Autor del articulo: Proceso Digital
Tegucigalpa - Unas nueve organizaciones y
redes internacionales que han venido monitoreando en los últimos años
la situación de derechos humanos en Honduras concluyeron en un informe
que en el sector del Bajo Aguán, Caribe hondureño, siguen las flagrantes
violaciones a los derechos fundamentales, teniendo como principales
protagonistas a los tribunales y autoridades locales.
Una comisión integrada por 12 expertas y expertos
internacionales llevaron a cabo una audiencia que tuvo lugar el 28 de mayo de
2012 en la ciudad de Tocoa, Honduras, con el objetivo principal de recibir los
testimonios de campesinas y campesinos afectados por el conflicto agrario en la
zona.
La actividad contó con la presencia de representantes de la secretaria
ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Delegación de
la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionada de Derechos Humanos de la
ONU, en calidad de observadores internacionales.
El director del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham,
fue el único funcionario que confirmó su participación, sin embargo la canceló
a último momento.
Según el registro llevado por las organizaciones
internacionales de derechos humanos, desde septiembre de 2009 hasta la fecha se
ha constatado el asesinato de 48 personas afiliadas a organizaciones
campesinas, y el asesinato de un periodista y su pareja en el contexto del
conflicto agrario en el Bajo Aguán. Además, desde el 15 de mayo de 2011, un
campesino continúa desaparecido.
Principales hallazgos
El informe detalla que continúan los homicidios selectivos
de líderes campesinos, así como una militarización en la zona que no ha
garantizado la seguridad de la población.
Asimismo se concluyó que la desidia de las autoridades
judiciales ha permitido que los niveles de impunidad alcancen niveles
escandalosos.
Otro de los incisos da cuenta que en la zona se han llevado
a cabo desalojos sin órdenes judiciales y ejecutados con extrema violencia,
agudizando el conflicto agrario.
Relatos de algunas personas detallan que los principales
responsables de los hechos son guardias de seguridad privada de los
empresarios, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
El informe concluye
En la parte final del informe presentado por las nueve
organizaciones nacionales e internaciones que luchan por el respeto de los
Derechos Humanos, concluyen que en los últimos 15 años el conflicto de tierras
en el Bajo Aguán es el más grave de Centroamérica.
La Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola de
1992 -continúa el informe- ha revertido
el proceso de reforma agraria, ocasionando la reconcentración de la tierra en
pocas manos.
Las organizaciones recomiendan que se investiguen las
muertes violentas en la zona y demandan un cese de las mismas.
Exigen que no se lleven a cabo más desalojos forzosos y
abogan por una solución integral, justa pacífica y sostenible mediante el
cumplimiento de la ley.
Seguidamente, exigen a la comunidad internacional que se todos
los acuerdos de cooperación financiera con las fuerzas de seguridad pública y
las empresas privadas, presuntamente involucradas en actos de violencia.
El informe concluye en que se suspenda la cooperación
internacional que promueve la militarización y que agrava la situación de
derechos humanos, en particular en el caso de la asistencia militar de Estados
Unidos.
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