Ante los últimos acontecimientos ocurridos en
relación al quehacer del Ministerio Público,
la Coalición contra la Impunidad
ante la opinión pública nacional e internacional expresa:
A. Antecedentes de la situación de
crisis en el Ministerio Público
1. Desde la Coalición contra la Impunidad, como espacio de organizaciones de
sociedad civil de diferentes regiones del país, articuladas en torno al eje de
la protección y defensa de los derechos humanos, vemos con especial
preocupación el colapso en que actualmente se encuentran las instituciones del
sistema de justicia. Desde la Policía Nacional, Poder Judicial, hasta el
Ministerio Público, lo que caracteriza es la ineficacia y la colusión de estas
instituciones con la inseguridad y la alarmante situación de impunidad que hoy padece la ciudadanía hondureña.
2.
Nos llama la atención que simultáneamente a la crisis generalizada de la
Policía Nacional, se produzca también el resquebrajamiento del Ministerio Público.
La preocupación central es que la institución que debía proteger los intereses
generales de la sociedad, haya incurrido en grave incumplimiento de sus
responsabilidades, especialmente en lo que corresponde al ejercicio de la
acción penal para la defensa de la institucionalidad, persecución de los
responsables de violaciones de derechos humanos, el combate a la corrupción, el
crimen organizado y la delincuencia común. Y resulta evidente que quienes
cargan con el mayor peso de la bancarrota del Ministerio Público son sus más
altos funcionarios, entre ellos el ex Fiscal General y su Adjunto, y quienes formaban
parte de su entorno inmediato en las dependencias de esta institución.
3. Esta situación de quiebre
institucional del MP se venía gestando desde hace varios años, pero con mayor
énfasis desde los acontecimientos que dieron lugar al golpe de Estado En esa
coyuntura el Ministerio Público pasó a formar parte de los entes que propiciaron
y avalaron la ruptura constitucional, contrariando su mandato de defensor de la
Constitución y de la ley.
4. Ante la situación prácticamente
insalvable de crisis institucional y de inseguridad ciudadana, la élite
política que dirige el Congreso Nacional, nombra la Comisión Interventora del MP, con el aparente propósito de
reorientar esta institución. Concediéndole amplios poderes para depurar y
reorganizar el ente responsable de la persecución penal. Desafortunadamente la
Comisión Interventora ha cumplido a medias
estas atribuciones, sin poder librarse de la égida partidaria y de
poderes fácticos que le marcan los directivos del legislativo, llevándoles a
las comisionadas(os) a una situación de limitada independencia para el
cumplimiento de una verdadera reorganización del Ministerio Público.
B. Consideraciones sobre el primer
Informe de la Comisión Interventora
5. En este contexto se produce el primer informe de la Comisión Interventora, el cual es
aprovechado por el Congreso Nacional para exigir la destitución por vía del juicio político
del Fiscal General y de su Adjunto. Lo que traería como consecuencia que estos
se vieran prácticamente obligados a interponer
sus respectivas renuncias. Cumpliéndose de esta forma uno de los cometidos del
actual régimen, en su afán de controlar políticamente el Ministerio Público en
el marco de la coyuntura electoral que se avecina.
6. El informe de la Comisión Interventora, divulgado el 10
de junio del año en curso, se queda corto
en definir, aunque fuera en líneas generales, un diagnóstico del MP, en
particular de las Fiscalías Especiales, siendo que estas dependencias funcionan
en Tegucigalpa. Por otro lado, es evidente que la depuración que se ha
realizado es de carácter limitado, centrándose únicamente en cambios en la
dirección de algunas Fiscalías y en algunas rotaciones. Sin desconocer que algunos de estos cambios han recaído en
personas idóneas, con trayectoria y compromiso en sus funciones
7. No
obstante, es
cuestionable que los cambios que recientemente se han producido en las fiscalías especiales y en otras
dependencias no se hayan realizado bajo mecanismos de concurso interno, y que
al final hayan prevalecido decisiones de carácter estrictamente discrecionales
por parte de la Comisión Interventora, lo que en la práctica significa la
continuidad de las designaciones contrarias al impulso de la carrera
profesional de los y las fiscales.
8. En cuanto a los hallazgos, nos
parece que son muy poco relevantes, -los que se identifican en el informe-
pues cuestiones de excesos de gastos, derroche de viáticos, aumentos
selectivos, mal uso de vehículos, falta de seguridad para los fiscales,
mecanismos técnicos inadecuados y otros, son cuestiones de las que formal o informalmente ya se tenían
noticias. Asimismo, la falta de liderazgo del MP en el sistema de justicia
penal, su aislamiento institucional, la
falta de coordinación con otros entes, especialmente con la Secretaria de
Seguridad, y la falta de confianza y de credibilidad ante la ciudadanía es algo
que ha venido trascendiendo en los últimos años.
9. Así pues, el informe resulta
limitado en cuanto a hallazgos que esclarezcan los mecanismos que al interior
del MP favorecen la impunidad, habida cuenta de los altos niveles de corrupción
y, en algunos casos, de colusión de
algunos fiscales con supuestos partícipes en actividades delictivas. Tampoco, el Informe de la Comisión Interventora divulga los
excesos del Fiscal General y de su adjunto, así como de sus mandos intermedios, teniendo en
cuenta las situaciones de abuso de poder
e ineficacia que se observa en los altos
funcionarios de esta institución.
10.
En el plano de las recomendaciones es
donde el informe de la Comisión Interventora carece de visión y de alcance en cuanto a reorientar o
reorganizar el MP. De estas recomendaciones lo que esperábamos eran medidas que
profundizaran la depuración del MP, y
la realización en el corto plazo de una evaluación general de todos los
funcionarios, especialmente de los y las fiscales del MP.
11.
Más importante habría sido que la
Comisión Interventora hubiera recomendado la separación, por vía del juicio
político, del Fiscal General y de su adjunto y que el Congreso Nacional
procediera a elegir a sus sustitutos por el
tiempo que falta para que se cumpla el período para el cual ellos fueron
electos; y consecuentemente, que se les dedujera a los destituidos
responsabilidad penal por las actuaciones contrarias a la ley en que se vieron
involucrados. Sin embargo, estas y otras recomendaciones no fueron parte de este
primer informe de la Comisión Interventora.
C. Frente a la crisis institucional del sistema de justicia la Coalición contra la Impunidad demanda:
12.
Ante la realidad de la renuncia del Fiscal General y de su Adjunto, exigimos a
la clase política que se tomen decisiones que contribuyan verdaderamente a la
superación de la crisis en el Ministerio Público. Los candidatos o candidatas que deben sustituir a estos funcionarios no
pueden ni deben ser el resultado de “pactos secretos” o de mecanismos de consenso de las fuerzas políticas en
contienda. Consideramos que por encima del interés político partidario debe
prevalecer el interés por la institucionalidad.
13.
En relación a los ex Fiscales, General y
Adjunto, Luis Rubí y Roy Urtecho, hoy que se ha producido su renuncia, la Comisión Interventora en el corto tiempo
que le queda de funciones, debe proceder a presentar requerimiento
fiscal en contra de ellos, deduciéndoles responsabilidad penal por el
incumplimiento de sus funciones y por
todos los actos contrarios a la ley en que se vieron involucrados en los
últimos años. En otras palabras, es la hora del juicio penal contra estos
funcionarios.
14.
Advertimos a los diputados y diputadas
del Congreso Nacional, que el tiempo para los juegos de distracción política,
prácticamente se ha acabado. Por ello, más importante que aprobar una nueva ley
orgánica para el MP, es la decisión
política de reorganizar verdaderamente el MP y no de impulsar maniobras para
elegir al Fiscal General y su Adjunto por cinco o siete años al margen de la
legalidad.
Asimismo,
señalamos que la Comisión Interventora
debe cesar en sus funciones, pues ante la ausencia de autoridades en el MP su
continuidad sería una abierta y flagrante ilegalidad.
15.
Finalmente, exigimos al Congreso
Nacional que sus decisiones se apeguen a
la vigente ley del MP y, advertimos que adelantar la elección del Fiscal General y de su Adjunto, constituiría un nuevo golpe a la resquebrajada
institucionalidad del país, ya de por si
colapsada como consecuencia del golpe de estado de junio de 2009. Señores(as) diputados y diputadas
Honduras no se puede continuar de golpe en golpe.
16. Si se trata de salvar el Ministerio Público, los mecanismos a impulsar deben ser serios y
no encaminados a instrumentalizar las instituciones y las organizaciones de
sociedad civil. En este plano, exigimos que se garantice una verdadera
participación de las organizaciones de sociedad civil, sin exclusiones y sin
preferencia para nadie.
La
ciudadanía debe ser escuchada y como Coalición
contra la Impunidad demandamos que nuestra voz sea tenida en cuenta, tanto
para la elección de las autoridades del MP, como en la reorganización de esta
institución que se debe a los intereses de la sociedad.
San Pedro Sula-Tegucigalpa,
03 de julio de 2013
COALICION CONTRA LA
IMPUNIDAD – HONDURAS
Integrada por las
siguientes organizaciones:
Asociación
de Jueces por la Democracia (AJD) - Asociación Intermunicipal de
Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) - Asociación por una
Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) - Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
- Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) - Centro de Investigación y
Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Unidad Color Rosa - Comité
de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) - Comité por la
Libre Expresión C-Libre - Comunidad Gay Sampedrana - Convergencia por los
Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva - Equipo
de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso - Feministas
Universitarias - Foro de Mujeres por la Vida - Foro Social de la Deuda
Externa (FOSDEH) - Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
- Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” - Red de Mujeres Jóvenes
de Cortés - Red Nacional de Defensoras - Tribuna de Mujeres contra los
Femicidios.
http://www.madj.org
Facebook: movimientoporladignidad@gmail.com
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