Por: Germán H. Reyes
Tegucigalpa. Al finalizar la conferencia de prensa desarrollada frente al palacio legislativo, representantes del Colectivo de
Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión, se trasladaron al
Ministerio Público para denunciar ante la Fiscalía Especial de los
Derechos Humanos, el abuso de autoridad y los “tratos crueles” que
recibieron de parte de funcionarios del Estado, cuando
intentaban llegar a la casa de gobierno para exigir la investigación de
los asesinatos contra 24 periodistas
El
trece de diciembre recién pasado, al menos 50 periodistas, en su
mayoría mujeres, que marchaban pacíficamente para reclamar por la
desidia gubernamental en la investigación de los asesinatos contra los
comunicadores, fueron salvajemente reprimidas por la Guardia de Honor Presidencial. El hecho fue justificado por el Presidente de la República, Porfirio Lobo y por el jefe de las Fuerzas Armadas, René Osorio Canales.
Las
comunicadoras sociales denunciaron al Presidente de la República,
Porfirio Lobo Sosa, al jefe de las Fuerzas Armadas, René Osorio Canales y
al jefe de la guardia de honor presidencial, Andrés Felipe Díaz; como
autores intelectuales y los demás que según las investigaciones resulten
como autores materiales.
A continuación de manera íntegra la denuncia presentada al mediodía del miércoles 21 de diciembre
DENUNCIA
POR DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS CIVILES Y MILITARES CONTRA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR LA CONSTITUCION DE LA
REPUBLICA, ABUSO DE AUTORIDAD Y TRATOS CRUELES INHUMANOS Y DEGRADANTES.
SE ACOMPAÑA DOCUMENTACION Y VIDEOS
Abogada Sandra Ponce
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Nosotras, Sandra Marybel Sánchez Escoto, Claudia Dinora Mendoza Padilla, Eleana Borjas Coello, Petrona Elizabeth Sierra Rodas, Yolanda Divina Alvarenga Isaula, Olga Iris Mencía Bárcenas, Miriam Grizel Elvir Mejía, Fabiola Clementina Budde Castro, Claudia Dineyra Elvir Mejía, Wendy Carolina Funes Godoy, Thirzia Karina Galeas Núñez, Miriam Amaya
Medina, Signy Paollete Perez Fiallos y Gilda Carolina Silvestrucci Rivera, mayores de edad, periodistas y de este domicilio, comparecemos ante usted a denunciar a los señores Porfirio Lobo Sosa, Presidente de la República de Honduras, al General René Arnoldo Osorio Canales, Jefe del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, al General Andrés Felipe Díaz, Jefe de la Guardia de Honor Presidencial, como autores intelectuales, y los demás que de las investigaciones resulten autores materiales, de los hechos que a continuación se relatan:
ANTECEDENTES:
1.- Honduras vive en la actualidad altos niveles de violencia generalizada,
que según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), nos coloca como una de las naciones más violenta del mundo. De
acuerdo al
primer "Estudio global sobre homicidios" realizado por esta dependencia
de la Organización de las Naciones Unidas, nuestro país registra la
tasa más alta del mundo, 82.1 por cada cien mil habitantes, los que
debido a la reconocida incapacidad y debilidad investigativa de los
operadores de justicia, quedan en la casi total impunidad. Esta
situación es tan grave, que ha sido admitida por el propio Presidente de
la República, Porfirio Lobo Sosa, en reunión sostenida con directores
de medios de comunicación, el 25 de noviembre del presente año, donde
reconoció que el país vive un "momento medio complicado" y les recomendó
que tomaran medidas para asegurarse. Situación ratificada por el
comisionado gubernamental de los derechos
humanos, Ramón Custodio López, quien en fecha reciente expresó que "No
se puede ocultar que en el país están muriendo personas y esos
homicidios muy pocos son castigados, porque casi todos quedan en la
impunidad", para luego agregar que "trabajar acá defendiendo la vida,
implica arriesgar la vida". A este panorama debe agregarse que el propio
Director de la Policía Nacional, General José Ricardo Ramírez del Cid,
denunció recientemente ante los medios de comunicación, su temor de ser
asesinado por sus propios compañeros, vinculados al crimen.
2.- Es en este contexto en el que los y las periodistas
tenemos que realizar nuestro trabajo, con grave
riesgo para nuestra integridad física y psíquica y la de nuestras
familias, ya que dada la naturaleza de nuestra actividad laboral, los
altos niveles de violencia, impunidad, y corrupción al interior de los
organismos responsables de proporcionarnos seguridad, nos mantenemos
permanentemente, en la mirilla de quienes se sienten afectados en sus
intereses, de toda naturaleza, por nuestras denuncias y
cuestionamientos. Esta alarmante situación ha cobrado, sólo en los
últimos dos años, la vida de 17 comunicadores sociales, los que,
mientras no se presente prueba científica en contrario, debemos asumir
fueron asesinados por causas relacionadas con su actividad laboral.
Estadísticas de organizaciones internacionales que monitorean el estado
de la libertad de expresión a nivel mundial, posicionan a Honduras como
uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y como el
segundo más peligroso de América, solo superado por México,
donde la bandas del crimen organizado y los narcotraficantes, tienen a
los periodistas entre sus víctimas predilectas.
3.-
Ese preocupante y amenazante panorama y la posibilidad real de que se
agrave y que las muertes de comunicadores sociales aumenten; sumado a la
alarma y pesar que provocó el reciente asesinato de la colega Luz
Marina Paz, el pasado 6 de diciembre de 2011, motivó a un grupo de
mujeres periodistas que asistimos a su velatorio, a pasar del lamento a
una acción pública de rechazo a la violencia contra de la prensa, que
hiciera saber a las autoridades nuestra inconformidad por la falta
acciones efectivas de combate a los delincuentes, que están acabando con
la vida de periodistas. Pretendiendo dar a conocer el malestar
colectivo del gremio
periodístico por esa situación, después de varios encuentros, tomamos
la decisión de realizar el día 13 de diciembre, la marcha que denominamos: “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”.
HECHOS:
El
día 13 de diciembre, como lo habíamos planificado, unos cincuenta
periodistas, mayoritariamente mujeres, nos encontramos frente a la sede
de la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en Tegucigalpa, con el
propósito de realizar nuestra marcha en favor de la paz y por la
libertad de expresión, que partiendo de ese sitio, tenía como destino la
Casa Presidencial. Llegamos, como habíamos acordado, a las nueve de la
mañana, vestidas de negro en señal de luto y portado una manta con el
nombre de la actividad, pancartas alusivas a la situación que está
viviendo la prensa, fotografías de los y la asesinada adheridas a
nuestras camisetas y un ataúd de cartón y
velas, para hacer un acto simbólico a la hora de arribar a la calle
frontal de la casa de gobierno. Nos acompañó también, un pequeño grupo
de mujeres del Comité “Visitación Padilla”. No
portábamos ningún tipo de armas, ni objetos contundentes o peligrosos y
mucho menos artefactos explosivos, ya que la voluntad de todos y todas
las participantes, era desarrollar una protesta pacífica. Exigíamos
justicia, investigación de los crímenes contra periodistas,
identificación de los asesinos intelectuales y materiales y deducción de
responsabilidades. A la espera de que llegaran más colegas que habían
prometido participar, iniciamos el recorrido a eso de las nueve y media
de la mañana, avanzando sin parar por el boulevard Miraflores hacia
nuestro destino, gritando consignas que habíamos elaborado
colectivamente, para llamar la atención de las
personas que circularan por el lugar, sobre la razón de nuestra marcha.
Coreábamos: No somos mercenarias de la información… queremos libertad
de expresión, Si el pueblo no está bien informado… será más apendejado,
Los medios que no informan libremente…están a merced del presidente,
Dejad que el pueblo esté informado… Porque de mentiras ya está cansado,
El derecho a la información… es parte de la libertad de expresión, Luz
no merecía morir…por eso la verdad debe sobresalir, Somos golpeados…pero
no humillados, Por la libertad de informar…no
nos pueden matar! Sin mayores contratiempos transitamos hasta frente al
edificio donde funciona la Procuraduría General de la República, donde
pensábamos girar a la derecha para avanzar rápidamente hacia la Casa
Presidencial, para realizar el acto planificado. En ese sitio se
encontraba un grupo de militares de la Guardia de Honor
Presidencial, que colocando vallas metálicas sobre la calle y detrás un
piquete de soldados listos como para enfrentar acciones violentas, nos
impidieron el paso. Nos sorprendió esa situación, porque días antes el
Colegio de Periodistas de Honduras había convocado a una manifestación
con las mismas características que la nuestra y además de ser muy bien
recibidos, fueron incluso escoltados en su trayecto por miembros de la
policía, incluyendo sus voceros. Para evitar confrontaciones, pues no
era el objetivo de nuestra marcha, avanzamos por el Boulevard Juan Pablo
Segundo, hasta la altura del negocio conocido como Burger King, allí
viramos a la derecha para encaminarnos al lugar donde pretendíamos
realizar nuestro acto de protesta y entregar en la caseta de ingreso a
la Casa Presidencial, nuestro manifiesto por la vida, para que fuese
entregado al gobernante, Porfirio Lobo Sosa. Cuando llegamos a la altura
del Hotel Marriot, nos encontramos
con otra valla metálica que impedía el paso, bajo la custodia de otro
grupo de militares, ante los cuales las y los compañeros que encabezaban
la marcha, se identificaron como periodistas. Dejaron pasar a un
pequeño grupo, pero cuando quienes íbamos un poco más atrás intentamos
hacerlo, los militares rodaron las vallas para impedirnos el paso, y no
sabemos por qué, comenzaron a obstaculizar con empellones
y golpes, el desplazamiento del resto de colegas que iban detrás. Vimos
además, a varios militares en una actitud abiertamente intimidatoria,
con toletes, escudos y bombas de gas lacrimógeno en sus manos, listas
para ser disparadas contra nosotras. Eso nos causó molestia, por lo que
varios de los participantes intentaban explicar que formábamos parte
del mismo grupo de quienes habían pasado ya. Un grupo de periodistas que
daba cobertura a la marcha, pidió al oficial que supuestamente estaba a
cargo del operativo, explicara esa situación, pero no lo hizo, viviendo
un momento de tensión y agresividad en contra nuestra, por lo que
decidimos avanzar, a pesar de que algunos de ellos nos perseguían
amenazantes. Los militares que estaban frente a la Casa Presidencial
corrieron a rodar otras vallas para impedirnos el acceso a la parte
frontal del edificio, como si el grupo que avanzaba fuese de
delincuentes, a pesar de que habíamos divulgado de antemano a través de
distintos medios de comunicación, que realizaríamos esa actividad, en
rechazo a la violencia contra los periodistas. La reacción de la Guardia
de Honor Presidencial nos pareció desproporcionada, éramos un grupo
conformado mayoritariamente por mujeres, frente a
hombres armados, con escudos, toletes y bombas lacrimógenas.
Conocedoras de nuestros derechos, persistíamos en avanzar al sitio donde
pretendíamos desarrollar un acto pacífico. Los militares forcejearon
con algunas de nosotras que estábamos frente a la valla intentando
pasar, dijimos que éramos periodistas, que estábamos desarmadas, que no
nos agredieran, pero protegidos por sus escudos y sus toletes, golpearon
a varias de nosotras y en un acto de lícita defensa, levantábamos
nuestros brazos para esquivar sus escudos e impedir que nos golpearan, aun
así varias recibimos golpes en el rostro, brazos y tórax. En ese
momento intentábamos protegernos unas con otras, y reclamábamos molestas
la acción de los miembros de la Guardia Presidencial, quienes a nuestro
juicio hicieron uso desproporcionado e innecesario de fuerza, ya que
nuestra protesta era
pacífica. En medio del forcejeo, una de nuestras compañeras quitó el
tolete a uno de los militares que pretendía agredir a otra compañera que
se encontraba totalmente indefensa y vulnerable, intentando arrebatarle
la manta que encabezaba nuestra marcha. El militar la golpeó entonces
con su escucho, por lo que la compañera que se había quedado con el
tolete, golpeaba el escudo para detener la agresión. Las imágenes
captadas por las cámaras de los fotógrafos y camarógrafos que cubrían
este hecho, ha sido utilizadas como justificación para el uso de la
fuerza por parte de los militares, tanto por el Presidente Porfirio Lobo
Sosa, como por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas, para afirmar que llegamos en forma agresiva, violenta, y casi
lamentar haber sido “benevolentes” con nosotras, y advertir que si
volvemos de la misma manera, repetirán el trato. Contrario a sus
afirmaciones, en los videos y fotografías tomados
por los colegas periodistas, identificamos
oficiales que portando dos estrellas, como insignias de su grado
militar, lanzaron bombas lacrimógenas sobre nosotras, para dispersarnos,
violando las reglas internacionales de uso de esos químicos. Por
momentos el lugar pareció un campo de batalla por la saturación de los
gases lanzados, la desesperación, asfixia y vómitos que nos provocaron,
pero gracias a la humanidad y solidaridad de personas que laboran en los
negocios cercanos, pudimos lavar nuestros rostros y evitar los efectos
que nos provocaron las bombas. Alertados por los
estallidos, los periodistas que cubren la fuente de la Casa
Presidencial, salieron para ser testigos de lo que estaba ocurriendo,
hicieron tomas de videos desde otros ángulos y también nos entrevistaron
para saber nuestra versión de lo que había sucedido. Con los ojos
enrojecidos e
inflamados, y respirando con alguna dificultad por el efecto de
los gases, volvimos al sitio y en señal de indefensión, frente a la
agresividad de los miembros de la Guardia de Honor Presidencial,
decidimos sentarnos y acostarnos en el pavimento, y en esa posición leer
finalmente el documento de protesta contra la impunidad de los crímenes
de nuestros colegas, dando paso a las participaciones de compañeros y
compañeras, en reacción a la violencia contra nosotras ejercida. Minutos
después salieron el ministro de Comunicaciones, Miguel Aguilar y el
encargado de Prensa de Casa Presidencial, Vladimir Baca, a “ver qué
estaba pasando” argumentando que la represión a la prensa no había sido
orden del Presidente de la República.
Sin
embargo, en declaraciones ofrecidas horas después, Porfirio Lobo
justificó las acciones de su guardia presidencial y al parecer dio
crédito, a quienes le informaron que nuestra protesta había sido
violenta: “Yo no me puedo comprometer. A mí me
dijeron ayer que hay que aclarar y yo qué voy a aclarar? Si yo miré las
tomas, miré al soldado que agarraron del cuello entonces lógicamente si
aquí es la misma. Si vienen tranquilos y en paz aquí no les
va a hacer nada. Allí se pueden parar estar gritando lo que quieran
allí no importa, pero que no agredan, si agreden, si agreden vamos a
poner orden. Aquí y en cualquier parte que podamos en
Honduras, o sea, es natural.
Entonces yo no voy a cuestionar la guardia de honor porque mantenga el orden en lo que tiene que mantenerlo.
Aquí somos demasiados permisivos, más bien, en otros lugares no dejan
ni que a dos cuadras se acerque nadie a la casa de gobierno o más
distancia es natural… Así que lo siento mucho, lo lamento por los amigos
periodistas pero aquí en Honduras nadie tiene inmunidad el que venga
aquí en paz, en paz lo vamos a recibir el que venga violento, pues
tenemos que controlarlos, porque los violentos hay que controlarlos, pero siempre con el respeto que se pueda”.
En igual sentido se pronunció
el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General René
Osorio Canales, quien al ser consultado por la prensa sobre posibles
sanciones a militares y policías de la Guardia de Honor Presidencial que
reprimieron a las periodistas, manifestó: “Ya
el Jefe de Estado Mayor presidencial tomó las cartas en el asunto, yo
estuve viendo los videos donde fue agredido un elemento de la guardia
nacional, ahí están las pruebas más bien él fue muy benevolente en ese
sentido y al ver esta
situación pues entiendo que tuvieron que lanzar algunas bombas
lacrimógenas, pero ellos están tomando cartas en el asunto para ver los
responsables de esta situación y si hay culpables proceder con todo el
peso de la ley”.
De
las reacciones y acusaciones de los altos funcionarios civiles y
militares citados, frente a los hechos sucedidos en los alrededores de
la Casa Presidencial, podemos deducir que la respuesta violenta de la
Guardia de Honor Presidencial a nuestra presencia demandante, no fue
espontánea sino que obedece a una línea de acción ya definida por las
más altas autoridades civiles y militares del país, razón por la que nos
sentimos en estado de indefensión, y queremos dejar constancia en
nuestra denuncia, que desde
el inicio hasta el final de nuestra protesta de ese día, evidenciamos
que contrario a los
toletes, cascos, gases y escudos, que nos confrontaron, nuestras armas
fueron las palabras, los carteles, las consignas y nuestras gargantas,
para exigir no más asesinatos, no más impunidad y el fin a la censura de
la libertad de expresión, de la prensa y la ciudadanía.
VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES
Los
hechos antes descritos implicaron la violación de varios de nuestros
derechos fundamentales, contenidos en Tratados Internacionales Honduras
es signataria, la Constitución de la República y otras leyes, cuyo
ejercicio el Estado está obligado a proteger.
Se
nos violentaron los derechos a la inviolabilidad de nuestra dignidad de
seres humanos y la libre circulación, tutelados por los artículos 59 y
81 constitucionales, al presumirnos violentas y colocar barreras
metálicas, para impedir nuestra libre circulación, garantizada por el
artículo 81 de la Carta Magna. Se nos violentaron además nuestras
libertades de asociación y reunión pacíficas, en manifestación pública o
en asamblea transitoria, en relación con intereses comunes de cualquier
índole, sin necesidad de aviso o permiso especial, contenidas en los
artículos 78 y 79 constitucionales, y los artículos 15 y 16 de la
Convención Americana de los Derechos Humanos.
De
igual manera se nos sometió a discriminación por motivos políticos, por
identificarnos como periodistas independientes y críticas del régimen,
violentando la protección asegurada por el artículo 60 constitucional. Y
nuestros derechos a la seguridad individual y a la libertad, a la
integridad física, psíquica y moral, y a no ser sometidos a tratos
crueles, inhumanos o degradantes, garantizados por los artículos 61 y 68
constitucionales, y el artículo 1 de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fueron cercenados por el uso desmedido de la fuerza, aplicado por la Guardia de Honor Presidencial en contra nuestra.
Y
de manera muy particular, queremos resaltar la violación de un derecho
fundamental para la vida en democracia, como el de la libre la emisión
del pensamiento, sin previa censura, garantizados por el artículo 72
constitucional, el 19 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y el 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
PRUEBAS EN QUE SE APOYA LA PRESENTE DENUNCIA
Pedimos asimismo admitir los videos, fotografías y copias fotostáticas como apoyo a la presente denuncia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundamentamos esta denuncia en los artículos 59, 60, 61, 68, 72, 78, 79, 81, 277 y 278 de la Constitución de la Republica; 209 A, 334
numerales 2 y 6, 349 numeral 2 del Código Penal; 2, 19, 21, 22, 24, 39,
154, 156 y 166 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas; 13, 19 y
20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 13, 15 y 16 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el
artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
PETICION
A
la señora Fiscal PEDIMOS: Admitir la presente denuncia junto con los
documentos y videos que se acompañan; practicar las investigaciones que
correspondan y con el resultado de las mismas, presentar requerimientos
fiscales contra quienes resulten responsables de las violaciones a los
derechos humanos que aquí se relatan, y en lo demás proceder de
conformidad con la ley
Tegucigalpa 21 de diciembre del 2011.
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