Tegucigalpa.
Los familiares de las personas que han muerto a manos de efectivos militares, así como las víctimas sobrevivientes, demandaron justicia a través de una conferencia de prensa realizada en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Jueves 13 December 2012 / 17:57 /
Marvin Palacios
Los familiares de las personas que han muerto a manos de efectivos militares, así como las víctimas sobrevivientes, demandaron justicia a través de una conferencia de prensa realizada en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
En otros casos, se ha visto que hay, una clara intervención de agentes estadounidenses en la comisión de asesinatos y en la interrupción del proceso penal, como es el caso del ataque perpetrado desde helicópteros por agentes de la DEA contra un pipante que transportaba a 16 indígenas miskitos indefensos, de los cuales 4 resultaron muertos por disparos de grueso calibre (entre las fallecidas 2 mujeres embarazadas).
El Cofadeh anunció que presentará ante la justicia universal estos expedientes entre los que figuran el del joven militar Alex Josué Banoff, que murió en circunstancias violentas cuya construcción oficial no satisface a su familia y que sucedió en las instalaciones del XV Batallón de Fuerzas Especiales localizado en Rio Claro, departamento de Colón.
El tercer caso corresponde al 27 de mayo en la capital de la República, cuando efectivos militares del I Batallón de Fuerzas Especiales, entrenados por Estados Unidos, sin el acompañamiento fiscal ni policial, empoderados legalmente por el Ejecutivo y el Congreso, asesinaron al niño Ebed Jassiel Yánez Cácerez (15), una cuadra antes de la posta policial de la aldea Villa Vieja, salida a la ciudad de Danlí. Los oficiales a cargo indujeron a sus subalternos (una patrulla de 7 efectivos) a desaparecer evidencias del crimen y luego, en el proceso judicial, intentaron ocultar pruebas.
El cuarto caso denunciado se registró el 30 de marzo en la comunidad Planes, Sonaguera, Colón; en medio de una brutal represión con gases lacrimógenos y “bala viva”, ejecutada por militares y policías antimotines que disolvieron una manifestación pacífica que desarrollaban centenares de campesinos que se manifestaban en un paro cívico en respaldo a la lucha magisterial. De esta violenta represión el campesino Neptaly Esquivel recibió un disparo que le destruyó el hueso de su pierna izquierda, dejándolo incapacitado para caminar.
Pero ¿cual es la situación actual de los familiares y de las víctimas sobrevivientes?. El diario digital defensoresenlinea.com recogió las versiones de varias familias afectadas por los procesos de remilitarización de la sociedad hondureña.
Lucio NelsonLa señora Carmen Antonia Antúnez que perdió a su hijo militar Alex Josué Banoff de un disparo en la tráquea en las instalaciones del XV Batallón de Infantería, relató que le preguntó a su vástago si él mismo se había pegado un tiro, y éste le contestó que no, que lo había sucedido es que le habían tendido una trampa. Mientras estuvo hospitalizado Alex Josué le pidió a su madre que no se separara de él porque tenía miedo.
Después de 43 días del incidente, Alex Josué falleció. En este caso la Fiscalía de Trujillo interrogó a varios oficiales del XV Batallón de Infantería destacado en Río Claro, Colón, pero las investigaciones han sido débiles como para presentar requerimientos fiscales en contra de los responsables de la muerte de Alex Josué Banoff. Incluso se conoció que el arma homicida no está en poder de la Fiscalía.
El caso de Neptaly Esquivel tiene que ver con una brutal represión ejercida por militares y policías durante el desalojo de una manifestación campesina en Planes, Sonaguera, Colón. Las fuerzas armadas utilizaron bombas lacrimógenas y bala viva en contra de los y las manifestantes.
De esta represión resultó con una herida grave de bala el campesino Neptaly Esquivel quien afirmó que el soldado que le disparó a quemarropa estaba determinado a liquidarlo. Como consecuencia del disparo que se alojó en su pierna izquierda, Esquivel ya no puede caminar.
“El disparo me quebró el hueso y me lo deshizo, en ese momento me quedé en un poste y le dije al militar, no me trate de esa forma, entonces el militar respondió con patadas y me botó y caí en una corriente de aguas negras que pasaba por ahí, otros militares me agarraron a golpes y un señor trató de defenderme y él me dijo que eran 8 hombres los que estaban golpeándome”, relató Esquivel.
A más de un año de la mortal agresión, Neptaly Esquivel ya no puede trabajar y demandó a las autoridades del Hospital Regional Atlántida que le trasladen su expediente a Tocoa, para poder iniciar su rehabilitación. Esquivel está casao y tiene 4 hijos.
Militares mataron a un niñoOtro caso expuesto fue el del niño Ebed Jassiel Yánez Cáceres, asesinado por miembros de una patrulla militar que la madrugada del 27 de mayo se apostó en el desvío a la colonia Los Pinos, salida al oriente del país. Siete efectivos militares de dicho retén persiguieron en un Ford 350 donado por Estados Unidos a Ebed Jassiel que se trasnportaba en una moto y que no se detuvo frente a la señal de parada que le hicieron los militares. Los efectivos dispararon contra Ebed jassiel y lo mataron.
Wilfredo Yánez, padre del menor dijo que no tiene temor y que va a continuar en su reclamo de justicia, porque la Fiscalía solo acusó a 3 efectivos militares. El 14 de junio de este año la Fiscalía de Derechos Humanos presentó requerimiento fiscal ante el Juzgado Penal de Tegucigalpa en contra del sargento Eleázar Abimael Rodríguez Martínez, el cabo Felipe de Jesús Rodríguez Hernández y el subteniente Josué Antonio Sierra por suponerlos responsables de la muerte violenta de Ebed Haziel Yánez Cáceres.
Cuando se abrió la audiencia de imputado se conoció que la Fiscalía acusó de homicidio al sargento Eléazar Abimael Rodríguez Martínez y por los delitos de encubrimiento y falta a los deberes de los funcionarios a los otros dos militares. A Rodríguez Martínez se le dicto auto de prisión y se encuentra en l cárcel de Támara, Francisco Morazán, mientras que a Rodríguez Hernández y a Sierra se les dictaron medidas sustitutivas a la prisión. Estos últimos se encuentran bajo la responsabilidad del Comandante del Primer Batallón de Infantería, no pueden salir del país, deben presentarse a firmar un libro de registro a los Juzgados todos los viernes y no pueden acercarse a las víctimas ni a los testigos del caso.
El Cofadeh en su condición de acusador privado, presentó un recurso de ampliación del delito de homicidio para el cabo Felipe de Jesús Rodríguez y el subteniente Josué Antonio Sierra quien estuvo a cargo de la patrulla de 7 efectivos militares que persiguió la madrugada del 27 de mayo en un carro Ford 350 a Ebed Jassiel cuando éste omitió detenerse en un retén ubicado de la colonia Villa Vieja, mientras se conducía en una motocicleta.
La solicitud del Cofadeh fue denegada por el Juzgado de Alzada y se espera continuar con el juicio oral y público en los próximos meses. El Ministerio Público realizó indagaciones a 29 militares que prestaron servicio como parte de la "Operación Relámpago", en el retén de la colonia Villa Vieja, al oriente de la capital de Honduras en la fecha del crimen. Al parecer los militares involucrados en el homicidio pertenecen al Batallón de Fuerzas Especiales localizado en la Venta, Francisco Morazán.
El 29 de junio de 2012, Wilfredo Yánez interpuso con el acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra el decreto que otorga facultades exclusivas de la policía a las Fuerzas Armadas.
Wilfredo Yánez denunció que oficiales de alto rango se encargaron de proteger a sus subalternos e incluso de cambiar las armas que fueron requeridas por la Fiscalía. “He ahí los favores que los políticos y los militares de alto mando hacen a los oficiales que se encuentran involucrados en situaciones como ésta, es una impunidad y una corrupción”.
Yánez reveló que la defensa de los militares solicitará este viernes una revisión de medidas, “y hay un oficial (subteniente Josué Antonio Sierra) que disparó contra un joven de 15 años por la espalda y está con medidas sustitutivas, qué pretenden con el cabo que también tiene medidas sustitutivas”, se preguntó el padre de la víctima.
Los sobrevivientes de Ahúas
Entretanto Lucio Nelson, sobreviviente del ataque en Ahúas relató que mientras él se dirigía en el pipante desde Barra Patuca al pasar por Ahúas, fue herido de gravedad por disparos hechos desde un helicóptero por agentes de la DEA.
Los disparos de grueso calibre le impactaron en el brazo izquierdo y en la parte baja de la espalda. Su vida cambió por completo frente a tan traumatizante experiencia. “Yo iba dormido y nunca pensé que iba a pasar eso, cuando escuché el disparo me tiré al agua, pero cuando empecé a nadar ya estaba quebrado el brazo, cuando salí del agua los miré disparando desde arriba. Seguí nadando y recibí otro disparo, pero ya estaba baleado, me agarré de una rama y me sentí mareado porque perdí mucha sangre, luego me desmayé; cuando desperté ya estaba en el hospital Morava de Ahúas”.
“Siempre viajamos día y noche, nunca pensé que iba a pasar algo así”, sostuvo Lucio. El padre de Lucio, Edgardo Nelson Escoto expresó que está muy triste “porque nadie nos ayuda, nadie coopera por nosotros y mi hijo era el que me ayudaba en el trabajo, pero doy gracias a Dios que todavía lo tengo con vida. La únicas persona que nos respaldan son las del Cofadeh”.
La señora Hilda Lezama que recibió un disparo en sus piernas dijo que su recuperación duró 6 meses y aún puede caminar. “Camino bien pero siempre padezco de dolor y debo tomar pastillas todos los días”.
Consultada acerca del trabajo que realizaba junto con su esposo trasladando buzos hasta Islas de la Bahía y Barra Patuca en el pipante que fue atacado la madrugada del 11 de mayo, Lezama respondió que “ya no tengo nada, sin dinero, todo el dinero que tenía lo invertí en los gastos de hospital, más bien debo en el hospital, no recibimos ni un cinco del gobierno; por eso yo estoy buscando justicia para recuperar mis gastos”.
Por su parte Sabina Walter, madre del niño Wilmer Walter (15) expresó que ve a su hijo mucho mejor aunque sabe que la mano que le quedó destrozada por el ataque, nunca volverá a ser igual, considera que con la ayuda de Dios y del Cofadeh, su vástago saldrá adelante.
Con el apoyo del Cofadeh, el niño Wilmer Walter ha realizado durante los últimos 6 meses terapia de rehabilitación para su mano izquierda afectada por un disparo de grueso calibre en el fatídico ataque de Ahúas, en el Hospital San Felipe. Incluso Wilmer Walter ha concluido con éxito su sexto grado.
La Coordinadora General del Cofadeh, Bertha Oliva dijo que los 4 casos son emblemáticos y paradigmáticos y cuando hablamos de familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes pareciera que hablásemos de sobrevivientes de guerra.
“En Honduras, sin estar en guerra tenemos aquí a jóvenes lisiados, con su futuro realmente frustrado, yo quisiera decir que ante los hechos y los hallazgos que hemos encontrado en los 4 casos no podíamos más que darlo a conocer porque sabemos que aquí en Honduras, difícilmente vamos a encontrar justicia y no estamos dispuestas a callar y a seguirle el juego a la lavandería pública en que se han convertido el Ministerio Público en ir limpiando casos, decir que los está sometiendo a la justicia y en esencia no tener castigados a ninguno de los autores materiales ni de los altos mandos”.
Oliva citó que hay similitudes muy fuertes, primero que fueron militares los que cometieron los delitos y los hechos contra las víctimas, pero lo otro es el nivel de impunidad existente: otro hallazgo es que desde el Ministerio Público, pero sobre todo Medicina Forense trata de borrar cualquier fuerza para que no halla ningún implicado de los militares de alto rango. Todos los casos están casi condenados a la impunidad absoluta.
En el caso de Ahúas, la Coordinadora del Cofadeh sostuvo que el Ministerio Público le ha negado cualquier posibilidad para ver el expediente y desde ahí se está negando una legítima defensa a los víctimas. “El Ministerio Público no puede negar que los representantes legales de los familiares de las víctimas de Ahúas (en este caso el Cofadeh) tengan acceso al expediente y mucho menos no puede negar las copias para exponer los alegatos, en el caso de Ahúas lo han declarado en secretividad.
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