Representantes
de organizaciones sociales y de derechos humanos de Colombia, Costa
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Alemania y
Holanda preocupados por la desbordada violencia e inseguridad que se
vive en la región, reflejada en las múltiples violaciones contra los
derechos humanos y de los pueblos, la ausencia de oportunidades para las
y los jóvenes, y el creciente deterioro de la calidad de vida para la
mayoría de la población, nos reunimos entre el 24 y 26 de abril en
Suchitoto, Cuscatlán, El Salvador, en el ENCUENTRO REGIONAL SEGURIDAD Y
DERECHOS HUMANOS, para discutir y reflexionar sobre estas problemáticas y
las consecuencias para la vida de nuestros pueblos.CONSIDERANDO:
Que en los Estados de la región, se impone una visión en la que los intereses del comercio y la inversión se han sobrepuesto a la persona humana, cuyo valor es definido por su capacidad de compra y consumo, al tiempo que los derechos humanos son considerados como mercancías.
Que la causa estructural de la violencia y la criminalidad es el sistema económico neoliberal y patriarcal imperante, que genera exclusión, inequidad, desigualdad y pobreza; cuyos mayores impactos lo enfrentan las mujeres y las comunidades vulnerables.
Que la criminalidad organizada y sus acciones de narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, trata de personas, entre otras actividades criminales, han alcanzado una fuerza que se sobrepone a las capacidades institucionales de los Estados y se han convertido en el negocio más lucrativo de los últimos tiempos.
Que la inefectividad de algunos Estados para garantizar seguridad, justicia y condiciones de vida digna a la población, ha aumentado el riesgo de que su lugar llegue a ser ocupado, o sea ocupado cada vez más por la pandilla, el narcotráfico y otras expresiones organizadas de
violencia y criminalidad.
Que el recurso cada vez más sistemático a la represión de la protesta y la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos, atentan contra el ejercicio democrático de los derechos.
Que las empresas transnacionales, con la tolerancia y apoyo de los Estados, son sujetos violadores de derechos humanos, cuyas acciones generan flexibilización laboral, destrucción ambiental, desplazamientos de grupos humanos y persecución y amenaza de defensoras y defensores de derechos humanos.
Que la política antinarcóticos estadounidense no cuestiona su rol de primer mercado de las drogas y ha utilizado la producción como excusa para la militarización y securitización de las Américas, a través de políticas como el Proyecto Mesoamérica, el Plan Colombia, la Iniciativa
Mérida y ahora el Plan CARSI en Centro América, que se han constituido en mecanismos para el control del territorio y la defensa de intereses económicos de empresas transnacionales, con las consecuentes violaciones a derechos humanos que han implicado su puesta en marcha.
POR TANTO, REAFIRMAMOS:
La primacía de la dignidad humana y los derechos humanos de los pueblos y de la Madre Tierra, sobre los acuerdos comerciales, la mercantilización de la vida y los intereses del capital transnacional.
La aspiración de una vida digna para todos los hombres y las mujeres de la región; lo que demanda el fortalecimiento de los Estados nacionales y el cumplimiento de sus obligaciones de respeto, protección y realización de los derechos humanos.
La necesidad ingente de políticas incluyentes, libres de estereotipos y discriminación, basadas en la nacionalidad, género, diferencias culturales, condiciones económicas, opiniones políticas o identidades sexuales.
Que es nuestro anhelo contribuir a la construcción de una visión conjunta de “región segura” basada en los derechos humanos y la consolidación de un sujeto político regional que contribuya a su consecución.
ACORDAMOS:
Fortalecer un enfoque de seguridad integral que reconozca las múltiples dimensiones de la noción de seguridad: personal, comunal, ciudadana, política, alimentaria, económica, sanitaria y ambiental; que se fundamente en los derechos humanos y responda tanto a las amenazas derivadas de los diferentes tipos de criminalidad, como a los efectos del modelo económico y las contingencias ambientales que pueden poner en riesgo la vida y derechos de los pueblos.
Propiciar debates públicos sobre la redefinición del concepto y estrategias de seguridad, que superen la respuesta militarista, la estigmatización juvenil y limitada al sistema penal.
Reconocer las iniciativas y prácticas comunitarias, indígenas y populares de modelos de respuesta a los conflictos basados en el diálogo, la resolución alternativa de conflictos, la reparación del daño y en la prevención de las violencias; contribuyendo a la organización popular comunitaria como forma de fortalecer su potencial político en reconocimiento y defensa de sus derechos humanos, frente a los poderes fácticos.
Incidir para que las políticas públicas en materia de seguridad, se formulen e implementen perspectiva de género, de manera que contribuyan a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, agravada hoy por la violencia y criminalidad en la región.
Continuar fortaleciendo las instituciones de veeduría, auditoría social y de defensoría pública en los Estados, buscando así la erradicación de la corrupción y de la impunidad.
Exigir e incidir para que los Estados de la región elaboren políticas públicas que incluyan los mecanismos necesarios para reconocer y concientizar sobre la importancia del trabajo realizado por las defensoras y los defensores de derechos humanos; la creación e implementación de programas de protección efectivos y políticas de investigación criminal que reduzcan los niveles de impunidad y prevengan la repetición de las situaciones que ponen en riesgo su vida e integridad.
Generar condiciones para la conformación de un sujeto político regional con capacidad de ser interlocutor de los Estados, de generar propuestas y hacer incidencia en la construcción de políticas públicas a nivel nacional y regional.
Realizar activamente mediante el ejercicio de la protesta, de las libertades de expresión y asociación y los derechos a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, la defensa de los bienes y derechos colectivos de los pueblos, frente a las afectaciones ocasionadas por la implementación de grandes proyectos de inversión.
Visibilizar a las víctimas de violaciones a derechos humanos y de la criminalidad organizada, apoyar sus procesos organizativos, y asegurar que cuenten con un adecuado acompañamiento integral que tome en cuenta los impactos específicos de la violencia en sus vidas.
Difundir los esfuerzos investigativos realizados por redes, entes académicos y organizaciones que identifican problemáticas regionales en materia de seguridad y derechos humanos; mejorar las coordinaciones de las redes nacionales y regionales a fin de construir esfuerzos que se conviertan en mecanismos de apoyo, atención y protección a los migrantes y sus familiares, búsqueda de desaparecidos, visibilización y humanización en relación a los desplazados forzados, así como la acción sobre las causas de violencia e inseguridad que sufren los migrantes.
Nuestro acuerdo es, juntar esfuerzos y capacidades a nivel regional, para convertirnos en un sujeto fuerte e incidente en la construcción de una región de paz, segura y respetuosa de los derechos humanos.
Suscrito en la Ciudad de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, de la República de El Salvador, el día veintiséis de abril del año dos mil trece.
Amilcar Ernesto Durán – Periodista Canal 10 – El Salvador; Centro de Acción Legal – Ambiental y Social de Guatemala CALAS – Guatemala; Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEH – Honduras; Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez – México; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. – México; Centro de Derechos Humanos de la
Montaña, Tlachinollan – México; Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH – Nicaragua; Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR – Colombia; Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC – Honduras; Equipo Comunitario
de Acción Psicosocial – Guatemala; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD – El Salvador; Grupo de Apoyo Mutuo GAM – Guatemala; Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer IMU – El Salvador; Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible IEPADES – Guatemala; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala ICCPG – Guatemala; Instituto de Estudios Estadísticos y Políticos Públicas IEEPP – Nicaragua; Interpeace – Alianza internacional para la Consolidación de la Paz – Guatemala; Programa Seguridad Juvenil, Centroamérica; Radio Progreso – Honduras; Red Juvenil Gritos – El Salvador; Roberto Cañas – El Salvador; Seguridad en Democracia SEDEM- Guatemala; Servicio Social Pasionista – El Salvador; Servicios y Asesoría para la PAZ A.C. SERAPAZ – México; Servicios para una Educación
Alternativa A.C. - México; Sistema de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo Local SACDEL – El Salvador
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