14.08.2013
Desde el día 4 de agosto la "Delegación Española de Solidaridad para
Honduras" ha recorrido el país con el objeto de realizar labores de
verificación, observación y conocimiento de la situación de los Derechos Humanos
en Honduras. Esta Delegación ha estado integrada por tres representantes del
Comité de Solidaridad Internacionalista, organización con larga experiencia en
Latinoamérica y encargada de organizar la visita, y del partido político
Izquierda Unida. En concreto entre sus miembros, se encuentra Luis
Mangrané, abogado especializado en la defensa de los derechos humanos, Pablo
Muñoz, Concejal del Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza y Álvaro Sanz
próximo diputado nacional al Parlamento Español.
El trabajo de la Delegación ha consistido en la recopilación de información
sobre las condiciones de vida, el estado actual de los conflictos que han
trascendido a la comunidad internacional y la situación general de los Derechos
Humanos en diferentes zonas de Honduras. A tal fin se ha desplazado a los
Departamentos de Yoro, Cortés, Colón, Francisco Morazán e Intibucá, manteniendo
reuniones con diferentes comunidades y organizaciones de Derechos Humanos,
sindicatos, movimiento campesino, indígena y empresas de procesamiento de palma
y banano. Los integrantes de la misión internacional han destacado "la grave situación en la que se encuentra el país en cuanto al inexistencia de garantías y la generalización de la impunidad". Esta afirmación se apoya en los más de 60 operadores de justicia muertos o los más de 30 periodistas asesinados, entre otros, sin que se haya juzgado o condenado a sus autores.
La Delegación ha verificado "la fragrante violación de Derechos Humanos en los lugares donde se está utilizando la violencia en el desalojo de campesinos/as en proceso de recuperación de tierras como es el caso del Bajo Aguán, San Manuel, Cortés y El Progreso ", según esta valoración "el Estado por acción u omisión vulnera, entre otros, la integridad física y la seguridad de los campesinos de esas poblaciones que están ejerciendo su derecho legítimo a la reivindicación del acceso a la tierra" .
De igual forma, la Delegación ha destacado la crítica situación que
atraviesan las comunidades Lencas de Intibucá, en la aldea de Rio Blanco, donde
con ocasión de la construcción de una represa se ha reprimido violentamente la
contestación a esta obra, con hostigamiento, señalamiento y procesamiento de
las personas que los apoyan e incluso con el disparo sobre la población local
causando varios heridos , la muerte de Tomás García y el proceso judicial
contra Bertha Cáceres y otros dirigentes del COPINH.
Finalmente la Delegación ha denunciado la persecución y las amenazas
sufridas por diferentes militantes de movimientos sociales y políticos fruto de
su trabajo de denuncia, reivindicación y propuesta. Según la Delegación es el
"Estado el máximo responsable de esta situación y debe garantizar la
seguridad de los hondureños/as en el legítimo ejercicio de sus derechos civiles.
El caso de Rafael Alegría es uno de los ejemplos más destacados de esta
persecución" por lo que los internacionalistas han exigido al Gobierno
Hondureño "la inmediata adopción de medidas que aseguren la vida y
la integridad física de Rafael.
"Esta exigencia -añaden- se une también a la necesidad que desde el Gobierno se aclare la presunta implicación de los organismos del Estado en estos hechos de violencia. Los casos del uso de la fuerza por el ejército en los desalojos de campesinos o en la protección violenta de infraestructuras, o los supuestos casos de implicación de integrantes de la policía en asesinatos deben ser aclarados"
Respecto a la producción agraria, la Delegación ha destacado que frente a las grandes explotaciones y oligopolios, existen otro tipo de empresas cooperativas como Hondupalma o productores independientes de bananos que representan un esfuerzo colectivo por organizar la producción de una manera más justa y equitativa.
Estas conclusiones, según han expuesto, serán trasladadas a los diferentes
estamentos oficiales, tanto españoles como europeos, así como a las redes
de solidaridad y los medios de comunicación internacionales. "Casos
como el de Rafael no van a quedar impunes y vamos a alertar a la comunidad internacional
del riesgo cierto que dichas amenazas suponen para el ejercicio de los Derechos
Humanos en Honduras", han concluido.
"Esta exigencia -añaden- se une también a la necesidad que desde el Gobierno se aclare la presunta implicación de los organismos del Estado en estos hechos de violencia. Los casos del uso de la fuerza por el ejército en los desalojos de campesinos o en la protección violenta de infraestructuras, o los supuestos casos de implicación de integrantes de la policía en asesinatos deben ser aclarados"
Respecto a la producción agraria, la Delegación ha destacado que frente a las grandes explotaciones y oligopolios, existen otro tipo de empresas cooperativas como Hondupalma o productores independientes de bananos que representan un esfuerzo colectivo por organizar la producción de una manera más justa y equitativa.
Finalmente, los integrantes de la misión internacional han mostrado su preocupación por que esta situación de violencia se vea incrementada con motivo del próximo proceso electoral, tal y como les ha sido trasmitido por diferentes actores de la sociedad civil. "Los momentos electorales deben ser especialmente cuidadoso con el respeto a los Derechos Humanos" han manifestado.
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