Artículo | Al respecto, el titular señaló que ya está el decreto “para que miles de abonados que viven en barrios y colonias humildes y en zonas residenciales del país, así como pequeños y medianos negocios, alcaldías y patronatos, no paguen los intereses que por mora tienen con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”.
Hernández asegura que “de esa forma se evitará que compatriotas tengan
que hacer pegues clandestinos porque tienen la luz cortada y por otra
parte se oxigenará las finanzas de la ENEE ya que estará recibiendo
dinero que de otra manera sería imposible por el monto de los intereses
acumulados”.
Detalló que a los abonados que tengan deudas con la estatal eléctrica, y
una vez condonados los intereses moratorios, se les hará un plan de
pago en cuotas para que puedan volver a tener luz cuanto antes en sus
casas o en sus negocios.
Adelantó que el CN discutirá este miércoles una Iniciativa de Ley de la
secretaría de Seguridad, con el fin de revisar las medidas sustitutivas
que en la mayoría de los casos benefician a delincuentes ligados al
crimen organizado y otros tipos de delitos.
Esas medidas sustitutivas que dan en los juzgados serán reformados para
no beneficiar mas a los criminales. Los estudios demuestran que los
delincuentes aprovechan estas medidas sustitutivas para seguir
delinquiendo mientras el juicio sigue su curso, señaló el congresista.
De acuerdo con Hernández, lo mejor es reformar la Ley de Medidas
Sustitutivas para que delincuentes pertenecientes al crimen organizado u
otros con perfil de alta peligrosidad sean privados de libertad en
tanto el juez emita una sentencia y que no estén en las calles
cometiendo fechorías mientras esperan un fallo.
Hernández espera “que sean jueces nacionales, bien protegidos y cuyas
identidades no sean muy conocidas en los lugares donde se lleva a cabo
el proceso, los que emitan las sentencias sin temor a amenazas de
muerte”.
Al respecto, ejeplificó que un juez nacional de Tegucigalpa podría
llevar un caso ocurrido en Catacamas o en San Pedro Sula, para brindar
protección a quien se encargue de dictaminar, en base a un proceso
judicial.
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