Este Convenio Marco de Cooperación favorecerá el trabajo a favor de
los derechos humanos de personas refugiadas, solicitantes de asilo,
apátridas y otras personas que requieren protección internacional,
determinando mecanismos de protección, por medio del desarrollo de
proyectos y actividades conjuntas que favorezcan su protección.
El Acuerdo permitirá la promoción de políticas de prevención del
desplazamiento forzado y de protección de personas desplazadas por causa
del crimen organizado transnacional y de otras situaciones de
violencia.
Por consiguiente, el acuerdo se enfoca principalmente en personas con
mayores niveles de vulnerabilidad y con necesidades de protección
específicas, como menores migrantes y refugiados no acompañados y/o
separados, mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso, trata
y tráfico. Para ello, se establecerán sistemas de consulta y
comunicación, y se propiciará la convergencia de los planes de trabajo
de ambas instituciones.
Entre las actividades y proyectos en los siguientes ámbitos de
cooperación están el fortalecimiento de los marcos legales e
institucionales, la articulación con otras instancias del Estado y de la
Sociedad Civil para brindar protección efectiva nacional e
internacional de los beneficiados, así como para facilitar integración
legal, social y productiva en el país.
El Acuerdo tendrá una validez de tres años, efectivos a partir de la
fecha de su firma y será renovable de mutuo acuerdo expresado por
escrito con un mínimo de treinta días naturales antes de su vencimiento.
Al referirse a la firma del convenio el representante regional de
ACNUR, Fernando Protti manifestó que la violencia ha incrementado el
número de personas refugiadas y desplazadas en Centroamérica.
Por consiguiente, a raíz de ese hallazgo, es precisa la firma del
convenio, ya que permitirá identificar y conocer la magnitud de
desplazamiento interno y forzoso a fin de que tanto el gobierno como la
comunidad internacional pueda brindar el apoyo necesario.
Por su parte, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana A
Pineda expresó que la firma del convenio permitirá trabajar en
mecanismos de solidaridad que beneficien a las personas que han sido
desplazadas, lo que considera que es un avance significativo para el
país y un logro importante del actual gobierno.
Dijo que en conjunto con ACNUR se estará trabajando en la prevención
del desplazamiento de hondureñas y hondureños hacia otros países de la
región, sobre todo por causas asociadas al crimen organizado
trasnacional o a otras causas de violencia.
Asimismo, trabajarán en la atención y protección para las personas
refugiadas, desplazadas, solicitantes de asilo y migrantes en condición
de vulnerabilidad cuando se traten de niños, niñas, mujeres que hayan
sido víctimas de algún tipo de abusos.
Y concluyó: “Lo más importante en el marco de este convenio es que se
estarán haciendo diagnósticos, investigaciones que permitan determinar
el por qué los hondureños y hondureñas están migrando hacia otros países
y se estará trabajando en los marcos legales para crear un ambiente
seguros para estas personas”.
No hay comentarios :
Publicar un comentario