Publicado el 18/06/2013 • en el tema Ecuador
10 preguntas sobre el SIC-10
Por: Alexis Ponce
1 ¿Qué hacer con los jefes y enlaces CIVILES del SIC-10, cuatro de ellos muertos ya: León Febres Cordero, Luis Robles Plaza, Jofre Torbay y Miguel “Cle-clé” Orellana?
2 ¿Qué hacer con el más “famoso” enlace CIVIL del SIC-10, aún vivo, el tristemente célebre “mariscal” Gustavo Lemus, pro-golpista del 30-S y “residente” en Miami?
3 ¿Qué hacer con los enlaces militares del SIC-10? Porque no fueron solo policías, eh!
4. ¿Qué hacer con “La Casa de Irene”, el centro de coordinación más importante del SIC-10 entre FFAA y la Policía entre 1984 a 1987?
5. ¿Qué hacer con el General de Policía (r) Milton Andrade, jefe nacional del SIC-10?
6. ¿Dónde está el Coronel Paco Urrutia, jefe operativo del SIC-10 en Cuenca, y en el año 2003 jefe de seguridad de la REPSOL?
7. ¿Qué hacer con la conexión ISRAELÍ, en particular con Ran Gazit y los otros entrenadores israelitas que entrenaron en torturas atroces (plástico derretido, velas de cebo, uso de roedores, etc.) al SIC-10 en Pusuquí?
8. ¿Qué hacer con la conexión ESPAÑOLA del SIC-10, en especial el GEO que entrenó a los terroristas del SIC-10, torturó vascos y participó en operativos de muerte en el Ecuador?
9. ¿Qué hacer con la conexión gringa -la DEA por ejemplo- con el SIC-10 en sus entrenamientos en Pusuquí, y luego con el SIC-P (Trajano Barionuevo) el 08-01-1988?
10. ¿Van a tomar contacto, esta vez serio, inteligente y respetuoso con Hugo España, el ÚNICO denunciante interno del SIC-10?
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La justicia chilena ratificó este lunes la condena a seis miembros de la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) -la policía secreta de Augusto Pinochet- por el secuestro calificado de Muriel Dockendorff, ocurrido en 1974, según informaron fuentes judiciales.
La VI Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las penas, dictadas en primera instancia por el juez especial Alejandro Solís, de 15 años de cárcel contra el exdirector de la DINA, general retirado Manuel Contreras; el exbrigadier Miguel Krassnoff y el coronel retirado Marcelo Moren Brito.
Otros tres antiguos agentes, el exsuboficial Basclay Zapata, el exoficial de Carabineros Gerardo Godoy y el excoronel de Gendarmería (Servicio de Prisiones) Orlando Manzo fueron sentenciados a diez años de prisión.
Con este fallo, Manuel Contreras acumula condenas por más de 295 años de prisión en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura (1973-1990).
En su resolución, este tribunal determina que “los (antecedentes) anteriores, suficientemente contundentes, que constituyen presunciones graves, precisas y concordantes acreditan la participación de estas personas en el secuestro calificado de Muriel Dockendorff”.
La corte, no obstante, rechazó una demanda civil presentada por los familiares de la víctima al considerar que no es competencia del tribunal.
Muriel Dockendorff, una estudiante universitaria de 23 años, militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), fue detenida en Santiago el 6 de agosto de 1974 por agentes de la DINA tras haber sido liberada de un arresto anterior, ocurrido el 6 de junio de ese año, junto a su marido Juan Molina Manzor, por efectivos de la Fuerza Aérea (FACH).
Dockendorff fue liberada el 12 de julio, mientras que su esposo continuó preso hasta junio de 1975, cuando fue expulsado de Chile.
Tras su segunda detención, Muriel Dockendorff fue llevada al centro de detención, tortura y desaparición ubicado en la calle Londres 38, en el centro de Santiago.
Allí, según diversos testigos, fue torturada y trasladada posteriormente al centro de detención y tortura de Cuatro Álamos, donde su rastro se perdió hasta la actualidad.
El nombre de Muriel Dockendorf fue incluido en 1975 en la llamada “Operación Colombo”, que consistió en un montaje de la DINA para encubrir la desaparición de 119 prisioneros políticos, la mayoría de ellos miembros del MIR.
El montaje consistió en la edición, por única vez, de la revista “Lea” en Argentina y “O Novo Día”, en Brasil, en las que se publicaron los nombres de los 119, con la versión de que habían muerto en pugnas internas del MIR, agrupación que combatió con las armas contra el régimen de Pinochet.
Según datos oficiales, durante la dictadura, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado y de ellos, 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.
TELESUR
REBELION / EL TELEGRAFO – La existencia de una unidad
especializada en los años 80 destinada a “combatir la subversión”,
conocida como SIC-10, fue negada durante años por la Policía Nacional y
las autoridades del período en el que operó.
Sin embargo, tras la incautación de los archivos provinciales y
nacionales de la Policía Judicial, la existencia de esta estructura
clandestina se ha comprobado. El fiscal general, Galo Chiriboga
Zambrano, aseguró que entre los documentos se halló un listado del
personal “original” asignado a este grupo policial.
En un documento, “se puede encontrar los procedimientos operativos extraordinarios de los servicios policiales para los delitos de carácter subversivo”, señaló Chiriboga. En este oficio se señala los servicios que intervienen en los operativos, que incluyen la central de Radiopatrullas, el servicio de tránsito, de información y Migración.
La incautación del archivo se realizó dentro de la investigación a
los casos que manejó la Comisión de la Verdad (CV), cuyo informe se
entregó a la Fiscalía en julio de 2012. En los expedientes de la CV, se
señala al SIC-10 como autor de violaciones a los derechos humanos y
crímenes de lesa humanidad durante el gobierno del ex presidente León
Febres Cordero (1984-1988).
La documentación incautada el pasado 23 de febrero en la Policía Judicial de Pichincha y en el Archivo de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, servirá para impulsar la judicialización de los 136 casos de violaciones a los derechos humanos que fueron documentados por la Comisión de la Verdad, “en muchos de estos casos está involucrada la estructura del SIC-10”, acotó Chiriboga Zambrano.
“Este grupo siempre ha sido negado por la Policía Nacional, por la esfera política y por diversas autoridades del periodo que investiga la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, por caso de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad”, añadió el fiscal general.
Chiriboga expresó que la Fiscalía “no persigue gobiernos, sino delitos cometidos en esos gobiernos” y no descartó que militares también participaron en las operaciones de este grupo.
Datos
Entre los años 1984-1988, el Gobierno de la época le otorgó mayor autonomía para combatir al “enemigo interno”, que en ese tiempo estaba encarnado en los movimientos sociales, estudiantiles, sindicales entre otros, con el pretexto de fortalecer la seguridad nacional.
El Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P) creó una unidad policial clandestina denominada SIC-10 para combatir a la “subversión”. El grupo utilizó a la tortura, desaparición, violencia sexual como forma de represión.
El grupo clandestino SIC-10 fue constituido con agentes de diversas brigadas del SIC-P y el 28 de septiembre de 1985 la Institución Policial formalizó esta estructura secreta bajo el nombre de Unidad de Inteligencia Antisubversiva (UIAS).
El 14 de febrero de 1986, mediante Decreto Ejecutivo Reservado No. 1601, la UIAS fue denominada Unidad de Investigaciones Especiales (UIES). El objetivo del Gobierno de esa época fue posicionar una unidad de élite que luche contra la subversión en el país.
Cristian Bahamonde, ex miembro de la Comisión de la Verdad analiza los hallazgos del caso SIC 10 y ratifica la existencia clandestina de esta estructura, que funcionó en la Policía Nacional en 1980, relacionada a violaciones a los Derechos Humanos.
“El líder de la SIC10 era el general Edgar Vaca”
Cristian Bahamonde confirma que en el informe que la Comisión de la Verdad realizó se incluyó información respecto al caso, exactamente “en el tomo II, en la página 164 del informe se hace alusión a la existencia en los años 80 del conocido como SIC 10, una estructura que funcionó en la Policía a pesar de que siempre fue negada”, mencionó Bahamonde.
Esto sucedió con una clara intención de que SIC 10 “opere en forma oculta” en la investigación realizada por la Comisión de la Verdad “llegamos a tener testimonios que daban cuenta de la existencia de esta estructura”, aseguró Bahamonde.
El ex miembro de la Comisión de la Verdad señaló que en la nueva información que ha anunciado la Fiscalía “se tendría los nombres de todos los policías, funcionarios que integraron esta estructura clandestina”.
“Eso facilitará a la Fiscalía el poder avanzar en las investigaciones y ponerle nombre y apellidos a los responsables de las vibraciones denunciadas por la Comisión”, expresó Bahamonde.
Además explicó que se pudo evidenciar el SIC 10, porque en la información hay algunas evidencias de reuniones o disposiciones que se daban a otras dependencias policiales, según Bahamonde “para facilitar el trabajo de esta unidad”, que formalmente no existía. “Todo esto se trató de ocultar”, señaló en “El Poder de la Palabra” en Ecuadorinmediato.com/radio.
Es así que mencionó la importancia del hallazgo de la información para seguir descubriendo “que y quienes” estaban atrás del funcionamiento de esta estructura.
Respecto a lo que señaló el fiscal Galo Chiriboga, que en proceso de incautación de documentación, en años pasados se comprobó la existencia del SIC 10, Bahamonde dijo que durante el trabajo que realizó la Comisión se desclasificaron cerca de 300 mil documentos oficiales.
Cristian Bahamonde se refirió a la negación por parte de la Policía sobre la existencia del SIC 10 “eso demuestra precisamente la voluntad que existía de mantenerlo en secreto, de camuflar sus operaciones, de hacerlo clandestinamente”, mencionó.
El hecho de que la Fiscalía investigue el caso, según indicó Bahamonde es fundamentalmente para “configurar jurídicamente los delitos de lesa humanidad que fueron denunciados por la Comisión”.
Así mismo señaló que en “buena parte de los casos que tienen que ver con Alfaro Vive tienen que ver con el SIC 10″.
Finalmente indicó que dentro de la mayoría de información que pudieron obtener aseguró que el líder del grupo era el general Edgar Vaca y luego el SIC 10 pasó a convertirse en la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) que fue desmantelada hace cuatro años atrás
Cristian Bahamonde reiteró la necesidad de que finalmente se establezcan responsabilidades y sanciones a quienes “se apartaron de lo que era la razón de ser de su servicio”.
Fuentes:
http://www.elcomercio.com/seguridad/SIC-10-ComisionVerdad-LeonFebresCordero-subversion_0_932306967.html http://www.telegrafo.com.ec/noticias/judicial/item/fiscalia-confirma-existencia-de-la-policia-clandestina-sic-10.html
(*) NOTA DE REBELION:
El grupo de exterminio SIC-10 se conformó bajo la presidencia de León Febres Cordero y gozó de total impunidad en su guerra sucia contra el “enemigo interno”. Sus actividades fueron investigadas por la Comisión de la Verdad que presentó su informe en 2010 y documentó 136 casos de graves violaciones a los derechos humanos: secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Las víctimas eran activistas sociales, opositores políticos, estudiantes, líderes populares y en general personas molestas, a los que se acusaba de tener vínculos con organizaciones subversivas.
El periodista y escritor colombiano Hernando Calvo Ospina, residenciado en Francia y colaborador de Le Monde Diplomatique, fue secuestrado y torturado por agentes del SIC-10 en Quito, donde estudiaba periodismo en 1985. Entre los agentes responsables de su secuestro y torturas se cita al jefe del SIC-10, el general Edgar Vaca Vinueza. El autor lo relata en su novela-testimonio Calla y Respira, editado por el Viejo Topo, que será presentado en Madrid el 13 de junio (ver http://www.rebelion.org/noticia.php?id=169018&titular=entrevista-a-hernando-calvo-ospina-autor-de-%22calla-y-respira%22-).
_____________________________En un documento, “se puede encontrar los procedimientos operativos extraordinarios de los servicios policiales para los delitos de carácter subversivo”, señaló Chiriboga. En este oficio se señala los servicios que intervienen en los operativos, que incluyen la central de Radiopatrullas, el servicio de tránsito, de información y Migración.
La documentación incautada el pasado 23 de febrero en la Policía Judicial de Pichincha y en el Archivo de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, servirá para impulsar la judicialización de los 136 casos de violaciones a los derechos humanos que fueron documentados por la Comisión de la Verdad, “en muchos de estos casos está involucrada la estructura del SIC-10”, acotó Chiriboga Zambrano.
“Este grupo siempre ha sido negado por la Policía Nacional, por la esfera política y por diversas autoridades del periodo que investiga la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, por caso de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad”, añadió el fiscal general.
Chiriboga expresó que la Fiscalía “no persigue gobiernos, sino delitos cometidos en esos gobiernos” y no descartó que militares también participaron en las operaciones de este grupo.
Datos
Entre los años 1984-1988, el Gobierno de la época le otorgó mayor autonomía para combatir al “enemigo interno”, que en ese tiempo estaba encarnado en los movimientos sociales, estudiantiles, sindicales entre otros, con el pretexto de fortalecer la seguridad nacional.
El Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P) creó una unidad policial clandestina denominada SIC-10 para combatir a la “subversión”. El grupo utilizó a la tortura, desaparición, violencia sexual como forma de represión.
El grupo clandestino SIC-10 fue constituido con agentes de diversas brigadas del SIC-P y el 28 de septiembre de 1985 la Institución Policial formalizó esta estructura secreta bajo el nombre de Unidad de Inteligencia Antisubversiva (UIAS).
El 14 de febrero de 1986, mediante Decreto Ejecutivo Reservado No. 1601, la UIAS fue denominada Unidad de Investigaciones Especiales (UIES). El objetivo del Gobierno de esa época fue posicionar una unidad de élite que luche contra la subversión en el país.
Cristian Bahamonde, ex miembro de la Comisión de la Verdad analiza los hallazgos del caso SIC 10 y ratifica la existencia clandestina de esta estructura, que funcionó en la Policía Nacional en 1980, relacionada a violaciones a los Derechos Humanos.
“El líder de la SIC10 era el general Edgar Vaca”
Cristian Bahamonde confirma que en el informe que la Comisión de la Verdad realizó se incluyó información respecto al caso, exactamente “en el tomo II, en la página 164 del informe se hace alusión a la existencia en los años 80 del conocido como SIC 10, una estructura que funcionó en la Policía a pesar de que siempre fue negada”, mencionó Bahamonde.
Esto sucedió con una clara intención de que SIC 10 “opere en forma oculta” en la investigación realizada por la Comisión de la Verdad “llegamos a tener testimonios que daban cuenta de la existencia de esta estructura”, aseguró Bahamonde.
El ex miembro de la Comisión de la Verdad señaló que en la nueva información que ha anunciado la Fiscalía “se tendría los nombres de todos los policías, funcionarios que integraron esta estructura clandestina”.
“Eso facilitará a la Fiscalía el poder avanzar en las investigaciones y ponerle nombre y apellidos a los responsables de las vibraciones denunciadas por la Comisión”, expresó Bahamonde.
Además explicó que se pudo evidenciar el SIC 10, porque en la información hay algunas evidencias de reuniones o disposiciones que se daban a otras dependencias policiales, según Bahamonde “para facilitar el trabajo de esta unidad”, que formalmente no existía. “Todo esto se trató de ocultar”, señaló en “El Poder de la Palabra” en Ecuadorinmediato.com/radio.
Es así que mencionó la importancia del hallazgo de la información para seguir descubriendo “que y quienes” estaban atrás del funcionamiento de esta estructura.
Respecto a lo que señaló el fiscal Galo Chiriboga, que en proceso de incautación de documentación, en años pasados se comprobó la existencia del SIC 10, Bahamonde dijo que durante el trabajo que realizó la Comisión se desclasificaron cerca de 300 mil documentos oficiales.
Cristian Bahamonde se refirió a la negación por parte de la Policía sobre la existencia del SIC 10 “eso demuestra precisamente la voluntad que existía de mantenerlo en secreto, de camuflar sus operaciones, de hacerlo clandestinamente”, mencionó.
El hecho de que la Fiscalía investigue el caso, según indicó Bahamonde es fundamentalmente para “configurar jurídicamente los delitos de lesa humanidad que fueron denunciados por la Comisión”.
Así mismo señaló que en “buena parte de los casos que tienen que ver con Alfaro Vive tienen que ver con el SIC 10″.
Finalmente indicó que dentro de la mayoría de información que pudieron obtener aseguró que el líder del grupo era el general Edgar Vaca y luego el SIC 10 pasó a convertirse en la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) que fue desmantelada hace cuatro años atrás
Cristian Bahamonde reiteró la necesidad de que finalmente se establezcan responsabilidades y sanciones a quienes “se apartaron de lo que era la razón de ser de su servicio”.
Fuentes:
http://www.elcomercio.com/seguridad/SIC-10-ComisionVerdad-LeonFebresCordero-subversion_0_932306967.html http://www.telegrafo.com.ec/noticias/judicial/item/fiscalia-confirma-existencia-de-la-policia-clandestina-sic-10.html
(*) NOTA DE REBELION:
El grupo de exterminio SIC-10 se conformó bajo la presidencia de León Febres Cordero y gozó de total impunidad en su guerra sucia contra el “enemigo interno”. Sus actividades fueron investigadas por la Comisión de la Verdad que presentó su informe en 2010 y documentó 136 casos de graves violaciones a los derechos humanos: secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Las víctimas eran activistas sociales, opositores políticos, estudiantes, líderes populares y en general personas molestas, a los que se acusaba de tener vínculos con organizaciones subversivas.
El periodista y escritor colombiano Hernando Calvo Ospina, residenciado en Francia y colaborador de Le Monde Diplomatique, fue secuestrado y torturado por agentes del SIC-10 en Quito, donde estudiaba periodismo en 1985. Entre los agentes responsables de su secuestro y torturas se cita al jefe del SIC-10, el general Edgar Vaca Vinueza. El autor lo relata en su novela-testimonio Calla y Respira, editado por el Viejo Topo, que será presentado en Madrid el 13 de junio (ver http://www.rebelion.org/noticia.php?id=169018&titular=entrevista-a-hernando-calvo-ospina-autor-de-%22calla-y-respira%22-).
10 preguntas sobre el SIC-10
Por: Alexis Ponce
1 ¿Qué hacer con los jefes y enlaces CIVILES del SIC-10, cuatro de ellos muertos ya: León Febres Cordero, Luis Robles Plaza, Jofre Torbay y Miguel “Cle-clé” Orellana?
2 ¿Qué hacer con el más “famoso” enlace CIVIL del SIC-10, aún vivo, el tristemente célebre “mariscal” Gustavo Lemus, pro-golpista del 30-S y “residente” en Miami?
3 ¿Qué hacer con los enlaces militares del SIC-10? Porque no fueron solo policías, eh!
4. ¿Qué hacer con “La Casa de Irene”, el centro de coordinación más importante del SIC-10 entre FFAA y la Policía entre 1984 a 1987?
5. ¿Qué hacer con el General de Policía (r) Milton Andrade, jefe nacional del SIC-10?
6. ¿Dónde está el Coronel Paco Urrutia, jefe operativo del SIC-10 en Cuenca, y en el año 2003 jefe de seguridad de la REPSOL?
7. ¿Qué hacer con la conexión ISRAELÍ, en particular con Ran Gazit y los otros entrenadores israelitas que entrenaron en torturas atroces (plástico derretido, velas de cebo, uso de roedores, etc.) al SIC-10 en Pusuquí?
8. ¿Qué hacer con la conexión ESPAÑOLA del SIC-10, en especial el GEO que entrenó a los terroristas del SIC-10, torturó vascos y participó en operativos de muerte en el Ecuador?
9. ¿Qué hacer con la conexión gringa -la DEA por ejemplo- con el SIC-10 en sus entrenamientos en Pusuquí, y luego con el SIC-P (Trajano Barionuevo) el 08-01-1988?
10. ¿Van a tomar contacto, esta vez serio, inteligente y respetuoso con Hugo España, el ÚNICO denunciante interno del SIC-10?
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Jefes de la gestapo de Pinochet condenados por desapariciones forzosas
La justicia chilena ratificó este lunes la condena a seis miembros de la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) -la policía secreta de Augusto Pinochet- por el secuestro calificado de Muriel Dockendorff, ocurrido en 1974, según informaron fuentes judiciales.
La VI Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las penas, dictadas en primera instancia por el juez especial Alejandro Solís, de 15 años de cárcel contra el exdirector de la DINA, general retirado Manuel Contreras; el exbrigadier Miguel Krassnoff y el coronel retirado Marcelo Moren Brito.
Otros tres antiguos agentes, el exsuboficial Basclay Zapata, el exoficial de Carabineros Gerardo Godoy y el excoronel de Gendarmería (Servicio de Prisiones) Orlando Manzo fueron sentenciados a diez años de prisión.
Con este fallo, Manuel Contreras acumula condenas por más de 295 años de prisión en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura (1973-1990).
En su resolución, este tribunal determina que “los (antecedentes) anteriores, suficientemente contundentes, que constituyen presunciones graves, precisas y concordantes acreditan la participación de estas personas en el secuestro calificado de Muriel Dockendorff”.
La corte, no obstante, rechazó una demanda civil presentada por los familiares de la víctima al considerar que no es competencia del tribunal.
Muriel Dockendorff, una estudiante universitaria de 23 años, militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), fue detenida en Santiago el 6 de agosto de 1974 por agentes de la DINA tras haber sido liberada de un arresto anterior, ocurrido el 6 de junio de ese año, junto a su marido Juan Molina Manzor, por efectivos de la Fuerza Aérea (FACH).
Dockendorff fue liberada el 12 de julio, mientras que su esposo continuó preso hasta junio de 1975, cuando fue expulsado de Chile.
Tras su segunda detención, Muriel Dockendorff fue llevada al centro de detención, tortura y desaparición ubicado en la calle Londres 38, en el centro de Santiago.
Allí, según diversos testigos, fue torturada y trasladada posteriormente al centro de detención y tortura de Cuatro Álamos, donde su rastro se perdió hasta la actualidad.
El nombre de Muriel Dockendorf fue incluido en 1975 en la llamada “Operación Colombo”, que consistió en un montaje de la DINA para encubrir la desaparición de 119 prisioneros políticos, la mayoría de ellos miembros del MIR.
El montaje consistió en la edición, por única vez, de la revista “Lea” en Argentina y “O Novo Día”, en Brasil, en las que se publicaron los nombres de los 119, con la versión de que habían muerto en pugnas internas del MIR, agrupación que combatió con las armas contra el régimen de Pinochet.
Según datos oficiales, durante la dictadura, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado y de ellos, 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.
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