Tegucigalpa. El clamor social por mejoras en los sistemas de
seguridad justicia en Honduras ha
provocado que las autoridades reconozcan su fracaso en las políticas destinadas
a reducir el crimen y la impunidad.
En tal sentido los titulares de las instituciones operadoras
de justicia tendrán que presentarse ante
el pleno del Congreso Nacional a rendir cuentas por sus acciones.
Cifras oficiales y de organizaciones sociales señalan que en los últimos tres años en Honduras se
registraron 20,644 muertes violentas que
por desidia de las autoridades se mantienen en la impunidad.
De acuerdo a lo anterior, los 38 meses de mandato del
Porfirio Lobo, se han caracterizado por un desenfrenado aumento de la
criminalidad. Es decir, un promedio de 18 asesinatos diarios se habrían
ejecutado durante el gobierno humanista y cristiano.
NO AGUANTAMOS MÁS
Este es el nombre de una campaña iniciada por la Alianza por
la Paz y la Justicia (APJ) para exigir políticas reales que permitan reducir la
criminalidad y la impunidad que impera en este país centroamericano.
La APJ es una coalición que agrupa al menos 15
organizaciones de la sociedad civil que luchan para reestructurar la Policía
Nacional, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
El miércoles 3 de abril ellos pidieron que el Congreso
Nacional exija que titulares de estas instituciones den explicaciones del
fracaso que registran en el combate y castigo del crimen.
Producto del número de homicidios que ocurren a diario,
Honduras se ubica entre los países más violentos del planeta.
De igual manera con una tasa de homicidios de 173.6 por cada 100,000 habitantes, San Pedro
Sula ha sido calificada como la ciudad
más violenta del mundo.
El presidente del Congreso y candidato a la Presidencia de
la República por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, reconoció que su
partido ha fracaso en la política de seguridad y llamó a los operadores de
justicia a rendir cuentas.
El Fiscal General del Estado, Luis Alberto Rubí; el Director
de investigación y evaluación de la Carrera Policial, Eduardo Villanueva; el
Secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla y el presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Jorge Rivera, llegarán al Congreso a reconocer o a desestimar la incapacidad
que les acusan.
La APJ ha solicitado al Congreso Nacional tomar decisiones
favorables al pueblo luego de la comparecencia de cada uno de los funcionarios.
En el caso particular del titular de la Dirección de
Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), la coalición pidió su destitución.
Para ellos, la DIECP
fracasó en el proceso de la depuración policial.
En torno al fiscal general, trascendió que el Congreso
Nacional podría conformar una Junta Interventora para reordenar el Ministerio
Público.
COMPARECENCIAS
De acuerdo a la programación del Congreso las audiencias
para la rendición de cuentas de los
operadores de justicia iniciarán este martes 9 de abril.
A las cinco de la tarde llegará al hemiciclo legislativo el
director de la DIECP, Eduardo Villanueva, quién dará a conocer sus acciones en
torno a la depuración policial, un proceso que a criterio de la APJ ha
fracasado.
El turno para el
Fiscal General, Luis Alberto Rubí, será a las 6.30 de la tarde de este mismo
martes 9 de abril.
Por su parte el Secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, ha sido citado para el miércoles 10 de abril a las 5pm y Jorge
Rivera, presidente de la Corte Suprema
de Justicia, para Jueves 11 de abril a las 10 de la mañana.
No hay comentarios :
Publicar un comentario