15 de Noviembre de 2012, Nueva York, Paris, La Haya
- El Centro por los Derechos Constitucionales (“CCR”, por sus siglas en
inglés)
y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), ambas
organizaciones líderes de derechos humanos, presentaron el día de hoy,
diversas evidencias a la Corte Penal Internacional (CPI) en la Haya
sobre crímenes cometidos en Honduras desde el golpe
de Estado de 2009. Las evidencias incluyen peritajes de expertos, la
documentación periódica de la comisión de crímenes de lesa humanidad
durante 2011, así
como evidencia de que estos crímenes continúan en la impunidad.
La abogada sénior
Pam Spees
del CCR comentó: “Los hondureños han hecho valientemente todos los
esfuerzos posibles para asegurar que se haga justicia en un ambiente
violento de persecución política, y muchos de ellos han
pagado un precio muy alto. La evidencia presentada hoy a la Corte
demuestra no sólo que no pueden hallar justicia en su propio país por
los asesinatos y otros abusos cometidos después
del golpe sino que, además, arriesgan sus vidas al hacerlo. Por ello es
imperativo que la CPI tome cartas en el asunto.”
Desde
el golpe de Estado, cientos de personas, incluyendo periodistas,
sindicalistas, líderes campesinos y defensores de derechos humanos han
sido asesinados o desaparecidos. El pasado
23 de septiembre, Antonio Trejo Cabrero, un reconocido abogado
representante de comunidades campesinas fue asesinado. Al día siguiente,
Manuel Eduardo Díaz Mazariegos, un fiscal especial de derechos humanos,
también fue asesinado.
Información
presentada demuestra la impunidad de que goza un prominente perpetrador
de violaciones graves a los derechos humanos en su país, por lo que es
relevante el acceso a la Corte
como último recurso. Parte de la evidencia presentada fue obtenida
durante el litigio de un caso de derechos humanos en cortes
norteamericanas, donde el CCR representa a los padres de Isis Murillo,
joven asesinado por el ejército hondureño durante una manifestación
pacífica poco tiempo después del golpe del 28 de junio de 2009. El CCR
presentó el caso ante las cortes norteamericanas el 23 de junio de 2011
en contra del líder del golpe de Estado, Roberto Micheletti Baín, quien
fuera el Presidente de facto después del
golpe.
Los
abogados del CCR recibieron documentos de las autoridades hondureñas
incluida la Fiscalía y de José Alfredo Saavedra, quien sucedió a
Micheletti como presidente del Congreso Nacional
después del golpe, donde se certifica que Micheletti no había sido
identificado como responsable por la muerte de Murillo, ello a pesar de
que incluso la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación del
gobierno de facto concluyó que éste tenía la responsabilidad
de mando por el asesinato de Murillo y otros, ya que ejercía control
sobre el ejército y las pruebas demuestran que se aseguró de que no
existiera cooperación de las autoridades con las investigaciones.
La
información presentada a la fiscalía de la CPI también menciona a
Miguel Facussé como sospechoso de la política de persecución que se
mantiene aún en el Bajo Aguan. Este empresario
es propietario de la compañía de palma de aceite Dinant Corporation, y
dice tener derecho sobre miles de hectáreas de tierra en la región del
Bajo Aguán. Sin embargo, su titularidad sobre esas tierras fue objetada
con éxito por tres cooperativas campesinas
representadas por el abogado de derechos humanos Antonio Trejo durante
los meses anteriores a su asesinato.
Lea la documentación presentada
.
Para mayor información sobre el caso contra Micheletti en EU visite la
.
FIDH
es una organización internacional que defiende los derechos -civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales- contenidos en la
Declaración
Universal de Derechos Humanos. Actúa en el terreno legal y político por
la creación y fortalecimiento de instrumentos internacionales para la
protección de los derechos humanos y por su implementación. Fundada en
1922, la FIDH está compuesta por 164 organizaciones
miembros. Visitewww.fidh.org.
The
Center for Constitutional Rights is dedicated to advancing and
protecting the rights guaranteed by the United States Constitution and
the Universal Declaration of Human Rights.
Founded in 1966 by attorneys who represented civil rights movements in
the South, CCR is a non-profit legal and educational organization
committed to the creative use of law as a positive force for social
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