La manifestación concluyó con represión policial y acciones violentas.
Cerca de una docena de personas fueron detenidas. En otros hechos, el empresario
Werner Luchsinger y su esposa murieron en un atentado incendiario en la comuna
de Vilcún. Dicho terriotrio se encuentra en Araucanía y es reivindicado por
mapuches
Enero 4, 2013
Wallmapu, nuestro país mapuche, por el que Catrileo dio su vida, y que actualmente se encuentra fuertemente militarizado, no escatimó en esfuerzos por recordarlo como se merece un mártir. Fueron varios los lugares en que se realizaron acciones de repudio a este crimen institucional, por que eso es a estas alturas, qué duda cabe.
Acciones de distinto tipo y calibre, sin coordinación alguna, unidas sólo por la rabia, el descontento y el rechazo a la presencia y accionar del estado chileno y sus instituciones en Wallmapu.
Mujeres, niños, abuelos y jóvenes salieron este tres de enero a decir basta, no más crímenes de estado, no más injusticia, no más agresión chilena, no más ocupación de nuestro territorio, no más Chile en Wallmapu.
Marchas mitines y cortes de ruta en Wallmapu
Temuco: Una de las actividades centrales se realizó en Temuco, donde familiares y amigos de Matías organizaron una marcha por el centro de la ciudad. La marcha congrego a más de 200 personas y fue encabezada por su familia los que señalaron su indignación por la impunidad que goza el asesino de Matias, el cabo de carabineros Walter Ramirez.
Concepción: Luego de realizar un mitín en el centro de la ciudad y entregar información de lo que esta pasando en Wallmapu, unas 150 personas marcharon el Jueves para rendir homenaje al weichafe asesinado, siendos reprimidos por FF.EE de carabineros deteniendo a 5 personas. En tanto el miércoles 02 se realizaron barricadas en la ciudad.
También se registraron cortes de rutas distintos sectores. La ruta S-16 que une Imperial con Chol Chol fue cortada la noche del miércoles. En tanto, el Jueves, la ruta que une Cañete con Tirua a la altura el sector de Huentelolen se bloqueo el camino con arboles y neumáticos. Ambas protestas fueron rápidamente reprimidas, esto por la fuerte militarización que existe en estas zonas. Aunque en estos cortes hubieron 2 detenidos (corte de ruta S-16), queda claro que la presencia militar no intimido al pueblo mapuche a recordar al hermano asesinado y a seguir demandando el retiro de la ocupación chilena de Wallmapu.
Otras ciudades
Santiago: También se realizaron marchas en Santiago; allí unas 300 personas caminaron por el centro de la ciudad cuminando con enfrentamientos con carabineros y ataques a dos bancos. Todo en homenaje al weichafe.
Las acciones de resistencia más fuertes, sin embargo se registraron en sectores rurales y afectaron a empresas forestales y latifundistas.
El panorama general da cuenta de una nueva conmemoración de carácter nacional Mapuche, un Wallmapu que no cesa de resistir y que avanza hacia su reconstrucción e independencia de forma inapelable.
A la caza del mapuche en la araucanía
Cautín militarizada en vísperas de una nueva conmemoración del asesinato de Matías Catrileo
Dic 24, 2012 A días de conmemorar un nuevo año del cobarde asesinato del weichafe Matías Catrileo, es que ha quedado demostrado la verdadera cara del Estado chileno frente al mapuche, militarizando las comunidades en resistencia, pues al igual que años anteriores se espera que el País Mapuche conmemore con mas fuerza, no solo al hermano asesinado, también la lucha por la independencia y la soberanía del territorio, la reconstrucción de nuestra cultura y nuestro pueblo.Informe de la militarización en Cautín
La zona de Lautaro de produjo un violento allanamiento el domingo y donde fue detenido y formalizado el hermano Eliseo Ñirripil miembro de la comunidad Mateo Ñirripil Autónoma del Lof Muko, Lautaro, acusado por el fiscal Miguel Ángel Velásquez de porte de arma e incendio y con la amenaza del ministro de interior de chile de aplicar la Ley Antiterrorista. El hermano quedo detenido en la cárcel de Temuco hasta la próxima audiencia, por orden del tribunal.
A la audiencia llegaron a apoya algunos miembros de comunidades de Padre las Casas y Makewe. Importante muestra de solidaridad, pues la mayoría de las comunidades de Cautín mantienen una fuerte militarización en su territorio haciendo difícil los traslados.
La zona de conflicto en Quepe se encuentra completamente militarizada y en extrañas circunstancias hace días se produjo el atropello de un comunero del sector luego que fuera detenido e interrogado ilegalmente.
La zona de Makewe de igual forma esta siendo hostigada diariamente por helicópteros, aviones y elementos terrestres que recorren los caminos con el fin de amedrentar a las comunidades movilizadas, además el estado lleva procesos judiciales contra dirigente del sector por homicidio frustrado entre otros.
La zona de Vilkun-Yeupeko se encuentra militarizada por la policía luego de la declaración de conflicto realizada sobre el fundo santa rosa y hay controles diarios que impiden el libre transito.
La zona Nueva Imperial-Carahue luego de las acciones de resistencia llevada a cabo por comuneros del setor hoy cuenta con controles del GOPE en cruces rurales y urbanos, y hoy ahí un hostigamiento permanente contra las comunidades de la zona en busca de responsables de 3 policías heridos en un enfrentamiento el sábado, que por lo demás fue provocado por la policía.
Estado de sitio en Vilcún por muerte de latifundista
Ene 04, 2013 La policía chilena despliega un gran operativo policial en la zona de Cautín y en especial en la zona de tres cerros Yeupeko, ingresando a distintas comunidades de la zona como; Juan Catrilaf, Yeupeko Katrileo, Juan Quintrupil, sector el natre, Llamuco etc, esto luego de la acción sucedida en la madrugada contra los usurpadores y responsables de la muerte de Matias Catrileo, los Luchsinger.Un comunero herido de bala fue detenido y esta acusado por este hecho encontrándose prisionero en el hospital de Temuco. El fiscal ha cargo, Alberto Chifelle solicitó la ampliación del plazo de la detención a 7 días y la reserva absoluta de la investigación por un plazo de seis meses.
Se han producido pequeños enfrentamientos en algunas comunidades pues el control territorial impide a la policía allanar el territorio mapuche.
El presidente chileno decreto implícitamente estado de sitio en la zona, y señalo que aumentara a dotación militar, sumando 84 efectivos, vehículos blindados, y un nuevo helicóptero, También confirmó que pidió al Director de la Agencia Nacional de Inteligencia recabar información “útil” desde las Fuerzas Armadas, para “aumentar eficacia y eficiencia contra el “terrorismo”. Además, de la aplicación de la ley antiterrorista que y con la que se dan amplias facultades a la policía, se espera muchas detenciones y montajes contra nuestros dirigentes y nuestras comunidades, como fue en caso anterior por lo tanto enfrentamos una gran arremetida de represión.
La militarización no intimida
A pesar del gran despliegue policial en la zona de Cautín, weychafes de la zona de conflicto- en horas de esta tarde han ocupado el fundo la familia Puig usurpadores de nuestro territorio. Hasta ahora el fundo se mantiene ocupado, pero se prevee una pronta intervención policial por tierra y aire. Se espera un enfrentamiento en horas de la tarde pues la recuperación es de carácter indefinida.
El Pueblo Mapuche no esconde el brazo
Al igual que en Chekenko, cuando murió un carabinero, el estado chileno esta poniendo todos sus esfuerzos movilizando un gran contingente de su policía militar en la zona. También, se ve como el racismo toma protagonismo en los comentarios de los latifundistas de la zona llamando a una verdadera cacería de mapuches y como era de esperar el gobierno sale corriendo a socorrer a sus camaradas, a aquellos que no han entendido que tienen que irse de Wallmapu.
La guerra que mantiene el estado chileno contra nuestro País Mapuche tiene ya más de 130 años y durante ese tiempo han sido miles los mapuche asesinados. Desde la ocupación militar de Wallmapu en 1861 el pueblo mapuche ha luchado por recuperar su independencia a través de todas las vías, pero la cosa mas que cambiar ha empeorado.
Han matado ha miles de nuestros hermanos. Lemún, Catrileo, Collío, nuestros últimos mártires asesinados en esta larga guerra genocida. Pero nosotros no esperamos que el estado chileno haga justicia por estas muertes, ya no lo hizo y no lo hará, por tanto la justicia esta en nuestras manos recuperando el territorio, reconstruyendo nuestro Wallmapu ancestral con la independencia y soberanía que tenían nuestros antiguos antes de la invasión.
fuente: Blog El Muerto
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Pd/ LO QUE NO SE CUENTA DEL FALLECIDO LUCHSINGER:
EN LOS AÑOS 50 ERA FAMOSO POR CAZAR MAPUCHES CON PERROS DE
CAZA
REPUDIAN MILITARIZACIÓN ORDENADA POR EL
GOBIERNO PIÑERA
CUIDADO CON LEY ANTITERRORISTA
El Consejo del Instituto Nacional de Derechos
Humanos repudió el atentado que costó la vida al matrimonio Bernard Luchsinger
Lemp y Vivianne Mackay.
“Repudiamos y deploramos los hechos que han
provocado la muerte del matrimonio Luchsinger en Vilcún, Región de La Araucanía.
Solidarizamos con sus familiares y amigos/as y reiteramos nuestra condena a la
violencia, sea cual sea su origen, como forma de solución a los problemas de la
zona”, sostuvo el organismo a través de un comunicado de prensa.
La instancia llamó a los tribunales de justicia y
a los organismos policiales a actuar con la mayor eficacia para identificar a
los efectivos responsables de estos hechos, juzgarlos de acuerdo a las normas
aplicables y sancionarlos como en derecho corresponda. “El deber del Estado de
garantizar los derechos humanos exige no dejar estos hechos en la impunidad”,
declaran.
De igual forma rechazaron que se aplique la Ley
Antiterrorista. “Tal como lo han establecido organismos internacionales de
derechos humanos (dicha legislación) vulnera principios del debido proceso.
Nuestra legislación penal dispone de los instrumentos suficientes para
investigar y sancionar estos repudiables hechos y sancionar a los responsables”-
sostiene.
El comunicado del INDH concluye que “la situación
del pueblo mapuche debe ser abordada integralmente y generando las condiciones
necesarias para un diálogo fecundo y un trabajo persistente entre todos/as
los/as involucrados/as, sin exclusiones y con el ánimo de buscar soluciones
efectivas a un problema que se ha mantenido por demasiado tiempo. Sólo un
esfuerzo decidido en esa dirección podrá poner término a la violencia y
acercarnos a una convivencia pacífica y respetuosa de los derechos de todos y
todas”.
AMPLIO OPERATIVO POLICIAL /Comunicado de Comunidades
en Resistencia
Organizaciones mapuche difundieron que en estos
momento se despliega un gran operativo policial en la zona de Cautín y en
especial en la zona de tres cerros Yeupeko, ingresando a distintas comunidades
de la zona como Juan Catrilaf, Lleupeko Katrileo, Juan Quintrupil, sector el
Natre, Llamuco.
“Llamamos a estar atentos pues ya se encuentra un
comunero herido de bala por la policía chilena, acusado por este hecho en el
hospital de Temuco, y se han producido pequeños enfrentamientos en algunas
comunidades pues el control territorial impide a la policía a ingresar a
territorio mapuche. Además con la aplicación de la Ley Anti-terrorista se le dan
amplias facultades a la policía y se vienen muchas detenciones y montajes contra
nuestros dirigentes y nuestras comunidades, como fue en caso anterior, por lo
tanto enfrentamos una gran arremetida de represión”-resaltan en un
comunicado.
Luego llaman “a nuestra gente no agachar la
frente y conservar la moral de la lucha, las comunidades y weichafe de este
territorio intensificaremos día tras día la lucha por nuestra soberanía de esta
tierra hasta expulsar a los ricos y al Estado. Debemos entender también que el
Estado chileno nunca nos va a brindar justicia, somos un pueblo aparte y tenemos
derecho a ejercerla con orgullo y convicción”.
El comunicado lo firma la organización Apoyo
Comunidades En Resistencia-Cautin (Temuco).
Atentado reaviva histórico conflicto
mapuche
Por Marianela Jarroud
Por Marianela Jarroud
SANTIAGO, 4 ene (IPS) - El ataque incendiario contra una
finca rural de la sureña región chilena de la Araucanía, en el que murieron un
empresario y su esposa, puso otra vez sobre el tapete el conflicto mapuche.
Analistas entienden que pone en evidencia la "ignorancia supina" de las
autoridades respecto de la historia nacional.
El incendio sucedió a una serie de ataques ocurridos en las
últimas semanas en la denominada "zona roja", epicentro de la lucha del pueblo
mapuche, muchas veces violenta y otras tantas reprimida a sangre y fuego por las
fuerzas de seguridad. Son territorios reivindicados por esta etnia aborigen, la
principal de Chile conformada hoy por poco más de 700.000 personas.
Werner Luchsinger y su esposa Vivianne McKay murieron como consecuencia del atentado perpetrado en la madrugada de este viernes 4 en la comuna de Vilcún, ubicada 640 kilómetros al sur de Santiago.
Los informes policiales preliminares señalan que los autores fueron 20 encapuchados que le prendieron fuego a la casa principal de este empresario del sector forestal de 75 años, quien repelió a balazos a los atacantes hasta ser abatido.
Una persona, que fue detenida horas atrás por la policía en relación con el hecho, está herida de bala. La justicia designó a un fiscal exclusivo para la investigación.
El gobierno del derechista Sebastián Piñera anunció la invocación de la Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), lo cual fue rechazado por el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos, que consideró que esa normativa "vulnera principios del debido proceso".
Piñera suspendió su agenda oficial y se trasladó de urgencia a la Araucanía, donde anunció la creación de una unidad especializada antiterrorista y una zona de control de tráfico vehicular e identidad de personas en la región.
Además, confirmó que se aumentará la dotación policial en la zona, exacerbando las críticas que ya se daban por entender que hay una excesiva "militarización".
"Quiero reafirmar categóricamente que este gobierno va a seguir trabajando para combatir esta violencia extrema y este terrorismo, y vamos a utilizar todos los instrumentos legales que tengamos a mano", dijo Piñera.
"Vamos a aplicar sin ninguna contemplación todo el rigor de la ley hasta derrotar a estos terroristas y devolverle a esta región el derecho a vivir en paz", añadió.
Junto a la casona destruida, Carabineros (policía militarizada) encontró panfletos en alusión al asesinato en enero de 2008 del dirigente universitario mapuche Matías Catrileo Quezada, uno de los 11 indígenas muertos desde que a comienzos de la década del 90 se reactivaron las reivindicaciones de tierras ancestrales.
El asesinato de Catrileo Quezada se registró en el fundo Santa Margarita, de propiedad de Jorge Luchsinger, primo hermano del empresario que murió este viernes y uno de los principales opositores a la demanda mapuche.
Jorge Luchsinger declaró a Radio Agricultura tras el atentado que la violencia en la zona es insostenible, que en Chile "no hay estado de derecho" y que "la guerrilla está ganando".
"(Este es) un comando paramilitar, con entrenamiento paramilitar, y no importa dónde estén entrenados, lo que importa es que están actuando", agregó.
La presunta existencia de un grupo entrenado para actuar violentamente en el marco de la lucha mapuche es compartida por sectores conservadores de Chile. Incluso, el 25 de diciembre, el ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, aseguró que las autoridades se enfrentan a "un enemigo poderoso que goza de apoyo político e internacional", aunque no lo identificó.
Sin embargo, días después y tras duras críticas por sus dichos, Chadwick aclaró que los "violentistas" son "un grupo muy chico, reducido, de personas muy violentas que nada tienen que ver con el pueblo mapuche", algo que Piñera reafirmó este viernes.
Domingo Namuncura, exdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, advirtió, ante la consulta de IPS, que el espiral de conflictos en la Araucanía podría no tener límites, debido a casi dos décadas de insuficientes respuestas por parte del Estado y de los gobiernos de turno a las demandas mapuches y a la "dramática agenda de orden público y el clima de represión en diversas zonas" de esa región.
A su juicio, el problema radica en que "nunca el tema indígena ha sido considerado en la cultura de los movimientos políticos, menos en los sectores conservadores, como un tema de derechos políticos".
Por su parte, el indígena Pedro Cayuqueo, director del periódico Mapuche Times, sostuvo que este ataque incendiario es el reflejo del "abandono de la responsabilidad política de las autoridades para gestionar el conflicto y la insistencia de medidas represivas, que simplemente avivan los antagonismos y que producen este tipo de escaladas".
"Este es un conflicto histórico y político que demanda salidas que tienen que ver con cambios en el modelo de Estado, de desarrollo, en la visión de cómo Chile se construye como país hacia el futuro", señaló el periodista a IPS.
Criticó, además, la "ignorancia supina que tienen las autoridades respecto de la historia de este país y especialmente de la historia de esta región".
Cayuqueo advirtió que "el conflicto más violento está acotado a sectores rurales muy específicos" y que la Araucanía no es "una región en llamas o una región en guerra". Subrayó que la ignorancia "de la historia terrible que vivió esta zona, hace que las autoridades aparezcan sorprendidas de lo que aquí ocurre".
"Hay un desconocimiento absoluto de cómo llegó (el estado de) Chile a esta región, de cuándo se produjo la invasión militar, de la muerte, de tierra arrasada que implicó esa llegada a esta zona y cómo también se instalaron los colonos, que fueron traídos desde Europa por las autoridades nacionales y a los que se les regaló tierras mapuches", aseveró.
El periodista mapuche precisó que en el caso específico de la familia Luchsinger, el conflicto con las comunidades locales vecinas a sus tierras data desde hace 90 años, cuando ese clan llegó a Chile proveniente de Suiza.
Por su parte, el abogado Alberto Coddou, investigador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, llamó a "repensar de manera estructural, con un enfoque sistemático, lo que está haciendo el Estado de Chile en la zona".
Esto implica "hacerse cargo de toda la historia, quizás repensar el Estado como hicieron Canadá, Noruega o Nueva Zelanda, que actuaron desde una perspectiva mucho más sistemática la política estatal hacia los pueblos indígenas u originarios", concluyó.
Werner Luchsinger y su esposa Vivianne McKay murieron como consecuencia del atentado perpetrado en la madrugada de este viernes 4 en la comuna de Vilcún, ubicada 640 kilómetros al sur de Santiago.
Los informes policiales preliminares señalan que los autores fueron 20 encapuchados que le prendieron fuego a la casa principal de este empresario del sector forestal de 75 años, quien repelió a balazos a los atacantes hasta ser abatido.
Una persona, que fue detenida horas atrás por la policía en relación con el hecho, está herida de bala. La justicia designó a un fiscal exclusivo para la investigación.
El gobierno del derechista Sebastián Piñera anunció la invocación de la Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), lo cual fue rechazado por el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos, que consideró que esa normativa "vulnera principios del debido proceso".
Piñera suspendió su agenda oficial y se trasladó de urgencia a la Araucanía, donde anunció la creación de una unidad especializada antiterrorista y una zona de control de tráfico vehicular e identidad de personas en la región.
Además, confirmó que se aumentará la dotación policial en la zona, exacerbando las críticas que ya se daban por entender que hay una excesiva "militarización".
"Quiero reafirmar categóricamente que este gobierno va a seguir trabajando para combatir esta violencia extrema y este terrorismo, y vamos a utilizar todos los instrumentos legales que tengamos a mano", dijo Piñera.
"Vamos a aplicar sin ninguna contemplación todo el rigor de la ley hasta derrotar a estos terroristas y devolverle a esta región el derecho a vivir en paz", añadió.
Junto a la casona destruida, Carabineros (policía militarizada) encontró panfletos en alusión al asesinato en enero de 2008 del dirigente universitario mapuche Matías Catrileo Quezada, uno de los 11 indígenas muertos desde que a comienzos de la década del 90 se reactivaron las reivindicaciones de tierras ancestrales.
El asesinato de Catrileo Quezada se registró en el fundo Santa Margarita, de propiedad de Jorge Luchsinger, primo hermano del empresario que murió este viernes y uno de los principales opositores a la demanda mapuche.
Jorge Luchsinger declaró a Radio Agricultura tras el atentado que la violencia en la zona es insostenible, que en Chile "no hay estado de derecho" y que "la guerrilla está ganando".
"(Este es) un comando paramilitar, con entrenamiento paramilitar, y no importa dónde estén entrenados, lo que importa es que están actuando", agregó.
La presunta existencia de un grupo entrenado para actuar violentamente en el marco de la lucha mapuche es compartida por sectores conservadores de Chile. Incluso, el 25 de diciembre, el ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, aseguró que las autoridades se enfrentan a "un enemigo poderoso que goza de apoyo político e internacional", aunque no lo identificó.
Sin embargo, días después y tras duras críticas por sus dichos, Chadwick aclaró que los "violentistas" son "un grupo muy chico, reducido, de personas muy violentas que nada tienen que ver con el pueblo mapuche", algo que Piñera reafirmó este viernes.
Domingo Namuncura, exdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, advirtió, ante la consulta de IPS, que el espiral de conflictos en la Araucanía podría no tener límites, debido a casi dos décadas de insuficientes respuestas por parte del Estado y de los gobiernos de turno a las demandas mapuches y a la "dramática agenda de orden público y el clima de represión en diversas zonas" de esa región.
A su juicio, el problema radica en que "nunca el tema indígena ha sido considerado en la cultura de los movimientos políticos, menos en los sectores conservadores, como un tema de derechos políticos".
Por su parte, el indígena Pedro Cayuqueo, director del periódico Mapuche Times, sostuvo que este ataque incendiario es el reflejo del "abandono de la responsabilidad política de las autoridades para gestionar el conflicto y la insistencia de medidas represivas, que simplemente avivan los antagonismos y que producen este tipo de escaladas".
"Este es un conflicto histórico y político que demanda salidas que tienen que ver con cambios en el modelo de Estado, de desarrollo, en la visión de cómo Chile se construye como país hacia el futuro", señaló el periodista a IPS.
Criticó, además, la "ignorancia supina que tienen las autoridades respecto de la historia de este país y especialmente de la historia de esta región".
Cayuqueo advirtió que "el conflicto más violento está acotado a sectores rurales muy específicos" y que la Araucanía no es "una región en llamas o una región en guerra". Subrayó que la ignorancia "de la historia terrible que vivió esta zona, hace que las autoridades aparezcan sorprendidas de lo que aquí ocurre".
"Hay un desconocimiento absoluto de cómo llegó (el estado de) Chile a esta región, de cuándo se produjo la invasión militar, de la muerte, de tierra arrasada que implicó esa llegada a esta zona y cómo también se instalaron los colonos, que fueron traídos desde Europa por las autoridades nacionales y a los que se les regaló tierras mapuches", aseveró.
El periodista mapuche precisó que en el caso específico de la familia Luchsinger, el conflicto con las comunidades locales vecinas a sus tierras data desde hace 90 años, cuando ese clan llegó a Chile proveniente de Suiza.
Por su parte, el abogado Alberto Coddou, investigador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, llamó a "repensar de manera estructural, con un enfoque sistemático, lo que está haciendo el Estado de Chile en la zona".
Esto implica "hacerse cargo de toda la historia, quizás repensar el Estado como hicieron Canadá, Noruega o Nueva Zelanda, que actuaron desde una perspectiva mucho más sistemática la política estatal hacia los pueblos indígenas u originarios", concluyó.
fuente: IPS
LA VIOLENCIA CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE HA SIDO PERMANENTE DURANTE DÉCADAS
Hace cinco años el GOPE – Agente estatal Walter Ramírez Inostroza, asesinó cobardemente por la espalda al joven Mapuche Matías Catrileo
Con la misma fuerza de repudio ante los cobardes e impunes asesinatos y crímenes estatales – privados de los jóvenes Alex Lemún, a manos del oficial de carabineros Marco Treuer; De Jaime Mendoza Collío, a manos del GOPE Patricio Jara, de la misma manera, todo el repudio y condena al asesino del joven Mapuche Matías Catrileo, el GOPE Walter Ramírez Inostroza, quien cobardemente le dio muerte por la espalda y hoy se mantiene bajo la protección institucional. La familia de Matías señala: “Tenemos un profundo sentimiento de dolor y rabia por el asesinato de nuestro hijo y hermano"Finalizan indicando: “Manifestamos nuestro absoluto repudio a latifundistas, quienes cobarde y groseramente han amenazado a los peñi y sus familias de las comunidades en resistencia. Latifundistas que se creen dueños de muestras vidas, amenazando abiertamente que tomaran la justicia por sus propias manos. Así como lo hizo Jorge Luchsinger quien dijo “si hay que sacarlos a balazos, se los saca nomas” (Luchsinger, 2005) y el 2008 muere asesinado Matías en uno de sus fundos” y terminan el comunicado con la siguiente frase: “Hemos comprobado que la justicia chilena no existe para el weichafe asesinado. Pero también hemos comprobado que las balas no matan los ideales y nuestro pueblo mapuche sigue más vivo que nunca”.
Otro carabinero: “piedras, piedras y están quemando unos fuegos que tenían acá, pero por la parte posterior, posterior“.
Cabo Ramírez: “Mándale un balazo“.
Esto es parte del diálogo registrado en la radio interna de Carabineros poco antes de la muerte a tiros por la espalda del universitario mapuche Matías Catrileo Quezada, durante incidentes ocurridos el 3 de enero del 2008 en un fundo Santa Margarita, reclamado por comunidades en las cercanías de Temuco (Vilcún).
¡Mándale un balazo! Fue el inicio de un asesinato dirigido y el inicio de una oleada de inusitada represión en contra de la protesta social Mapuche y de una seguidilla de montajes y persecuciones. Matías Catrileo Quezada fue un joven Mapuche, luchador social, quien en medio de las movilizaciones por la defensa y la Recuperación territorial para su Pueblo, fue asesinado por la espalda por este agente de Estado quien no solo ha quedado en la impunidad con una irrisoria condena establecida por la competencia de los tribunales militares sino además es protegido y cubierto por un sector de carabineros quien lo mantiene en servicio activo.
Cabe mencionar que la investigación sobre la muerte de Matías, confirmó que 3 disparos de una subametralladora Uzi perforó por la espalda el pulmón del joven. Por este hecho, el cabo 2º Walter Jhonattan Ramírez Inostroza, miembro del GOPE (Grupo DE operaciones especiales) fue imputado por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte. Se dijo de un enfrentamiento, de que los mapuches estaban armados, sin embargo el 29 de junio 2008 la Policía de Investigaciones confirmaba la ausencia de pólvora en las manos del joven acribillado. Este último dato descartaba que la víctima hubiese disparado una escopeta u otra arma de fuego al momento de ser tiroteado.
El GOPE Ramírez, además de ser el responsable de ser el autor material del disparo en contra del universitario, aparece, según la grabación, alentando a que se probara puntería sobre los manifestantes o alguno de ellos en particular.
A pesar de ello, el 19 de agosto del 2010 la Corte Marcial de Valdivia condenó al Cabo a una irrisoria pena de sólo 3 años y un día de pena remitida (firmando), esto pese a que el mismo Fiscal Militar de Temuco había solicitado 10 años de presidio efectivo, lo que ha permitido que el GOPE continúe ejerciendo funciones al interior de la institución de carabineros y sea protegido por el alto mando trasladándolo de lugares.
Hoy, recientemente, la Contraloría general de la república, una de las instancias más conservadoras de la institucionalidad estatal chilena, dictaminó que este asesino, podía continuar en funciones activas al interior de la institución de carabineros.
La irresponsabilidad del gobierno y la prensa con el Pueblo Mapuche
La Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI, manifiesta su repudio al acto incendiario ocurrido en la casa patronal del fundo Lumahue, de la Región de la Araucanía, Chile, en donde resultaron muertos el empresario Werner Luchsinger (75) y su esposa Vivianne Mckay, que se encontraban al interior del inmueble en el momento del ataque.Fuente: adkimvn.wordpress.com
Como realizadores(as) y comunicadores(as) indígenas creemos que los conflictos que aquejan al Pueblo Mapuche no pueden resolverse en ningún caso por medio de la violencia, ni tampoco encontrando culpables por adelantado a un proceso de investigación pertinentes.
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Buscan intensificar la anexión de tierras Mapuche
a los intereses de ciertas industrias
Se intensifican las políticas públicas
por “enajenar” las tierras de comunidades Mapuche para los
intereses de las empresas industriales mayoritariamente del rubro forestal
de monocultivos de especies exóticas de pino y eucaliptus. Por su
parte, iniciativas legislativas en vez de incentivar el desarrollo propio y
autónomo de las comunidades como garantía a sus derechos humanos, parlamentarios
conservadores buscan que las tierras indígenas se puedan arrendar, a esto se
agrega la imposición de prórroga del DL 701 para fomentar los
pino y eucaliptus.
Hoy, desde la estructura estatal desde los
sectores políticos empresariales, está como tema de fondo la política oficial de
intensificar la anexión de las tierras Mapuche para la demanda productiva
industrial de acuerdo a los intereses de sectores empresariales.
Tema que desde hace varios años se viene
planteando desde ciertos sectores, a modo de ejemplo, desde el seno de la
Corporación de la Madera (Corma) o desde CorpAraucanía, su
presidenteJose Miguel Martabid Razazi, en una entrevista realizada en
agosto del año 2011 al
diario Austral de Temuco señalaba lo
siguiente: “Yo no concibo el desarrollo de la región sin considerar la
incorporación de las comunidades mapuches. Ya hay ejemplos de asociatividad
incipientes de empresas forestales con comunidades, pero hay que trabajar para
que estos modelos aumenten”.
En estos momentos existe un trabajo conjunto
de Conadi, Conaf y la empresa privada quienes vienen firmando
convenios con comunidades para, mayoritariamente, forestar con especies exóticas
de pino y eucaliptus. A modo de ejemplo, una de ellas es la
comunidad Juan Maril de Purén, y la
empresa Indef quienes firmaron un contrato en que la empresa
forestará 100 hectáreas de la comunidad mapuche durante el año 2013, ejemplo que
“prontamente esperan seguir otras comunidades del sector, pues se trata de
tierras mapuches que hasta el momento se mantenían improductivas”, señala un
anuncio de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, Conadi, emitido a fines de diciembre del 2012 a través
de una nota de prensa.
Al respecto indicaba Germán Riquelme,
subdirector de dicha institución: “Gracias a este trabajo que estamos
realizando en conjunto, las comunidades mapuches podrán contar en sus predios
con plantaciones forestales de un estándar certificado internacionalmente, con
maquinaria especializada y plantas de calidad”.
Cabe señalar que, estas políticas impuestas no
están cumpliendo con la obligación estatal de consulta y participación de manera
informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de
políticas que los afectan y tampoco, se está atendiendo el Derecho a decidir las
prioridades para el desarrollo. Es importante señalar que El artículo 7 del
Convenio núm. 169 establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de
“decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la
medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de
controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”.
Contrario a esto, el Plan Araucanía y ADI (áreas
de desarrollo indígena), el fomento forestal con la prórroga del DL 701 y los
convenios de Conadi-Conaf y empresas, enmarcadas también bajo políticas
asistencialistas, buscan intensificar políticas oficiales del estado como es el
fomento de la industria forestal en tierras de comunidades Mapuche y campesinado
chileno y en medio de una violenta ofensiva, las empresas y servicios públicos
están abocados de lleno a promocionar descaradamente y principalmente las
plantaciones exóticas para obtener la anexión de tierras y la neutralidad de los
más desposeídos en estos territorios. Su objetivo es propiciar la integración de
los pequeños propietarios al sector forestal, en especial a los contemplados en
el Decreto Ley 701, operando bajo diversas modalidades que aseguren el
cumplimiento del objetivo central, su expansión industrial, estando el poder
adquisitivo de las cosechas de estas plantaciones a favor de las grandes
empresas madereras, lo que aumentaría progresivamente las emigraciones.
Política similar pero a menor escala es la que se
está imponiendo en el área de la agro industria, donde algunas familias de
comunidades, bajo los parámetros de empresas agrícolas, vienen introduciendo
como formas de actividad el cultivo de ciertas especies, como los berries.
QUIEREN QUE LAS TIERRAS INDÍGENAS SE ARRIENDEN
A PARTICULARES
En vez de buscar fórmulas para levantar las
economías propias, autónomas y territoriales de las comunidades, resulta que
ahora están buscando eliminar una norma que entienden como “arbitraria frente al
resto de los habitantes del país”, impulsada por un grupo de diputados
encabezados por René Manuel García (Renovación
Nacional), quienes presentaron una moción que modifica la Ley de Pueblos
Originarios, otorgando a las comunidades indígenas la posibilidad de “arrendar
sus tierras por un plazo no superior a los cinco años”.
El parlamentario señalaba en una nota de prensa
difundida el 27 de diciembre del 2012: ““i queremos que nuestro país y los
pueblos indígenas sigan creciendo y produciendo, no podemos seguir limitando sus
actividades productivas, ya que es la única forma de poder hacer que las
regiones se desarrollen y sus tierras se aprovechen al máximo”, no especificando
quienes serían los principales beneficiados de una medida así.
El proyecto, derivado a la Comisión de
Agricultura para su estudio, fue ingresado a trámite el pasado lunes 10
de diciembre por el diputado García junto a sus compañeros de
partido Germán Becker, Pedro Browne, Alberto Cardemil, Roberto
Delmastro, José Manuel Edwards, Cristián Monckeberg y Frank
Sauerbaum, junto al diputado PRSD Fernando Meza.
Según resaltaron los diputados, la Ley 19.253,
que estableció en 1993 normas sobre protección, fomento y desarrollo de los
indígenas y creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), dejó
establecida la imposibilidad de que las comunidades precolombinas puedan
arrendar sus predios.
“Es decir, estamos ante una limitación de la ley,
que resulta arbitraria y perjudicial para los distintos pueblos originarios.
Esto, desde nuestro punto de vista, coarta el desarrollo de las diversas etnias
que habitan en nuestro país, tanto en lo económico como en lo laboral, pues las
comunidades ven continuamente limitada la generación de una actividad comercial,
a partir del arriendo de un predio, lo que les podría generar importantes
recursos para desenvolverse en el día a día, por concepto de renta”,
plantearon.
D.L 701: EXPANDIR PLANTACIONES FORESTALES DE
PINO Y EUCALIPTUS EN SUELO MAPUCHE Y CAMPESINO
En su origen de imposición como modelo, el
gobierno del dictador Augusto Pinochet dio absoluta prioridad a
los intereses de Angelini y Matte con respecto
a establecer políticas de estado que les otorgaran beneficios y ventajas en la
instalación del modelo forestal. En efecto, en el año 1974 se establece el
decreto Ley 701, que permitió acelerar el proceso de la industria y la expansión
de los monocultivos, además de fomentar la concentración de grandes extensiones
de tierra en pocas manos.
Desde el segundo semestre del 2012,
el Ministerio de Agricultura, a través de la Corporación
Nacional Forestal (Conaf) viene promoviendo un proyecto de Ley que
busca fortalecer la forestación a nivel nacional por medio de la prórroga de
este decreto.
Esta iniciativa legal de prórroga del Decreto Ley
considera ciertas modificaciones que potencian la entrega de incentivos a esta
actividad, contemplando un incentivo sobre los costos de producción y agrega
nuevas formas como el de “servicios ambientales”. Esta medida ha sido celebrada
por diversos sectores políticos legislativos del oficialismo y la oposición y se
ha considerado como un importante “beneficio y oportunidad” según han indicado
sectores pro forestales.
Cabe mencionar que esta nueva estrategia,
beneficia a las grandes compañías, ya que no necesitan adquirir más predios que
signifique correr los riegos de conflictos y disputas territoriales con vecinos,
como el caso de las comunidades mapuche, sino, anexan de manera encubierta los
predios de comunidades y campesinos, incentivados por la oferta que hace el
Estado, siendo las propias empresas las que tendrán luego el poder adquisitivo
de las cosechas de estas plantaciones y fijarán los precios de compra. Para este
fin, los servicios públicos vinculados al quehacer rural, como Conaf, Conadi
e Indap, operan para su servicio.
Uno de los puntos en cuestión sobre esta
imposición, es el viciado proceso que se ha llevado adelante transgrediendo
normas como el Convenio 169 de la OIT ya que no se han
establecido de buena fe la consulta de acuerdo a las obligaciones estatales con
las normas internacionales. Estas políticas, en definitiva, no están cumpliendo
con la obligación estatal de consulta y participación de manera informada,
previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que
los afectan y tampoco, se está atendiendo el Derecho a decidir las prioridades
para el desarrollo.
Hoy, como política de Estado, se pretende
masificar las plantaciones en familias de comunidades y campesinos, cuyos
cálculos oficiales de uso de estas tierras para tales propósitos, supera los dos
millones de hectáreas en el centro sur de Chile, quienes llevarán
consigo todos los impactos y riesgos de plagas y el aumento de pérdidas de
soberanías, autonomías y espacios para el sustento de la vida.
Cabe mencionar que además de los impactos
territoriales y a ecosistemas que viene generando esta industria, uno de los
graves problemas que se ha enfrentado en este último tiempo en las plantaciones,
por ser especies exóticas, es su vulnerabilidad a plagas, como ha sido la avispa
taladradora (Sirex noctilio) que está extendida desde la Región
del Maule hasta la Región de los Lagos y que ha puesto
en jaque a las empresas forestales chilenas. Dicho insecto va provocando la
muerte de los pinos que ataca, debido a que las hembras colocan sus huevos
dentro del tronco de los pinos, junto con una sustancia tóxica producida por
ellas, que mata los árboles y ante esto, el estado chileno ha debido invertir
millones y millones para buscar su control, con arcas del estado, desde
investigación, controladores químicos y hasta la liberación de insectos exóticos
para buscar su control biológico.
¿Y EL DESARROLLO PROPIO?
Además de lo establecido por el Convenio 169
señalado anteriormente, la declaración de la ONU sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas determina en su artículo 20, que los pueblos
indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones
políticos, económicos y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios
medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus
actividades económicas tradicionales y de otro tipo. Asimismo, continúa en el
numeral 2 que los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y
desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.
Del mismo modo, la declaración sobre el derecho
al desarrollo adoptada por la Asamblea ONU desde 1986 establece que el derecho
al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser
humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo
económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente
todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese
desarrollo y a disfrutar del él. Agrega que el derecho humano al desarrollo
implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre
determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de
ambos Pactos internacionales de derechos humanos (Pdesc y Pdcp) , el ejercicio
de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y
recursos naturales.
Sin embargo, nada de esto ha sido respetado y
considerado al momento de implementarse políticas que vayan de acuerdo a los
intereses y necesidades de los diversos sectores del Pueblo Mapuche, donde,
diversas iniciativas que versan desde lo propio, autónomo y que podrían
desencadenar en el desarrollo autosuficiente, podrían ser destinadas a
establecer en forma soberana las iniciativas agroalimentarias para fomentar la
producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación,
comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente
provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción campesina,
comunitaria o familiar, de las comunidades, asociaciones o cooperativas; y de la
pesca artesanal, así como microempresa y artesanía; o de turismo familiar o
comunitario; Actividades que en general, respetan y protejan la
agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y
ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión,
sustentabilidad social y ambiental, sin embargo, continúan relegadas, excluidas
o en último caso, atendidas marginalmente, a pesar que son propuestas de
desarrollo y de vida.
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