Estado hondureño : Empresa criminal; un informe de Derechos humanos // Instituciones, el problema: De 50 denuncias por violación a DDHH sólo judicializaron 15 ‏

En Honduras el Estado se ha convertido en   una empresa criminal,  esta es una de las conclusiones del informe del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, al presentar un trabajo de investigación sobre la respuesta del Estado en aplicar justicia en el marco del Golpe de Estado de Junio de 2009.

De una muestra de cincuenta casos investigados a fondo,  se concluye que  apenas quince casos han sido judicializados y el setenta por ciento de los casos están aún en investigación.

De la muestra apenas dos Habeas Corpus, que se supone recurso simple, rápido y efectivo,  tuvieron efecto y ambos  para mantener al militar del golpe, Romeo Vásquez Velásquez, hoy candidato presidencial.      De Junio de 2009 a enero de 2010 se reportaron 80 Habeas Corpus y en efecto el 94% no había sido resuelto.  Un dato que sobrepasa la muestra y sólo indica tendencias en administración de la justicia, cuál si la justicia fuera de un bando político.

Entre los presuntos violadores de Derechos Humanos se reconoce a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a CONATEL. Hay un porcentaje de 32% “desconocido”  basado suponemos en la desidia.

Conforme avanza el encuentro donde se presenta esta informe, un salón vestido de blanco incluyendo las sillas y las cortinas; con una enorme lámpara araña de metal, en un hotel  de la oligarquía; donde Karla Lara ha interpretado el himno nacional alusivo a la fuga del golpista, y también a propósito llega vestido toda de blanco; en ese escenario donde filas de ocho sillas a cada lado que suman casi cien; en la pantalla no tan gigante se ha exhibido un reportaje bastante completo de la represión durante el golpe, producido por Regina Osorio., el abogado de CIPRODEH expone.

¡“Son crímenes de sistema”!, requieren organización para ser perpetrados

División del trabajo en planificadores y ejecutores; implican acuerdos en su estructura y ejecución y ofrecen dificultades para la aplicación regular penal, indica el Abogado Celso Alvarado.

CIPRODEH en su conjunto,  en su informe con registro de propiedad intelectual que puede citarse citando su autoría, tiene claridad  en que vivimos en “un Estado desnaturalizado que no puede considerarse legítimo”, sin embargo, continua planteando la exigencia de justicia y proponiendo que sólo la sociedad, la población organizada podría incidir en ese sentido, más allá del tiempo en que se haga o aplique la justicia.

Por ahora los parámetros nacionales e internacionales sistematizados relacionados a Justicia como la oficiosidad, o sea ver saber conocer una violación y no actuar de parte de quien corresponda, se violenta a sí misma.     El sentido de Oportunidad y competencia, la independencia y la imparcialidad, la exhaustividad y la participación de las víctimas y sus familiares son palabras, quedan en conceptos y teoría.   Además que el sistema nacional en muchas de las denuncias ve en las víctimas, testigos.

Afuera del amplio salón del Hotel Clarion se quiebra un vaso y a mi vecino de silla, de la empresa privada que no deja de enviar mensajes en su moderno celular y también de cuando en cuando toma apuntes, se le crispan los nervios.

No es novedoso en el país la Violación a los Derechos Humanos y a la justicia que no es justicia, se cita también en el informe.  La impunidad  figura desde siempre y con fuerza en las desapariciones aún no esclarecidas de la década de los años ochenta; luego igual en los años noventa con luchadores y luchadoras por el ambiente; luego jóvenes y niños en los años dos mil y pandilleros y luego continua con los reos, mujeres, y el Golpe de Estado del 2009, hasta llegar a los índices de criminalidad actuales de 82% por cien mil.  Es una “política de Seguridad Nacional” se cita.

Matias Sauceda, había tomado la palabra previo, se disculpa por el video repetido que recuerda tanta violencia y hacer volver el tiempo y enfatiza que pese a esto, no vale la pena olvidar, vale la pena recordar a las víctimas, de quienes dice son nuestros hermanos y hermanas, “no olvidar significa impulsar la aplicación de la justicia”

 Hay aquí dice,  que “cuando se llega a tener demasiado se quiere retener a toda costa”,  en ningún momento  quienes son responsables de esto parecen haber entrado en un proceso de reflexión, viven sin humildad y hacen lo que se les antoja”  Hay que tener presente que se debe respetar cada uno de los Derechos Humanos. “Quien pretenda cubrir estos crímenes con un manto de olvido, estaría agregando un crimen más.  Es la versión conjunta de CIPRODEH.

II

Algunos de los casos y sus nombres y apellidos

Represión embajada de Brasil, delitos imputados por el Ministerio Publico en uno de los casos supuestos responsables Policías Aracely Yaneth Garcia y Yolanda Ponce Maradiaga, sindicadas en el caso de Agustina Flores Lopez en el expediente 0801200939641.

En el caso de periodistas detenidos en Colonia El Hogar, cuyo  caso fue asignado a la fiscal Veronica Alvarenga,  los  supuestos responsables de los delitos policías David Antonio Picado, Juan Carlos Sanchez Lopez, Melkinisao Triminio Gutierrez y Santos Alexis Morgan Mairena;  el hecho el 2 de Febrero del 2010.

 El 4 de Diciembre del 2010 la Jueza Elvia Matamoros Reconco del Juzgado penal Unificado decreta sobreseimiento. La Corte de Apelaciones en Agosto del 2011 ordena revocar el sobreseimiento y la misma Jueza dicta sobreseimiento definitivo; aun así la fiscal en Octubre del 2012 interpone amparo a favor de las víctimas y todavía no hay respuesta.

Represión en San Pedro Sula el 15 de Septiembre del 2010, concierto al aire libre de Café Guancasco; los  supuestos responsables sub Comisionado Daniel Omar Matamoros y Comisionado Hector Ivan Mejia, las víctimas Efrain Lopez quien murió de 73 años, Ernesto Bardales Benitez, Café Guancasco.  La audiencia es el 11 de Octubre del 2012 y la resolución se da el 08 de Octubre, se sobresee en forma definitiva por los delitos de lesiones, daños y detención ilegal y queda en completa impunidad todo lo demás.

En el caso de solicitar las armas de los  Generales Romeo Vasquez Velasquez, Miguel Angel Garcia Pagett, Luis Javier Princes Suazo, Benancio Cervantes, Juan Pablo Rodriguez Rodriguez.

El 07 de Septiembre del 2009 y el 02 de Octubre del 2009 el Estado Mayor Conjunto remite a la Fiscalía de derechos Humanos dos oficios donde dice que no va a presentar las armas solicitadas para su respectivo peritaje. Y el juzgado de la sección Penal de Tegucigalpa el 15 de octubre del 2009 acepta, porque no se puede secuestrar las armas por razones de “Seguridad nacional”.

Finalmente, la Vice Ministra de Justicia y Derechos Humanos, celebró el informe de CIPRODEH. Y hubo algunos minutos para preguntas y respuestas que confirmaron una vez más la ilegitimidad del gobierno, El Estado de impunidad, la política de Seguridad Nacional y lo lejana que se encuentra la ley y la justicia de su aplicación. Sin embargo, y la única salida posible, llámese esperanza, es la organización y la presión social. 

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Instituciones, el problema:

De 50 denuncias por violación a DDHH sólo judicializaron 15 

 

El 70 %  (35 casos)  de las causas iniciadas en el golpe de  Estado se encuentran todavía pendientes de investigación,sostiene el informe  del CIPRODEH

Tiempo.hn / Tegucigalpa, Honduras /19.04.2013.

Aunque transcurrieron casi cuatro años del golpe de Estado, tan solo 15 casos de un total de 50 denuncias de violaciones a derechos humanos fueron judicializadas, evidenciando una política estatal que ampara a los responsables de estos crímenes, según el más reciente informe presentado ayer por el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH).

“Respuesta del Estado en la aplicación de justicia ante violaciones a derechos humanos: en el marco del golpe de Estado del 28 de junio de 2009”, es el titulo del documento realizado por esa organización de la sociedad civil que a su vez revela que dos de las sentencias de los 15 casos sometidos a la ley concluyeron a favor de los violadores de estas garantías individuales. De acuerdo a datos del CIPRODEH, las entidades del sector justicia no constituyen parte de la inseguridad que afecta al país, sino que estas son el problema, estando frente a la presencia de crímenes sin castigo.

“La impunidad generada desde estas estructuras ante la evidente incapacidad de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de miles de ejecuciones, torturas, desapariciones y otras violaciones a derechos humanos, no hace más que reafirmar a sus ejecutores que pueden actuar con completa libertad”, indica el estudio.

Además, la investigación revela que entre junio de 2009 a enero de 2010 (7 meses) se reportaron en la Corte Suprema de Justicia, 135 acciones constitucionales, tales como recursos de amparo, inconstitucionalidad y habeas corpus, donde la mayoría fueron desestimados, unos permanecen aún pendientes y otros declarados sin lugar.

SISTEMA COLAPSADO
 

“Hemos concluido que el sistema de justicia en el país está colapsado, coludido con los violadores de derechos humanos y que por lo tanto más bien la situación que existe en el país es una política estatal de protección a los transgresores, esa es la conclusión en esencia que contiene este informe”, manifestó el director ejecutivo del CIPRODEH, Wilfredo Méndez.

En ese sentido, enfatizó que es fundamental propiciar una “sacudida” a lo interno de los órganos que velan por la justicia, específicamente el Poder Judicial al igual que el Ministerio Público.   La socialización del informe producirá que “los jueces tengan vergüenza y los fiscales en una medida, de lo contrario van a ser señalados en la calle, pero no podemos seguir ocultando los nombres y apellidos de estos personeros que al final creen que estando entre cuatro paredes todo queda en la oscuridad y en la sombra”, precisó.

DOCUMENTADOS
 

Homicidios como el de Isi Obed Murillo, cierre de medios de comunicación, suspensión de garantías constitucionales, represiones, persecuciones, secuestros y torturas son los incidentes documentados en el informe del CIPRODEH, que también destaca un listado amplio de los responsables de la ruptura del orden constitucional. Finalmente, el estudio recomienda que las investigaciones deben realizarse por todos los medios legales disponibles, orientándolas a la determinación de la verdad, la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos, especialmente cuando podrían estar involucrados agentes estatales.     

“El Estado hondureño en su conjunto a partir de las instituciones directamente responsables con la defensa de los derechos ciudadanos en la investigación penal han sido negligentes en atender violaciones a los derechos humanos”: Eduardo Stein, asesor técnico de la Unidad de Seguimiento de la CVR.

“La impunidad es lo que más tiene al pueblo angustiado, cuando todo un aparato del Estado se convierte en la maquinaria para cometer crímenes se vuelve incapaz su propia estructura”: Rasel Tomé, dirigente del Partido LIBRE.   

DATO
 

El informe sobre la “Respuesta del Estado en la aplicación de justicia ante violaciones a derechos humanos: en el marco del golpe de Estado del 28 de junio de 2009” puede ser visualizado accediendo a: www.ciprodeh.org.hn

VIOLACIONES
Asesinato: 45 por ciento.
Detención ilegal: 12 por ciento.
Amenazas: 10 por ciento.
Abuso de autoridad: 9 por ciento.
Abuso de autoridad/Restricción Libertad de Expresión: 7 por ciento.
Tentativa de asesinato: 7 por ciento.
Abuso de autoridad/Lesiones: 5 por ciento.
Abuso de autoridad/Torturas: 5 por ciento.

Presuntos violadores 
Desconocido: 32 por ciento.
Fuerzas Armadas: 30 por ciento.
Policía Nacional: 28 por ciento.
Fuerzas Armadas y Policía Nacional: 8 por ciento.
Fuerzas Armadas y CONATEL: 2 por ciento.