Publicado el Jueves 28.03.2013 • en el tema Costa Rica,EL MUNDO EN CRISIS / contrainjerencia.com
La justicia costarricense tiene abiertos expedientes de investigación a 18 altos funcionarios públicos, durante el actual período de gobierno, incluidos la presidenta, Laura Chinchilla, informó el fiscal general, Jorge Chavarría. Las indagaciones se realizan ante denuncias provenientes de la Contraloría General de la República, la Procuraduría, de ciudadanos y la prensa, explicó.
Es función del Ministerio Público determinar si esas acusaciones tienen o no fundamento para acusar a los funcionarios ante los tribunales.
En el caso de la mandataria, la Fiscalía investiga si la firma de un decreto para un desalojo puede configurar el delito de abuso de autoridad, pues se realizó sin haberse publicado previamente.
Al respecto, el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, afirmó a la prensa que es un asunto de tierras en cuyo desalojo la Presidenta no tuvo participación directa.
En otros asuntos hay denuncias por tráfico de influencias, prevaricato (resolver contra la ley), peculado y hasta lesiones leves.
Este último fue el caso del diputado opositor José María Villalta, del Frente Amplio, quien dijo a periodistas que es una denuncia falsa presentada por un grupo de policías durante la protesta en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Estaría preocupado si me investigan por robarme el dinero del pueblo o por otros actos de corrupción, sentenció.
Chavarría manifestó que el procedimiento actual para investigar a miembros de supremos poderes no responde a las complejidades del entorno social vigente, pues tiene regulaciones particulares en el Código Procesal Penal, que vuelve lento el proceso.
Entre los investigados también figuran el vicepresidente, Luis Liberman, los ministros Leonardo Garnier (Educación) y Roberto Gallardo (Planificación); tres exministros, siete diputados de cinco partidos políticos, y otros altos funcionarios que abandonaron sus cargos.
Hasta el Fiscal General está sometido a indagatoria por decisión de la Corte Suprema de Justicia, por su actuación en el caso del exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez, a quien se investiga por el manejo de dinero donado por el Banco Centroamericano de Integración Económica.
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La pureza de la democracia es posiblemente la mentirita más
maltratada, a la que más difícil se le hace vestirse de verdad y fingirse como
tal. Y por mucho que políticos y políticas, partidos, iglesias, prensa y hasta
plutócratas repitan incansables sus loas a la democracia costarricense, la
gente de a pie no se ahorra un rictus de escepticismo, que, más y más, se
vuelve amargo y torvo. Pero hay una variante de la mentirita que conserva
intacto su poderoso embrujo: se manifiesta cuando se hacen comparaciones con
otros países. Hable usted de Venezuela o Nicaragua y lo comprobará. Las élites
del poder lo saben y lo explotan: las violentas peroratas contra los regímenes
políticos en esos países, permiten mantener viva la por demás desfalleciente
mentirita de la pureza de la democracia en Costa Rica. Pero aún así, no hay
cómo limpiar la mancha que imprime el show mediático y despilfarrador a que han
sido reducidos los torneos electorales, y, sobre todo, la desconfianza que
emana de las promesas mil veces incumplidas y de los juegos corruptos mil veces
repetidos.
La justicia costarricense tiene abiertos expedientes de investigación a 18 altos funcionarios públicos, durante el actual período de gobierno, incluidos la presidenta, Laura Chinchilla, informó el fiscal general, Jorge Chavarría. Las indagaciones se realizan ante denuncias provenientes de la Contraloría General de la República, la Procuraduría, de ciudadanos y la prensa, explicó.
Es función del Ministerio Público determinar si esas acusaciones tienen o no fundamento para acusar a los funcionarios ante los tribunales.
En el caso de la mandataria, la Fiscalía investiga si la firma de un decreto para un desalojo puede configurar el delito de abuso de autoridad, pues se realizó sin haberse publicado previamente.
Al respecto, el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, afirmó a la prensa que es un asunto de tierras en cuyo desalojo la Presidenta no tuvo participación directa.
En otros asuntos hay denuncias por tráfico de influencias, prevaricato (resolver contra la ley), peculado y hasta lesiones leves.
Este último fue el caso del diputado opositor José María Villalta, del Frente Amplio, quien dijo a periodistas que es una denuncia falsa presentada por un grupo de policías durante la protesta en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Estaría preocupado si me investigan por robarme el dinero del pueblo o por otros actos de corrupción, sentenció.
Chavarría manifestó que el procedimiento actual para investigar a miembros de supremos poderes no responde a las complejidades del entorno social vigente, pues tiene regulaciones particulares en el Código Procesal Penal, que vuelve lento el proceso.
Entre los investigados también figuran el vicepresidente, Luis Liberman, los ministros Leonardo Garnier (Educación) y Roberto Gallardo (Planificación); tres exministros, siete diputados de cinco partidos políticos, y otros altos funcionarios que abandonaron sus cargos.
Hasta el Fiscal General está sometido a indagatoria por decisión de la Corte Suprema de Justicia, por su actuación en el caso del exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez, a quien se investiga por el manejo de dinero donado por el Banco Centroamericano de Integración Económica.
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martes, 26 de marzo de 2013
Las mentiritas del poder en Costa
Rica
Luis Paulino Vargas Solís
El sistema
de poder en Costa Rica se basa en ciertas mentiritas, sin las cuales el
ejercicio de ese poder perdería mucha de su eficacia. El embrujo de tales mentiritas
se hace manifiesto en su capacidad para recubrirse con ropajes de verdad, y
ganar así atractivo y aceptación. Entonces, se las invoca como verdades
incuestionables. Todo el mundo cree en ellas. O por lo menos se finge que se
las cree, ya que no hacerlo es, como mínimo, muestra de mal gusto, cuando no motivo
de escándalo y signo de afrenta. Pero, sobre todo, son defendidas con ardor
cuando se las utiliza como marca de diferenciación, es decir, cuando se las
invoca como atributos característicos de nuestro país y sociedad, que designan
su excepcionalidad y marcan distancias respecto de otros países.
Son numerosas
las mentiritas. Por ejemplo: la libertad de prensa; la libertad de expresión;
la pureza de la democracia; los derechos laborales; la eficiencia de la empresa
privada. Estas son algunas. De seguro hay muchas más.
La libertad de prensa no existe. Lo que
existe es la libertad empresarial para
manejar la prensa, que es cosa bien diferente. Así, la prensa selecciona a
discreción qué publica y cómo lo publica, y ello de acuerdo con ciertos
objetivos. En lo inmediato, deben satisfacerse objetivos de rentabilidad: los
medios son empresas y no pretende hacer caridad sino obtener ganancias. Entoces,
la información que publica debe vender. De ahí que personajes como Mauricio
Montero, Gorgojo o Pilo tenga tan buen cartel en los medios. Son gente que
vende bien, cosa que no ocurre con académicos universitarios medio izquierdosos
o escritores de verbo atrevido e innovador. Pero también hay objetivos más
amplios y estratégicos: aquellos que atienden a los grandes intereses
económicos, políticos y religiosos que rigen a la sociedad costarricense. Ello determinó
que, por ejemplo, esos medios se sesgaran de forma descarada a favor de la
aprobación del TLC con Estados Unidos. Un ejemplo más actual de ello lo
encontramos en la fanfarria con que esos medios recibieron el informe de los “notables”,
con completa exclusión de cualquier punto de vista crítico o alternativo. Los medios
–actores al fin del poder- usualmente se acomodan a los intereses estratégicos de
ese poder.
Dicho lo
anterior, creo que queda claro que la libertad
de expresión existe tan solo como una libertad administrada y dosificada a
partir de la libertad empresarial para
manejar la prensa. Eso es así, puesto que a su vez esta última administra y
dosifica la información según los objetivos que la mueven. Entonces, hay puntos
de vista que se expresan ampliamente; otros de forma solo parcial; y otros del
todo no aparecen. Y, correspondientemente, hay gente (organizaciones, sectores
sociales, etc.) que tiene amplio espacio y cobertura; otros que tienen un poco;
otros que no tienen ninguno.
La pureza de la democracia es posiblemente la mentirita más
maltratada, a la que más difícil se le hace vestirse de verdad y fingirse como
tal. Y por mucho que políticos y políticas, partidos, iglesias, prensa y hasta
plutócratas repitan incansables sus loas a la democracia costarricense, la
gente de a pie no se ahorra un rictus de escepticismo, que, más y más, se
vuelve amargo y torvo. Pero hay una variante de la mentirita que conserva
intacto su poderoso embrujo: se manifiesta cuando se hacen comparaciones con
otros países. Hable usted de Venezuela o Nicaragua y lo comprobará. Las élites
del poder lo saben y lo explotan: las violentas peroratas contra los regímenes
políticos en esos países, permiten mantener viva la por demás desfalleciente
mentirita de la pureza de la democracia en Costa Rica. Pero aún así, no hay
cómo limpiar la mancha que imprime el show mediático y despilfarrador a que han
sido reducidos los torneos electorales, y, sobre todo, la desconfianza que
emana de las promesas mil veces incumplidas y de los juegos corruptos mil veces
repetidos.
La mentirita de los derechos
laborales conserva
vigencia no obstante que contradice la realidad cotidiana de miles y miles de
trabajadores y trabajadoras ¿Será –se me ocurre- como el efecto de una especie
de “síndrome de Estocolmo”? Recordemos que ese concepto designa la situación
sicológica de una persona que, habiendo sido secuestrada, y encontrándose en
una situación de extrema indefensión, termina por identificarse emocionalmente
con el secuestrador. Quizá algo similar ocurre con las clases trabajadoras de
Costa Rica: puesto que su estabilidad laboral y económica depende de las
empresas que les emplean, y se encuentran en situación de desorganización y
completa vulnerabilidad, terminan por aceptar como buenas las situaciones
laborales en que se desenvuelven, incluyendo los frecuentes atropellos a los
derechos laborales legalmente estatuidos.
La mentirita de la eficiencia de la
empresa privada está
muy vinculada con la anterior. De hecho, lo que en Costa Rica se designa como “eficiencia”
a menudo es simple y desnuda explotación. La “eficiencia” lograda a punta del
sudor y el agotamiento de las personas asalariadas, es cosa fácil pero espuria.
Hace innecesaria la investigación para el desarrollo tecnológico, la innovación
administrativa y gerencial, la capacitación y calificación del personal, el
desarrollo de nuevas opciones productivas, las ofertas imaginativas. El estrés
laboral sustituye todo eso. No generalizo ni digo que sea el caso de todas las
empresas privadas, pero si de muchas más de lo que sería deseable. Y, por otra
parte, este es un buen instrumento de propaganda ideológica: cuando se vende
como eficiencia lo que es explotación inmisericorde, resulta fácil atacar por
ineficiente al sector público, cuando éste no aplica criterios de explotación
comparables.
Estas son
algunas de las mentiritas-mágicamente-devenidas-verdades, en que ese sistema de
poder se sostiene y desde las cuales se justifica y legitima. Seguramente hay
otras, incluso de estatuto más complejo, como podrían ser la mentirita sobre la familia y la mentirita sobre los derechos humanos. Por ahora, concluyo aquí mi recuento de mentiritas,
bien enterado de que, en todo caso, tales mentiritas seguirán siendo consideradas
verdades.
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