Por Revistazo / Domingo, 10 Febrero 2013 - 18:06
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| Henry Salgado |
El fiscal que juró combatir la corrupción en Honduras se dedicó en el cargo a corromperse, sobornar a otros y acumular una fortuna todavía no determinada por las autoridades.
Se trata de Henry Salgado, quien se desempeñó más de cuatro años
como fiscal especial contra la Corrupción y al que la Comisión de la
Verdad pidió separar e investigar en 2011.
REVISTAZO
tuvo acceso a un informe aún no divulgado por la Comisión de Reforma a
la Seguridad Pública (CRSP), que determinó que Salgado violó los deberes
del funcionario público, abusó de su autoridad, cometió irregulares e
influyó a hacer lo mismo a denunciados, imputados y fiscales.
La investigación de la fiscalía contra la Corrupción la realizaron cinco profesionales, tres hondureños y dos costarricenses, coordinados por el abogado Jesús Martínez.
Entre ellos están los abogados Mauricio Torres Molinero, por la
Universidad Nacional Autónoma; Jenny Almendárez, del Ministerio Público,
y los consultores Marisol Sanahuja y Dennis Cheng de Costa Rica.
Pero Almendárez obstruyó la tarea y amenazó con actuar legalmente
en contra de algunos miembros del equipo. El documento no especificó en
qué forma la funcionaria de la fiscalía hizo tales acciones.
NIDO DE CORRUPCIÔN
Para la Comisión, en la fiscalía contra la Corrupción "no se
encontraron evidencias de esfuerzos serios ni consistentes para dar con
los responsables de conocidos casos de corrupción que han lesionado la
dignidad nacional". Por eso concluyó que esa oficina "necesita una
depuración completa".
Bajo la influencia de Salgado, la dependencia del Ministerio
Público se convirtió en un nido de corruptos en vez de tener un mayor
protagonismo en la lucha contra ese flagelo.
SOBORNO DE LATINODE
Entre las denuncias recabadas por el equipo evaluador nombrado por
la Comisión de Seguridad, figuró la del abogado Marcelino Vargas, quien
aseveró que Salgado en el sonado caso de Latinode -lejos de perseguir a
los funcionarios hondureños implicados- sugirió al ex funcionario de
Hondutel Oscar Danilo Santos contratar al ex juez Félix Antonio Ávila
"para que el dictamen saliera a su favor".
En cambio, un juez federal de Miami condenó en enero de 2011 a dos
altos ejecutivos de Latinode por sobornar con 20 millones de lempiras a
tres funcionarios de Hondutel para garantizar un contrato y reducir las
tarifas telefónicas.
Y una firma camaronera de Choluteca denunció a Salgado por
solicitar un soborno de 300.000 lempiras por medio de Angie Villanueva,
identificada en el informe como su compañera sentimental, para tramitar y
alterar permisos ambientales en la Secretaría de Recursos Naturales.
RUBÍ USA BIENES INCAUTADOS
Sin especificar la causa, el informe dijo que el fiscal general
Luis Alberto Rubí no quiso atender al grupo investigador. Y el actual
director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, Humberto
Palacios Moya, aseguró que Rubí repartió 31 vehículos incautados al
crimen organizado para su uso personal y de familiares.
Denunció también que Salgado, cuando se desempeñó como fiscal
contra el Robo de Vehículos, mantuvo bajo su control "posiblemente para
fines personales" las instalaciones del car wash Mister Marino del
bulevar Morazán de Tegucigalpa, así como dos casas y una villa en la
residencial Palma Real de La Ceiba.
CARRETILLAZO
Otros casos de interés nacional, como el dinero sacado en efectivo
en el 2009 del Banco Central para impulsar la cuarta urna, jamás fueron
agilizados por Salgado, detalló la investigación.
Ese desinterés en perseguir tales hechos emblemáticos de corrupción ocasionó "una total impunidad" en Honduras.
En una entrevista con el equipo evaluador, la presidente del
Tribunal Superior de Cuentas, Daysi de Anchecta, dijo que Salgado
archivó los expedientes que se le enviaron desde el 2002 "sin determinar
la razón".
La situación llegó al extremo que Salgado declaró que el delito de
enriquecimiento ilícito -considerada la forma de corrupción más visible
en Honduras- no era competencia de la fiscalía.
Pero los comisionados documentaron el marcado interés de Salgado en
promover casos que por su naturaleza no corresponden al Ministerio
Público por tratarse de demandas de orden civil entre particulares.
FISCALES PRIVILEGIADOS
La comisión explicó cómo se creó una clase VIP o de fiscales de
élite en tiempos de Salgado, luego de hallar diferencias de hasta un 69%
en los sueldos de los 58 funcionarios de la oficina con el mismo
puesto.
Ejemplos:
- Un fiscal ingresó en 1995 en San Pedro Sula y se destacó como coordinador, y devengaba un salarios menor al de otro similares de Tegucigalpa, con poca responsabilidad y entrar al servicio en 1997.
- Un Jefe de Seguimiento de Casos, quien era perito mercantil, ganaba 60% más de sueldo que otros subalternos con títulos universitarios.
El informe incluyó las declaraciones de fuentes sobre cierto
personal que se convirtió en asistentes del fiscal especial contra la
Corrupción con "privilegios especiales".
Salgado mostró un extraño interés e insistió en presentar un
requerimiento en San Pedro Sula a través de Sussy Coello, una fiscal de
su confianza en Tegucigalpa, y no por medio de la oficina de la costa
norte.
Al revisar los documentos, los investigadores constataron que
muchos casos fueron asignados por Salgado solo a los fiscales escogidos
por él.
Además, el coordinador de San Pedro Sula admitió que era frecuente
que Salgado pedía expedientes de su oficina, los que no regresaba.
POBRES RESULTADOS
Según las estadísticas del Ministerio Público, los seis fiscales
anticorrupción de San Pedro Sula lograron 27 condenas en siete años, de
2006 a 2012.
En contraste, los 16 fiscales de Tegucigalpa bajo el liderazgo de Salgado, lograron apenas 33 condenas en igual tiempo.
Al hacer cálculos, se destacó que el número de condenas en seis
años es de sólo dos por fiscal en Tegucigalpa, mientras que es de casi
4,5 en San Pedro Sula. O sea que cada fiscal al trabajar a tiempo
completo logró una condena por delitos de corrupción cada tres años.
El costo de una sentencia en la fiscalía anticorrupción de la
capital es astronómico, de 3,5 millones de lempiras, mientra que en San
Pedro Sula de menos de la quinta parte de esa suma, de 671.000 lempiras.
Asimismo, una de cada tres denuncias, equivalente al 32% de las
recibidas por la fiscalía contra la Corrupción de Tegucigalpa, fue
desestimada. Y, en contraste, la fiscalía de San Pedro Sula, en la cual
Salgado ejercía menos influencia, rechazó apenas el 4%.
Para la Comisión de Seguridad, la alta tasa de casos no atendidos
por Salgado respondió a un acuerdos de no perseguir los delitos a cambio
de supuestos pagos realizados por los encausados.
TESTIGO MUERTO
Tras lamentar el "desorden absoluto" de la documentación de la
fiscalía de Salgado, la comisión señaló la imposibilidad de ubicar los
expedientes con facilidad en la oficina debido a la rotación constante
de los fiscales.
La situación llegó al grado que para un solo caso hay hasta seis
fiscales diferentes. Por ello, el tiempo promedio entre recibir una
denuncia y determinar el próximo paso a seguir tarda 11 meses.
De conformidad a un entrevistado, Salgado en un momento dado propuso como testigo en un juicio a una persona muerta.
Lo insólito es que al menos cuatro auditorías dieron el mismo hallazgo y Salgado no aplicó correctivos.
Al contrario, al ser consultado al respecto por los autores del
informe, el ex fiscal dijo: "No conocí el informe (de auditoría) y ni
por curiosidad lo vi."
BIENES DE SALGADO
La Comisión investigó la información financiera y patrimonial de Salgado, y de otros funcionarios de su dependencia.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros proporcionó 2.100
documentos sobre operaciones realizadas por Salgado en retiros, saldos,
transferencias, compra de divisas, tarjetas de crédito, préstamos,
fideicomisos, cajas de seguridad y adquisición de inmuebles.
También sobre las entradas y salidas del país de funcionarios antocorrupción de la fiscalía.
GRUPO INVESTIGADOR
La CRSP la creó en julio pasado el presidente Porfirio Lobo con el
intelectual Matías Funes, el ex rector universitario Jorge Omar Casco y
el ex ministro de Gobernación, Víctor Meza. Los otros son Aquiles Blu,
ex miembro de los Carabineros de Chile, y Adam Blakwell, de Canadá y
ministro de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados
Americanos.
REVISTAZO trató de localizar al ex fiscal anticorrupción, quien fue
trasladado a otra oficina por sus jefes, pero no lo logró porque
Salgado o no quiso responder o ya cambió el número de su teléfono móvil.
¿QUE HARÁN LOBO Y HERNÁNDEZ?
La pregunta obligada ahora es lo que resolverán Lobo y el
presidente del Congresol, Juan Hernández, en torno al informe de la
comisión, que ya se lo entregaron a ambos. El Congreso designa al fiscal
general y a su asistente principal.
Hernández es candidato presidencial del oficialista Partido
Nacional para las elecciones generales de noviembre próximo en Honduras.
De la actuación de los dos depende que la Comisión de Seguridad
cumpla con el principal objetivo: poner a los fiscales, jueces y
policías al servicio de los 8,3 millones de hondureños.
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