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| Marcha indígena en ciudad Panamá |
Por Francisco
Higüero Porras
En el año 2007, el gobierno panameño firmó la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, auspiciado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), documento que establece el derecho de autodeterminación territorial y autonomía de las comunidades minoritarias autóctonas ligadas a una zona territorial determinada.
La comarca donde
habita la etnia Ngäbe-Buglé, fue creada como tal en 1997, abarcando área es de
6.968 km2 en las tres provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.
Su capital es Llano Tugrí (Buabidí). En ese territorio habitan unas
160.000 personas según los datos del año 2010.
La principal causa
de la agitación de los indígenas inició cuando la Asamblea Legislativa comenzó a
discutir el proyecto de Ley No 415, el cual en su artículo 5 contemplaba la
cancelación de concesiones a empresas para el desarrollo de proyectos mineros e
hidroeléctricos dentro de la Comarca Ngöbe Buglé, áreas anexas, territorios y
comunidades Ngöbe fuera de la comarca.
El art. 5 fue
eliminado completamente en el primer debate por los diputados, y fueron el
detonante de la movilización indígena. Producto de la movilización, los
diputados se han comprometido a revisar lo que habían aprobado en primer
debate
Oscuros
negocios a costa del medio ambiente
El presidente
Ricardo Martinelli y su gabinete de gobierno, defendiendo oscuros intereses
capitalistas, argumentando la necesidad de la autosuficiencia energética,
han promovido el proyecto de construcción de centrales hidroeléctricas en
territorios de las comunidades indígenas Ngäbe-Buglé ubicados en las
provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.
Pero este nuevo
proyecto de desarrollo hidroeléctrico en la comarca Ngäbe-Buglé, supone la
exclusión de los acuerdos alcanzados hace un año, en el cual se contemplaba la
prohibición de las compañías mineras en las zonas protegidas, así como la
exploración-explotación de los recursos naturales en beneficio de los consorcios
empresariales.
Ante el malestar
indígena por el incumplimiento de los acuerdos firmados el día 27 de febrero de
2011, el ministro de la presidencia, Jimmy Papadimitriu, argumentó que dicho
acuerdo, que costó sangre y represión en Chinguinola, no exceptuaba al proyecto
de las hidroeléctricas como fuente de seguridad energética rentable del
país.
La verdadera
intención del gobierno de Martinelli es amarrar, con su red de empresas, el
negocio de producción de energía eléctrica, casi monopólicamente, a costa del
desgaste de los recursos naturales, destrucción cultural y de la identidad
grupal de la comarca, desmembración del territorio comunal y mayor
empobrecimiento de la zona. Los ojos de los gobernantes están bien puestos en
las ganancias económicas con la construcción de las presas
hidroeléctricas.
Bloqueo de
carreteras y represión policial
El plan de usufructo
de los recursos naturales tuvo resultados inmediatos y la respuesta de los
líderes indígenas no se hizo esperar. Durante mas de una semana los indígenas
salieron a las carreteras del noreste de Panamá, bloqueándolas, en posición de
lucha irreconciliable contra las fuerzas del aparato opresor del Estado,
negándose, en un momento, a abandonar las movilizaciones para aceptar las
condiciones arbitrarias del gobierno, el cual ante la movilización y solidaridad
nacional e internacional desatadas, entre dientes clamaba por la negociación o
dialogo.
Una delegación de
los indígenas viajó hasta la capital, ciudad Panamá, y marchó hasta la Asamblea
Legislativa. En las afueras de dichos edificios se encontraban aglomerados los
miembros de la comunidad indígena, apoyados por movimientos sindicales y
nacionales que velan por los derechos innegables de las personas, sin importar
su procedencia étnica cultural.
Efectos
irreversibles de Hidroeléctricas
Los individuos y la
empresa que lleva a consecución el proyecto de la hidroeléctrica, hablan
tajantemente de los beneficios económicos y sociales que conllevaría la
presencia de la represa en la comunidad. Sin embargo, el orden natural de
los ideales capitalistas refleja otra cosa. La presencia de la hidroeléctrica no
generaría empleo para los indígenas, quienes se verían perjudicados en sus
tradicionales actividades laborales de pesca, construcción de artefactos de
madera para el uso propio, confección de cerámica, etc. Acciones que para el
hombre común no tienen ningún significado, pero que para los indígenas son parte
esencial de la cohesión cultural y tradicional, celosos de su idioma, y de su
organización social y regional.
La construcción de
la represa no beneficiará a los pobladores en calidad de mejorar su vida, ya que
la producción de electricidad no responde a las necesidades de la comunidad y
solo contribuirá a la destrucción forestal, sedimentación y deterioro del
hábitat natural. Las personas tendrían que ser movilizadas de sus lugares de
origen a causa de inundaciones que cubrirían extensas areas. El impacto
ambiental seria irreversible trastocando especies de animales y la flora de la
zona. La construcción de esta central deteriorará aun mas una comunidad que de
por sí ha sido olvidada por el gobierno central.
Toda Panamá
unida por una causa
Ricardo Martinelli,
llego al extremo de tildar al pueblo Ngäbe de “borrachos y causa
disturbios”. No obstante, la mayoría de la población y las organizaciones
sociales, laborales y civiles de Panamá, respaldaron la causa de los
indígenas.
Cabe señalar la
solidaridad del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la
Construcción y Similares (SUNTRACS), de los trabajadores bananeros de
la trabajadores de la Boca Fruit Company, quienes realizaron
una marcha obrera de apoyo a los indígenas.
Contra el pronóstico
de los funcionarios gubernamentales que esperaban indiferencia de parte de la
sociedad. Las comunidades de los originarios, en conjunto de sindicatos de
trabajadores y expresiones políticas de izquierda, exigieron el fin
a la represión desmesurada de los uniformados, así también, que se haga
valer el derecho de autonomía y libertad sobre sus tierras.
El gobierno y sus
allegados conforme se desarrollaban los hechos y presionados por toda la nación,
perdían credibilidad y confianza de los ciudadanos hacia sus políticas. “Si
yo fuera Martinelli me daría vergüenza hablar, por tener un gobierno incapaz y
no querer atender al pueblo. Él es un presidente que compra conciencias,
ofreciendo promesas a nuestra gente, por eso él ganó, con la mentira.”,
sostuvo Silvia Carrera, la cacica general (prensa.com)
Triunfo de
los indígenas
El acuerdo entre el
gobierno de Martinelli y los indígenas que se firmó la tarde del miércoles 8 de
febrero, tiene como nombre “Acuerdo San Lorenzo 1” dando término a la discusión
y prohibiendo la construcción de minas o hidroeléctricas en la comarca Ngöbe
Buglé.
Con ello finalizaron
las protestas iniciadas el pasado 31 de enero, que obstaculizaron la vía
interamericana. En el escrito se alcanzó dictaminar la puesta en libertad de los
detenidos sin formulación de cargo, atención médica inmediata de los
afectados, indemnización permanente a la familia del fallecido Jerónimo
Rodríguez, la no represión de dirigentes indígenas y otros grupos civiles
solidarios. Posteriormente se iniciará un dialogo entre ambas partes que tendrá
como mediadores a la Iglesia Católica, a la informadora de la ONU en Panamá y al
rector de la Universidad Nacional.
Por otra parte, el
pueblo Ngäbe solicitara a instituciones protectoras de derechos humanos, una
total revisión de los hechos, para determinar con exactitud las cantidades de
abusos cometidos por policías antidisturbios en contra de los manifestantes. De
momento se ha puesto fin al conflicto, sin embargo durante el mismo la comunidad
indígena y sus miembros fueron humillados, agredidos, ultrajados y sus derechos
pisoteados.
En sus protestas los
indígenas no pedían trabajo, atención médica primaria, erradicación de la
pobreza en sus comunidades, si no, el hacer valer su dignidad, y tradiciones,
con su movilización protegieron los recursos naturales de la comarca, demandando
que no se construyan minas, presas hidroeléctricas e instando a la formulación
de una ley que asegure la conservación de lo recursos
naturales.
La oposición con la
que se encontró el gobierno, de parte de muchos sectores del país, muestran
clara desconfianza de los pobladores y descontento de los sectores sociales al
sistema político actual. El gobierno de Martinelli como destructor del medio
ambiente y la Iglesia Católica como mediadora, nos recuerdan al otrora
colonizador Vasco Núñez de Balboa y su aparato de conquista, verdugo de
indígenas y usurpador de su territorio.
Con el acuerdo que
se firmó la noche de este martes,7 de febrero, en la provincia de Chiriquí,
finalizaron 200 horas de una protesta que tuvo como resultado un manifestante
muerto, cientos de heridos 119 detenidos y millonarias pérdidas en el sector
agrícola. Pero la lucha termino en victoria, eso es lo mas
importante!
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