El también premio nacional “Álvaro Contreras” del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), enfermo, casi ciego y por perder su capacidad auditiva sobrevive con una pensión de 3.000 Lempiras, y un seguro de salud en el que se le otorga 10 veces al año 420 Lempiras para consultas médicas con un especialista y exámenes de laboratorio.
Mario Hernán, jubilado del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), que operan sus directivos sin rendir cuentas escudados en un decreto de impunidad sancionado por el expresidente Juan Hernández, enfrenta una insuficiencia arterial que amenaza en principio con la amputación de una de sus piernas, si no es posible someterlo de urgencia a una operación de alto riesgo.
“No hombre esa babosada no sirve, ahí no hay ninguna esperanza”, dijo a criterio.hn, Ramírez en una entrevista telefónica preguntado sobre si está recibiendo servicios de salud del ente de previsión de los periodistas.
“Es por otros medios que estamos buscando la solidaridad de las personas, de los amigos”, dijo resignado el periodista.
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La situación de Ramírez, también premio nacional de Literatura Ramón Rosa y autor de 14 libros, de una mísera pensión y un inexistente sistema de atención de salud cuando más la necesita, la sufren la casi totalidad de sus colegas jubilados que prácticamente viven del apoyo que les ofrecen sus familiares.
La ley del IPP, que opera desde 1987 obliga a los periodistas a retirarse del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde con una aportación sustantivamente mucho menor a lo que están obligados a cotizar en el ente de pensiones gremial, recibirían una mejor pensión y servicios de salud al jubilarse.
Los directivos del ente de pensiones, que son los mismos del Colegio de Periodistas de Honduras, no sólo han calculado ilegalmente las míseras pensiones, si no que les niegan a los afiliados que solicitan su jubilación la pensión vitalicia a la que tienen derecho.
La precaria situación de sobrevivencia de los periodistas jubilados contrasta con los prósperos negocios inmobiliarios del gerente del ente, Omar Calderón con fondos del ente y con la complicidad de los directivos que, aunque los conocen y conocieron las operaciones no proceden a su destitución.
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También, al igual que en otros entes de previsión donde se ha enjuiciado y enviado a la cárcel a ejecutivos y directivos, en el de los periodistas ha ocurrido desvío y despilfarro de fondos, compras sobrevaloradas de propiedades y hasta la renuncia a las aportaciones estatales establecidas en la ley del IPP, en busca de evitar la auditoría de las operaciones financieras y administrativas de la institución por parte de organismos especializados.
En un dramático mensaje difundido en redes sociales, la esposa de Ramírez, Elsa Ramírez dice que el escritor, historiador y periodista “está pasando por los momentos más difíciles de su vida, en materia de salud”.
Está “expuesto a la amputación de una de sus extremidades inferiores, esto debido además de la insuficiencia renal, arritmia cardíaca, enfermedad cerebral, ceguera de un 95 por ciento, ahora insuficiencia arterial periférica”.
“Carentes como hemos vivido siempre, tratando de llevar una vida decorosa carecemos de los recursos financieros para encarar esta difícil situación” por lo que se pide “aportar algo para esta emergencia” de salud de Ramírez.
El veterano periodista que cumplió 70 años de ejercicio profesional necesita de al menos 250.000 Lempiras para la práctica de la operación que requeriría para salvar sus piernas y hasta su vida si se complica y no es atendido adecuadamente.
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