Tegucigalpa.
Cuatro casos de violaciones a los derechos humanos en los que concurren elementos graves de impunidad local y factores hegemónicos de seguridad hemisférica de Estados Unidos, serán sometidos al conocimiento de la justicia universal, anunció hoy en conferencia de prensa el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Tres de los cuatro casos sucedieron en el mes de mayo del año en curso, el primero de ellos, es el caso del joven militar Alex Josué Banoff que murió en circunstancias violentas cuya construcción oficial no satisface a su familia y que sucedió en las instalaciones del XV Batallón de Fuerzas Especiales localizado en Rio Claro, departamento de Colón.El segundo caso se produjo la madrugada del 11 de mayo, en un operativo nocturno de fuerzas especiales, aéreas y terrestres en el municipio de Ahúas, departamento de Gracias a Dios (mosquitia hondureña), en donde agentes antidrogas de Estados Unidos (DEA) dispararon desde un helicóptero con ametralladora M60 matando a 4personas (entre ellas a dos mujeres embarazadas) que se transportaban en un pipante a través del río Patuca. El estado no asumió su responsabilidad, alegó defensa propia, descalificó a las víctimas por viajar de noche sobre el río, cuando es costumbre hacerlo debido a las altas temperaturas que se registran durante el día y además estigmatizó a las personas que viajaban en el pipante como narcotraficantes.
Mientras tanto el tercer caso corresponde al 27 de mayo en la capital de la República, cuando efectivos militares del I Batallón de Fuerzas Especiales, entrenados por Estados Unidos, sin el acompañamiento de fiscal ni policial, empoderados legalmente por el Ejecutivo y el Congreso, asesinaron al niño Ebed Jassiel Yánez Cácerez (15), una cuadra antes de la posta policial de la aldea Villa Vieja, salida a la ciudad de Danlí. Los oficiales a cargo indujeron a sus subalternos (una patrulla de 7 efectivos) a desaparecer evidencias del crimen y luego, en el proceso judicial, intentaron ocultar pruebas.
El cuarto caso denunciado se registró el 30 de marzo en la comunidad Planes, Sonaguera, Colón; en medio de una brutal represión con gases lacrimógenos y “bala viva”, ejecutada por militares y policías antimotines que disolvieron una manifestación pacífica que desarrollaban centenares de campesinos que se manifestaban en un paro cívico en respaldo a la lucha magisterial. De esta violenta represión el campesino Neptaly Esquivel recibió un disparo que le destruyó el hueso de su pierna izquierda, dejándolo incapacitado para caminar.
Esta
es una de las heridas que recibió Lucio Nelson de un proyectil de
grueso calibre disparado por un agente de la DEA en Ahuás Estos son lo 4 casos emblemáticos que el Cofadeh presentó a la prensa nacional e internacional. En un comunicado, la organización de derechos humanos denunció que en el marco de la estrategia de seguridad hemisférica impuesta por Estados Unidos bajo conceptos de guerra al narcotráfico, al terrorismo y la criminalidad, Honduras ha devuelto a las Fuerzas Armadas instrumentos legales y facultades discrecionales que en sólo tres meses de 2012 han provocado cuatro casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos, envueltos por mecanaismos institucionales y presiones externas en la absoluta imppunidad.
De los hechos resumidos este día en rueda de prensa por los propios parientes de las vícitimas acompañados por este Comité, son responsables los tres poderes del Estado, los operadores de justicia y también poderes fácticos, que han pasado una agenda legislativa en el Congreso para victimizar y criminalizar a la ciudadanía hondureña.
Militares con facultades exclusivas de la policía
El comunicado agrega que El 21 de noviembre de 2011 el Congreso Nacional aprobó el Decreto No. 223-2011, mediante el cual se interpretaron los párrafos segundo y último del Artículo No. 274 de la Constitución de la República, para que las Fuerzas Armadas pueden realizar funciones específicas de la policía, en el marco de un “estado de emergencia en seguridad pública”, que ha sido renovado cuatro veces mediante Decretos Ejecutivos emitidos por el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado.
“En ese amparo legal hemos perfilado entre muchos otros casos, cuatro que reflejan manipulación de evidencias, imposición del silencio oficial, rotación de armas, omisiones deliberadas de naturaleza forense, declaraciones contradictorias, retardo malicioso de diligencias, modificación de tipos penales para exculpar a imputados, secretividades parcializadas, introducción de documentos no certificados a los expedientes, etc…”
En el casso de Ahuás las evidencias arrojan una intervención directa de agentes estadounidenses en la comisión de los asesinatos y en la interrupción del proceso penal. Jurídicamente haber decretado secretividad era para el resto del público, no para las partes involucradas; en el caso de las víctimas y sus representados estamos imposibilitados de acceder al expediente, y eso es impunidad desde el Ministerio Público.
En forma concluyente sobre la militarización de Honduras, la Comisión Interamericana de derechos Humanos señaló en su informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos que la intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interna por lo general se encuentra acompañada de violaciones en contextos violentos.
Concretamente señaló que “las Fuerzas Armadas carecen de entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana” y propuso “la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas”.
Sin embargo, han pesado más hasta ahora los intereses hegemónicos de Estados Unidos a través del Departamento de Estado y el Pentágono, con el silencio y complicidad lacayuna de los actores oficiales hondureños, que las exigencias de justicia por parte de las vícitimas.
En consecuenciaa, sumaremos estos 4 casos a las comunicaciones oficiales ante la justicia universal, que ya abrió Exámen Preliminar a Honduras en octubre de 2011 por delitos de lesa humanidad y crimenes de persecución política.
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Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
COFADEH
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4
casos emblemáticos (¡)… de la impunidad en
Honduras
El
Comité de Familiares de Detenidos-desaparecidos en Honduras (COFADEH), anuncia
a la opinión pública que someterá al conocimiento de la justicia universal cuatro casos de violaciones a los derechos
humanos en los que concurren elementos graves de impunidad local y factores
hegemónicos de seguridad hemisférica de Estados Unidos.
·
Caso Planes. El 30 de marzo, militares
del XV Batallón de Fuerzas Especiales y policías antimotines desalojaron con
violencia, fuerza desproporcionada y armas letales, a campesinos del
asentamiento de Planes, Sonaguera, Colón, hiriendo gravemente a manifestantes
que participaban en un paro nacional en respaldo a la lucha magisterial y en
reclamo del derecho legítimo a la tierra. Un hombre víctima no puede caminar.
·
Caso Banoff. El 10 de mayo, en las
instalaciones militares del XV Batallón de Fuerzas Especiales, en Río Claro,
departamento de Colón, el soldado Alex Josué Banoff murió en circunstancias violentas
cuya construcción oficial no satisface a su familia.
·
Caso Ahuás. El 11 de mayo, en la
madrugada, en un operativo nocturno de fuerzas especiales, aéreas y terrestres,
en Ahuás, Gracias a Dios, agentes antidrogas de Estados Unidos asesinaron a
pobladores indígenas misquitos que se conducían a través del río patuca en una embarcación rústica de la zona. El
Estado no asumió su responsabilidad, alegó defensa propia, descalificó a las
víctimas por viajar de noche sobre el río y las estigmatizó como
narcotraficantes.
·
Caso Ebed. El 27 de mayo,
elementos militares del I Batallón de Fuerzas Especiales, entrenados por
Estados Unidos, sin el acompañamiento fiscal ni policial, empoderados
legalmente por el Ejecutivo y el Congreso, asesinaron al niño Ebed Jaasiel
Yanes Cáceres, una cuadra antes de la posta policial de la aldea Villa Vieja,
salida a la ciudad de Danlí. Los oficiales a cargo indujeron a sus subalternos
a desaparecer las evidencias del crimen y, luego, en el proceso, intentaron
ocultar pruebas.
Denunciamos que en el marco de la estrategia de seguridad
hemisférica impuesta por Estados Unidos bajo conceptos de guerra al
narcotráfico, al terrorismo y la criminalidad, Honduras ha devuelto a las
Fuerzas Armadas instrumentos legales y facultades discrecionales que en sólo tres
meses de 2012 han provocado cuatro casos emblemáticos de violaciones a derechos
humanos, envueltos por mecanaismos institucionales y presiones externas en la
absoluta imppunidad.
De los hechos resumidos este día en rueda de prensa por
los propios parientes de las vícitimas acompañados por este Comité, son
responsables los tres poderes del Estado, los operadores de justicia y también
poderes fácticos, que han pasado una agenda legislativa en el Congreso para victimizar
y criminalizar a la ciudadanía hondureña.
El 21 de noviembre de 2011 el Congreso Nacional aprobó el
Decreto No. 223-2011, mediante el cual se interpretaron los
párrafos segundo y último del Artículo No. 274 de la Constitución de la
República, para que las Fuerzas Armadas pueden realizar funciones específicas
de la policía, en el marco de un “estado de emergencia en seguridad pública”, que
ha sido renovado cuatro veces mediante Decretos Ejecutivos emitidos por el
Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado.
En ese amparo legal hemos perfilado
entre muchos otros casos, cuatro que reflejan manipulación de evidencias,
imposición del silencio oficial, rotación de armas, omisiones deliberadas de
naturaleza forense, declaraciones contradictorias, retardo malicioso de
diligencias, modificación de tipos penales para exculpar a imputados, secretividades
parcializadas, introducción de documentos no certificados a los expedientes, etc…
En el casso de Ahuás las evidencias arrojan una
intervención directa de agentes estadounidenses en la comisión de los
asesinatos y en la interrupción del proceso penal. Jurídicamente haber
decretado secretividad era para el resto del público, no para las partes
involucradas; en el caso de las víctimas y sus representados estamos
imposibilitados de acceder al expediente, y eso es impunidad desde el
Ministerio Público.
En forma concluyente sobre la militarización de Honduras,
la Comisión Interamericana de derechos Humanos señaló en su informe sobre
Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos que la intervención de las Fuerzas
Armadas en operaciones de seguridad interna por lo general se encuentra
acompañada de violaciones en contextos violentos.
Concretamente señaló que “las Fuerzas Armadas carecen de
entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana” y propuso “la
separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la
policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas”.
Sin embargo, han pesado más hasta ahora los intereses
hegemónicos de Estados Unidos a través del Departamento de Estado y el
Pentágono, con el silencio y complicidad lacayuna de los actores oficiales
hondureños, que las exigencias de justicia por parte de las vícitimas.
En consecuenciaa, sumaremos estos 4 casos a las
comunicaciones oficiales ante la justicia universal, que ya abrió Exámen
Preliminar a Honduras en octubre de 2011 por delitos de lesa humanidad y
crimenes de persecución política.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
12 de diciembre de 2012
COFADEH
Pd. Incluimos en anexo las conclusiones preliminares del
informe preparatorio de los casos.
CONCLUSIONES
PRELIMINARES
EN CASO EBED:
1. Que miembros militares de un cuerpo, élite
como es el Batallón de Fuerzas Especiales, ha salido a patrullar las calles,
sin la preparación adecuada de disuasión del delito.
2. Que muchos de los miembros de ese cuerpo
élite ha recibido formación especial en Fort Benning, principalmente
contrainsurgencia y asalto en ataque urbano, con una preparación especial de
francotiradores.
3 Que la muerte de Ebed es producto del
reiterado abuso de autoridad de los agentes del Estado, y de los gobernantes
que han dictado decretos que lesionan las garantías constitucionales.
4. Que la muerte de Ebed también demuestra que
los cuerpos militares, por su formación, están dispuestos a matar a quien sea,
ya que su misión es acabar con el enemigo.
5. Que las autoridades políticas, en vez de
dedicarse a presionar porque la verdad de los hechos prevalezca, más bien
criminaliza a las víctimas, prejuzgando que las muertes se producen porque son
delincuentes y utilizan los medios de comunicación para distorsionar la verdad.
6. Que en este caso asoma el apoyo financiero y
logístico de Estados Unidos, con la donación de equipo y armas a este cuerpo y
la formación especializada brindada en Fort Benning.
EN CASO BANOFF:
1. Que los hechos ocurridos en este caso,
también se involucra a miembros del cuerpo de Fuerzas Especiales, especialmente
preparados en contrainsurgencia y asalto en ataque urbano, con una preparación
especial de francotiradores. Lo que deja claro que hay una política de gobierno
de eventualmente actuar contra la población civil en eventos de más dimensión.
2. Que en este caso, acceder a las estructuras
militares en la búsqueda de la verdad es un laberinto de difícil acceso.
3. Que las autoridades a cargo de la
investigación no han realizado las acciones necesarias eficaces y suficientes
para esclarecer los hechos que satisfagan plenamente a los familiares de la
víctima.
EN CASO AHUÁS:
1. Agentes del
Estado de Honduras y de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, son
responsables de los ataques ocurridos la madrugada del 11 de mayo de 2012 sobre
el Río Patuca, cerca de la comunidad de Paptalaya, Ahuás.
2. No ha existido
un ataque previo de los ocupantes del pipante que pueda ser una causa de
justificación de los agresores.
3. El ataque
armado por las fuerzas militares además de producirse desde los helicópteros
sobre el río, también tuvo su nivel de acción en tierra firme sobre la
población civil, sometida a detenciones ilegales, amenazas a muerte,
allanamientos, saqueo de bienes, tratos crueles inhumanos y degradantes,
evitando que dicha población socorriera a los heridos.
4. Los
sobrevivientes y testigos han descrito un ataque militar desproporcionado, sin
previo aviso, sobre un grupo civil desarmado, mayormente misquita, la cual en
su generalidad es estigmatizada como narcotraficante o colaboradora de
narcotraficantes de la zona.
5. Las
víctimas no recibieron el auxilio médico inmediato, ni los agresores permitieron
a la población de Ahuás auxiliar a los heridos, más bien fueron abandonados a
su propia suerte.
6. Debido a la
militarización de la zona y a la criminalización de la población misquita, ha provocado
que la población se desplace de sus territorios ancestrales, dejando atrás los recursos
de los que ha dependido y las inmensas riquezas del subsuelo, los cuales ahora son
protegidos militarmente por los militares de Honduras y Estado Unidos con la
justificación de estar realizando operaciones antidrogas.
7. No ha existido
algún nivel de reparación de parte de la autoridades estadounidense más bien
informan de una causa de justificación por los hechos, determinando que los
agentes actuaron en defensa propia, lo cual fue reafirmado por el canciller del
régimen actual.
8. Las
primeras reacciones de las autoridades hondureñas fueron de desprecio hacia la
etnia misquita y su estigmatización como narcotraficantes con el fin de
minimizar la masacre que se produjo en Ahuás.
9. Que el
decreto de secretividad impuesto por la Fiscalía, está produciendo impunidad a
favor de los agresores y no es legal que esa secretividad no permita que la
representante legal de las víctimas se informe del avance de las
investigaciones.
10. Que la intromisión de fuerzas extrañas al país
está produciendo una violación flagrante a la soberanía nacional.
11. Que en este caso se debe investigar a toda la
línea de mando de las Fuerzas Armadas hasta llegar a la autoridad política que
han permitido que se viole la soberanía nacional y se asesinen conciudadanos.
12. Que el Estado de Honduras niega información a
las personas legitimadas y a sus representantes sin embargo es
solicito a las autoridades extranjeras como el Departamento de Estado USA que
la entrega sin restricciones, ignorando sus propias prohibiciones.
CASO PLANES, SONAGUERA COLÓN:
1.
Que nuevamente la participación del cuerpo
de Fuerzas Especiales en este caso es evidente.
2.
Que las víctimas fueron criminalizadas.
3.
Que las víctimas no han recibido ningún
tratamiento adecuado.
4.
Que las víctimas se sienten atemorizadas
porque todavía hay individuos que les andan buscando.
5.
Que las autoridades judiciales de
instrucción que connocen la causa han ignorado a las victimas y las
consecuencias a su proyecto de vida, por ejemplo daños irreparables a su
integridad fisica.
6.
Que las autoridades no garantizaron
el derecho a la libertad de expresion y libre reunión, sancionando a los responsables
de su restriccion.
7.
Que se ha vuelto un patrón que el Ministerio
Público desconozca a las víctimas como tal y las coloque en un papel pasivo de
simples testigos, en juicios contra la administración pública ignorando
deliberadamente las violaciones a los derechos humanos de las que son objeto.
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