Colombia / DDHH / VIOLENCIA
Con Jonson Torres
El pasado lunes 28 de enero Juan Carlos Pérez Muñoz,
fue emboscado cuando salía de su casa al trabajo. Cinco sicarios lo
asesinaron con 7 tiros.
En diálogo con La Rel, Jonson Torres, vicepresidente de la seccional de SINTRAINAGRO
del Valle del Cauca y miembro del Departamento del Azúcar, comentó:
“Desde diciembre que estamos en proceso de conformar una seccional en el
ingenio La Cabaña, la situación es de tensión total.
El Sindicato fue conformado con 590 afiliados de los 1.200 trabajadores que tiene la empresa”, señaló el dirigente.
"El
20 de diciembre del año pasado, la organización sindical presentó los
pliegos petitorios y en enero la patronal, luego de negarse a negociar,
echó a 90 trabajadores incluyendo toda la Junta Directiva de la
seccional sindical recientemente formada.
Desde SINTRAINAGRO,
realizamos una serie de movilizaciones para presionar a que la patronal
negociara el pliego y reintegrara a los trabajadores despedidos a lo
que la empresa respondió negativamente, lanzando amenazas de todo tipo,
jactándose de tener a su disposición un ejército en el caso que sea
necesario”, subrayó Torres.
Juan Carlos Pérez
era uno de los compañeros que estaba ayudando a organizar a los
corteros y el lunes 28 pasado, cuando salía de su casa para dirigirse al
trabajo fue vilmente asesinado con 6 tiros en la cabeza y 1 en la
espalda.
“La
situación desde hace un mes es muy tensa, estamos bajo constante
amenaza, el peligro es real, nos persiguen, nos gravan las reuniones.
Hace dos meses que el temor es el denominador común”, enfatizó el
dirigente.
Según explicó Torres
se realizaron varias denuncias ante las autoridades competentes pero
estas hicieron caso omiso a las amenazas que concluyeron con el
lastimoso asesinato de un trabajador.
Lamentablemente en Colombia el
gobierno no se ha pronunciado y el silencio por parte de las
autoridades ante estos hechos violentos contra sindicalistas es
abrumador.
Violencia, maldita violencia
Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indicó que Colombia
es uno de los países del mundo con peores índices tanto de libertad
sindical como de derechos laborales, con un registro de más de 2.800
homicidios de sindicalistas y trabajadores sindicalizados entre 1984 y
2011.
“En este país la libertad sindical no existe
-enfatiza el dirigente de SINTRAINAGRO- muchas veces ser sindicalista
es casi una sentencia de muerte.
A pesar de esto continuamos resistiendo y desde el Cauca hacemos un llamado a todos los trabajadores de América Latina
a que apoyen nuestra lucha, porque solo si defendemos nuestros derechos
podemos aspirar a un mundo mejor y a mejores condiciones de vida y de
trabajo para nosotros y nuestras familias”, finalizó Torres.
Ilustración: Allan McDonald (Rel-UITA)
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“Torpedos de Guerra contra la Paz..."
Por Miguel Ángel Beltrán V*
En una memorable columna,
publicada en marzo de 1983, escribía el periodista Guillermo Cano,
“Nos asistenlegítimos temores de que, por acción o por
omisión, estemos ante una o varias conspiraciones contra la paz que
nos conduzcan inexorablemente a un nuevo y todavía más
sangriento e irreversible enfrentamiento atroz y violento”
(Torpedos de Guerra contra la Paz). Esto a propósito de las
crecientes críticas que desde diferentes ángulos se
venían planteando en rechazo a la amnistía promulgada
por el gobierno de Belisario Betancur a los grupos guerrilleros, y
cuestionando la tarea de paz que
venía adelantando la Comisión de paz en su trabajo de
acercamiento con la insurgencia armada.
Pocas semanas después
el presidente de esta comisión,Otto Morales
Benítez,presentaba al primer mandatario conservador, su renuncia
irrevocable a dicho cargo. En uno de los apartes de la misiva, el ex
ministro plasmaba una frase que posteriormente haría carrera:
“Sé que aún le falta a su gobierno una tarea muy
exigente. La más apremiante, es rechazar el escepticismo y a veces
el pesimismo beligerante, que se apodera de todos. Y combatir contra los
enemigos de la paz y de la rehabilitación, que están
agazapados por fuera y por dentro del gobierno. Esas fuerzas reaccionarias
en otras épocas lucharon, como hoy, con sutilezas contra la paz, y
lograron torpedearla. Por ello nunca hemos salido de ese ambiente de
zozobra colectiva”
Casi tres décadas
después de escritas estas palabras, resulta inevitable traerlas a
la mente cuando se escuchan las declaraciones de algunos ministros, ex
presidentes, altos funcionarios del gobierno y miembros de las Fuerzas
militares, entre otros, en relación al futuro de los
diálogos de paz que se adelantan en La Habana (Cuba), y en
alusión a lasrecientes acciones militares desarrolladas por las
FARC, luego de levantar la tregua unilateral que declarara durante dos
meses. Algunos han pedido con beligerancia que los diálogos se
suspendan de inmediato, mientras que otros con cierta cautela-pero no por
ello con menor inquina- han advertido “que las FARC podrían
frustrar el proceso de paz”.
Y es que en Colombia cada
vez que se habla de paz rugen los señores de la
guerra.
Ahora bien, si al despuntar
los años ochenta actuaban solapadamente, hace ya mucho tiempo que
actúan públicamente y se les puede ver a la luz del
día: son los mismos que se han enriquecido con el negocio de la
guerra; los que han desplazado a más de 5 millones y medio de
campesinos para apropiarse de sus tierras; Los que han promovido y
financiado los grupos paramilitares; los que han impedido que en Colombia
se materialice una verdadera reforma agraria; los que se han lucrado con
los dineros del narcotráfico; los que han ejecutado u ordenado la
muerte de miles de líderes sociales y de la oposición para
acallar sus justas reivindicaciones y mantener, así, los
privilegios de una élite.
Pero beligerantes
o cautelosos; agazapados o
públicos; de dentro o fuera del gobierno; los enemigos de la
paz en
Colombia han pretendido, con la ayuda incondicional de los medios de
comunicación,hacer creer al país que las FARC ha sido la
responsable del fracaso de los sucesivos procesos de paz en los que
ha participado esta organización, durante las tres últimas
décadas. Sin embargo, basta una rápida mirada
histórica para darnos cuenta de la falsedad de esta
afirmación: Desde los acuerdos del Cese al Fuego, Tregua y Paz
(1984) hasta la agenda pactada
en la zona de despeje en el Caguán (1999), pasando por los
diálogos realizados en Caracas y Tlaxcala (1992), ha sido el
gobierno de turno quien de manera unilateral se ha levantado de la
mesa.
Sin duda en su momento le
faltó mayor claridad a las FARC para exigirle al gobierno del
presidente Virgilio Barco, definiciones concretas sobre una tregua que se
mantuvo en vilo durante mucho tiempo, y no esperar que éste
declarara abiertamente su ruptura; o quizás le hizo falta alcanzar
mejores consensos con los demás integrantes de la Coordinadora
Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) a la hora de plantear
unificadamente sus puntos de vista en la mesa de
diálogo frente a los voceros de la administración del
presidente César Gaviria; o ejercer un control más riguroso
sobre los excesos de algunos jefes guerrilleros en el tratamiento a la
población civil, en los cuatro años que permaneció la
zona de despeje bajo la administración Pastrana. Pero ello no lleva
a concluir que ha faltado voluntad política de esta
organización armada en la búsqueda de una solución
política al conflicto.
Contrario a ello, lo que se
ha evidenciado en los gobiernos que han impulsado procesos de
diálogo es una doble lógica: por un lado hablan de paz y,
por el otro, promueven la guerra; no de otra manera se entiende el
exterminio de la Unión Patriótica (UP), mientras estuvieron
vigentes los acuerdos de cese al fuego, tregua y paz; o el bombardeo a
Casa Verde simultáneamente con la votación de una nueva
constituyente; o la expansión del paramilitarismo, la
aplicación del “Plan Colombia” y la
modernización de las Fuerzas Armadas mientras se adelantaban los
diálogos en el Caguán. Sobra decir que el gobierno del
presidente Juan Manuel Santos no ha escapado a esta lógica: los
reiterados bombardeos a campamentos guerrilleros, la extensión del
fuero militar, la ampliación del pie de fuerza y el aumento del
presupuesto militar, son algunas expresiones de este
fenómeno.
La pretensión de
derrotar a la insurgencia armada por la vía militar, para luego
negociar su rendición, ha sido un componente común en las
diferentes “estrategias de paz” ensayadas por los gobiernos de
turno. De allí su inclinación a “dialogar en medio de
la guerra “. Lo que resulta inconsistente en esta lógica
perversa –que tantos costos humanos y económicos ha
traído para el país- es que en este contexto las acciones
militares de la guerrilla sean presentadas como “ataques contra el
proceso de paz”. No quiere
esto decir, que no sea deplorable la retención de policías
por parte de las FARC, como lo es también la situación que
viven miles de prisioneros políticos de guerra en las
cárceles colombianas. Pero estos hechos constituyen expresiones de
un prolongado conflicto social y armado. Y precisamente, allí
radica la urgente necesidad de un acuerdo político que ponga fin al
mismo.
La paz es un anhelo nacional
de millones de compatriotas que, de una u otra forma, hemos padecido los
costos de la guerra. En La Habana se ha abierto una puerta para la
solución política definitiva del conflicto, no permitamos
que los enemigos públicos o agazapados de la paz la cierren, para
perpetuar una guerra que les ha rendido muchos dividendos a costa del
dolor de generaciones enteras de colombianos y colombianas.
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Monseñor Rubén Salazar prefiere que siga el desangre
colombiano
Por: Camilo Raigozo .- Notimundo Martes, 05
Febrero 2013
“Pedir que se haga un cese bilateral del
fuego, en mi modo de ver y en eso creo que estar de acuerdo con el
presidente Santos, sería como anticipar lo que se quiere lograr en
las negociaciones.
“El final de las negociaciones es
fundamentalmente el poner punto final al encuentro armado”,
aseveró sin un mínimo de vergüenza monseñor
Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal.
No es sorprendente que la sangre de los colombianos
sea la predilección por conveniencia de un “representante de
Dios en la tierra”, de la jerarquía de Salazar y de sus
representados, pues esa ha sido una constante en la historia del
país.
Cabe recordar que la Iglesia tiene una deuda pendiente
con el pueblo colombiano y con los derechos humanos universales, ya que
frente a los crímenes y masacres cometidos por el régimen
bajo la estrategia militar-paramilitar, ha guardado silencio y más
bien ha mirado para otro lado, salvo un contado número de sus
miembros.
Es irracional e insensato que Salazar, la Conferencia
Episcopal y la Iglesia como institución, en vez de coadyuvar para
que se declare un cese bilateral del fuego y se detenga de una vez el
número de muertos que deja diariamente el conflicto, se inclinen a
favor de la guerra y el desangre.
El mismo 4 de febrero, día en que Salazar
recomendó proseguir la guerra sin sobresaltos, murieron en combates
dos soldados y otros dos quedaron gravemente heridos, en el corregimiento
Puerto Frazadas, Tuluá, Valle. Dos guerrilleros murieron en
Chaparral, Tolima y dos policías quedaron gravemente heridos en la
inspección El Tigre, La Hormiga, Putumayo.
Pero el dolor y el sufrimiento que están
padeciendo hoy las ocho familias de las víctimas antes mencionadas,
así como las de las víctimas pasadas y futuras, les importa
un bledo a Salazar, Santos, Uribe y Pinzón, entre otros negociantes
de la guerra.
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