COFADEH demanda intervención del MP y la Secretaría de Seguridad

 Fuente: Defensores en Linea

Es urgente intervenir la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público”, dijo Bertha Oliva,  Coordinadora del Comité de  Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, al tiempo que hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que suspenda el apoyo financiero a estas instituciones “que son máquinas de muerte”.

Estas declaraciones las brindó la defensora de derechos humanos ante medios de comunicación que la consultaron sobre la fuga de los policías involucrados en el asesinato de Alejandro Vargas y Carlos Pineda, ambos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, acribillados a balazos el pasado fin de semana, después de ser capturados por los agentes.
 

Dicho crimen quedó en evidencia y videos que varios puntos delataron a los hechores, que están prófugos Los implicados son el subinspector Carlos Galeas Cruz y los policías Wilfredo Figueroa, Arnulfo Padilla y José Rubén Pozo, quienes el pasado día 22 habrían ultimado a los universitarios, Carlos Pineda Rodríguez y Rafael Alejandro Vargas Castellanos.
 

“Hay que recordar que en nuestro país no existe la pena de muerte, por lo que cualquier explicación que den las autoridades estatales indica la implicación de las mismas que justifican estas muertes” precisó Oliva.  
 

Agregó que con las últimas actuaciones de agentes del Estado para provocar la salida de los  cuatro involucrados en el crimen , el subinspector Carlos Galeas Cruz y los agentes Wilfredo Figueroa Velásquez, Arnulfo Padilla Rodríguez, y José Rubén Pozo, recobra vigencia nuestro constante reclamo, que hay una política y práctica reiterada que nos paraliza a todos los que creemos que se debe ejercer como método civilizado la búsqueda de justicia después de crimines tan horrendos como los que se han generado en Honduras.
 

Según la Coordinadora del COFADEH, al día siguiente del asesinato de Alejandro Vargas, hijo menor de Julieta Castellanos, Rectora de la UNAH, ya se tenía toda la información e investigación del suceso, ¿y mire lo que está pasando? Preguntó ella; “por lo que reitero que aquí tenemos una política de Estado encargada de asesinar a las juventudes y de perseguir aquellas personas que de una u otra manera son objetivos de los criminales, y razón suficiente es decir que andaban en algo malo”.    
 

La seguridad del país no se construye con el terror y no se fortalece teniendo a los mismos criminales y cómplices en las estructuras que tienen mandato para investigar y garantizar el Estado de Derecho, agregó Oliva.
 

“Aquí no tenemos Estado, aquí las instituciones son unas “maquinas tragamonedas”, la institucionalidad está fracasada, por eso nuestro llamado es todos esos organismos internacionales que no sigan fortaleciendo estas “maquinarias de muerte” mientras tanto no se haga una acción contundente”, dijo la lideresa en defensa de derechos humanos.
 

Añadió que no es depurando, fortaleciendo, ni echar a andar el Consejo Nacional de Seguridad Interior, CONASIN, que se solventa el problema sino que es interviniendo dichos entes, para poder subsanar e iniciar un proceso de sanación en las instituciones del Estado, de lo contrario se va a seguir invirtiendo dinero y jamás tendremos una seguridad en el país sino maquinas más adiestradas para asesinar a las juventudes.
 

En cuanto a la petición que se ha hecho desde COFADEH, también hay organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos a quienes les “preocupa particularmente que el gobierno de EE.UU. está perpetrando graves abusos contra los derechos humanos, proporcionando fondos y entrenamiento militar a las fuerzas de seguridad de Honduras.
 

Un ejemplo de esto es los 40 millones de dólares facilitados por el Departamento de Estado" manifestó el mes pasado Dale Sorensen, observadora de derechos humanos del  Grupo de Trabajo sobre las Américas, (Task Force on the Americas) establecido en California.
 

Según registros del Área de Acceso a la Justicia de COFADEH, desde el 2006, al menos cinco policías y un militar sentenciados por asesinatos, están prófugos de la justicia y su “fuga tiene similares características que las de los incriminados en el asesinato de los universitarios.