triunfo del gobierno de Lobo en materia de seguridad. Ya
no somos el país más violento del mundo, estamos de segundos. Que
hazaña!!!
De
ese espectáculo, verdadero reality show catracho, hay algo más, igual o
más importante que la reducción estadística del crimen, que no va a
provocar embrollos técnicos y jurídicos en el registro nacional de las
personas ni complejas ecuaciones matemáticas para que cuadre el patrón
electoral, se va a lograr que Porfirio Lobo no se cambie el nombre. Eso
sí es notable para los anales de la historia universal. Que suerte la
nuestra ya que nos salvamos de contemplar el sacrificio de ese
estadista por mantener la honra de la patria y de su nombre. Es el nuevo
adalid de la atrasada pampa, silvestre y silbado..
Además,
se sabe que la crisis golpea a la sociedad entera y que aquellos datos
son apenas una pequeña muestra del descalabro nacional. Hay otros
momentos macabros como el asesinato de inocentes a raíz del golpe de
Estado que tendrá que resolverse como se debe. Pero también debemos
entender que el proceso de erigir una sociedad más equitativa, justa,
soberana, solidaria, no se logra de inmediato; que es un proceso
complejo en donde la desigualdad, el atraso y la miseria existente no
van a superarse en el gobierno de Xiomara Castro. Con ella inicia el
proceso. Pero se requiere más tiempo, varios gobiernos realmente
democráticos que tendrán como base lo bueno que se haga a partir de
enero de 2014. Y en todo ese proceso de refundación nacional no sólo se
trata de crear condiciones justas, jurídicamente claras, para producir
la riqueza material que contribuya a modificar las condiciones de
atraso, pobreza y de desempleo; no sólo es eso, también se tiene que ir
poniendo las bases para forjar mujeres y hombres más responsables,
informados, respetuosos, más cultos, más cálidos y afectuosos con los
demás.
Por
muy bien diseñadas que estén las propuestas de Libertad y Refundación
en algún momento habrán obstáculos y momentos en donde el avance sea
lento, es que se estará intentando construir otras relaciones sociales
con una gran contenido ético en donde la persona sea el núcleo de esas
relaciones, con sus diferencias y su dignidad particular. Eso es lo que
está en juego en las próximas elecciones generales: la dignidad de
hombres y mujeres, su libertad, el trato justo, ya no considerados como
seres abstractos, como descarnadas categorías sociales, sino como seres
humanos, individuales, que participan en condiciones de igualdad en las
decisiones nacionales.
11 de octubre de 2013
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