El
Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) al
pueblo hondureño y a la comunidad nacional e Internacional denuncia lo
siguiente.El favoritismo, complicidad, la parcialidad de los magistrados de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia con la empresa OLEOPALMA propiedad del nicaragüense Rene Morales Carazo y Miguel Facusé propietario de La Corporación Dinant , al emitir un fallo que deja sin valor ni efecto la sentencia del juzgado de letras de Trujillo y de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán.
El apoderado de OLEOPALMA el 4 de julio del 2012 aun cuando estaban de vacaciones los tribunales de la República le admitieron dicho recurso de amparo, pero el 15 de abril del 2013 la sala de lo constitucional falla a favor de los campesinos , ratificando la sentencia de los juzgados de primera instancia.
Sorprendentemente ocho días después emiten una nueva resolución dejando sin valor y efecto y de manera arbitraria fallan en contra de las resoluciones que favorecían a los campesinos del MARCA .
Denunciamos que los juzgados preparan aceleradamente ordenes de desalojos contra las cooperativas El Despertar, la Trinidad y La San Isidro afiliadas al MARCA.
POR TANTO
Responsabilizamos a la corte suprema de justicia, al Congreso Nacional y al gobierno el general del agravamiento de la crisis en el bajo aguán y cualquier baño de sangre campesina que podría suscitarse en los próximos días.
Alertamos a la sociedad hondureña y a los organismos defensores de derechos humanos a mantenerse en alerta permanente a lo que pueda suceder.
Dado en el Bajo Aguán a los 28 días del mes de Mayo del 2013
PORQUE LA TIERRA NOS PERTENECE, LUCHAREMOS HASTA EL FINAL
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Derechos Humanos
Tocoa, Colón.-
Organizaciones campesinas del Bajo Aguán, región al noreste de
Honduras, denunciaron nuevamente el acoso y hostigamiento de policías y
militares que integran el operativo conjunto Xatruch III, así como de
efectivos de la Dirección nacional de investigación criminal, Dnic,
contra miembros de la comunidad Panamá, ubicada en la margen izquierda
del río Aguán.
Según el Movimiento unificado
campesino del Aguán, Muca, un fuerte contingente de esta 'fuerza de
tarea' detuvo el pasado domingo (26/5) a siete campesinos de la
comunidad Panamá, allanando y saqueando de manera ilegal sus viviendas.
Los detenidos responden a los nombres
de Omar de Jesús Maldonado, Lucio Rivera, Margarito López Guerra,
Manclin Adalid Gómez García, José Tulio Cruz Alvarado, Jenny Giovanni
Torres Nataren, y un menor de edad del cual se desconoce su nombre.
La comunidad Panamá se encuentra a
pocos kilómetros de la entrada de la finca Paso Aguán, cuyos terrenos
habían sido recuperados el año pasado por organizaciones campesinas de
la zona, y nuevamente ocupados hace unas semanas (21/5) por guardias de
seguridad del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum,
después de un violento desalojo que ha dejado un saldo de varios
campesinos heridos y detenidos.
Esta misma finca ha sido escenario de
dos exhumaciones de campesinos desaparecidos - Gregorio Chávez y José
Antonio López Lara - en el marco de un conflicto agrario donde han sido
asesinados no menos de 60 campesinos organizados.
De acuerdo con un comunicado emitido
este lunes por el Muca, al menos 400 efectivos policiales y militares
llegaron a la comunidad Panamá y comenzaron a allanar viviendas sin
ningún tipo de orden judicial, "creando un ambiente de terror en niños,
mujeres y ancianos".
La organización campesina denunció
también el supuesto saqueo y robo de casi 12 mil lempiras (600 dólares)
en la vivienda del señor Miguel Quintanilla, propietario de una pequeña
tienda, y las repetidas amenazas vertidas en su contra durante el
operativo.
De acuerdo con el comunicado emitido
en horas de la mañana de hoy por el Muca, la toma de los terrenos de la
finca Paso Aguán por parte de los guardias de seguridad de Facussé, así
como el operativo militar de este domingo en la comunidad Panamá,
responderían a una estrategia para intimidar a las organizaciones
campesinas y poblaciones de la zona, y frenar el trabajo de
investigación para hallar nuevas fosas clandestinas.
En su denuncia, las organizaciones
campesinas piden a la Corte interamericana de derechos humanos, Cidh,
que se investigue el origen del conflicto agrario y alimentario que vive
el pueblo hondureño, y que se hagan recomendaciones al gobierno de
Honduras "con el objetivo de terminar con el derramamiento de sangre en
el campo".
Finalmente alertaron a los organismos
nacionales e internacionales defensores de derechos humanos "a que se
mantengan vigilantes", ante cualquier atentado criminal que pueda
ocurrir en las próximas horas en contra de los campesinos de la
comunidad Panamá.
Esta difícil situación ocurre pocas
horas después del violento desalojo del cual fueron víctimas miembros de
las comunidades indígenas lencas en San Antonio Chuchuitepeque, los
cuales defienden sus territorios ancestrales ante las pretensiones
acaparadoras de la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera, así
como de la injustificada e ilegal detención de Bertha Cáceres y Tomás
Gómez, dirigentes indígenas del Consejo cívico de organizaciones
populares e indígenas de Honduras, Copinh.
Los dos dirigentes fueron detenidos y
seguidamente puestos en libertad el día de ayer con medidas cautelares,
en el marco de la represión a las organizaciones populares que se ha
desatado en Honduras desde el golpe de estado en 2009./
LINyM, Fotografía: La Prensa
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