Hermanos y
hermanas:
Estamos profundamente preocupados y
preocupadas por la gravedad que está alcanzando la situación del movimiento
campesino del Bajo Aguan, en la región norte de Honduras. Día a día nos llegan
nuevas denuncias –algunas desesperadas- sobre crímenes cometidos en su contra.
Con una presencia militar y policial además fuertemente intensificada en los
últimos tiempos – la misma que es señalada repetidamente por su responsabilidad
en la represión – estamos convencidos que es urgente actuar para evitar
desenlaces peores.
Especial preocupación nos agobia,
por la situación de terror que viven los niños y niñas del Bajo Aguan, ya que
sus traumas -generados por la represión y el miedo a los que están
permanentemente sometidos - perdurarán y afectarán su vida de manera permanente.
Hace algunos días, cuando se iniciaba precisamente el operativo militar
Relámpago, un grupo de campesinos y campesinas que venían del cementerio donde
visitaron las tumbas de sus familiares y de sus compañeros campesinos caídos en
la lucha por la tierra, fueron atacados, resultando algunos asesinados y otros
heridos. Los niños y las niñas que les acompañaban fueron testigos de ese brutal
ataque.
Por todo esto, levantamos nuestra
voz de alerta y solicitamos una pronta y eficaz respuesta de parte de los
pueblos, gobiernos e instituciones de nuestra América en defensa de la vida y
para sentar las bases para una justa resolución de los conflictos de
fondo.
Algunos
antecedentes
La gravedad del problema fue
denunciada el pasado 24 de octubre, en el marco del 143º Período de Sesiones de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se documentó el
incremento de los asesinatos -42 asesinados/as afiliados a organizaciones
campesinas entre septiembre del 2009 y octubre del 2011-,
persecuciones,
amenazas e
intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman su
derecho a la tierra y a la alimentación, y se encuentran en total indefensión
frente a la criminal represión y saqueo de la oligarquía hondureña, ligada
fundamentalmente a la producción de palma aceitera en esa zona y estrechamente
vinculada al régimen político instaurado tras el golpe de estado de
2009. A esos asesinatos se agregan los procesos judiciales en contra de más de
160 campesinos -iniciados hasta julio del 2011-, los desalojos forzosos y la
destrucción de las viviendas y medios de vida de pueblos
enteros.
Según informes
y denuncias públicas disponibles, en el país hay más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por
parte del Estado hondureño una estrategia agraria para solventar la grave
problemática social. El conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la
Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes
existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes
plantaciones concentradas, en el Bajo Aguan, en manos de terratenientes como
Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales
Carazo.
En vez de responder por esta
situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos económicos,
sociales y culturales de la población, el gobierno actual inició la operación
conjunta Xatruch II, que desde mediados de agosto
desplegó en la zona unos mil efectivos policiales y militares de la Fuerza Naval
y del Batallón de Infantería con sede en el Aguan, y el Operativo
Relámpago
–a partir de noviembre del 2011-, bajo la justificación de “disminuir la ola de
asesinatos y secuestros en el país”.
En ese contexto se generan graves y
alarmantes denuncias en la zona, que señalan la participación de agentes de la
Operación
Xatruch II en torturas de campesinos, en el asesoramiento al Ejército y a guardias
privadas de los terratenientes, por marines norteamericanos y paramilitares
colombianos; así como la presencia de los paramilitares ligados al narcotráfico
conocidos como “los zetas” de México.
Irónicamente, mientras la muerte y
el terror continúan
recorriendo los campos del Bajo Aguan, y el régimen criminaliza la lucha
campesina y profundiza la militarización del territorio, su titular Porfirio
Lobo asegura que se avanza en el proceso de pacificación y reconciliación del
país, logrando así que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras
instancias internacionales reincorporaran al Estado de Honduras como miembro
activo con plenos derechos. Asimismo dan rienda suelta a los planes ambiciosos
de inversión, endeudamiento y ocupación territorial del país a fin de
profundizar el saqueo y la depredación. Lejos de alcanzar esa pacificación y
reconciliación, el pueblo hondureño sufre los embates de un sistema colapsado.
La Policía Nacional, responsable de
proteger a la población de los criminales, está siendo sacudida por la crisis
más profunda de su historia, siendo señalada por su incapacidad de perseguir el
delito y los delincuentes, sus violaciones a los derechos humanos, y por la
vinculación de muchos de sus miembros al tráfico de drogas, al crimen
organizado, y al sicariato.
En lugar de acabar con los crímenes
que se multiplican por miles cada año -y que ubican a Honduras como uno de los
países más violentos del mundo según el Estudio Global sobre Homicidios (2011)
de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen (UNODC)- la
policía hondureña ataca sin piedad a la población, siendo los campesinos del
Bajo Aguan algunas de sus víctimas principales, debido a su firmeza en la lucha
por la tierra.
Respuestas
desatinadas
Ante este panorama, desde la
comunidad internacional las respuestas tienden más al agravamiento de los
conflictos que su resolución. Amén de la plena reincorporación de Honduras a la
Organización de Estados Americanos, ignorando la ola represiva desatada y la
indefensión jurídica que emanan del colapso del sistema jurídico y la impunidad
reinante, los EE.UU. han incrementado notoriamente su presencia, entrenamientos
y gastos militares en el país, abriendo incluso tres nuevas bases militares en
el período posterior al golpe de 2009.
A partir de junio de este año y con
la concurrencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial,
los EE.UU. y otros, bajo la justificación de una nueva Iniciativa Regional
Centroamericana de Seguridad que se supone indicada para
mejorar el combate al narcotráfico y otras formas de crimen organizado, se está
consolidando un fuerte respaldo y aprovisionamiento justamente a los sectores
más implicados en el mismo. Esta nueva transnacionalización de un muy particular
concepto de seguridad, siempre bajo el dominio de EE.UU., ya tiene muchos
antecedentes en el país y la región, incluyendo el “capítulo de seguridad”
incorporado al NAFTA cuyos resultados en México están a la vista. Tampoco pueden
ignorarse sus vínculos con las políticas de inversión, endeudamiento y control
territorial que en el Bajo Aguan y las zonas costeras Garífunas, entre otras
partes de Honduras, buscan imponer sus proyectos de saqueo reverdecidos -
“energía renovable”, “reforestación ecológica” y “turismo sustentable” - por
sobre la resistencia de las poblaciones cuyas posibilidades de vida se ven cada
vez más violentadas.
Nuestra
solicitud
Por estas razones:
- Nos dirigimos a los presidentes y
presidentas latinoamericanos y caribeños, entre ellos a quienes han aprobado el
reingreso de Honduras a la OEA, para:
-
Pedirles que sus gobiernos se hagan presentes en el Bajo Aguan, nombrando a un representante de sus embajadas para que se apersonen en la región, y hagan los esfuerzos que se requieran para detener la sistemática agresión y asesinatos contra los campesinos y campesinas.
-
Pedirles que suspendan toda ayuda financiera al gobierno, especialmente la destinada a las Secretarías de Defensa y Seguridad Pública. Que se suspenda toda cooperación internacional dirigida a fortalecer al Ejército, la Policía Nacional y a sostener la intervención extranjera, sea ésta en calidad de préstamo o de donación.
- Nos dirigimos a la Organización de Estados Americanos, para pedir que
proceda con urgencia a nombrar una Comisión de Verificación de la situación del
Bajo Aguan, con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
- Nos dirigimos a la Organización de las Naciones Unidas, para solicitar
que envíe Relatores Especiales al país para constatar las denuncias de las
poblaciones afectadas en el lugar de los hechos.
- Nos dirigimos a las Instituciones
Financieras Internacionales, a los inversores y llamados “donantes”
internacionales, para que suspendan toda operación que afecta la zona, hasta
tanto su necesidad y legitimidad sean comprobadas desde la perspectiva de los
derechos de las comunidades afectadas.
-Nos dirigimos a las autoridades
hondureñas, para exigir que respeten los compromisos asumidos frente a la
comunidad internacional de:
1) Velar por los derechos
humanos:
-
Dando protección a las personas y comunidades en riesgo.
-
Investigando y sancionando los crímenes cometidos y castigando a sus responsables.
-
Terminando con la criminalización de los movimientos campesinos y con la impunidad de la que gozan los grandes terratenientes.
2) Avanzar desde el Estado hacia
la solución de la grave problemática agraria que afecta al campesinado
hondureño:
-
Deteniendo los desalojos forzosos.
-
Garantizando el derecho a la tierra, a la educación, a la salud, a la vivienda, de los y las campesinas organizadas.
-
Impidiendo el avance de la agroindustria por sobre la soberanía alimentaria y la concesión y entrega del territorio y del patrimonio natural sin la obligatoria consulta previa e informada de los afectados.
3) Desmilitarización de la
región:
-
Suspender los operativos militares.
-
Poner fin a la presencia militar extranjera.
- Finalmente, nos dirigimos a los
pueblos del continente para que se mantengan en alerta frente a la situación de
grave peligro que se presenta en Honduras y especialmente en la zona del Bajo
Aguan y activen la solidaridad, participando de las distintas iniciativas de las
organizaciones populares de la región, como el Observatorio Internacional de
Derechos Humanos para el Aguan y las brigadas solidarias.
¡Es
Urgente Detener la Masacre en el Bajo Aguan!
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
- Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Jubileo Sur/Américas
- Convergencia de Movimientos de los Pueblos
de las Américas, COMPA - Espacio Refundacional-Honduras - Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH - Organización
Fraternal Negra de Honduras OFRANEH - Rights Action/Derechos en Acción -
Colectivo Italia Centro America CICA - Equipo de Educación Popular Pañuelos en
Rebeldía de Argentina (primeras firmas)
-11 de noviembre de
2011
Para adherir: Rte. jubileosur@gmail.com
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