07 Septiembre 2017 / Por Giorgio Trucchi
Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra
Hondureña (Ofraneh), denunció la persecución de la cual está siendo
víctima por parte del aparato estatal y de empresarios privados, que
estarían usando artimañas para seguir apropiándose de tierras
comunitarias garífunas. La criminalización de la lucha social y sus
nuevas estrategias y rostros.
Este martes 5 de septiembre -explica Miranda en un comunicado- se apersonaron en la sede de Ofraneh, situada en la comunidad de Sambo Creek, dos efectivos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y un funcionario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, los funcionarios pretendían entregarle un citatorio para informarle que está siendo requerida para notificarse ante autoridades judiciales.
Al no encontrarla, los efectivos policiales amenazaron con buscarla y detenerla.
Recientemente, el empresario canadiense Patrick Daniel Forseth, gerente general y representante legal de la corporación CARIVIDA S.A. de R.L, ha denunciado por difamación y calumnias a la lideresa garífuna y a otras tres activistas de la comunidad de Guadalupe, municipio de Santa Fe, Trujillo.
Miembros de la comunidad han venido denunciando la compraventa ilegal de tierras comunitarias garífunas, que involucraría a autoridades locales y a empresarios turísticos canadienses, entre ellos Forseth y Randy Jorgensen, este último Ceo de Life Vision Developments.
En particular, un nutrido grupo de jóvenes de Guadalupe decidieron recuperar un terreno que la comunidad había destinado a un proyecto ecoturístico comunitario, y que en 2012 fue inexplicablemente vendido a CARIVIDA.
La recuperación del terreno llevó a los jóvenes a enfrentar demandas judiciales y, en el caso de Medalime David, hasta la prisión(1).
Este martes 5 de septiembre -explica Miranda en un comunicado- se apersonaron en la sede de Ofraneh, situada en la comunidad de Sambo Creek, dos efectivos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y un funcionario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, los funcionarios pretendían entregarle un citatorio para informarle que está siendo requerida para notificarse ante autoridades judiciales.
Al no encontrarla, los efectivos policiales amenazaron con buscarla y detenerla.
Recientemente, el empresario canadiense Patrick Daniel Forseth, gerente general y representante legal de la corporación CARIVIDA S.A. de R.L, ha denunciado por difamación y calumnias a la lideresa garífuna y a otras tres activistas de la comunidad de Guadalupe, municipio de Santa Fe, Trujillo.
Miembros de la comunidad han venido denunciando la compraventa ilegal de tierras comunitarias garífunas, que involucraría a autoridades locales y a empresarios turísticos canadienses, entre ellos Forseth y Randy Jorgensen, este último Ceo de Life Vision Developments.
En particular, un nutrido grupo de jóvenes de Guadalupe decidieron recuperar un terreno que la comunidad había destinado a un proyecto ecoturístico comunitario, y que en 2012 fue inexplicablemente vendido a CARIVIDA.
La recuperación del terreno llevó a los jóvenes a enfrentar demandas judiciales y, en el caso de Medalime David, hasta la prisión(1).
Libertad de expresión en peligro
Los quieren callar
En julio pasado, siempre en Trujillo, Conatel declaró en rebeldía a Radio Waruguma, una de las radios comunitarias de la Ofraneh, amenazando con clausurarla. La organización garífuna asegura que ese y otros tantos ataques contra sus radios representan una violación abierta al derecho a la libertad de expresión que tienen los pueblos indígenas.
Este derecho está plasmado tanto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la OIT.
La denuncia de todo lo que está aconteciendo en la Bahía de Trujillo ha desencadenado una persecución contra la Ofraneh, sus dirigentes y miembros, asegura la organización hondureña.
“Yo no he cometido ningún delito. Sólo defendemos los derechos humanos del pueblo garífuna, de los demás pueblos indígenas y del pueblo hondureño en general”, afirma Miriam Miranda en el comunicado.
“Randy Jorgensen, Patrick Forseth y Conatel se han dado a la tarea de denunciarme y el Estado de judicializarme”, asegura la lideresa garífuna.
Para ella, la persecución está siendo legitimada y apoyada por el actual gobierno “que pretende detener la lucha del pueblo garífuna en defensa de sus derechos históricos, territoriales y culturales”.
“No me queda más que responsabilizar al gobierno de Juan Orlando Hernández por cualquier atentado contra mi persona e integrantes de la Ofraneh”, concluye el comunicado.
Fotos: Giorgio Trucchi
1 http://www.albasud.org/noticia/921/honduras-inversiones-tur-sticas-que-cercenan-territorios-y-fagocitan-
derechos-ancestrales
http://informes.rel-uita.org/index.php/sociedad/item/cuando-defender-la-tierra-es-delito
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Antecedentes en denuncias:
A partir del golpe de estado el Rey del Porno -como se le conoce en el Canadá- efectuó compras masivas de tierra, usurpando terrenos, delito por el cual procede un juicio en su contra en la ciudad de Trujillo. Jorgesen obtuvo licencias ambientales express, para las urbanizaciones que construyó en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Capiro y Calentura.
El Rey del Porno Canadiense, Randy Jorgensen, amenaza con desalojar comunidad Garifuna de Guadalupe de su territorio ancestral
Sambo Creek, 13 de cotubre de 2016.- Una vez más
las comunidades Garífunas en la Bahía de Trujillo se ven acosados por
extranjeros que aducen ser propietarios de terrenos comunitarios. En
este caso, en la comunidad de Guadalupe, Colón, un grupo de abogados,
acompañados de miembros de la Policía Nacional, acosaron a Garífunas que
hacían presencia en un terreno en el cual se encontraba construido un
proyecto de turismo comunitario, vandalizado hace algunos años y
abandonado ante la presencia de un grupo de forajidos en la zona.
En el año 2007 la comunidad denunció ante la Fiscalía
de las Etnias a Randy Jorgensen, por la adquisición ilegal de terrenos.
Desafortunadamente las autoridades hicieron caso omiso de la denuncia, y
a pesar que los títulos comunitarios expedidos por el Instituto
Nacional Agrario (INA), explícitamente indican que las tierras
comunitarias de la comunidad no se pueden vender o transferir a personas
ajenas a la comunidad; la Municipalidad a través de su catastro
registró las ventas ilegales.
A partir del golpe de estado el Rey del Porno -como se le conoce en el Canadá- efectuó compras masivas de tierra, usurpando terrenos, delito por el cual procede un juicio en su contra en la ciudad de Trujillo. Jorgesen obtuvo licencias ambientales express, para las urbanizaciones que construyó en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Capiro y Calentura.
Las comunidades Garifunas se han visto indefensa ante
la incursión masiva de extranjeros en su mayoría canadienses que han
llegado a la zona, exacerbando las condiciones sociales más que creando
fuentes de trabajo para los Garifunas. La asimetría existente y las
conexiones del Rey del Porno con las administraciones post golpe de
estado, ha dado lugar a un evidente despojo.
Los habitantes de Guadalupe que han tomado posesión
del terreno comunitario vendido de forma ilegal, fueron amenazados de
ser desalojados. Cabe señalar que hace algunas semanas se dio un intento
de desalojo en la comunidad de Santa Fe, donde la Policía Nacional,
acompañados de un grupo de sicarios procedieron a quemar loas viviendas.
La costa Garifuna en los últimos ha sido asediada por
empresarios turísticos, algunos de ellos asociados con el crimen
organizado aliados a funcionarios estatales, para saquear el territorio
de nuestro pueblo. Narcomunicipalidades han sido un factor determinante
para legalizar las compras ilegales de tierra.
Existe una amplia jurisprudencia del Sistema
Interamericano de Justicia, enfática en los derechos que poseemos los
pueblos indígenas sobre nuestros territorios ancestrales. No obstante en
Honduras se han obtenido menguados títulos comunitarios que han sido
desmembrados frecuentemente, al antojo de las autoridades
gubernamentales.
Hacemos un llamado al Ministerio Público para que
proceda e investigue las compras de tierra efectuadas por el rey del
Porno Randy Jorgensen y sus secuaces; así mismo exigimos se respete la
posesión ancestral territorial del Pueblo Garifuna.
Advertimos que la OFRANEH no permitirá se violenten
los derechos de la comunidad de Guadalupe, ni mucho menos que se impulse
un desalojo a la comunidad de su territorio ancestral.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
https://ofraneh.wordpress.com/2016/10/13/el-rey-del-porno-canadiense-randy-jorgensen-amenaza-con-desalojar-comunidad-garifuna-de-guadalupe-de-su-territorio-ancestral/
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Randy Jorgensen, canadiense conocido como "Rey del Porno" y sus protectores en Honduras que le han permitido atropellar derechos del pueblo garifuna con la dolosa colaboración de autoridades nacionales y locales con influencia política y judicial.
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La mafia canadiense del rey porno y la persecución a garífunas en la bahía de Trujillo en Honduras.
05/12/2016 - El pasado 30 de noviembre , la joven
Medelin David se presentó en el Juzgado de Trujillo, donde confrontó
cargos por la supuesta usurpación de un terrenos comunitario vendido de
forma ilegal a un grupo de “inversionistas” canadienses.La empresa CARIVIDA, aparentemente propiedad de Patrick Forseth, el que forma parte del grupo de canadienses que se apoderaron del territorio Garífiuna de la bahía de Trujillo, con la complicidad de las autoridades locales,
Al mismo tiempo que se daba inicio a una audiencia en la cual se prosigue a la Garífuna Medeline, la Policía Preventiva de Trujillo incendió una serie de casas en la recuperación efectuada por los garifunas en el 2012 en Río Grande.
El enorme conflicto social que se viene dando en la bahía de Trujillo, se agudiza desde el año 2008, cuando el empresario canadiense conocido como el Rey del Porno, inició una serie de compras ilegales de tierras, con el apoyo de la municipalidad de Santa Fe y Trujillo, amparado por patronatos ilegales impuestos desde las alcaldías, contando además con el contubernio de Instituto de la Propiedad.
La persecución judicial en contra de Medeline David por parte de los canadiense asociados a Randy Jorgensen, es consecuencia directa de la cuestionada Ley de Propiedad, promovida por el Banco Mundial (BM) a través del Proyecto de Administración de Tierras de Honduras (PATH), cuyo marco jurídico es la Ley de Propiedad (2004), la que en su artículo 100, da luz verde para que lo patronatos rescindan de la propiedad colectiva.
La OFRANEH realizó una consulta comunitaria en el año 2003, en la cual rechazó la individualización de la propiedad comunitaria, refrendada en los título definitivos otorgados por el estado de Honduras a partir del 1992, en los cuales está expresamente prohibida la venta de tierras a foráneos de la comunidad. La OFRANEH interpuso en el 2006, una petición ante el Panel de Inspección del BM, por la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada. Para el 2007,
El Panel en su informe final indicó que el Estado violó dicho derecho.
Nuestra organización fue enfática en señalar como las comunidades Garífiunas serían atomizadas con la utilización del artículo 100, del Capitulo III de la Ley de Propiedad; situación que se viene desde hace más de una década, a través de desmembramientos inconsultos, utilizando desde las municipalidades, patronatos paralelos serviles y catastros municipales y finalmente el Instituto de la Propiedad.
En el caso de las ventas ilegales en Guadalupe, el Sr Patrick Forseth, aparente propietario empresa CARIVIDA, la que forma parte de la mafia de supuestos inversionistas, asociados con Randy Jorgensen, conocido como “el rey del porno”; compró parcelas dentro del título comunitario, entre ellos un predio donde existió un proyecto de turismo manejado por las mujeres Garífunas, el cual los pobladores de Guadalupe, se vieron obligados a abandonar a mediados de la década pasada, cuando bandas armadas provenientes de la comunidad de Betulia se dedicaron a asesinar a los Garìfuns de la zona.
CARAVIDA distribuyó alrededor de Lps 200,000 entre presidentes de patronatos paralelos, juez de Justicia y de Paz del municipio de Santa Fe, en abril de 2013. Las “donaciones” se dieron como aporte a las comunidades, sin que estas fueran notificadas de la “generosidad”de los canadienses los que adquirieron las tierras a precio de gallo muerto.
Como un hecho inusitado en Honduras, las fuerzas de seguridad tardaron para ejecutar las órdenes de captura en contra del la joven Medelin David, contrastando con los cuatros años que tarde el Rey del Porno en presentarse a los juzgados de Trujillo para responder un requerimiento fiscal emitido en diciembre de 2011.
Los testigos presentados el día de ayer por CARIVIDA, se contradijeron ante el juez, demostrando además su parcialidad hacia los canadienses, los que hasta la fecha han demostrado un comportamiento feudal y un enorme poder sobre municipalidades y operadores de justicia.
Hoy cinco de diciembre, el Juzgado de Trujillo emitirá una sentencia. En este caso no solamente se encuentra Medelin David en el banquillo de los acusados, sino que la existencia de la propiedad comunitaria es confrontada por una sistema de justicia que hasta la fecha desconoce el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
OFRANEH
http://www.africafundacion.org/spip.php?article25970
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