La comunidad de La Nueva Esperanza,
ubicada en el departamento de Atlántida, permanece en lucha para
proteger este rincón de paraíso tropical en las montañas, cerca de la
costa caribeña de Honduras, ante la concesión de una nueva actividad
extractiva, otorgada a la empresa Minerales Victoria para la explotación
de depósitos de hierro. El dueño de esta empresa es Lenir Pérez, yerno
del terrateniente Miguel Facussé, y opera a través de su compañía
Alutech, que forma parte de Inversiones EMCO, una empresa con sede en
San Pedro Sula y especializada en la construcción de estructuras de
acero.
Pobladores de La Nueva Esperanza
MADJ y MAA denuncian la intimidación de la comunidad
En un comunicado conjunto1,
divulgado por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
y el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA), que están brindando
apoyo a La Nueva Esperanza y a las demás comunidades cercanas que están
siendo afectadas por el proyecto, han denunciado una escalada alarmante
de intimidaciones desde el inicio del año 2013, y especialmente en las
últimas semanas, por parte del empresario Lenir Pérez y de policías y
civiles armados que lo apoyan. Dos líderes de la comunidad, César
Alvarenga y Roberto García, miembros de MADJ, ya son beneficiarios de
medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) por haber recibido mensajes de textos por teléfono con
amenazas de muerte por parte del empresario Pérez, en agosto de 2012.23El
padre guatemalteco César Espinoza, párroco en el municipio aledaño de
Arizona, que ha estado activo en defensa de la comunidad, también ha
sido blanco de ataques similares, al recibir amenazas de “supuestos
trabajadores mineros” en su celular en enero de este año4.
El Proyecto de Acompañamiento
Internacional (PROAH) visitó la comunidad a finales de mayo y mediados
de junio por invitación de la comunidad y el MADJ para que pudiera ver
la situación de primera mano.
Exploración de la area concesionada con los pobladores
La clasificación del óxido de hierro – trampa legal
Debido a la moratoria todavía en vigor sobre la minería metálica por razones ambientales,5la
empresa obtuvo la concesión para la explotación no metálica – óxido de
hierro – aunque todos los pobladores de La Nueva Esperanza saben que,
además de este mineral (y del carbón), los cerros que rodean a la
pequeña comunidad son ricos en oro. De hecho la búsqueda artesanal de
oro en las quebradas forma parte de su tradición. La solicitud de la
concesión de minería no metálica es una de las trampas legales que
permiten a las empresas eludir la moratoria. Desde la Dirección
Ejecutiva de Fomento a la Minería (Defomin)y ahora bajo la nueva Ley de
Minería6
(más detalles a continuación), la clasificación de óxido de hierro como
metálica o no, depende del uso que el concesionario afirma que le va a
dar, es decir, si será para productos metálicos, se clasifica el óxido
como metal, pero basta que el solicitante diga que va a utilizarlo para
producir cemento, por ejemplo, para que lo clasifiquen como una
concesión no metálica.
Óxido de hierro
Posible veta de oro en la orilla de la quebrada
Además de permitirles evadir la
moratoria, tal clasificación significa que una minera puede obtener una
concesión con menos requisitos, controles ambientales e impuestos.
Asimismo, una vez conseguida la concesión, bajo una sencilla
comunicación a las autoridades, las empresas pueden recurrir a la
minería metálica, una actividad mucho más rentable para sí mismas y
mucho más impactante para el medio ambiente y la salud de los
habitantes. (La explotación del óxido de hierro también puede tener
impactos profundos en el medio ambiente y la salud de los habitantes de
las comunidades que residan cerca de la mina; pero unas de sus ventajas
en comparación con la minería de oro, por ejemplo, es que no se usan
químicos como el cianuro para extraer el metal, ni tanta agua).
La concesión en La Nueva Esperanza
Minerales Victoria, la empresa de Lenir Pérez, obtuvo una concesión de 1000 hectáreas, aunque ha solicitado 110007.
El terreno concesionado incluye 16 comunidades que, por ser su economía
basada en la ganadería, perderían su fuente de sustento a través del
agotamiento o de la contaminación de las quebradas y de los manantiales.
Por eso, están firmes en manifestar su oposición al ingreso de la
empresa en su territorio. Según el patronato, sólo 3 de las 45 familias
de La Nueva Esperanza apoyan la minera, por ya estar involucradas en sus
operaciones. A pesar de que los pobladores rehúsan a vender sus
tierras, los intentos de la empresa, respaldada por el alcalde de Tela,
siguen, y muchos están recibiendo amenazas y presiones para que vendan
sus parcelas. Además, la empresa ya ha empezado a trabajar en unos
terrenos que son propiedad de pobladores de La Nueva Esperanza, de
acuerdo con información proporcionada por el patronato. Ha cercado
terrenos, talado bosques y ha empezado la exploración en diferentes
sitios, incluso en la orilla de una quebrada que proporciona agua a la
comunidad.
Ensayos mineros
Los hostigamientos de la comunidad y los daños medioambientales van aumentando
La tensión local ha ido creciendo en los
últimos meses. Para impedir el paso de vehículos de la empresa, la
comunidad puso en febrero una cadena con candado cerca de la vivienda de
don Enrique, el anciano emblemático de la resistencia en la comunidad.
Sin embargo, en la noche del 13 del mismo mes, agentes policiales
rompieron la cadena por medio de disparos, destruyendo el candado. Los
policías involucrados en los hechos andaban sin identificación. En
respuesta a la denuncia puesta ante el Ministerio Público (MP) por los
habitantes de la comunidad, las autoridades reconocieron de manera
pública su acción ilegal en el departamento de Atlántida. A pesar de
esto, los policías siguen llegando a la comunidad sin identificación,
una práctica que despierta las dudas de los pobladores en cuanto a su
verdadera identidad. Hay sospechas de que los hombres, aunque
uniformados, sean en realidad miembros de la vigilancia privada de la
empresa propiedad de Lenir Pérez. Desde entonces, los intentos de
impulsar un diálogo entre los habitantes opuestos al proyecto minero y
los empresarios no ha llegado a ningún resultado. Al contrario, la
situación de amenaza a la comunidad sigue intensificándose.
Por ejemplo, el sábado 25 de mayo,
aprovechando el desfile del carnaval de La Ceiba, trabajadores de la
empresa intentaron ingresar a la concesión con dos camiones cargados de
maquinarias y acompañados por policías. Sin embargo, los pobladores,
presentes en su comunidad para celebrar un cumpleaños, con un esfuerzo
colectivo, impidieron la entrada de los camiones, Después de este
episodio, que se denunció en la Radio Progreso, el domingo 26 de mayo
hubo una asamblea en la orilla de la quebrada que separa la comunidad de
La Nueva Esperanza y el terreno concesionado para planear, ante la
falta de respuestas de la empresa, acciones de protesta con relevancia
nacional.
Pese a la firmeza del rechazo de la
comunidad, los hostigamientos y amenazas se han multiplicado en los
últimos días. El pasado lunes 3 de junio, un grupo de policías ingresó a
la comunidad, acercándose a la zona concesionada y frente a las
protestas de los pobladores, dispararon sus armas de fuego, sin provocar
heridos. Esa misma noche también se escucharon disparos. Luego, en la
noche del 5 de junio, un grupo de aproximadamente 20 hombres civiles no
identificados y fuertemente armados, penetraron a la comunidad, con el
propósito de sembrar el terror entre los habitantes a través de amenazas
de muerte reiteradas. Frente a esta situación de peligro, los
pobladores están sufriendo un “estado de sitio” que sigue vigente,
obligándoles a quedarse encerrados en sus viviendas por seguridad. El
maestro de la comunidad decidió suspender las clases, mientras que las
condiciones de seguridad de la aldea son cada vez más difíciles.
Las piedras acumuladas para impedir el paso de los camiones de la empresa
Fue ante la gravedad de los hechos y el
riesgo de agravamiento de la violencia en la comunidad de La Nueva
Esperanza, que el 7 de junio pasado los pobladores, respaldados por el
MADJ, denunciaron y condenaron las amenazas constantes por parte de los
empresarios, en el comunicado ya mencionado, en donde se hace un
llamamiento a las autoridades locales y nacionales, así como a la
sociedades civil nacional e internacional, para que intervengan y
demanden un cese de la violencia relacionada al proyecto minero. La
comunidad reiteró su rechazo frente al desarrollo de explotación
extractiva en su territorio, y pidió el paro de las actividades y la
salida definitiva de la empresa.
Sin embargo, los hostigamientos siguen.
El 14 de junio, tres hombres de la comunidad estaban en una casa cuando
recibieron una llamada telefónica advirtiéndoles que varios hombres
armados iban allí. Los tres decidieron huir, pero fueron perseguidos
por los hombres armados quienes empezaron a disparar. Los tres,
salieron afortunadamente ilesos, pero se vieron obligados a esconderse hasta que los hombres
armados se fueran (Denuncia No. CEIN-PROV-0101-2013-04187). Voluntarias
de PROAH, cuando asistieron a la misa en la comunidad el 19 de junio,
vieron a dos hombres armados con escopetas cerca de la iglesia, uno de
ellos tratando de esconderse.
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| La cumbre el 29 de mayo |
La cumbre el 17 de junio
Mientras tanto, hay cada vez más daño al medioambiente de la comunidad
por las operaciones supuestamente de “exploración”. Los trabajadores de
Minerales Victoria están abriendo carreteras ilegales, rompiendo cercos
privados sin permiso de los dueños y botando árboles de la orilla de la
calle que son patrimonio de la comunidad. Un golpe particularmente
doloroso para la comunidad ha sido la destrucción del Manguito, un árbol
de mango ubicado a mitad de la cuesta entre Nueva Esperanza y El
Carmen, una aldea más arriba, donde todos los viajeros tomaban un tiempo
para descansar y luego continuar el viaje, disfrutando la brisa y la
frescura de su sombra. Además, ya se empieza a ver los efectos de las
operaciones sobre las fuentes de agua: una quebrada que antes corría
clara se ha vuelto lodosa, contaminada por la tierra excavada para abrir
las carreteras y para otras obras.
El manguito el 29 de mayo
El Manguito el 17 de junio
La nueva Ley de Minería y la extracción a cielo abierto
En Honduras, La Nueva Esperanza es una
pieza más del mosaico de comunidades en resistencia contra las empresas
mineras que operan en el territorio nacional. sin el consentimiento de
las comunidades afectadas. Con la nueva Ley de Minería,8 aprobada el pasado 23 de enero por el Congreso (aunque todavía suspendida por falta de reglamentos de aplicación9),
se esperan por lo menos 300 nuevas concesiones que corresponden a
alrededor del 15 por ciento del territorio nacional. Según los
movimientos sociales y los voceros de las comunidades afectadas por la
actividad minera, no se ha tenido en cuenta la opinión de las
poblaciones afectadas; más bien, la ley se escribió bajo asesoría
directa de empresas transnacionales interesadas y de embajadas
extranjeras en el país. Uno de los ejemplos más llamativos ha sido el de
la minería a cielo abierto. A pesar de que en un sondeo de 2011, el 91
por ciento de los hondureños y las hondureñas se opusieron,10
la ley, ni siquiera menciona este tipo de minería, no le pone ningún
obstáculo, sino que deja implícita su continuación, como sostiene la
Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA)11 .
En este sentido, mientras países como Costa Rica ya han prohibido la
explotación minera a cielo abierto en todo su territorio, y en muchos de
los demás países de América Latina está en curso el debate12,
Honduras se mantiene en el marco de una práctica devastadora para el
medio ambiente y que, además, ofrece muy poco empleo para la población
local.
Entre las demás debilidades de la nueva
Ley de Minería, hay que subrayar: la posibilidad de concesionar terrenos
poblados (con consecuente riesgo de desalojo de comunidades enteras);
las prioridades de las empresas en el uso de las fuentes de agua; la
falta de protección de las fuentes de agua de las comunidades, a menos
que estén ubicadas en una ‘zona productora de agua’ ya designada; la
privacidad de la información técnica y financiera, que queda en las
manos de las empresas y la falta de un proceso de consulta libre, previa
e informada de las comunidades indígenas y afrodescendientes, como está
prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), ratificado por el gobierno de Honduras13.
Bajo la nueva Ley, la consulta de todas las comunidades, sean indígenas
o no, está prevista después de la fase inicial de exploración, es decir
cuando la empresa ya habrá obtenido una primera forma de concesión,
ocupando el territorio comunal e invirtiendo sus capitales. El rechazo
por parte de una comunidad podría dar paso a contramedidas legales y
sanciones económicas graves al Estado, según lo previsto en tratados
internacionales ratificados por Honduras14.
En este sentido, ya existe como precedente el caso de la minera
canadiense Pacific Rim con su demanda multimillonaria al estado
salvadoreño.15
La minería como ‘motor económico’: expectativas altas, regalías bajas
Frente a las preocupaciones de los
comunicadores sociales y de las comunidades afectadas, las autoridades
sostienen que el motor de Honduras para salir de su actual condición de
pobreza es la extracción de sus riquezas ocultas, que los conquistadores
españoles dejaron en su mayoría, sin explotar. La Secretaría de
Recursos Naturales estima que en más del 60 por ciento del territorio
nacional existe vocación para la explotación de los minerales, tanto
metálicos como no metálicos. El presidente de la Asociación Nacional de
Minería de Honduras (Anaminh), Santos Gabino Carvajal manifestó que, al
entrar en vigencia la nueva Ley de Minería, comenzará la llegada a
Honduras de capitales provenientes de naciones industrializadas como
China, Canadá y Estados Unidos que traerá una inversión de hasta 4 mil
millones de dólares a largo plazo16.
Pese a estas expectativas tan altas, hay
que subrayar que tanto el canon territorial (es decir la renta pagada
por hectárea para la concesión) como los impuestos que el Estado va a
recaudar son muy bajos. Además, los impuestos están sujetos a la
autoevaluación por parte de las empresas. Bajo la nueva ley, el
impuesto total para la minería metálica, es del 6% del valor de las
ventas17,(aún
más bajos – 2.5% – en el caso de minería no metálica) del cual el 1%
está destinado a la autoridad minera, el 2% a la municipalidad donde se
encuentra ubicada la explotación minera, y el 1% a ‘proyectos de
desarrollo’ gestionados por la Comisión para la Promoción de la Alianza
Público-Privada (COALIANZA). El 2% que queda, es en concepto de tasa de
seguridad. Es decir que, a excepción del 1% de los proyectos de
COALIANZA no hay otro mecanismo que permita una forma de distribución y
de socialización de la riqueza producida por la actividad minera a nivel
nacional18, sino el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, en un país que ya está en un preocupante proceso de militarización.
1 Comunicado de MADJ y MAA (7.6.2013) http://madj.org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=271:comunidades-del-departamento-de-atlantida-bajo-amenaza-de-muerte-por-la-voracidad-de-empresarios-mineros-y-corrupcion-de-funcionarios-del-estado&catid=56:rrnn&Itemid=117
2 Medidas
cautelares de la CIDH – MC 342/12 de 3 de octubre de 2012 – César Adán
Alvarenga Amador y Roberto García Fúnez, Honduras. http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp.
3 Pág.1 del comunicado de MADJ y MAA
4 Ibid. pág.2.
5 Una
prohibición de nuevas concesiones mineras fue origalmente impuesta en
agosto de 2004 por la Ministra de Recursos Naturales, Patricia Panting,
por dos factores: 1. El Comité Ambientalista del Valle de Siria y la
Alianza Cívica por la Reforma a la Ley de Minería demostraron que
Defomin (Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería) estaba otorgando
concesiones a GoldCorp sin cumplir con los procedimientos legales y 2.
La Marcha Nacional por La Vida que exigió la cancelación de todas las
concesiones mineras y madereras. La Ministra también destituyó al
director de Defomin. La presente moratoria a la minería metálica fue
impuesta por el Presidente Zelaya en febrero de 2006, a través de
Decreto Ejecutivo PCM-09-2006, citando en el preámbulo la necesidad de
tener ‘una explotación racional de la nación, así como el menor impacto
en el ambiente y la reutilización de las zonas explotadas en beneficio
de la colectividad’. Bajo el decreto, la moratoria se quedaría vigente
hasta la introducción de reformas a la Ley de Minería de 1998. Aunque la
controvertida nueva Ley de Minería fue aprobada en enero de 2013, no ha
sido implementada hasta ahora por falta de reglamentos de aplicación.
Como consecuencia, por el momento la moratoria sigue vigente. (Decreto
Ejecutivo PCM-09-2006 publicado en El Diario Oficial La Gaceta No.30,928
de 14.2.2006. Tambien disponible en http://www.pgrfa.org/gpa/hnd/files/compendio_de_legislacion_ambienta_abril-2011.pdf).Véase tambien informe Comisiòn de Verdad pag. 57-58: http://comisiondeverdadhonduras.org/sites/default/files/Informe%20COMISION%20DE%20VERDAD%20.pdf
6 Ley de Minería de 2013: http://www.defomin.gob.hn/2013pdf/LeydeMineria02042013.pdf
7 Existen
19 concesiones mineras metálicas ya aprobadas en el Departamento de
Atlántida, la mayoría de ellas en el municipio de Tela, que suman 24,600
hectáreas (6% de la superficie del departamento) y 14 concesiones
mineras no metálicas ya aprobadas (Fuente: CEHPPRODEC – Centro Hondureño
de Promoción para el Desarrollo Comunitario)
8 Ley de Minerìa de 2013: http://www.defomin.gob.hn/2013pdf/LeydeMineria02042013.pdf
9 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/En-suspenso-Ley-de-Mineria-hasta-que-se-apruebe-reglamento
10 Encuesta de CESPAD (Centro de Estudio para la Democracia) – setiembre de 2011 http://cespad.org/sites/default/files/Encuesta%20de%20mineria%20en%20Honduras-2012.pdf
11 Comunicado
de la CNRA (23.1.2013) ‘Nuevo atentado contra la población de Honduras:
Ley de minería entrega territorio y población como mercancía’.
(Disponible en http://periodicoecovida.com/?q=node/167)
12 http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-costa-rica/asumio-y-detuvo-la-mineria-a-cielo-abierto
15 http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/minera-pacific-rim-demanda-el-salvador-por-us315m
16 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/La-riqueza-de-Honduras-aun-esta-oculta-en-sus-entranas
17 Artículo 76 de la Ley de la Mineria de 2013.
18 Preocupante
cuando se tiene en cuenta los daños que las operaciones mineras pueden
causar al medio ambiente y la salud más allá del municipio, y aún a la
infraestructura usada para transportar los minerales explotados. Véase
por ejemplo: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Exportacion-de-oxido-puede-colapsar-el-puerto-de-San-Lorenzo http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Oxido-de-hierro-acelera-destruccion-de-red-vial
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Leer más,inclusive en inglés
Proyecto de Acompañamiento internacional en Honduras (PROAH) http://proah.wordpress.com Honduras Accompaniment Project http://hondurasaccompanimentproject.wordpress.com
Friendship Office of the Americas http://friendshipamericas.org
Es posible encuentre repetición, rogamos disculparnos.
www,hondurastierralibre.com
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