Hacemos un llamado urgente a los/as chilenos/as en el exterior, a los partidos democráticos y de izquierda, a las organizaciones de defensa de los derechos humanos a expresar su condena pública por estos hechos y a impulsar manifestaciones ante las representaciones chilenas alrededor del mundo, además de las acciones oficiales que exijan al gobierno de Chile una solución inmediata a este conflicto.
En la región de Aysén, ubicada en la Patagonia norte chilena, se ha desarrollado, durante ya más de un mes, un proceso de movilización social ejemplar. Las organizaciones sindicales, territoriales y ambientales, unificadas en la Mesa Social de Aysén, han levantado de forma transversal un petitorio de 10 puntos, demandando al gobierno soluciones al aíslamiento geográfico, al alto costo de la vida, a la graves carencias en salud y educación, a la depredación de los recursos naturales y a la profunda inequidad socioeconómica en la región. Estas demandas y la conducción de la Mesa Social de Aysén cuentan con un respaldo prácticamente unánime en la región, el que se ha visto ratificado en las multitudinarias convocatorias a marchas y manifestaciones de las últimas semanas. En todo momento, el movimiento ha buscado establecer espacios de negociación para resolver sus demandas, y las acciones de fuerza que ha desplegado, particularmente los cortes de ruta, han sido en respuesta a la absoluta falta de voluntad del gobierno para entablar el diálogo con sus legítimos representantes.
Profundizando la política represiva y de criminalización con que enfrentó las movilizaciones del pueblo de Magallanes y del Movimiento Estudiantil el año pasado, el gobierno de Sebastián Piñera ha instalado en la zona un fuerte contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros, cuerpo represivo de élite de la policía militarizada chilena, lo que ha provocado un recrudecimiento de la violencia, el abuso policial e innumerables heridos entre la población movilizada. A inicios de la semana, el gobierno ha invocado la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, legislación represiva legada por la dictadura pinochetista, con el objetivo de amedrentar a los manifestantes y desarticular al movimiento.
La escalada de violencia impuesta por el gobierno de la derecha al Pueblo de Aysén ha rebasado todos los limites que una sociedad democrática tiene el deber de respetar. Hoy, en un episodio que sólo tiene comparación con las acciones del Terrorismo de Estado instaurado por la dictadura militar pinochetista, un nuevo contingente policial enviado a la zona ha desarrollado maniobras propias de un estado de guerra dirigidas a las ciudades de Puerto Aysén y Coyhaique. Son innumerables los reportes de golpizas, del uso indiscriminado de armas de fuego por parte las fuerzas policiales, además de las denuncias de heridos por perdigones y balines entre la población civil.
El ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter, investido como Vicepresidente de la República por la ausencia del país de Sebastián Piñera, es el principal responsable del recrudecimiento de la violencia en la Región de Aysén. No se trata de un problema de Orden Público, como quiere el gobierno, sino de la decisión de la derecha de llevar adelante una guerra interna, no declarada, en contra del Pueblo de la Patagonia. Las acciones del gobierno y de las fuerzas policiales vulneran los Convenios Internacionales de Derechos Humanos suscritos por nuestro país y ponen en riesgo humanitario a la población de Aysén. Los riesgos de la situación creada por el gobierno son inmensos, y tal como han expresado los dirigentes de la Mesa Social, el ministro Hinzpeter deberá asumir la absoluta responsabilidad de sus acciones y sus consecuencias.
En este contexto, el Partido Comunista de Chile reitera su exigencia al gobierno de retirar el contingente represivo de la región y de restablecer el espacio de negociación con la Mesa Social de Aysén, como único camino viable para terminar con la violencia y llegar a una solución a las demandas del pueblo de la Patagonia. Reiteramos nuestro llamado a la acción urgente a todas las fuerzas democráticas del mundo a extender la solidaridad internacional con el Pueblo de Aysén, exigiendo al gobierno de Chile el término inmediato de la represión y el restablecimiento del imperio de los Derechos Humanos en nuestro país.
COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
www.pcchile.cl
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