Tiempo.hn / Tegucigalpa, Honduras.
Facturas con fechas incorrectas y pagos injustificados son parte de las
observaciones que hizo la Oficina Administrativas de Bienes Incautados
(OABI) al Ministerio Público sobre fondos millonarios que la primera
dependencia le desembolsó como parte de dinero requisado a bandas de
criminales.
En una misiva enviada por el director de la OABI, José Humberto
Palacios Moya al fiscal general, Luis Alberto Rubí, le hace
observaciones sobre el traslado y uso de 444 mil, 113.65 dólares
correspondientes a ingresos extra presupuestarios asignados por la OABI a
favor de las unidades que directamente luchan contra la criminalidad
organizada, adscritas al Ministerio Público (MP). Palacios Moya le hace
ver a Rubí que “los documentos justificantes de la liquidación presentan
situaciones como que las facturas fueron pagadas en meses anteriores a
la fecha en que la OABI efectuó la asignación de ingresos
extrapresupuestarios que la Ley Sobre Privación de Dominio ya establece
su destinación específica a las unidades que directamente luchan contra
la criminalidad organizada, adscritas al Ministerio Público”.
“Se observa que se está cubriendo erogaciones de un contrato de
arrendamiento, con dichos ingresos extra presupuestarios y no con la
asignación presupuestaria ordinaria asignada al Ministerio Público”,
dice el documento.
TALVEZ FUE UN LAPSUS
Palacios Moya considera en la nota a Rubí que “imagino que por un Lapsus Calami la Fiscalía justifica pagos de arrendamiento de un local (espacio) para la OABI en el edificio Torre Altamira, lo cual es incorrecto, ya que la OABI es una entidad dependiente del Ejecutivo que funcionan en su propio local (incautado), lo anterior se apunta con el fin de evitar perjuicios futuros que representan compromiso administrativos”.
Palacios Moya considera en la nota a Rubí que “imagino que por un Lapsus Calami la Fiscalía justifica pagos de arrendamiento de un local (espacio) para la OABI en el edificio Torre Altamira, lo cual es incorrecto, ya que la OABI es una entidad dependiente del Ejecutivo que funcionan en su propio local (incautado), lo anterior se apunta con el fin de evitar perjuicios futuros que representan compromiso administrativos”.
Agrega Palacios
Moya que en el informe de liquidación del MP se establecen “saldos
pendientes de desembolsar” de parte de la OABI a favor de la Fiscalía,
situación absolutamente sin fundamento porque además de corresponder
esos valores y pagos a desembolsos ya efectuados, ninguna normativa
gubernamental compromete a la OABI para que subvencione compromisos de
la Fiscalía”.
El director de la OABI
recuerda al MP que “las observaciones descritas seguramente serán
analizadas por los entes contralores (a los que mandó copia) del Estado,
tanto en la Fiscalía como en la OABI y por lo tanto ambas instituciones
deben prevenir deducciones de responsabilidades subsanando los
inconvenientes existentes de manera transparente y objetiva”.
COPIAS
Humberto Palacios Moya envió copia además a la Secretaría de la Presidencia, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad, Tribunal superior de cuentas y a la Secretaría de Finanzas, entre otras, sobre los hallazgos en la justificación de gastos que hizo la Fiscalía.
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COPIAS
Humberto Palacios Moya envió copia además a la Secretaría de la Presidencia, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad, Tribunal superior de cuentas y a la Secretaría de Finanzas, entre otras, sobre los hallazgos en la justificación de gastos que hizo la Fiscalía.
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Fiscal general Luís Rubí derrochó más de ocho millones de lempiras, denuncia director de OABI
Tegucigalpa.El director de la Oficina Administradora
de Bienes Incautados (OABI), Humberto Palacios Moya, pidió cuentas al
fiscal general de Honduras, Luís Rubí, sobre el uso indebido de 441,113
dólares (más de ocho millones de lempiras), que fueron asignados por la
OABI a favor de las unidades adscritas al Ministerio Público, según
información que reveló hoy el director de Radio Globo, David Romero.
En la nota Palacios, pide a Rubí que “por lo menos presente documentos fehacientes que justifiquen la liquidación de ese dinero”.
Otra de las anomalías que se encuentra en la información es que muchas de las facturas y recibos que se presentaron como respaldo a ese dinero “son falsificadas”.
El informe que envió el director de la OABI y del cual tiene copia los entes contralores del Estado y algunas Secretarías de Estado vinculados a la seguridad, establece que los documentos justificantes de la liquidación presentan las siguientes anomalías:
Las facturas justificantes fueron pagadas en meses anteriores a la fecha que la OABI efectuó la asignación de ingresos extrapresupuestario.
Se observa que están cubriendo erogaciones de un contrato de arrendamiento con dichos ingresos extrapresupuestarios, que deberían ser con la asignación presupuestaria asignada al MP anualmente.
En el informe establece saldos pendientes de desembolsar departe de OABI a favor de la fiscalía, sin fundamento.
El depósito de esos fondos lo traspaso la OABI al MP el 10 de octubre de 2012 y se suponía que los fondos serían utilizados para apoyar funcionamiento operativo de la Fiscalía Especial de Privación del Dominio, Fiscalía Contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
Redacción Central / EL LIBERTADOR
En la nota Palacios, pide a Rubí que “por lo menos presente documentos fehacientes que justifiquen la liquidación de ese dinero”.
Otra de las anomalías que se encuentra en la información es que muchas de las facturas y recibos que se presentaron como respaldo a ese dinero “son falsificadas”.
El informe que envió el director de la OABI y del cual tiene copia los entes contralores del Estado y algunas Secretarías de Estado vinculados a la seguridad, establece que los documentos justificantes de la liquidación presentan las siguientes anomalías:
Las facturas justificantes fueron pagadas en meses anteriores a la fecha que la OABI efectuó la asignación de ingresos extrapresupuestario.
Se observa que están cubriendo erogaciones de un contrato de arrendamiento con dichos ingresos extrapresupuestarios, que deberían ser con la asignación presupuestaria asignada al MP anualmente.
En el informe establece saldos pendientes de desembolsar departe de OABI a favor de la fiscalía, sin fundamento.
El depósito de esos fondos lo traspaso la OABI al MP el 10 de octubre de 2012 y se suponía que los fondos serían utilizados para apoyar funcionamiento operativo de la Fiscalía Especial de Privación del Dominio, Fiscalía Contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
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