
La Asociación Americana de Juristas, organización no
gubernamental con estatuto consultivo ante Naciones Unidas, une su voz
de repudio e indignación ante el vil asesinato de la juez hondureña
Mireya Mendoza Peña. La Juez Mendoza Peña integraba la Junta Nacional de
la Asociación de Jueces por la Democracia y su asesinato evidencia el
deterioro institucional y la impunidad que se sufre en Honduras.
Por muchos años, la AAJ y otras organizaciones de juristas y defensoras de los derechos humanos han recopilado información de la impunidad en Honduras mediante misiones al país, denunciado y acudido a foros regionales e internacionalespara denunciar el patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en ese país.
En los últimos tres años, 64 abogados y profesionales del derecho han sido asesinados en Honduras. Las ejecuciones extrajudiciales, amenazas y demás violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos en el país han sido continuas a pesar de las declaraciones y resoluciones repudiando los actos de violencia, intimidación y represalias especialmente contra jueces, fiscales y abogados.
Los Estados tienen la obligación de respetar la integridad de los jueces, fiscales y abogados, contra toda forma de violencia que puedan sufrir como consecuencia del desempeño de sus funciones, aparte de enjuiciar a los responsables.
El Estado Hondureño no ha protegido el derecho a la vida de un miembro de la Rama Judicial, la Sra. Mireya Mendoza Peña, jueza del Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso, Yoro, con la debida diligencia que requiere el cumplimiento con sus obligaciones contraídas regional e internacionalmente.
Esta falta de diligencia afecta, además, el deber de velar por la independencia judicial y por la sana administración de la justicia.
La Asociación Americana de Juristas no sólo se une al dolor de familiares, amigos, compañeros y compañeras. Nos unimos solidariamente al llamado de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras y exigimos una inmediata investigación y procesamiento de los autores materiales e intelectuales de este vil asesinato.
Por muchos años, la AAJ y otras organizaciones de juristas y defensoras de los derechos humanos han recopilado información de la impunidad en Honduras mediante misiones al país, denunciado y acudido a foros regionales e internacionalespara denunciar el patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en ese país.
En los últimos tres años, 64 abogados y profesionales del derecho han sido asesinados en Honduras. Las ejecuciones extrajudiciales, amenazas y demás violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos en el país han sido continuas a pesar de las declaraciones y resoluciones repudiando los actos de violencia, intimidación y represalias especialmente contra jueces, fiscales y abogados.
Los Estados tienen la obligación de respetar la integridad de los jueces, fiscales y abogados, contra toda forma de violencia que puedan sufrir como consecuencia del desempeño de sus funciones, aparte de enjuiciar a los responsables.
El Estado Hondureño no ha protegido el derecho a la vida de un miembro de la Rama Judicial, la Sra. Mireya Mendoza Peña, jueza del Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso, Yoro, con la debida diligencia que requiere el cumplimiento con sus obligaciones contraídas regional e internacionalmente.
Esta falta de diligencia afecta, además, el deber de velar por la independencia judicial y por la sana administración de la justicia.
La Asociación Americana de Juristas no sólo se une al dolor de familiares, amigos, compañeros y compañeras. Nos unimos solidariamente al llamado de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras y exigimos una inmediata investigación y procesamiento de los autores materiales e intelectuales de este vil asesinato.
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