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El nuevo Golpe de Estado perpetrado en la madrugada del 12 de diciembre en Honduras, cuando el Congreso Nacional procedió a destituir cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, saca a flote una vez más la dictadura que se vive en el país a partir del 28 de junio del 2009.
La
ultraderecha hondureña nos viene brindado en los últimos tres años una
lección una de sus prácticas de canibalismo. El escenario local es
macabro: Honduras es considerado el país mas violento del mundo con
92 asesinatos por cada cien mil habitantes, al mismo tiempo es el país
mas afectado por el cambio climático entre 1991 al 2010, y para colmo de
males es el mas pobre del continente. Mientras tanto, la élite de poder
se dedica a la destrucción de la endeble democracia para mantener sus
privilegios a toda costa.
Como anticipo a la
acción tomada por el Congreso en su mayoría de afiliación nacionalista,
el actual "mandatario" Pepe Lobo denunció un supuesto Golpe de Estado
fraguado por Jorge Canahuati Larach, propietario de varios medios de
comunicación y miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),
la que hace poco le confirió una mención honorífica por la categoría de "Derechos Humanos y servicio a la comunidad".
Tanto Canahuati
Larach, como Pepe Lobo y la ilustre caterva de diputados que demolieron
la sala de lo Constitucional, estuvieron implicados en el Golpe de
Estado del año 2009. Por supuesto que la Corte Suprema participó de
lleno en la defenestración de la democracia en el año 2009, que fue
rotulada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como
"Sucesión Constitucional".
De las Ciudades Modelo a la aplicación del polígrafo
La Sala de los
Constitucional pasó a ser cuestionada, al igual que el resto de la Corte
Suprema, por los poderes Ejecutivo y Legislativo, al dictaminar
inconstitucional la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo (RED),
alias Ciudades Modelos, proyecto de corte neocolonial, que pretendió
subastar franjas del territorio hondureño a inversionistas
estadounidenses reconocidos como libertarios de ultraderecha. Entre
otras las RED incluía una tercerización de la aplicación de justicia
dentro de las ciudades modelo, las que utilizarían a a la isla de
Mauricio y finalmente a la Corte Británica para las apelaciones.
La furiosa reacción
ante el dictamen de la Corte Suprema sobre las RED, por parte de Pepe
Lobo y su delfín Juan Orlando Hernandez, Presidente del Congreso
Nacional y candidato ungido como futuro presidente de Honduras, demostró
que la independencia de poderes en Honduras se encuentra en tela de
juicio.
La situación se agravó
aun más, cuando la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional
la Ley de Depuración de la Policía, la que incluye pruebas
psicométricas, socioeconómica, toxicológica y del polígrafo,
siendo este último cuestionado método que vulnera tanto las leyes
nacionales, como tratados internacionales de derechos humanos.
El colapso de la
Policía Nacional, ante su corrupción absoluta y asociación con el crimen
organizado, tiene en vilo al país, que vive bajo la férula de los
organismos de seguridad, implicados en múltiples asesinatos y ventas de
arsenales. La supuesta depuración de la policía iniciada
aproximadamente hace un año no ha generado efectos contundentes,
agravándose la situación por la suspensión de la ayuda a ese organismo
por parte de los Estados Unidos, tras los señalamientos que existen
sobre Juan Carlos Bonilla, actual director de esa institución, señalado
por haber participado en los escuadrones de la muerte entre 1998 y el 2002.
Al pronunciarse la
Sala de lo Constitucional por cuatro votos en contra de uno, sobre la
inconstitucionalidad de la Ley de Depuración de la Policía, se repitió
el mismo episodio de la Ley RED, donde el magistrado Oscar Chinchilla
tomó partido por las leyes emitidas por el Poder Legislativo. A pesar
que Chinchilla señaló como violación a los derechos fundamentales la utilización del polígrafo,
no se plegó al fallo de inconstitucionalidad emitido por la mayoría de
la Sala. Ante la ausencia de una votación unánime al respecto, el pleno
de la Corte Suprema sería el encargado del dictamen final. Horas antes
que se reuniera La Corte para definir sobre el el Recurso de
inconstitucionalidad, el Congreso Nacional remueve a los magistrados que
fallaron en contra de la Ley de Depuración.
El pasado 18 de
noviembre se efectuaron las elecciones primarias en Honduras, para
escoger los candidatos a la presidencia, congreso y alcaldías. Como es
de conocimiento publico se dio un fraude vergonzoso, especialmente entre
el Partido Nacional, el que actualmente se encuentra en el poder, y
posee una mayoría absoluta en el Congreso Nacional.
Los dos candidatos de
ultraderecha postulados por las cúpulas del Partido Nacional aducen
haber logrado la mayoría de votos. Finalmente el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) declaró como ganador a Juan Orlando Hernández, actual
presidente del Congreso Nacional , a pesar de los señalamientos del
supuesto perdedor, Ricardo Alvarez, el cual en un inicio llevaba la
delantera en el conteo y tras una "caída del sistema" , quedó rezagado.
La misma historia de
fraude se repitió en el otro partido tradicional que concurrió a
elecciones, los liberales ungieron a Mauricio Villeda Bermúdez,
manifiesto admirador del colombiano Alvaro Uribe y uno de los
integrantes del gobierno de facto manejado por el dictador Roberto
Micheletti. El TSE señaló que los partidos políticos se encargaron de inflar los votos en las mesas, mientras Ricardo Alvarez indicó la presencia y amenazas de miembros del crimen organizado en las mesas electorales.
Las condiciones
políticas en que se efectuaron las elecciones primarias en el país,
sirvieron como el perfecto caldo de cultivo para un fraude electoral, y
así mantener la pandilla de golpistas que se encuentran incrustados en
el poder. El tan famoso Acuerdo de Cartagena, al final de cuentas no
garantizó ninguna transparencia en las elecciones y mucho menos
fortaleció a los derechos humanos del pueblo hondureño, el que se
encuentra sometido a la violencia por un régimen feudal.
La defenestración de
la Sala Constitucional de la Corte Suprema, esta asociada no solamente
al rechazo de la misma a la Ley RED y la Ley de Depuración de la
Policía, sino que es una estrategia para frenar de antemano el recurso presentado por Ricardo Alvarez para un conteo de los votos, ante el evidente fraude cometido.
Por supuesto que el
pugilato actual es entre grupos de poder asociados a la ultraderecha,
pero no deja de ser un fraude electoral, el cual es evidente que se
repetirá el próximo año en las elecciones presidenciales. En Honduras la
supuesta democracia liberal burguesa que existe en el país no es más
que una máscara de la dictadura de grupúsculos financieros, muchos de
ellos asociados con el crimen organizado y protegidos por el imperio, el
cual se destaca por otorgar su beneplácito a aquellos que preconizan el
status quo.
El golpe del
legislativo al Judicial, está abiertamente asociado con el reciente
fraude electoral y el freno a la jugosa subasta de Honduras bajo el
marco de las ciudades modelo, que de pasó ya indicó el Lobo se implementarán sino en este gobierno, en el próximo.
Sambo Creek, 13 de Diciembre del 2012
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
http://ofraneh.wordpress.com/2012/12/14/pueblo-hondureno-bajo-un-golpe-de-estado-permanente/
OFRANEH
Organizacion Fraternal Negra Hondureña
Organizacion Fraternal Negra Hondureña
Sambo Creek, Atlántida.
Honduras
telefax: 504-24541513 / 504-24490003
email:garifuna@ofraneh.org / ofraneh@yahoo.com
Honduras
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Twitter:@ofraneh
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Destitución de magistrados de la Corte Suprema genera críticas / Viernes 14 de diciembre 2012
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| Efe |
Organizaciones
sociales, sectores políticos y abogados aseguran que esta medida pone
en riesgo las instituciones y la democracia en el país
Por Giorgio Trucchi - Opera Mundi
Diferentes sectores de la sociedad y de la política hondureña reaccionaron negativamente ante la decisión tomada en la madrugada de este miércoles (12/12) por el Congreso Nacional, de destituir a cuatro de los cinco magistrados que integraban la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y de nombrar de inmediato a sus sustitutos.
Por Giorgio Trucchi - Opera Mundi
Diferentes sectores de la sociedad y de la política hondureña reaccionaron negativamente ante la decisión tomada en la madrugada de este miércoles (12/12) por el Congreso Nacional, de destituir a cuatro de los cinco magistrados que integraban la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y de nombrar de inmediato a sus sustitutos.
“Lo
que acaba de ocurrir en el Congreso es una prueba más de que no hay
institucionalidad en el país”, dijo Bertha Oliva, coordinadora del
Cofadeh (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), a
Opera Mundi.
Según ella, lo que está ocurriendo es “un enfrentamiento entre las fuerzas que dominan el país”, y esto no abona a que Honduras “pueda reconstruir el tejido social, ni fortalecer sus instituciones”, aseveró la defensora de derechos humanos.
Durante una improvisada conferencia de prensa, los cuatro magistrados destituidos – Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz, Francisco Ruiz y Gustavo Bustillo Palma – declararon que su destitución es “totalmente ilegítima, ilegal e injusta”, y que no se ha respetado el debido proceso, “violentando sus derechos constitucionales”.
Los magistrados aseguraron que van a usar todos los instrumentos legales que la ley les faculta para tratar de revertir esta situación. En este sentido, la Barra de Abogados Anticorrupción ya presentó un recurso de amparo a favor de los cuatro magistrados, “para dejar sin efecto la decisión tomada por el poder legislativo”.
Para Enrique Flores Lanzas, ex ministro de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) y actual candidato a diputado por el partido Libre (Libertad y Refundación), lo que ocurre en el Congreso hondureño no es solamente un golpe técnico, "sino una seria amenaza para nuestro partido y para el país”.
“Hay intereses ocultos que se están imponiendo y que van a dejar al partido de gobierno (Partido Nacional) con el control total de los principales poderes del Estado, en un año electoral. Hoy, más que nunca, toma vigencia nuestro proyecto para refundar el país", dijo.
Durante la noche de este miércoles, el presidente Porfirio Lobo hizo un llamado al diálogo nacional entre poderes del Estado, informando que, en las próximas horas establecerá un canal "amplio y abierto" entre los presidentes del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, para buscar “una salida y un ambiente de colaboración".
Hasta el momento, ni las Fuerzas Armadas, ni la empresa privada ha dado a conocer su posición acerca de la crisis actual , mientras que el Fiscal General de la República, Luis Alberto Rubí, solicitó toda la documentación que ha servido de base al Congreso para tomar su decisión.
“Solamente después de haber estudiado todo esa documentación vamos a dar nuestra opinión”, dijo Rubí.
Según ella, lo que está ocurriendo es “un enfrentamiento entre las fuerzas que dominan el país”, y esto no abona a que Honduras “pueda reconstruir el tejido social, ni fortalecer sus instituciones”, aseveró la defensora de derechos humanos.
Durante una improvisada conferencia de prensa, los cuatro magistrados destituidos – Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz, Francisco Ruiz y Gustavo Bustillo Palma – declararon que su destitución es “totalmente ilegítima, ilegal e injusta”, y que no se ha respetado el debido proceso, “violentando sus derechos constitucionales”.
Los magistrados aseguraron que van a usar todos los instrumentos legales que la ley les faculta para tratar de revertir esta situación. En este sentido, la Barra de Abogados Anticorrupción ya presentó un recurso de amparo a favor de los cuatro magistrados, “para dejar sin efecto la decisión tomada por el poder legislativo”.
Para Enrique Flores Lanzas, ex ministro de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) y actual candidato a diputado por el partido Libre (Libertad y Refundación), lo que ocurre en el Congreso hondureño no es solamente un golpe técnico, "sino una seria amenaza para nuestro partido y para el país”.
“Hay intereses ocultos que se están imponiendo y que van a dejar al partido de gobierno (Partido Nacional) con el control total de los principales poderes del Estado, en un año electoral. Hoy, más que nunca, toma vigencia nuestro proyecto para refundar el país", dijo.
Durante la noche de este miércoles, el presidente Porfirio Lobo hizo un llamado al diálogo nacional entre poderes del Estado, informando que, en las próximas horas establecerá un canal "amplio y abierto" entre los presidentes del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, para buscar “una salida y un ambiente de colaboración".
Hasta el momento, ni las Fuerzas Armadas, ni la empresa privada ha dado a conocer su posición acerca de la crisis actual , mientras que el Fiscal General de la República, Luis Alberto Rubí, solicitó toda la documentación que ha servido de base al Congreso para tomar su decisión.
“Solamente después de haber estudiado todo esa documentación vamos a dar nuestra opinión”, dijo Rubí.
Fuente original: Opera Mundi (portugués)
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LOS
AJUSTES Y DESAJUSTES DEL GOLPISMO
Galel
Cárdenas
La Cortes Suprema de
Justicia, balanza jurídica del poder
fáctico y mediático, a lo largo de su existencia ha sido intervenida y
manipulada cuantas veces lo haya deseado el grupo de poder que ha logrado el control
de la cosa pública y de la cosa privada que esté vinculada con las riendas de
la gobernanza nacional.
Muchos se han rasgado las
vestiduras por este re cambio de rostros y cuadros propicios a la coyuntura
política que está actualmente conduciendo la nave de estado hondureño.
Y muchos desean comparar
esta acción del Congreso Nacional, dirigido por Juan Orlando Hernández, con la
destitución del presidente Manuel Zelaya Rosales, lo cual ni es lo mismo ni se
parece en nada a las causas que han producido esta decisión política tomada por
el ejecutivo y el legislativo en derredor, supuestamente, de la tarea de sanear
una policía corrupta y contaminada por el crimen organizado, el narco tráfico y
demás otros rubros delincuenciales como el secuestro.
Detrás de toda este
ejercicio político orlando-porfirista existe un reacomodo de fuerzas que se
caracterizan por ser no antagónicas pero si esencialmente diversas en cuanto a
la visión ideológica de quienes manejarán el poder antes de que las elecciones
generales se realicen.
La pregunta que cabe en
derredor del tema es el siguiente: ¿quién debe controlar todo el poder público
en el país, el grupo orlando porfirista o el grupo ricardo-canahuatista?
La otra pregunta que debe
realizarse es la siguiente: ¿Está la embajada americana involucrada en este
embrollo que ha despertado algunas pasiones políticas dentro de la crisis
general que subsiste desde 2009?
Si respondiéramos
positivamente en cada una de las interrogantes que hemos ofrecido, entonces
significa que existe un plan de re ajuste del golpismo en el país, en donde las
mismas fuerzas que derrocaron al presidente Zelaya están ahora reacomodándose
con el fin de no entregar la gobernanza al partido LIBRE, cuando este ganase
las elecciones del 2013.
A lo mejor, según tales estrategas,
el botín del estado deba ser controlado
territorialmente primero para proseguir en la senda de retención del poder.
Ya se ha expresado en otros
momentos que el congreso nacional es un congreso mercenario, que legisla al
mejor postor y que toma decisiones de acuerdo con los dictados del poder
fáctico e imperial.
En suma y en resumen, lo que
existe en este momento no es una crisis general, es una crisis de un sector del
golpismo que se pretende convertirla en general. La crisis que vive el estado
hondureño y su pueblo, se inicia el 28 de junio y toda otra manifestación de
contradicciones no antagónicas que surja forma parte de la matriz general de la
crisis política que es administrada por los gobiernos sucedáneos de golpe.
En este momento se debe ver
más allá de la tupida floresta que oculta en su telón unos motivos profundos
que apuntan hacia las elecciones 2013 en donde el protagonista debería ser el
partido Libertad y Refundación.
La decisión política de Orlando
y Porfirio es una estrategia de largo alcance, quienes se opongan a ello (poder
judicial y operadores de justicia en general) serán apartados del camino que
conduce hacia la elección de un nuevo gobierno en Honduras, mismo que deberá
quedar, según esas perspectivas, en
manos del actual Presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández, el
nuevo zorro del cachurequismo nacional.
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