En una rueda de exposiciones Sikaggya escuchó la situación que impera
en el país sobre los derechos humanos, la falta de institucionalidad y
prácticas oprobiosas que se creían eran del pasado.
Bertha Oliva, Coordinadora General del COFADEH le manifestó que estaba
acompañada de víctimas para que se conociera sus rostros, pues son
objeto de ataques sistemáticos contra su integridad física.
En Honduras se ha vuelto a implementar la práctica de la desaparición
forzada donde están involucrados agentes del Estado y sobre lo cual
creíamos era algo del pasado, dijo Oliva.
En relación a los Pobladores de Zacate Grande, le relató que estaban
allí Pedro Canales y Franklin Meléndez, quienes junto a la comunidad que
lucha por sus tierras, están expuestos a amenazas, se han visto hombres
fuertemente armados y ellos están en inminente peligro.
Presentó además a Doña Lidia, esposa del asesinado político, Julio
Fúnez Benítez, que perdió la vida a manos de hombres en motocicleta que
le dispararon en varias ocasiones el 15 de febrero de 2011.
Dijo también que el COFADEH la CIDH ha otorgado unas 300 medidas
cautelares y se tiene en proceso de solicitud otras 600. Ninguna de las
primeras ha sido debidamente implementada, una corresponde a Gladys
Lanza, Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz
Visitación Padilla, es un ejemplo de falta de cumplimiento y por el cual
el Estado de Honduras debe comparecer el próximo 23 de febrero ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
Otro de los problemas señalados por Oliva es la estigmatización contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.
En relación a la libertad de Expresión señaló que es atacada
constantemente, destacó el caso de Franklin Meléndez, de la Radio La Voz
de Zacate Grande, quien ha sido estigmatizado “y tememos que le pueda
pasar algo, por eso en coordinación con organizaciones internacionales
como CICA, hemos establecido allí un campamento de observación de
derechos humanos, con el objetivo de prevenir que esa zona se convierta
en otro Bajo Aguán”.
También la Coordinadora del COFADEH le manifestó a la Relatora de
Naciones Unidas que producto de la falta de esperanza en alcanzar
justicia se llevará a cabo la exhumación del cuerpo de la profesora Ilse
Ivania Velásquez Rodríguez, el próximo 10 de febrero.
“Los impunes quisieran que nos quedáramos quietas para que ellos
avancen en su proyecto de muerte, pero seguiremos luchando hasta
alcanzar justicia”, añadió la defensora de los derechos humanos.
Añadió que podemos probar ante los tribunales nacionales e
internacionales que el Estado no acciona, “hemos presentado al menos 300
casos de violaciones a derechos humanos y no hay resultados, por eso
hablamos que hay un Estado fallido”.
Las agencias de Cooperación Internacional solicitaron a la Relatora
Sikaggya que impulsara la apertura de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas en Honduras, sobre lo cual ven resistencia del
régimen de Porfirio Lobo Sosa, que trata de hacer creer que en Honduras
no hay una política de Estado represiva contra los derechos humanos.
Igualmente sugirieron que se impulsara la Comisión contra la Impunidad
frente al colapso de las instituciones del Estado, lo que podría ser
una vía de justicia para las víctimas.
En relación al Bajo Aguán señalaron que ante la presencia de posibles
mercenarios, es necesario que el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de
las Naciones Unidas pueda venir a Honduras a investigar este aspecto
donde deben estar incluidos los guardias de seguridad privados.
Urge aprobación de Ley de protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos
El COFADEH entregó una serie de peticiones a la Relatora Especial de
Naciones Unidas, entre ellas la petición de apoyar la creación de una
Ley para protección de defensores y un mecanismo especial para hacerla
efectiva, proyecto que está siendo trabajado por el Espacio de
Defensores de Derechos Humanos, E-Defenderh, que impulsan el
ACI-Participa, COFADEH y el CPTRT.
Estas son las peticiones entregadas a la Relatora :
Falta de Legislaciones:
Los defensores de los derechos humanos se encuentran en riesgo latente
y permanente, y el Estado no ha generado ni mecanismos efectivos ni
legislaciones que garanticen a los defensores de derechos humanos
realizar su trabajo en un ambiente de seguridad por lo que es urgente
crear un mecanismo nacional de protección, de naturaleza jurídica,
como una Unidad de investigación y evaluación sobre casos de
defensores al interior de la Fiscalía de Derechos del Ministerio
Publico mientras se legisla una normativa especial para la protección
de defensores que incluya su propia mecanismo.
Solicitudes A la Relatora
Emitir mensajes de instancias oficiales que reconozcan la labor social
de las y los defensores de derechos humanos y de los que han tenido
que emigrar del país.
Desarrollar el mecanismo de protección a defensores de derechos
humanos para las zonas del país donde la violencia se ha generalizado,
los que deben considerarse una alternativa. La implementación y
cumplimiento de las medidas no puede estar sujeta a la voluntad política
de las autoridades, debe valorarse el riesgo, la situación de gravedad y
tomar en cuenta el esquema de protección, prevención e investigación.
Exigir al Estado garantizar el derecho a la libertad de expresión,
incluyendo la responsabilidad de prevenir, investigar y castigar a los
responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas contra
periodistas y medios comunitarios.
Exigir al Estado establecer políticas de combate a la impunidad que
prevengan que se vuelvan a cometer hechos como los expuestos en contra
de defensores de derechos humanos.
Solicitar al Estado dar cumplimiento a las medidas cautelares
otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a
los y las defensoras de derechos humanos.
Exigir al Estado de Honduras la Aprobación de la Ley para la de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos.
Cooperación internacional habla
En la voz de Reyna Rivera, las agencias destacaron que deben abrirse
espacios para que los organismos de sociedad civil puedan participar en
el proceso de depuración de la policía para que haya más transparencia y
auditoría social.
Por otro lado dijeron que no ven una clara voluntad política para que
puedan implementarse las recomendaciones de la Comisión de Verdad y
Reconciliación de de la Comisión de Verdad que próximamente entregará su
informe.
Agregaron que no existe un mecanismo de protección a defensoras y
defensores de derechos humanos, “no hay una política pública orientada a
ello, no hay un sistema de protección para los grupos de mayor riesgo.
“Ha habido declaraciones de funcionarios con expresiones mediáticas
que descalifican el trabajo de los defensores y defensoras de los
derechos humanos y crea un ambiente que legitima la represión contra
ellos y limita su protección”, señaló otra representante de la
cooperación internacional.
Además de que los testigos protegidos se encuentran en riesgo porque este no funciona en el Ministerio Público”.
Sobre el Comisionado de los Derechos Humanos, CONADEH, describieron la falta de confianza en esta institución.
Gilda Rivera del Centro de Derechos de Mujeres, CDM, expuso la
situación de las muertes de mujeres, entre ellas la de Vanessa Zepeda,
sindicalista del Seguro Social cuyo victimario que es un médico, está en
libertad ejerciendo su profesión sin recibir el castigo que de acuerdo
al caso amerita.
“A partir de las denuncias que recibe el CDM se ha incrementado la
impunidad y que los mismos operadores de justicia la fomentan porque
violan el procedimiento”, reiteró.
Hay casos de violencia sexual donde los inculpados son policías y
siguen en libertad, entonces más bien se criminaliza a la mujer y se
fabrican pruebas en contra de ellas colocándoles drogas y los casos
avanzan a celeridad no así el de violencia sexual contra los uniformados
que está en la impunidad.
Familiares de víctimas de nuevas desapariciones forzadas le expresaron
a la Relatora su dolor por no encontrar a sus parientes que fueron
desaparecidos por fuerzas de seguridad del Estado.
Al final de la reunión que duró más de una hora, los y las asistentes
escucharon a Sikaggya quien dijo que presentaría un informe en Ginebra
sobre los hechos denunciados.
Las reuniones continúan este miércoles con otros sectores de la
sociedad hondureña, entre ellos periodistas, también con funcionarios
del régimen.
En la reunión estuvieron presentes aparte del COFADEH y CDM,
pobladoras de la Colonia Altos de la Merriam, sindicalistas que
entregaron petitorios a la Relatora, en específico del SITRAUNAH, sobre
la persecusión política.
También estuvo allí la organización Fian-Honduras, ACi-Participa,
Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, entre otros.
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