Escrito por Redacción en Viernes, 04/10/2013 - 17:03
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Representantes
de los pueblos Lenca, Maya-Chorti, Tolupan, Garifuna, Miskito, Pech,
Tawahka, en la ciudad de Tegucigalpa, en el marco del Taller sobre la
Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI), denunciaron
la violación del convenio 169 por el Estado de Honduras y el incremento
de las violaciones de los derechos colectivos, lo que pone en riesgo
nuestra sobrevivencia como culturas diferenciadas en el país.
De acuerdo con un comunicado conjunto
emitido por las diferentes organizaciones indica que “el Estado está
impulsando y promoviendo un plan para la desaparición de nuestros
pueblos indígenas y negros, cuando se aprueban leyes sin nuestro
consentimiento”.
A su criterio, existe una “alianza” de
las instituciones del Estado (fiscalía, ejército, Poder Judicial,
Sedinafroh) con la empresa China Sinohydro y su filial hondureña DESA,
quienes “emprendieron una campaña de persecución y criminalización” en
contra de los líderes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas, COPINH, Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño, con
el fin de desarticular la lucha de resistencia de la comunidad Lenca de
Río Blanco en contra de la represa Agua Zarca del río Gualcarque.
Honduras, convertido en un sembradío de palma
En ese sentido, la coordinadora de la
Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda, “en
la defensa del patrimonio y los recursos naturales se realiza este
planteamiento conjunto, muy fuerte, porque creemos que tenemos el
derecho y estamos obligados a dejarle a nuestras futuras generaciones
agua, bosque y todo lo que nos sirve para la vida. Ahora las nuevas
generaciones no conocen muchos animales y plantas porque han
desaparecido, producto de los efectos de todo este proceso”.
“Cuando hablamos de la defensa de la
vida y de los recursos naturales no solamente estamos hablando de los
pueblos indígenas, hablamos de todos los hondureños”, fustigó.
“Están queriendo desaparecer a los
pueblos indígenas en nuestro país, decimos esto porque los últimos
reductos de recursos naturales están en las zonas indígenas, están
entregando al capital internacional todo, por eso todas las leyes que
han sido aprobadas sin consulta, sin preguntarnos a las comunidades
quienes los hemos salvaguardado desde hace siglos y que hoy en día están
ahí porque nosotros lo hemos defendido, no existieran. Cuando nos dicen
que no queremos el desarrollo porque no aceptamos los proyectos
queremos decir que están atentado contra el pueblo hondureño, porque el
agua, el bosque y el suelo pertenece a las futuras generaciones”, apuntó
Miranda.
Alto al hostigamiento
Los representantes de los siete
pueblos indígenas también pidieron a las autoridades detener el
hostigamiento jurídico en contra de la coordinadora de Consejo Cívico de
Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH) Berta Cáceres Aureliano Molina,
Tomas Gómez Membreño quienes enfrentan tres cargos judiciales “por
defender los bienes comunes y nuestras culturas”.
Igualmente, exigieron acelerar las
investigaciones en relación a las denuncias interpuestas por los
indígenas ante fiscalía de las étnias, así mismo se emitan resoluciones a
las cienes de denuncias interpuestas ante dicha institución.
En el mismo sentido, se pronunció el
dirigente Lenca, Aureliano Molina, quien explicó que tras la sentencia
del 25 de septiembre, se busca revisar las medidas sustitutivas en su
contra. “Es evidente la criminalización política en contra de nuestras
organizaciones por hacer nuestra lucha territorial. Se cree que en las
próximas horas tendría prisión por la persecución que tenemos”.
“El proceso de la defensa del Río
Blanco no va a parar, Copinh no va a parar, DESA y Sinohydro no van a
construir la represa porque para el pueblo Lenca entre más persecución
hay vendrá más movilización, por eso pedimos a las organizaciones de
derechos humanos que cese la criminalización y el asedio político
militar contra la organización. Esto no solo es contra el Copinh, porque
ese es un laboratorio, hay que ver que otras organizaciones están
haciendo fuertes luchas y ver que otro espacio sigue. Si nos quieren en
la cárcel es porque también nos quieren asesinar como a Tomás García,
líder emblemático con una lucha enérgica y fuerte por su territorio”.
Por su parte, Cendela López,
representante del grupo de mujeres organizadas misquitas (MIMAT, en
misquito) aseguró que “en la causa del pueblo indígena todos somos
iguales, por lo que los indígenas están amenazado, -muestra de ello es-
el caso de Berta Cáceres y de otros compañeros”.
“El pueblo misquito aún no ha alzado
la voz, porque no conoce sus derechos y como defenderlos, pero si hay
una fuerte amenaza. Estamos solidarizándonos con el Copinh, no podemos
callarnos”, subrayó.
Reginaldo Monterola, consejero mayor
regional Consejo Nacional de Indígenas Maya-Chortí de Honduras,
(CONICH), “la posición de nosotros apunta a la unidad, porque en la
unidad está la fuerza, vemos que no es justo que una líder indígena como
Berta Cáceres este presa. El trabajo de un líder es para beneficio de
su comunidad y si el gobierno o el alcalde municipal reconociera lo que
se hace vería el desarrollo de su municipio o de ese sector del país”.
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