Tegucigalpa –La violencia generalizada que atraviesa Honduras mantiene bajo la línea de fuego a periodistas y abogados.
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El reciente ataque contra el periodista Tony Quintero y el asesinato de
dos abogados en cinco días refleja el manto de impunidad que arropa a
estos gremios.
En
las últimas 48 horas un periodista sufrió un atentado que le mantiene
en estado delicado de salud. En el hecho murió un técnico que intentaba
colocarle un aparato de radio en su vehículo.
Con menos de 24 horas de diferencia y en otro hecho criminal perdió la vida un abogado en la zona caribeña de Honduras.
La
vorágine de la inseguridad toca certeramente a grupos vulnerables pero
las estadísticas violentas las sufre la población en general. Unos 20
homicidios diarios registra el Observatorio de la Violencia de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), es decir, una víctima
cada 72 minutos.
La intervención en el Ministerio Público, una entidad que vive una crisis institucional de la que aún no se levanta y el
proceso de depuración en la cuestionada Policía hondureña, han colocado
a estos operadores de justicia ausentes en el esclareciendo de los
hechos y muy lejos de llegar a la verdad en cada uno de los casos. La
investigación sigue siendo el principal talón de Aquiles que genera
impunidad e incremento de la
violencia.
No hay investigación
En su comparecencia en abril pasado ante el Congreso Nacional, el suspendido fiscal general, Luis Rubí, reconoció que el 80 por ciento de los crímenes ni siquiera llegan a investigarse,
dos meses después de esa revelación parece que la cifra se incrementa
ante la ola criminal que cobra la vida de más de siete mil personas
anuales en este país centroamericano.
Tanto
el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), como distintos operadores de
justicia han prometido la integración de una fuerza especial para
investigar los crímenes contra profesionales del derecho, así como
algunos otros casos que se denominan “emblemáticos”, pero esto tampoco
logra materializarse.
Cada
vez que ocurre un nuevo crimen, el gremio de los abogados vuelve a
reclamar ante las autoridades mayor seguridad. Este jueves la víctima
fue un abogado de la ciudad de Tocoa, Colón, quien era parte del cuerpo
legal de la Corporación Dinant y candidato a alcalde por el Partido Anti
Corrupción (PAC) por Trujillo.
Con la muerte de Walter Díaz
suman 63 los profesionales del derecho que perdieron la vida en
circunstancias violentas en los últimos tres años y medio (2010/ junio
2013), reveló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh),
mediante un informe oficial.
El
titular del organismo humanitario, Ramón Custodio, lamentó que en
Honduras, el ejercicio del derecho se haya convertido, en los últimos
años, en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen.
El pasado domingo 9 de junio otro abogado fue asesinado en la caribeña ciudad de Trujillo, Colón. La víctima fue identificada como José Manuel Madrid Chinchilla.
El malogrado abogado fue asesinado en su hacienda ubicada en la aldea Marañones en las cercanías de Trujillo.
En
esta radiografía de la inseguridad que viven los profesionales del
derecho, figuran entre los departamentos más peligrosos, Francisco
Morazán que registró la muerte de 26 abogados, seguido por Cortés con
15; luego aparecen Yoro, Atlántida, Olancho, Copán, Comayagua, El
Paraíso, Choluteca, y Colón.
El
informe del Conadeh establece que hasta la fecha, en la lucha contra la
impunidad apenas dos casos han sido objeto de sentencias condenatorias,
es decir el 97 por ciento de mantiene en impunidad.
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Periodistas no se escapan de esta dura realidad
El
gremio periodístico volvió a ser víctima del crimen, cuando el
miércoles de esta semana el comunicador Antonio “Tony” Quintero Calona recibió un ataque que lo mantiene delicado de salud en un hospital capitalino.
En
este suceso criminal, del que no se conocen las causas, ni mucho menos
la identidad de los autores, resultó muerto un mecánico que acompañaba a
Quintero frente al taller “Génesis” ubicado a inmediaciones del estadio
Nacional de Tegucigalpa.
Honduras
es considerado uno de los países más violentos del continente para el
ejercicio del periodismo junto a México y Venezuela.
En
los últimos tres años más de 30 periodistas han perdido la vida
violentamente, la mayoría de los casos están en total impunidad.
El pasado 20 de mayo, el periodista ceibeño Ramón Maldonado que labora para el canal Hable Como Habla fue objeto de un atentado criminal, las razones aún se desconocen por parte de las autoridades.
Honduras
ocupa el lugar 127 de 179 países de la clasificación mundial de la
libertad de prensa que elabora cada año Reporteros Sin Fronteras.
En tanto, en este país centroamericano un
proyecto para brindar protección a periodistas se ha quedado estancado,
en simple papel, aseguran líderes y figuras de la prensa hondureña
quienes advierten sobre la urgencia de retomar la iniciativa.
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¿Y el Plan de Acción de Tegucigalpa?
Periodistas
hondureños consideran que el cumplimento del compromiso fijado en un
encuentro con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quedó relegado
en la agenda gubernamental.
En
agosto de 2012 durante un encuentro de la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP), con miembros del gobierno, se definió el llamado "Plan de
Acción de Tegucigalpa", en el que se recogieron propuestas de reformas
públicas a fin de frenar la impunidad, contrarrestar la violencia contra
la prensa y establecer medidas de protección de los periodistas.
En esa
ocasión, el presidente Porfirio Lobo, anunció que su gobierno estaba
adoptando medidas para la protección de los periodistas e hizo el
anuncio a favor de los periodistas al cierre de la primera jornada de la
Conferencia “Seguridad, protección y solidaridad para la libertad de
expresión”.
Entonces
manifestó que “los supuestos responsables serán detenidos, castigados y
enjuiciados”, y que además proponía “que se despenalice el delito de
calumnia e injuria y la difamación”, una promesa que aún es inefectiva.
Pero
desde entonces las promesas continúan siendo solo eso y los periodistas
en Honduras siguen exponiendo sus vidas al par de que más de 30 muertes de comunicadores siguen en la impunidad.
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