Autor del articulo: Especial Proceso Digital / 14/01/2013 Tegucigalpa - El Congreso Nacional
comenzó este lunes, en la primera sesión del año y casi al cierre de la
penúltima legislatura, con los proyectos legislativos para aprobar la
Ley de Inteligencia Nacional, las Zonas Especiales Económicas, como se
llama eufemísticamente a las Ciudades Modelo y la figura del Juicio
Político.
La aprobación del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos de la República quedó relegada para este martes.El pleno conoció inicialmente la Ley de
Inteligencia Nacional que fue introducida por el diputado nacionalista
Rodolfo Zelaya.
Con dispensa de debates la Ley, contentiva de 33 artículos fue aprobada. La norma regirá a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), comandada por el General de Brigada Julián Pacheco Tinoco y creada en mayo de 2012.
El
sistema de Inteligencia Nacional que estará compuesto por la Dirección Nacional de
Investigación e Inteligencia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la
Secretaría de Relaciones Exteriores y la Unidad de Información Financiera (UIF).
La normativa indica que las instituciones
especializadas del Estado para la producción de inteligencia son: La Dirección
Nacional de Investigación e Inteligencia, las Fuerzas Armadas, la Policía
Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Unidad de Información
Financiera (UIF).
Igualmente indica que será
obligación de las instituciones públicas brindar la información que le sea
requerida por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia;
asimismo, las entidades privadas deberán cooperar brindando la información que
les sea requerida a fin de apoyar el esfuerzo de inteligencia. A renglón
seguido se advierte que el incumplimiento de esta obligación, dará lugar a
sanciones administrativas, civiles y penales.
La Ley da
vida a un Comité
de Inteligencia Estratégica (CIE) como un ente técnico consultivo conformado
por el Director Nacional de Investigación e Inteligencia, quien lo presidirá;
el Director Nacional Adjunto de la Dirección Nacional de Investigación e
Inteligencia; el Director de Información Estratégica (C-2) de las Fuerzas
Armadas de Honduras; el Director
de Inteligencia Policial; el Director de la Unidad de
Información Financiera; el representante del Ministerio Público; el Director de
Lucha contra el Narcotráfico; representante de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y el jefe de la División de Inteligencia de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, quien
fungirá como Secretario de Actas.
En otro aparte la Ley indica que la Dirección Nacional de
Investigación e Inteligencia, podrá crear Unidades Especiales de Investigación
e Inteligencia para la ejecución de sus operaciones.
Asimismo,
se indica que los gastos realizados por la Dirección Nacional de Investigación
e Inteligencia en la adquisición, contratación y ejecución de bienes,
servicios, obras y recurso humano, que de hacerse en forma pública pondría en
riesgo la seguridad nacional, la integridad del personal de inteligencia o sus
fuentes de información, adquirirán la calidad de reservados.
Igualmente,
la nueva legislación crea un programa de protección
especial para agentes especiales y otros intervinientes del Sistema de
Inteligencia Nacional, el cual estará a cargo de la Dirección Nacional de
Investigación e Inteligencia y tendrá como finalidad la protección y cobertura
de los agentes especiales y otros intervinientes que realicen actividades de
inteligencia y de las operaciones encubiertas.
La Dirección Nacional de Investigación e
Inteligencia, deberá elaborar y presentar el reglamento de organización,
funciones, presupuesto y procedimientos de investigación e inteligencia en un
plazo no mayor de noventa días, indica la normativa.
Las Ciudades Modelo con otro nombre
Pero en la misma sesión el Congreso
hondureño se introdujo el proyecto de las Zonas Especiales Económicas, mejor
conocidas como Ciudades Modelo. El diputado proyectista fue Rodolfo Irías
Navas, destacó que la iniciativa incluye distritos energéticos, centros
financieros, cortes comerciales, zonas agroindustriales, mineras e
industriales, entre otros.
El Congreso Nacional determinó nombrar
la Comisión dictaminadora de las Zonas Especiales Económicas, un proyecto que
deberá ser aprobado antes del 25 de enero para que pueda ser ratificado
en la última legislatura ya que la misma requiere reformas constitucionales.
Las Ciudades Modelo o Ciudades a la Carta aprobadas por el Congreso
hondureño fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.
Esa decisión judicial, según los
diputados, es uno de los hechos en los que se originó en la defenestrada Sala
Constitucional y que es considerada una de las causas del denominado golpe al Poder Judicial.
El Juicio Político
El paquete del leyes, anunciado con
antelación por el vicepresidente de la Cámara Legislativa, el izquierdista
Marvin Ponce, cerró con la introducción del anteproyecto del juicio político
también se introdujo en el Cámara Legislativa.
Fue el vicepresidente del Congreso,
Ramón Velásquez Nazar, quien introdujo el proyecto que también se turnó a la
respectiva comisión dictaminadora.
Mario Pérez, Olban Maldonado, Agapito
Rodríguez, Edwin Pavón, Germán Leitzelar, Erick Rodríguez, Orle Solís y Claudio
Perdomo, integran la comisión dictaminadora.
“Estamos introduciendo lo del juicio
político a efecto de un trámite o procedimiento que señale cuándo procede la
remoción de un funcionario por violación a la Constitución o a las leyes de la
República”, dijo Velásquez Nazar.
El anteproyecto de decreto establece
que el juicio político podrá separar de sus funciones al Presidente de la
República y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, podrá revisar la conducta
administrativa de los poderes Ejecutivo y Judicial, Tribunal Superior de
Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Procuraduría General de la República, Procuraduría
del Ambiente, Ministerio Público, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,
Registro Nacional de las Personas, instituciones descentralizadas y demás del
Estado.
En tanto, determina que cuando el Congreso Nacional haya procedido
a revisar la conducta administrativa de los órganos del Estado señalados, lo
que procede es revisar las actuaciones de los funcionarios que dirigen la
administración pública y analizar su conveniencia con los intereses de la
nación.****************************************
“La ruta que está tomando el país con crisis de poderes es muy peligrosa”, advierte analista
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| Analista político, Raúl Pineda Alvarado |
Autor del articulo: Proceso Digital /14.01.2013
Tegucigalpa - El analista político, Raúl
Pineda Alvarado, se pronunció en torno al oficio enviado por el
Legislativo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solicitando los
nombres de los jueces que participaron en la creación de la Ley de
Extradición, misma que según el presidente del Congreso Nacional, Juan
Hernández, tenía una “trampa”.
El analista es del criterio que “la ley la hace el
Congreso, además puede derogar, modificar y elaborar una nueva ley”, por lo que
señaló que la acusación de una “trampa” en la norma enviada por la Corte
Suprema al Legislativo, “no tiene ninguna relación”.
A renglón seguido, destacó que “en el Congreso de
la República no hay niños de doctrina, ni hay ignorantes como para que no
puedan identificar las debilidades que puede tener un proyecto de ley”.
Hace unos días, el Congreso Nacional, remitió el oficio número 490-2013/CN,
en el cual solicita “enviar un informe a la brevedad posible donde se detalle
el nombre de los magistrados que fundamentaron el contenido del mismo” en torno
al anteproyecto de Ley de Extradición.
En ese sentido, Pineda subrayó que “la ruta que está
tomando el país es muy peligrosa”, porque el modelo libertario y de garantía de
poderes es fundamental en la vida moderna.
Además remarcó que en el país existe inversión
internacional y con estas acciones, las autoridades del país lo que hacen es
“jugar con la economía nacional y el nombre de Honduras será condenado
internacionalmente”.
Quieren convertir un
megapoder
El analista político, recordó que el artículo
cuatro de la Constitución de la Republica, define al Gobierno de Honduras como
republicano, el cual debe ser fundamentado en poderes independientes que se auto
controlan y se complementan.
Sin embargo, indicó que “en el caso particular de
las acciones del Congreso, contra el Poder Judicial, lo que se evidencia de
manera clara es una tendencia anti democrática, anti republicana y autoritaria
de un organismo que quiere convertirse en un megapoder y que no quiere ningún
tipo de controles”.
En su momento, el Congreso determinó destituir a los magistrados: José Antonio Gutiérrez Navas
(Presidente), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José
Francisco Ruiz Gaekel, de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
Lo anterior fue calificado por Pineda como “peligro
para la ciudadanía”, porque implica que la justicia “va a tener que pedirse en
los bajos del Congreso Nacional o en los despachos de los políticos y no en los
estrados judiciales”.
Justicia politizada
Igualmente, señaló que tales situaciones “generan
un enorme temor en la ciudadanía porque tiene que depender de una justicia
politizada y no de una justicia técnica e imparcial”.
En ese sentido, pidió a los responsables del país
que reflexionen al respecto para evitar un enjuiciamiento por traición a la
patria.
“La reflexión por parte de los que dirigen el país
deben ser profundas, se están metiendo en problemas que dentro de algunos años,
pueden derivar en enjuiciamiento por el delito de traición a la patria”, estimó.
De la misma forma, dijo que “la política es
cambiante, si el día de mañana hay golpe de timón, un cambio en la
administración pública, ellos pueden ser objeto de un juicio porque ellos
actuando en una agresión contra la Corte Suprema es actuar con malicia, con
dolo y es un elemento esencial para enjuiciar en la comisión de un delito”.
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